Por Amelia Ribadeneira
La violencia contra las mujeres ecuatorianas no es un tema de interés nacional, por mucho que lo juren tirios y troyanos. Es un tema que cobra fuerza cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre, días en los que se habla de la desoladora y miserable situación de miles de mujeres, y de los supuestos avances para erradicar esta pandemia mundial.
En Ecuador, la Constitución garantiza la vida libre de violencia, la libertad sexual, el derecho a elegir cuándo y cuántos hijos tener; la ley penal endureció el castigo para los violentos creando figuras como el femicidio y tipificando la violencia de género como un delito. Suena bien, pero la realidad no ha cambiado, las mujeres siguen muriendo, siguen siendo violadas, golpeadas o acosadas…
Según los datos de la prensa escrita, en 2015 hubo 105 femicidios; hasta noviembre de 2016, 136; el primer mes del 2017, 20 femicidios… Estas cifras evidencian que el año pasado, 12 mujeres murieron por mes en Ecuador, es decir, cada cinco días al menos dos mujeres fueron asesinadas. Los principales sospechosos son sus parejas o exparejas.
Hubo crímenes tan violentos que se cometieron delante de sus hijos, como el de Marcia, asesinada por su esposo el 3 de enero de 2017 delante de su hija de diez años; él está preso, hay cinco niños huérfanos que quedaron al amparo de sus abuelos maternos, casi analfabetos, que viven haciendo ladrillos en una mediagua al sur de Quito. Y hubo crímenes aún más atroces en el que los hijos también fueron víctimas, como aquel que ocurrió en noviembre del año pasado en Guayaquil, donde un hombre mató a su esposa, a sus cuatro hijos y luego intentó suicidarse.
Como si la muerte de las mujeres en manos de sus parejas no fuera suficiente, tenemos que vivir a diario con otro horror: la violencia sexual. Según datos de la Fiscalía, cada día se presentan alrededor de quince denuncias por este delito a nivel nacional. Y hay más: la violencia física y sicológica tiene en apuros al sistema de justicia por la cantidad de casos que llegan a diario.
Desde el inicio del período de campaña para elecciones presidenciales (3.01.2017) hasta el día de posesión del nuevo mandatario (24.05.2017), habrán sido violadas, por ajenos o cercanos, vecinos o amigos, parejas, familiares o desconocidos, 2.130 mujeres.
Estos hechos aparecen en la prensa y en las redes sociales como una noticia más o una consecuencia de la inseguridad o la delincuencia. Lo impresionante es precisamente eso, que sea un registro para la estadística y que no sacuda los cimientos de una sociedad cómplice de tanta crueldad contra las mujeres. El trabajo del Estado está enfocado en castigar; pero, el poner en marcha políticas públicas de largo aliento para transformar los patrones socioculturales, el despojarse a sí mismo de su impune signo patriarcal, y el usar en ello suficientes recursos, nunca ha sido una prioridad.
Y para el próximo gobierno, cualquiera que gane, tampoco será un tema clave, porque más allá de los matices y especificidades, la política y el ejercicio del poder en el Ecuador, en general, están atravesados por una centenaria cultura machista y un histórico acumulado patriarcal; y es por eso que los temas de las mujeres, sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, y los crecientes niveles de misoginia, violencia femicida y machismo en su contra, otra vez, como en 2007, no vuelven a ser prioridad en la agenda electoral.
En los documentos formales con los que inscribieron sus candidaturas, registramos que solamente los presidenciables Paco Moncayo y Lenin Moreno reconocen el problema; Moncayo lo hace con mucha claridad. Para Bucaram, Zuquilanda, Espinel y Pesántez parecería un asunto de menor importancia, simplemente no está en sus propuestas; de los cuatro últimos no se sabe quién de ellos genera más resquemores por la potencial misoginia como práctica de poder o por los conservadores discursos en la temática o simplemente por su pasado. ¿Acaso es Abdalá (Dalo) Bucaram, uno de los dos candidatos más jóvenes y, a la vez, paradójicamente más conservadores? Llama la atención, en efecto, que sean los más jóvenes, como es el caso del otro candidato, Iván Espinel, quienes más dudas generen en este tema, debido a su óptica moralista y policíaca de la seguridad por encima del ser humano. Y, por contraste, en estas elecciones un candidato que es ya adulto mayor, el general Paco Moncayo, tiene el discurso más progresista en los temas de género, sexualidad, derechos reproductivos y laicismo.
