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El territorio de lo incierto

Por momentos cabe preguntarse ¿por qué no es posible organizar un solo frente de diálogo con el Estado? ¿Qué intereses priman al momento de reducir los esfuerzos organizativos al mínimo?

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Javier Cevallos Perugachi

Las incertidumbres sobre la Cultura en Ecuador son del tamaño de su definición: al abarcar prácticamente toda actividad humana, la administración pública y su incidencia política se diluyen en una cada vez más penosa ambigüedad.

Porque el temor a enfrentar las grandes discusiones de la política cultural (profesionalización, sostenibilidad, espacio público, administración de las instituciones culturales, procesos de gran aliento, etc.) ha atomizado de tal manera las discusiones (y acciones) respecto de la Cultura que ya no es necesario entrar en conflicto, sino atrincherarse en un concepto, en un discurso, y desde ahí negociar con el poder.

Hasta el momento, la gestión del nuevo Ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, ha repetido un guion que parece no tener fin: una agenda política condicionada por sus intereses sectoriales, concentrada en “recuperar la autonomía de la Casa de la Cultura”, es decir, en volver a la antigua estructura. Un Núcleo Pichincha prácticamente sepultado frente a una Sede Nacional que, contradiciendo a la Ley, se aferra a su antigua condición de matriz. ¿Cuáles son los espacios de ese Núcleo Pichincha? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuándo se llamarán a las Asambleas provinciales? ¿Por qué el rol del presidente de la Sede Nacional parece seguir siendo ejecutiva, cuando solo es coordinadora y planificadora?

Desde el Ministerio las cosas siguen aletargándose: preocupa sobremanera que no haya ni asomo del Instituto de Fomento a las Artes y a la Creatividad. En vez de aquello se ha vuelto a convocar a un Diálogo Nacional que pretende, nuevamente, refundar lo refundado. ¡Esta manía de empezar todo de cero, de prometer el Paraíso Cultural Nacionalista en cada cambio de ministro!

Otro punto que está haciendo que varios especialistas manifiesten preocupación es el del traspaso de competencias sobre el patrimonio a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s), porque la pregunta incómoda es ¿están listas las autoridades locales para ser administradores imparciales del patrimonio tangible e intangible de sus territorios? Conflictos como el de la construcción de una parada del metro de Quito en plena plaza de San Francisco parecen indicar que no se trata de un problema exclusivo de municipalidades pequeñas.

Lo que, para mí, está en juego en estos momentos es la definición de la institucionalidad nacional y su interacción con los actores y gestores independientes, pues, si bien ciertos temas se han venido posicionando -como el problema de la gratuidad y el de la institución pública como productor de eventos- aún no se logra una relación fluida para construir discursos y políticas más contundentes.

Conceptos como popular, clientelismo, centralismo, élite van endureciéndose hasta convertirse en armas semánticas para fraccionar diálogos. Por momentos cabe preguntarse ¿por qué no es posible organizar un solo frente de diálogo con el Estado? ¿Qué intereses priman al momento de reducir los esfuerzos organizativos al mínimo? Para responder esas preguntas será necesario ver quién (quiénes, qué organizaciones) va capitalizando el debilitamiento de esos procesos.

A partir de esta última consideración, y a pesar de lo imperfecta que resulta, es necesario exigir que todo proceso parta del cumplimiento de la Ley de Cultura: que la matriz de la Casa de la Cultura dé paso a los Núcleos Provinciales y a sus Asambleas; que se cree (en conjunto con los gestores y actores independientes) el Instituto de Fomento a las Artes y la  Creatividad; que se mejore el RUAC para convertirlo en una herramienta de construcción de políticas públicas; que el Ministerio de Cultura deje de convertirse en productor de eventos y pase a cumplir su rol de órgano rector.

En la base de toda discusión está, sin embargo, el tema tabú que parece ser dejado de lado, pero se mantiene en el centro de toda conversación: los presupuestos estatales. Es allí por donde se debería empezar, poniendo sobre la mesa las distintas posiciones respecto de la inversión estatal en cultura, para poder decidir el alcance de esa inversión: ¿en qué áreas es necesaria la inyección de dineros públicos? ¿Cómo hacer que ese dinero fortalezca a una mayor cantidad de actores culturales? ¿Es válido sellar presupuestos para proyectos particulares, sin fecha definida para que el proyecto se vuelva sostenible?

Al final, se va haciendo cada vez más necesario desmadejar las grandes discusiones sobre Cultura, ir aclarando y definiendo conceptos, para a partir de ellos realizar una propuesta nacional. Sin embargo, es imperioso que el Ministerio vuelva a los documentos, a las discusiones, a los informes y a las consultorías dejadas en administraciones anteriores. Es importante no negar el pasado, sino construir a partir de él.


Javier Cevallos Perugachi (Quito, 1976) es esposo de Natalia y padre de Violeta. Cuenta historias y cree, profundamente, en el poder de la palabra para generar comunidad, cambio, diálogo. Trabaja en teatro desde 1993, en la literatura desde 1998 y en Quito Eterno desde 2002.