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Más que una marcha, una sentencia contra el Estado

La marcha Vivas nos queremos 2017 fue una muestra de que las organizaciones sociales defensoras de los derechos de la mujer son quizá la única opción que tienen las víctimas y los familiares de las víctimas de la violencia femicida ante un Estado lento e inoperante, aliado de las posturas patriarcales de la iglesia y de las instituciones más conservadores de la sociedad.

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Foto: Fluxus Foto.

Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Fotos: Fluxus Foto

Yadira Lavanda encontró a su hija Angie muerta, en una quebrada. Fue en 2014. La pequeña Angie tenía 19 años. La mató su novio. “Ella tenía sueños”, dice Yadira ahora, con la voz firme: “Creo que ese dolor me hizo más fuerte y de eso me fortalezco cada día para decirles que el último paso de la violencia que están sufriendo es la muerte, que tenemos que salir, hablar, exigir, gritar y buscar medidas de ayuda”.

En su desesperación, Yadira encontró esa ayuda en los colectivos organizados, que desde hace décadas reclaman justicia al Estado ecuatoriano, al que acusan de partícipe y encubridor. Con ellos, Yadira marcha cada 25 de noviembre por las calles de Quito. Ese es su modo de exigir justicia para Angie y para los cientos de mujeres violentadas en Ecuador con complicidad del aparato estatal y del ala más conservadora de la iglesia.

Pero esta vez, el #25N fue mucho más que una marcha. El #25N fue un juicio. Un juicio popular en contra del Estado y de sus instituciones. Más de 10 000 personas de toda proveniencia se movilizaron ese día para poner contra la pared al sistema educativo, al sistema de salud, al sistema de justicia, a la iglesia, a la comunidad que calla y, sobre todo, a un Estado patriarcal. En un acto dramatúrgico en el que varios actores representaron a estas cinco figuras, el público reclamó las sentencias que el mismo sistema tarda en emitir. ¡Culpables!

Foto: Fluxus Foto.

Ruth Montenegro, por ejemplo, encontró muerta a su hija Sofía Valentina, de 11 años, dentro del colegio donde estudiaba, en la Unidad Educativa Global del Ecuador. Cuando encontraron el cadáver, hallaron rasgos de violación sexual y estrangulamiento. Pero poco después, las autoridades cambiaron la versión. Dijeron que se trató de un accidente. Más tarde, dijeron que la niña se había suicidado. Ruth se indigna cuando recuerda que el ministro de Educación de entonces, Augusto Espinosa, se lavó las manos diciendo que el caso no era de su competencia.

Lo más sensato sería pensar que Yadira o Ruth hubiesen hallado en las dependencias del mismo Estado la atención inmediata que contemplara justicia y reparación. Pero eso en Ecuador no ocurre. En la mayoría de los casos, la fórmula se repite: toda figura de autoridad termina exculpada o protegida por el sistema. En cuestión de horas, un caso de violencia evidente se convierte en un delito común o se enreda en los discursos de la burocracia, de la Policía, de la Iglesia, de los directivos de una escuela o de los políticos. Lo que queda se llama impunidad.

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Esa misma noche, cuando la marcha Vivas nos queremos llenaba 30 cuadras quiteñas, se convocaron los mismos miembros de la Asamblea Nacional que semanas antes impidieron el enjuiciamiento del exministro Espinosa por los casos de violencia sexual en escuelas y colegios del país, por los que se lo acusa de cómplice y encubridor. Los legisladores se citaron para debatir y aprobar el Proyecto de Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Al apuro. La intención del presidente de la Asamblea, José Serrano (AP), era aprobar el cuerpo legal el mismo día de la conmemoración mundial, pero ese apuro permitió que el asambleísta Roberto Gómez, aupado por unos cuantos asambleístas más, todos hombres, incluyeran alusiones a los artículos 45 de la Constitución de la República y 149 del Código Orgánico Integral Penal en la Ley.

Foto: Fluxus Foto.

La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador difundió un comunicado en el que rechazó la inclusión de esos artículos porque “criminalizan a las mujeres”, pues se refieren a la idea de proteger la vida desde la concepción y a la exigencia de que las adolescentes cuenten con representantes legales en caso de ser violentadas, para recibir atención médica y legal. Estas disposiciones podrían ser una carta más a favor de la impunidad. ¿O es que acaso una adolescente violada por su padre contará con el agresor o con la madre para denunciar o ser atendida en un centro de salud?

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Ana Vera es abogada y activista del colectivo de mujeres Surkuna. Luego de la marcha, Ana llegó a la Asamblea para presenciar el debate y salió decepcionada e indignada. “Esta no es una ley que protege a las mujeres –dice–, cuando se trata de protección de los derechos de las mujeres no se puede tener medias tintas, no puedes tener en una misma ley algo que criminaliza a las mujeres y pensar que esa misma ley las va a proteger y a prevenir cualquier tipo de violencia contra ellas”.

