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Por Gabriela Ruiz Agila
Fotos: Vicho Gaibor

GUAYAQUIL, Ecuador – Subimos a lo alto de un cerro. Subimos para divisar la pequeña ciudad de Dios. Ciudad de bloque y cartón. Ciudad de metal y caña con el nombre de la montaña bíblica donde el profeta Moisés recibió los diez mandamientos. Pero sin nombres. Monte Sinaí es un manojo de calles sin nombres. Esta versión de Guayaquil se percibe lejana, periférica y tan silenciosa que no parece pertenecerle a ese mismo cuerpo ruidoso de gran metrópoli. “Esto también es Guayaquil”, reclama Patricia Baquerizo (38 años), de la Guayacama, una de las 39 cooperativas que conforma Monte Sinaí, al noroeste del puerto principal de Ecuador.

El 10 de mayo de 2013, Patricia y otros vecinos de la comunidad sufrieron el episodio más triste de sus vidas en estas tierras: las fuerzas de seguridad llegaron hasta Monte Sinaí para sitiarla. Echaron a andar patrullas, tanques de guerra, tractores y retroexcavadoras. Las máquinas se fueron encima de casas y de gente como feroces bestias.

A esa hora, los niños estaban bajo el cuidado de otras mujeres, de vecinos o de sus propios hermanos. Nada importó. Tiraron abajo las casas de Las Camilas, Las Thalías, Monte Lindo y Las Marías. En esas y en otras cooperativas, los niños salieron corriendo despavoridos. Las bestias intentaban tragárselos vivos.

Casa deshecha, casa abajo, casa que fue. Y el propio gobierno de Rafael Correa construyó un discurso ambiguo con respecto a Monte Sinaí. En 2013, se aprobó la Ley 88 (Ley de tenencia de la tierra) que permitía la legalización de las viviendas construidas antes de diciembre de 2010 en el lugar. En esa ocasión, el expresidente Correa comentó –en su tradicional enlace sabatino– que la Ley 88 debía contar con tres reformas, atendiendo a la simplificación de trámites, la inclusión de espacios comerciales y la legalización de todas las edificaciones ubicadas dentro del polígono. La Ley 88 –reformada ese mismo año– y su reglamento son la base legal de un régimen especial vigente en Guayaquil, que diferencia a Monte Sinaí de otros barrios que se asentaron también de manera irregular. En Monte Sinaí, desde 2010, no se puede construir, rentar ni vender propiedades a riesgo de recibir sentencias en prisión de tres a cinco años. Los terrenos de Monte Sinaí no forman parte del catastro de Guayaquil, mientras no estén legalizados. Ni siquiera las avenidas tienen nombre. Pero en 2011, se pavimentaron 6,63 kilómetros de un total de 16 kilómetros de longitud.

El 29 de noviembre del 2016, Johanna Reyes Alay exhibió la notificación de desalojo junto a los restos de su casa destruida. Foto: Vicho Gaibor.

Monte Sinaí es hoy una extensión de 9 325 hectáreas que se utilizaron antaño para la agricultura. Los terrenos podrán ser legalizados si además constan en la última fotografía satelital tomada por el Instituto Geográfico Militar, en marzo de 2010, o si el dueño del predio no cuenta con otra vivienda a nivel nacional. Este y otros requisitos similares agobian a los lugareños. Ellos cuentan que las autoridades continúan entregando notificaciones de desalojo sin respetar acuerdos anteriores o las mismas leyes.

Monte Sinaí se mira desde arriba. Dios y la autoridad –y a veces la prensa– se han parapetado sobre alguna de las lomas altas alrededor del valle pedregoso. Desde allí, se observa el menudo orden de casitas levantadas con bloque o caña que no están vacías. Según cifras del gobierno, Monte Sinaí tiene 133 000 habitantes que corresponden a 26 000 familias que presentan un déficit de vivienda de 62,65%. Esto quiere decir que más de 83 000 personas carecen de una casa que permita una vida digna. Esto quiere decir que más de 83 000 personas no gozan del derecho fundamental de tener esa vivienda que da abrigo, techo, seguridad y, sobre todo, dignidad.

La mano de obra proveniente de Monte Sinaí –miles de seres humanos con casas en condiciones precarias– viaja en autobús durante más de una hora, para dirigirse al sector comercial de Guayaquil. La mayoría de esos miles se emplea en el trabajo informal, que representa el 24% de la población que habita esta, la ciudad más grande de Ecuador.