Para Cynthia Viteri, la única presidenciable mujer, a quien el patriarca de su partido la nominó a candidata llamándola “el hombre”, quizás su preocupación más cercana a la violencia de género se resuma en que quiere incrementar la pena en el delito de violación, y así lo propone en su plan de gobierno, reproduciendo la lógica “Código Penal” del régimen actual. Es decir, en un tema “nuevo” en la agenda electoral, como es la violencia contra las mujeres, ella repite el viejo discurso punitivo de su partido, desde una perspectiva de la seguridad y el orden, proponiendo el castigo maximizado, sin tocar el fondo patriarcal del horror del femicidio. El debate organizado por diario El Comercio, el 8 de febrero, Viteri acentuó su discurso y lo precisó bajo la frase “Ni una menos”, en referencia a los femicidios, planteó la creación de una policía exclusiva para los temas de violencia intrafamiliar y aseveró que le consultará al pueblo sobre la cadena perpetua para los asesinos de niños y niñas. (Se sobreentiende que muchas de esas muertes están atravesadas por la violencia sexual).
Guillermo Lasso mantiene públicamente un discurso bastante parecido al de la Revolución Ciudadana: no al matrimonio igualitario, no al “abuso” de las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos y consulta popular para que una mayoría machista decida sobre un tema íntimo de absoluta decisión personal de cada mujer, el aborto. Lasso, al igual que Correa o Bucaram, asentado en principios religiosos, es decir, en respetables creencias particulares, quiere convertirlas en políticas públicas, afincándolas por sobre los derechos de las mujeres.
Así, plantea su visión sobre el género y los derechos de las mujeres desde su militante apoyo a la familia tradicional: papá, mamá e hijos, es decir el ideal unilineal de la familia patriarcal, inamovible hace dos milenios que impera en la cabeza de este y otros candidatos a la Presidencia, negando al siglo XXI y sus nuevas realidades: que las familias hoy en día, desde hace décadas, son diversas: las lideradas por mujeres, que en el mundo y Ecuador son crecientes; algunas, muy pocas, solo tienen papá; otras papá, mamá e hijos; algunas tienen dos mamás, y otras dos papás; incluso hay aquellas formadas por hombre y mujer, más sus mascotas a las que aman como a hijos.
Si esa es la realidad de la mayoría de familias en el Ecuador de hoy, el candidato Lasso deja fuera del saco de su lógica a esos ciudadanos y ciudadanas. Y, temas como aborto en caso de violación, matrimonio igualitario y otros de esta índole ni pensarlo. En este punto, y dados los déficits y omisiones vistos en el escenario político nacional ante temas tan graves como el femicidio, la sistémica violencia contra las mujeres o el incesto como práctica cotidiana, conviene rezar u orar, para no retroceder.
El candidato Paco Moncayo, por su parte, aunque no define con detalle estos temas en su plan de gobierno –lo cual podría ser preocupante en un futuro debido a las tradicionales postergaciones de los temas de la mujer en nombre de posteriores prioridades económicas y sociales–, es el candidato que, en su discurso público, ha expresado su apoyo a numerosas temáticas de la ya largamente postergada agenda de las mujeres. Moncayo ha sostenido que no se puede obligar a una mujer violada a tener un hijo y menos mandarla a la cárcel, con lo cual está a favor del aborto en caso de violación; también ha afirmado que nadie debe meterse en nuestra cama ni en nuestras cobijas, y menos el Estado, abriendo así una puerta progresista al matrimonio igualitario. Curiosamente, como ya se dijo, es el candidato de mayor edad y a la vez el más progresista.
En cuanto a Lenin Moreno, independientemente de que en el documento formal con el cual inscribió su candidatura reconoce el problema, en todas sus presentaciones públicas no se ha referido a esos y otros peliagudos pero necesarios temas de las mujeres, del género y el laicismo. Si bien, en el único programa donde se presentó con todos los demás candidatos presidenciales, expresó su rápido apoyo al previo punto de vista de la candidata Viteri en relación a la situación de vulnerabilidad de las mujeres, Moreno “es un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma”, como Churchill psicoanalizó a los soviéticos.
