Por Francisco Ortiz / @panchoora
Cuenta la historia que un mozo scout, de pañoleta y guitarra en mano, solía cantar al calor de un fuego preso entre rocas esta canción: “Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba…” ¡Cuánta yesca seca en la voz de aquel lobato, hoy leña húmeda en su canto de viejo lobo!
En el 2014, el Sistema de Gestión de la Defensoría Pública del Ecuador registró a doce mujeres presas. ¿Su pecado? ¡Haberse practicado un aborto! ¿Qué dirán ahora esas señoras “feministas” apoltronadas cómodamente en una curul en la Asamblea Nacional ecuatoriana? Qué dirá la Rosana Alvarado, la Paola Pabón, Gina Godoy, Soledad Buendía, María Alejandra Vicuña, Blanca Argüello y María Augusta Calle. ¡Me gustaría oírlas!
El Código Penal vigente, aprobado el 28 de enero del 2014, permite el aborto cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer y cuando es consecuencia de la violación a una mujer que sufre algún tipo de discapacidad mental. El resto de casos están prohibidos y castigados con cárcel: de uno a tres años para quien realice un aborto y de seis meses a dos años para las mujeres que se lo practiquen. Recordemos que la jurisprudencia ecuatoriana otorga derechos al nonato, considerando como sujeto legal al embrión y al feto, y convirtiendo el aborto en infanticidio. ¿La sanción? ¡Prisión!
¿Doce mujeres presas por abortar en un país que presume de tener una de las constituciones políticas más revolucionarias del mundo? Paradójico, ¿no?
Bueno, en realidad se registraron el año pasado 33 casos de mujeres pidiendo información a la Defensoría Pública y solo doce solicitaron ayuda formal o patrocinio. Claro, eso dicen la cifras oficiales, porque, en realidad, el número de casos de mujeres criminalizadas por este “delito” es aún mayor de lo que usted y yo podamos imaginar.
¿Qué nos dicen ahora, señoras asambleístas del Ecuador? ¿Será que el calificativo de sepulcros blanqueados –usado hace varios años por su colega Rosana Alvarado– les reventó en la cara? No, no, no… cierto, ustedes son solo parte de esas mentes lúcidas y corazones ardientes -pero de actitudes pacatas- que viven sometidas al yugo de su único dios.
Según estadísticas del INEC y del Ministerio de Salud, seis de cada diez mujeres de entre 15 y 24 años de edad tienen relaciones sexuales premaritales. ¿Cuántas mujeres violadas y embarazadas se deberán sumar a estas estadísticas? ¿Cuántas de ellas tomarán, seguramente, la decisión de abortar en clínicas clandestinas y terminarán muertas o presas? ¿Será que todo se resuelve con un Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia en el que se entiende por familia al conjunto papá, mamá e hijos? Y los padres y madres solteros, ¿no son otra forma de familia? ¿Y los gays y las lesbianas? Al parecer, en este país se hace política pública al pie de un púlpito.
El Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, que será implementado entre el 2015 y el 2017, y que cuenta con un presupuesto de 33 millones de dólares, se plantea como visión “lograr un giro significativo en el patrón de comportamiento en adolescentes y jóvenes respecto a la vivencia de la afectividad y la sexualidad, a través del complemento de las políticas públicas en la temática y el fortalecimiento del rol protagónico de la familia”.
A las niñas, adolescentes o jóvenes que no acaten las disposiciones de este Plan y se les ocurra abortar, lo único que les espera es la cárcel. ¿Y si fueron violadas o fueron víctimas de incesto, o si se confirma que su bebé va a nacer con alguna enfermedad que de antemano lo sentencie a una muerte prematura o a una vida miserable? Nada al respecto, ni una línea. ¿Contradicciones? Muchas. Cómo no va a haber contradicciones, si, por ejemplo, las clases de sexualidad fueron eliminadas de las mallas curriculares establecidas por el Ministerio de Educación.
A ustedes, mujeres feministas y revolucionarias, les preguntó: ¿Qué están haciendo por todas esas mujeres presas por abortar? ¿Por qué ese silencio servil?
¿Recuerdan -queridos lectores- la polémica desatada en diciembre del 2014 en torno a la Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y Planificación Familiar ENIPLA (Acuerdo Ministerial 491, del 26 de noviembre de 2014) y a la designación de Mónica Hernández como directora del Plan de Vida Ecuador? Sí, aquella ex scout que ha sido vinculada con grupos ultraconservadores (Opus Dei) y que es desde el 2013 asesora de Rafael Correa en temas de adolescencia. En aquel momento, varias organizaciones sociales, como la Red Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, criticaron al gobierno por anclar esta estrategia a la Presidencia de la República y no institucionalizarla, como había sido la idea inicial, a través de una efectiva articulación intersectorial.
ALAMES, en carta enviada el 16 de diciembre de 2014 al presidente Correa, le expresó que: “De cara a una realidad lacerante y dolorosa como los embarazos en adolescentes, la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y las muertes por abortos clandestinos, proponer como estrategia, eficaz e inteligente, la abstinencia y la fidelidad, es gritar, con soberbia, que no interesa enfrentarlos; es pensar que al taparnos los ojos y no mirar los problemas, estos desaparecerán… Apelamos a la cordura, si es que aún queda algo, para pedir que esa decisión se revea. Este planteamiento lo hacemos más allá de la designación de una u otra persona, e independientemente de la secta a la que represente; lo hacemos pensando en que el Ecuador es un Estado Laico y la política pública no puede estar definida por agendas religiosas, vengan de donde vengan, esto atenta contra la democracia y el pluralismo. Lo hacemos preocupados al ver que se dará marcha atrás en la garantía al derecho a la salud”.
Tal como van las cosas en Ecuador, las preguntas se multiplican: ¿acaso temas como la familia y la sexualidad serán legislados a punta de decretos ejecutivos? ¿Por qué asume la Presidencia de la República este rol? ¿Por qué Rafael Correa está en contra de que se abra el debate en torno a la familia, la sexualidad y el aborto? ¿No reza en nuestra Constitución que somos un país laico? ¿Por qué su silencio, señoras asambleístas ?
Mientras transcurre este silencio, y antes de que alguien se pronuncie al respecto, en lo que va del 2015 ya hay dos nuevos casos de mujeres encarceladas por practicarse un aborto, según el Sistema de Gestión de la Defensoría Pública.
Señoras asambleístas -y demás facciones progresistas de la Revolución Ciudadana-: ¡En Ecuador, hay doce mujeres presas por abortar!
Debe ser terrible tener que vivir esclavas de órdenes en las que no creen, ser demandadas por su propia conciencia y sentir vergüenza al verse al espejo… Debe ser terrible limitarse a responder: “¡Siempre listas!”. ¡Y todo por un puestito! ¡Guácala!