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El 24 de julio de 2017, la entonces ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, entregó mil certificados de adjudicaciones en Monte Sinaí, bajo el plan gubernamental de vivienda Casa para todos, del Plan Toda una vida. Al respecto, el actual presidente, Lenin Moreno, recalcó su intención de convertir a Monte Sinaí en  “el mejor barrio de Guayaquil“. Una entrega previa de certificados se hizo en 2014, también por el Miduvi, pero la entrega de títulos de propiedad no ha ocurrido. La incertidumbre en la que viven los miles de habitantes de Monte Sinaí es el caldo de cultivo de las constantes estafas que sufren por parte de tramitadores que les ofrecen regularizar o vender terrenos.

En Monte Sinaí existen dos expropiaciones: una de 103,7 hectáreas y otra de 188,3 hectáreas, donde se instaló el Hospital Monte Sinaí. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) pagó las 188,3 hectáreas a través de un acuerdo interinstitucional con María de Lourdes Cervantes, quien era dueña de 1 326 hectáreas. Ella y su esposo, Otorino Goppión, compraron las tierras en 1978.

Los incumplimientos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, los retrasos en la entrega de títulos de propiedad y el desalojo forzado sin reparación ha llevado a los habitantes de Monte Sinaí a acusar a la entidad como una de las principales responsables. Foto: Vicho Gaibor.

Jorge Acero (60 años), representante de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Monte Sinaí, es originario de Cañar –una población de la sierra sur del país– y lleva 48 años en Guayaquil. Él recuerda los primeros asentamientos, en 1985, y recuerda aún más claro que en 1994, la Precooperativa Monte Sinaí interpuso una demanda al entonces Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) para hacerla productiva. En el 2012, el Magap llegó a un acuerdo con la dueña y ese acuerdo de precios se firmó en la Subsecretaría de Tierras, en Guayaquil. El Magap pagó por los predios mediante un trámite de expropiación y debió cumplir con la sentencia que ordena la adjudicación del terreno a los trabajadores agropecuarios Monte Sinaí.

Teniendo el gobierno ya en su posesión los terrenos, evadió el cumplimiento y empezó a repartir las tierras: 7,3 hectáreas al Ministerio de Salud para la construcción del Hospital Monte Sinaí, y otra parte al Miduvi. Los trabajadores llevan 20 años intentando recibir el título de propiedad de las tierras que sembraron y en donde levantaron sus casas. Pero después de juicios y amparos contra las diferentes instancias del gobierno, aún no lo logran.

Los trabajadores, además, enfrentan las amenazas de los traficantes de tierras que intentan apropiarse de los predios. Como explica Jorge Acero, han sufrido incluso la persecución y el encarcelamiento por reclamar lo que considera sus derechos legítimos. “Una vez que el gobierno se apoderó de los terrenos, hubo otros asentamientos por fuera”. En su opinión, la Ley 88 intenta regular tres situaciones de tenencia de la tierra en función del titular: los posicionarios legítimos, el Estado y los invasores, y los dueños de tierras que vendieron lotes.

Manuel Orellana era el dueño de una bloquera. El gobierno declaró de interés público esa propiedad. Le ofrecieron otro espacio que tenía un dueño, donde tuvo que mudarse de manera forzada. Luego, el terreno de la bloquera se ocupó para la construcción de un plan de vivienda del Miduvi. Manuel se pregunta cuáles fueron los criterios de selección.

Abrir negocios de ferretería o construcción está prohibido. Sin embargo, en Monte Sinaí hay ferreterías clandestinas, sobre todo después del cambio de gobierno. Hay una barbería, farmacia, monigotes para las fiestas de año nuevo en medio de la calle, un parque acuático lleno de toboganes roídos completamente abandonado. Los habitantes de Monte Sinaí se preguntan si no es el Estado ecuatoriano el principal especulador de tierras. ¿Por qué impide la adjudicación de tierras a los trabajadores y la reasignación de lotes para planes de vivienda? ¿Son todos los habitantes de Monte Sinaí traficantes de tierra o invasores, o son gente sin ciudad?

