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Consulta Popular 2018. Las preguntas obvias y el después

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La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar

El temperamento del electorado ecuatoriano está atravesado por la confrontación, por el resentimiento y por el deseo de revancha. La herencia de una década que impuso una conducta política caracterizada por el epíteto, por la exposición mediática vacía, por el show y por la vendetta, está arraigada en el comportamiento ciudadano.

En este escenario, la consulta popular y referéndum propuestos por el presidente Lenín Moreno se han convertido en un vehículo para poner a prueba dos estilos distintos de un mismo modo de gobernar: el que garantiza el manejo del poder en manos de pequeños grupos de caudillos.

La consulta popular de Lenín Moreno se muestra, por un lado, como una devolución de los derechos ciudadanos coartados durante la década del correísmo, es decir, como la posibilidad de aniquilar la figura hegemónica de Rafael Correa y todo lo que él ha representado. Pero, al mismo tiempo, este proceso electoral es susceptible de funcionar como un anestésico que se aprovecha de los rencorosos y de los fanáticos de cada bando del electorado, para reemplazar a un caudillo agresivo por otro con aires de bonachón. Por estas razones, el debate nacional se ha concentrado en las preguntas de carácter más bien político: la 2, acerca de la reelección indefinida; la 3, sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y la 6, que propone la derogación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos (Ley de Plusvalía). El resto de preguntas –reconocidas por muchos sectores como demagógicas y populistas, pues desde el principio contemplaron su obvia aprobación o no requerían de un proceso de consulta para implementarse– no han merecido justas discusiones.

En esta entrega ofrecemos varios puntos de vista sobre las preguntas menos atendidas por la prensa y por los principales actores políticos: la 4, relacionada con la protección a la niñez; la 5, relacionada con la prohibición de actividad minera en zonas intangibles, urbanas y áreas protegidas, y la 7, que ordena reducir el área de explotación en el Parque Nacional Yasuní y ampliar la Zona Intangible.

Además, pensamos en lo que vendrá después de las urnas. ¿Cómo debe proceder el Estado para poner en práctica las decisiones de los electores? ¿Cuánta atención de los votantes merece lo que se haga o deje de hacer en la Asamblea Nacional luego de votar? ¿Es este el momento de reactivar la participación ciudadana real, el regreso a las calles, y de recuperar el legítimo derecho a la protesta y a la vigilancia permanente a los poderes del Estado?

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