En medio de aquel panorama electoral, visto por unos y otros desde visiones apocalípticas como “La madre de todas las batallas”, “El Stalingrado de los Andes” o “El fin de ciclo”, el sistema de justicia está ahogado por la enorme cantidad de denuncias diarias que llegan sobre violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. La Defensoría Pública, como órgano autónomo de la Función Judicial y encargada de defender los derechos de las personas, entre ellas de las víctimas, tuvo en el 2016 más de veinte mil patrocinios que equivalen al 20 por ciento de la carga procesal en el área penal.
Como a los tecnócratas les gusta hablar de costos en dólares para convencerse de la dimensión del problema, es bueno recordar la información que entregó el Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura durante su informe de labores ante la Asamblea Nacional, en enero de 2017. Ese día dijo que el costo promedio de una causa penal, en el proceso ordinario, es de 4.905 dólares y, solo contabilizando los casos denunciados por las víctimas (14.416) que patrocina la Defensoría Pública, el costo para el Estado fue de 70’710.480 dólares. Esta cifra incluye solo los costos del sistema de justicia. Preguntémonos, ¿cuáles son los costos en el sistema de salud?, ¿cuánto se afecta la economía cuando una mujer no puede trabajar debido a la violencia propinada por su pareja en la casa? No es posible conocer cifras, no hay estudios desde el Estado; y, como ya se ha dicho, no es un tema de prioridad nacional que responda a la magnitud del problema, pese a que desde 2007 está en vigencia el “Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género contra niñas, niños, adolescentes y mujeres” que empezó como mucho ímpetu. Un ejemplo son los seis millones seiscientos mil dólares -y un poco más- que invirtió el Ministerio de Justicia para el cofinanciamiento de centros de atención y casas de acogida desde el 2014 (hasta 2016), año en que el Ministerio se hizo cargo de estas instancias. La cifra, que a mi criterio es risible, fue parte de la exposición “Avances y retos para la erradicación de la violencia de género” presentando por Nelly Jácome, Directora Nacional de Violencia Intrafamiliar y Género del Ministerio de Justicia, en un evento de 2016, cuando se analizaba la situación de las mujeres ecuatorianas en una reunión con cien lideresas nacionales organizada por CEDEAL, en Quito.
Mientras tanto, el 30 de noviembre de 2015, diario El Universo tituló que el “Gobierno lidera gasto en difusión y publicidad con $ 105,6 millones”: “un promedio de 386 mil dólares diarios ha asignado el Gobierno en servicios para promocionar su imagen, difundir actividades o campañas y defender propuestas en el periodo enero-septiembre de 2015, según los registros del Servicio de Contratación Pública (Sercop)”.
Si no es suficiente insistir en la siempre oculta biografía de cada víctima, convertida en número de expediente por el sistema, o en la cantidad de víctimas de la violencia machista en el Ecuador, hay quienes plantean –desde una entendible pero despreciable lógica economicista- que al Estado y, por extensión, a los candidatos presidenciales, se les debe hablar de los costos que significa castigar. Sin duda, siempre será más efectivo educar hasta que la sociedad se transforme en su raíz para que sea capaz de superar sus enormes taras, prejuicios, estereotipos y dogmas.
¿Mientras tanto? El Ecuador neoconservador de hoy, tiene dos vías postelectorales: o decidirse a andar los pasos de países como el Chile de Bachelet, o girar hacia atrás como Rusia o el EEUU de Trump. El 7 de febrero pasado, Putin firmó la ‘ley de bofetadas‘ que despenaliza la violencia doméstica en Rusia. “La ley sobre descriminalización de la violencia intrafamiliar modifica el Código Penal ruso, de tal forma que los agresores físicos contra los seres próximos estarán sujetos a leyes administrativas, en vez de a leyes penales, como ocurría antes”.
El Ecuador neoconservador de hoy, tiene dos vías postelectorales: o decidirse a andar los pasos de países como el Chile de Bachelet, o girar hacia atrás como Rusia o el EEUU de Trump.