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Seguramente, una de las preguntas de cajón, al llegar a este barrio guayaquileño, es dónde empieza Monte Sinaí. La respuesta se asoma cuando junto a una caseta de revisión de la policía, el paso está bloqueado con conos, en la vía Perimetral. Ese es el principal acceso. Sobre la base de una ley, la autoridad controla el paso de materiales de construcción. Un mural que cubre una pared con el lema “Todos somos Monte Sinaí” debe leerse a través del terror, de la violencia del Estado. Monte Sinaí es vigilado a diario por la policía y por los militares.

Desde 2010, la Unidad Especial de Seguridad Sinaí opera en este sector popular. Miembros del Ejército, Armada y Aviación patrullan las calles y cuidan el acueducto de 27 kilómetros que atraviesa Monte Sinaí. Al acueducto lo llaman ‘canal de la muerte’. Por aquí, el canal de trasvase Cedegé transporta el agua que abastece a la provincia de Santa Elena.

Los habitantes de Monte Sinaí se han convocado a 11 audiencias para organizarse y exigir el cumplimiento de los ofrecimientos por parte del Estado. Foto: Vicho Gaibor.

En Monte Sinaí también hay oficinas de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Esta entidad comparte el predio con el Infocentro Monte Sinaí, donde un conjunto pequeño de casas de caña de dos pisos se agrupan. Son del gobierno. Son de caña, igual que las casas que tumbaron en los desalojos de 2013, pero estas están valoradas en 10 mil dólares cada una.

En Monte Sinaí, el corazón de la cooperativa Ebenezer es un lote de tierra y escombros al que los pobladores llaman la Cancha del Astillero. Una Unidad Móvil del programa municipal de salud está instalada en un extremo del canchón. Unos diez neumáticos gigantes descansan simulando una frontera marina oscura. No hay árboles, no hay sillas ni flores. No hay juegos infantiles ni césped. Monte Sinaí es silenciosa y caliza. Es como si estuviera en alerta. De vez en cuando el rumor del silencio se rompe con melodías que anuncian la llegada del tanquero de agua, la venta de fruta o la campanita de los helados. En la Cancha del Astillero, dos niños con camisetas de sus equipos de fútbol ríen. Stalin (9 años) y Paúl (8 años) juegan a levantar el polvo, a acomodar las rocas. Uno de ellos hundiendo ambas sandalias en la tierra, el otro montado en su bicicleta roja.

–¿Nos trae juguetes? –me preguntan.
–No. No traigo juguetes.

La sonoridad de Monte Sinaí es un recipiente de agudas serpentinas y murmullos arrodillados. Ese monte se eleva lento, acurruca techos y paredes de latón. Es una consola de múltiples canales, boca y oídos a la vez. Por las calles fluyen las risas de los niños y los rezos que provienen de las iglesias evangélicas. Los sábados, los niños y jóvenes asisten al catecismo. Monte Sinaí se convierte en un góspel de arena.

Los niños, tan cerca del suelo, tan de la polvareda, lagrimean. Mastican tierra. Las motocicletas trituran el polvo y dibujan círculos perfectos. El paso de un camión o de un autobús levanta altas cortinas. Las enfermedades respiratorias y la parasitosis son las que más afectan a la población de Monte Sinaí, especialmente a los niños. El doctor Nelson Guarquila –un hombre de 67 años, responsable de la Unidad Móvil Municipal de atención a la salud– sabe que a la cantidad de polvo en el aire, se suman la falta de servicios básicos y la basura en las calles, como factores que inciden en los problemas de salud, aun cuando 36 unidades móviles atienden a la población.

–¿Quiénes traen juguetes?
–Los señores de la universidad vienen en Navidad.

Paúl me lleva a su casa para presentarme a su mamá, Mary. La joven aparece detrás de unas rejas que protegen la fachada de la tienda de abarrotes a la que me conduce Paúl. Mary Guacho, de 28 años, es de Riobamba y vive hace 10 años en Guayaquil. Paúl regresa a jugar. “Soy la tía de Paúl –sueta ella–, me hice cargo de él cuando mi hermana murió por una negligencia médica.”

Es irónico hablar de problemas de salud a pocas cuadras de un monumental hospital de 400 camas. Pero el Hospital de Monte Sinaí no cuenta con agua potable ni alcantarillado ni doctores ni medicinas. El gobierno de Rafael Correa prometió entregar el hospital para mayo de 2017. La construcción se inició en febrero del 2013. Sin embargo, aún el edificio se encuentra sin abrir sus puertas al público y, desde el horizonte, es una gran bestia blanca cercada, en cuyo lomo se distingue el logotipo multicolor del Buen Vivir.