Mientras más de 50 colectivos sociales desfilaron por las calles del casco colonial quiteño para exigir justicia y sentenciar al Estado ecuatoriano por su ineficacia o su silencio ante los 134 femicidios registrados en el 2017, los 102 asambleístas reunidos tenían en sus manos la posibilidad de atender demandas específicas con decisiones claras, que velaran por el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Y, aunque el cuerpo legal contiene avances importantes –como la implementación de un sistema de prevención, protección, atención y reparación de víctimas que se garantizaría con la creación de 16 instituciones públicas con asignación de recursos–, la ley podría significar un retroceso alarmante al obligar a las víctimas a acudir en busca de atención médica y legal solo en compañía de sus representantes legales. “Esta decisión no cumple con ningún estándar nacional ni internacional en materia de DDHH –dice Ana Vera–, si 6 de cada 10 denuncias son [por casos de violencia en contra de] menores de 14 años, es absurdo que se solicite [la presencia de] su representante legal cuando muchas veces esos mismos representantes son los violadores o son los encubridores (…), implica un golpe para el acceso a la justicia por parte de las niñas y adolescentes”.

Margarita Carranco, del colectivo Feministas por la Democracia, pidió el veto al proyecto de ley por parte del presidente Lenín Moreno. Ella usó un dato: cerca de 200 mujeres que debieron abortar por haber sido víctimas de violación están detenidas y lo están por ser pobres. El colectivo Vivas nos queremos difundió al día siguiente de la marcha en sus redes sociales un mensaje que ilustró mejor la contradicción: “Ayer fue un día intenso, miles de personas marchando contra la violencia, contra los discursos de odio… por la noche se votó la ley de violencias y ahí se violentó nuestros derechos y denunciamos que grupos #antiderechos ponen en riesgo nuestras vidas”.

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A Ruth y a Yadira, les salvó la organización. Así como a los miles de familiares y amigos de las víctimas de violencia machista en Ecuador les salva la unidad, la lucha colectiva. La plataforma Vivas nos queremos convoca cada vez a más simpatizantes de las causas por los derechos de la mujer y en contra de la violencia de género. “Fueron ellas quienes me inspiraron y me ayudaron para seguir en una lucha donde pueda conseguir justicia”, dijo Yadira esa noche, antes de ser parte del juicio simbólico en calidad de jurado. A Yadira le tocó condenar al sistema educativo.

Foto: Fluxus Foto.

“Yo sentencio hoy a la Educación y al Ministerio de Educación porque no puede ser cómplice, no pueden ser encubridores. Hago un llamado a denunciar todo acto de violencia sexual. Exigimos justicia y reparación para nuestros niños y niñas”.

Luis Yánez, otro de los jurados, se enfrentó a la iglesia: “Condeno a los pastores acusados de desaparecer a Yuliana Campoverde –dijo–; el aumento de la violencia contra la mujer está relacionado con prácticas y discursos religiosos (…), las hacen sumisas, llamo a rechazar organizadamente la violencia, la ineptitud y la intolerancia”.

Natalia Sierra, familiar de Sayanara Sierra, acusó a la comunidad: “Las instituciones patriarcales pueden seguir existiendo porque la sociedad lo permite”, dijo la académica y activista. Llamó a “acabar con las relaciones capitalistas, colonialistas y paternalistas” como responsables de esta violencia, y condenó “al basural de la historia” a la familia burguesa, a la propiedad privada y a la tradición.

El #25N es más que una marcha. El #25N es una condena a los autores, a los cómplices y garantes de la violencia contra las mujeres, quienes son, además, los que deben tomar las decisiones políticas necesarias para frenarla y no lo hacen.

“Esta es más que una marcha –dijo Yadira, con la misma firmeza que le dio Angie, luego de que su cuerpo apareciera en la quebrada–, porque estamos visibilizando que a las mujeres nos siguen matando (…) Nuestras mujeres, nuestras hijas, no son números ni estadísticas, fueron seres humanos, quedaron familias destrozadas. Ese legado que mi hija y yo queremos dejar es que no nos podemos quedar sentadas. Me vuelvo solidaria”.

“Quiero decirles a todas aquellas madres y mujeres ecuatorianas –dijo Ruth, ante un par de cámaras de televisión, sosteniendo un cartel con la imagen de su hija Sofía Valentina, como obligando al mundo a recordarla– que es posible romper el silencio, aun con todo el miedo que eso implique para nuestras vidas, es posible construir entre nosotras, juntas, unidas, sororas, solidarias, otra alternativa de igualdad de equidad, de justicia, sin violencia”.

Foto: Fluxus Foto.

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