En algunos medios de comunicación se evalúa esta decisión como la ley que permite golpear a mujeres y niños, porque las sanciones a este tipo de violencia serán con trabajo comunitario. La otra opción es mirar lo que hizo el Estados Unidos de Obama: en 2013 aprobó una ley que ofrece nuevas protecciones a las mujeres indígenas y a las inmigrantes, independientemente de su situación legal, y por primera vez se ampliaron garantías similares a las personas GLBTI. De hecho, uno de los temas más relevantes de esta ley es que los hijos de las víctimas de delitos puedan solicitar visas para permanecer en EEUU con sus familias.
¿Y qué pasó en Chile? En enero de 2017, el Senado aprobó la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales: violación, riesgo para la vida de la madre e inviabilidad fetal, una aspiración que en Ecuador se frustró durante el debate sobre el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), debido a la católica opinión del Presidente de la República que se impuso con la respectiva sanción a las asambleístas que insistían en este proyecto.
¿Qué nos queda? Tres cosas: primero, recordar una encuesta realizada por Sendas y Cedatos, en 2013, en la que recoge que el 44 por ciento de la población reconoce que la violencia física, sexual y sicológica es el principal problema que afecta a las mujeres en el país; y que el 90 por ciento cree que la violencia contra ellas es una violación de sus derechos humanos. También que el 64 por ciento de la población está de acuerdo con el aborto cuando ha sido producto de una violación a una mujer, niña o por incesto. De la misma encuesta se desprende que el 76 por ciento de las personas no aprueba que una mujer que aborta pierda su libertad y vaya a la cárcel. Y que solo un dos por ciento de la población cree que la decisión de abortar le corresponde al Estado o a la iglesia, es decir, el 98 por ciento de la ciudadanía respalda el derecho que tiene una mujer a decidir libre y voluntariamente si desea continuar o no con un embarazo producto de un delito sexual.
El 64 por ciento de la población está de acuerdo con el aborto cuando ha sido producto de una violación a una mujer, niña o por incesto.
Dos: presionar públicamente para que la violencia de género contra mujeres, niñas, niños y adolescentes sea una real política pública del Estado, con los suficientes recursos para que tenga éxito y logre bajar las tasas de violencia. Tres: aspirar a que la próxima Asamblea no cuente otra vez con una mayoría patriarcal y sumisa, o que la dirijan políticos antediluvianos como el candidato de la ID a asambleísta por la provincia de Manabí que propone aprobar su “Ley Mamá regresa”, para que todas las mujeres que trabajan, vuelvan a sus casas a cuidar a los hijos, debido a los vicios, drogas, falta de ejemplo y educación de los hijos porque las madres los descuidan porque trabajan (desconociendo el ‘culto’ candidato que la Constitución prescribe la corresponsabilidad paterna en todas las tareas del hogar y en el cuidado de los guaguas). Requerimos que la nueva Asamblea asuma el debate responsable, técnico y legal de la situación de las víctimas de la violencia de género y que no sean las creencias personales de una autoridad, las que se impongan sobre la realidad.
El calendario del femicidio cruza silenciosamente el período electoral ecuatoriano: si ‘cada día son abusadas sexualmente 15 mujeres’ en el Ecuador, eso significa que, desde el inicio del período de campaña para elecciones presidenciales (3.01.2017) hasta el día de posesión del nuevo mandatario (24.05.2017), habrán sido violadas, por ajenos o cercanos, vecinos o amigos, parejas, familiares o desconocidos, 2.130 mujeres.
Finalmente, “si cada cinco días, al menos dos mujeres fallecen víctimas de femicidios” en el país que un lejano día fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, hasta la posesión del nuevo presidente, el 24 de mayo de 2017, cuando de los 8 candidatos presidenciales, uno ya no vuelva a casa sino que, con bártulos y maletas, ropa y familia, se traslade al palacio de gobierno para iniciar el día uno de su mandato, mientras los siete restantes regresen a sus hogares o a las centrales de campaña de sus partidos para iniciar la oposición por temas más importantes que la violación de una mujer o un femicidio, habrán sido asesinadas, por el solo hecho de ser mujeres, aproximadamente 46 de ellas. ¿‘Tan pocas’, verdad, misóginos?
Bueno, ¡sea usted bienvenido al palacio de las cifras, flamante mandatario!