Al fondo, se levanta el edificio del Hospital de Monte Sinaí. Foto: Vicho Gaibor.

¿Qué es lo peor que podría pasar en Monte Sinaí para usted?, le pregunto. Mary, sin dudar, responde que ya le habían notificado de la expropiación de la mitad de su casa para construir una calle, que hasta hoy no se hace. Pero confiesa que lo peor que podría pasar es que le entreguen una notificación de desalojo. Ocurrió ya a tres calles de su casa.

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En Monte Sinaí, los proveedores se guían por un croquis que marcan a mano, señalando la localización de las tiendas. “Cuando llueve, aquí es un día malo”, explica Mary. Las calles se vuelven ríos de lodo y las ventas bajan. La Cancha del Astillero se hunde.

El pequeño Paúl regresa del patio de juegos. Acerca sus manos al oído de mamá para pedirle dulces. Es un niño que camina durante 15 minutos a su escuela, la Eduardo Kigman, donde no hay baños sino pozos sépticos. Como Mary cuenta, el aseo de los pozos se turna por semanas a cada padre de familia. Pero a pocas calles se encuentra la Unidad Educativa del Milenio. Su esqueleto gris en bloque y vacío se distingue de las casitas de caña. Sin ventanas, sin cerco, sin agua potable, sin niños. En las promesas gubernamentales quedaron el área recreativa de educación inicial, el laboratorio, la cancha de fútbol y usos múltiples que gestionaría el Miduvi.

La falta de nomenclatura ha obligado a los habitantes de Monte Sinaí y a los proveedores de productos, que llegan al barrio, a llevar consigo estas hojas de papel donde se grafica el barrio. Este es el modo de orientarse.

Fue en mayo del 2017, tras ocho largos años de espera, que la compañía de luz instaló el medidor. Así podemos alumbrarnos en medio de la tienda de abarrotes que le permite a Mary sostener a su familia. El agua potable siempre fue un problema. Recuerda la joven mujer que en una ocasión, la manguera que proveía de agua a todo el sector se averió. Los tanqueros no podían cargar y transportar agua.

–¡Imagínese, un día sin agua!

Un tanquero de agua potable cobra un dólar por cada balde. A veces 1,50. A veces 2 dólares. El cobro de la luz es puntual en las viviendas consideradas por el Estado invasiones y que cuenten con medidor. Pero a más de 30 años de su  aparecimiento, Monte Sinaí todavía reclama servicios básicos. En junio de 2017, las cooperativas Miguel Cordero (Las Marías), Juliana Menéndez (Tres Hermanos) y Hugo Soledispa (Los Juanes) solicitaron al gobierno recientemente posesionado de Lenín Moreno la provisión de servicios. Pero las decisiones siguen dependiendo de la relación chocante entre las autoridades del Gobierno y el Municipio, que se excusan como parte de su pugna política.

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“Aquí también es Guayaquil”, dice Patricia Baquerizo. Pero en Monte Sinaí hay tanta evidencia de lo contrario. Su integración a la ciudad se posterga mientras este rincón crece a espaldas de la ley. Por eso, en 2016, el encuentro Hábitat III Resiste –una iniciativa contraria al encuentro internacional Habitat III– tuvo su sede más significativa en este sitio y gran cobertura mediática. Allí se llevó a cabo el Tribunal Internacional que denunció los atropellos contra la población.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), ha seguido el proceso de veeduría y ha procurado el involucramiento de organismos internacionales de defensa de derechos humanos. Muchas de esas reuniones informativas dirigidas a la comunidad se gestionaron en las iglesias evangélicas.

La Misión Internacional de Verificación sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada concluyó que en los desalojos del 2013, en Monte Sinaí, se violaron los derechos a la vivienda, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El informe se refiere a los desalojos de mayo y julio de 2013 en los siguientes términos: “Actos de violencia y prepotencia de autoridades involucradas que han generado una grave sensación de angustia y que tienen a la población viviendo en zozobra e inseguridad…”.

Monserratt Rivera es una manabita que lleva 67 años viviendo en Guayaquil. Se ha ganado el sobrenombre de ‘Mami Once’. Monserrat es pareja de Carlos Cueva Remache, otro líder de la comunidad. Ambos trabajan por el fortalecimiento de las organizaciones políticas, y las reuniones tienen lugar en su casa.

‘Mami Once’ es “por pilas, por despierta, por atenta”, explican las integrantes del colectivo de mujeres que resisten contra los desalojos en Monte Sinaí. Matilde Chiriguayo (54 años) de Coop. Thalía; Mary Palama (49 años), de Coop. Promesa de Dios; Linda Maquilón (44 años), de Defensorías Comunitarias; Donisea (51 años) y María Merchán (38 años), de Voluntad de Dios; Angela Parrán (51 años), de La Camila; María Zambrano (36 años), Sector Nueva Prosperina; Patricia Baquerizo (38 años), de la Guacamaya, y Siomara Jara (38 años), del Triángulo de Sinaí, son algunas de las lideresas políticas que piden que se les reconozca el proceso de organización política al interior de sus comunidades. Se autoconvocan a través de las redes sociales o de telefonía celular.

Matilde regresa a los hechos del 10 de mayo de 2013: “Dieron la notificación solo a dos manzanas. Frente a nosotros estaba el padre Chicho: «Tranquilas, que este gobierno no les va a hacer nada». Pero llegó el día en que debimos abandonar las calles para ganarnos un pan. ¡Nos pensaron delincuentes! Había personas enfermas de cáncer, niños… ¡Este es el horror que vivimos! Los policías lloraban con los niños… Toda persona necesita un Buen Vivir, como dice el gobierno, pero eso no se ve”.

El 29 de noviembre del 2016, durante una visita para constatar los desalojos y el estado del barrio guayaquileño, sus habitantes recorrieron las calles y volvieron a exigir al gobierno ecuatoriano atención inmediata. Al fondo, el edificio del Hospital –inútil– contrasta con la infraestructura precaria del lugar. Foto: Vicho Gaibor.

Matilde lleva en su memoria estos hechos como si hubiesen ocurrido horas antes. El sábado 25 de noviembre de 2017, volvió a contarlos, en la Audiencia de los Desalojos convocada por la organización Acción Ecológica, en la cooperativa Ebenezer –una de las 11 audiencias que realizó la organización ecologista para evaluar el impacto de las políticas del gobierno de Rafael Correa en la vulneración de derechos humanos, sociales y de la naturaleza–. Matilde no quiere que nadie lo olvide. En la Cancha del Astillero –epicentro de celebraciones, ritos religiosos y elecciones de reinas– se escucharon los testimonios de los desalojados de Monte Sinaí y de la Asociación de Inquilinos Casas Colectivas, otro sitio donde las autoridades arremetieron, en marzo del 2016, para desalojar a sus habitantes. Entre la multitud, alguien clamaba: “¡Levante la mano quien está legalizado!”. Nadie. Acusaron de terrorista al Miduvi por mantenerlos en la incertidumbre y engañarles. Los certificados no sirven para legalizar una propiedad. Al terminar la audiencia, las fuerzas se reagruparon. El Comité de Mujeres es una de las fuerzas.

Siomara Jara improvisa una antorcha. Coloca una lata de comestibles vacía sobre un palo. Le enciende las tripas con cerillos. Comparte el fuego con otras mujeres. La noche se vuelve roja. Las caras de las mujeres encienden sus ojos. Sahúman sus cabezas con luz y columnas blancas de humo. Carcajadas como gruñidos festivos salen de sus gargantas. Y levantan ambos brazos redondos como el mundo para gritar: “¡Aquí nos quedamos!”

Recuerda el fotorreportero Efraín Castellanos que en la noche de vigilia del 2013, varios periodistas esperaban en una de esas lomas altas la llegada de la policía para el operativo del desalojo. En el enorme silencio que se puede llegar a sentir en Monte Sinaí, una voz clara y fuerte se abrió paso. Efraín la vio moverse a lo lejos: “¡Ponte once, que vienen los desalojos!”. Al cabo de unos minutos, la mujer siguió en la penumbra. Su grito se repitió fuerte y seguro, hasta lo alto de ese cerro: “¡Ponte once, que la prensa está aquí! ¡Sal para que te vean!”.

Ahora, las banderas del tricolor nacional flamean junto a las de Guayaquil. Si en el día se ven las obras abandonadas como enormes elefantes blancos, por la noche se ve a la gente haciendo suya cada piedra y cada partícula de polvo. El silencio preventivo se ha roto. Monte Sinaí se agrupa con su himno, su mayor símbolo patrio: “¡Aquí nos quedamos!”.

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