Pueblos de papel

Redacción La Barra Espaciadora.

El Gobierno los llama pueblos en aislamiento voluntario, otros tantos los conocen como pueblos aislados o no contactados y un sector de académicos prefieren referirse a ellos como pueblos sobrevivientes de procesos de genocidio. La pregunta que cabe ahora, después de que el presidente de la República, Rafael Correa, anunciara su decisión de explotar el ITT, es si estos pueblos, más allá de cómo se los considere, tendrán condiciones suficientes para mantenerse y seguir siendo “aislados y sobrevivientes”.

Tal pregunta cobra vigencia no en vista de la decisión de explotar una parte de la Zona Intangible en la que estos pueblos aparentemente viven, sino de una serie de decisiones oficiales que no solo que los desconocen, sino que, deliberadamente, los pondrían en una posición adicional de indefensión.

La última de estas decisiones es el informe del Ministerio de Justicia enviado a la Asamblea Nacional como parte de los documentos para solicitar la declaratoria de interés nacional para la explotación del ITT, en el cual se niega la existencia de pueblos aislados en la zona que sería explotada.

Pero, ¿cómo el Ministerio llegó a esta conclusión?

En el documento que está en trámite en la Asamblea, el Ministerio especifica que, para determinar si en la zona de explotación del ITT existen pueblos en aislamiento, se hizo una recopilación de documentos históricos, testimonios de las poblaciones, fichas de señales de presencia, fotografías aéreas y satelitales…

En el informe fechado el 21 de agosto, que tiene 11 páginas, el Ministerio de Justicia determina que los pueblos en aislamiento tienen un carácter nómada y que, de acuerdo con la información disponible, no se encuentran en la zona del ITT.

Tal conclusión contradice todos los documentos previos sobre el tema, pero, sobre todo, el informe que el mismo Ministerio de Justicia emitió el 22 de abril de este año y que fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como informe de actividades en el cumplimiento del Plan de Medidas Cautelares de los pueblos en aislamiento voluntario.

Varias partes de ese informe señalan el conocimiento de la ubicación de los pueblos en aislamiento voluntario: “… sin mencionar en ningún momento lugares con importancia étnica antropológica como el caso de la ZITT (Zona Intangible), de su zona de amortiguamiento, o de los territorios fuera de ella que ocupan los PIAs -Pueblos Indígenas en Aislamiento- (como es el caso de los grupos Armadillo y tt Maxus)”, dice, por ejemplo, en una referencia legal a la protección de estos pueblos.

Pero el asunto no termina ahí, a continuación dice: “En el Parque Nacional Yasuní donde se ha determinado lugares de mayor actividad de PIA’s como el sector nor occidental del PNY (desde Armadillo / Los Alpes hasta el Trébol) donde se asienta el grupo denominado Armadillo, en el sector del Río Nashiño (grupo Nashiño), en el área de los Ríos Curaray y Mancaro (grupo Taro-Mencaro, posiblemente fusionado con el grupo Armadillo), y en la zona establecida entre Cononaco y Curaray (grupo Cononaco)”.

Con estas palabras se establece claramente la ubicación y la identificación de los grupos y es eso lo que se comunica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También anexa los últimos mapas oficiales elaborados para el efecto (como el que se muestra a continuación), que curiosamente han variado muy poco desde mediados de los 50, cuando se elaboraron los primeros levantamientos cartográficos sobre el tema.

Pero de abril hasta la fecha, según el Gobierno, los pueblos en aislamiento, como los llaman, parecen haber cambiado totalmente de ubicación, nombre, e incluso uno de los clanes parecería haber desaparecido. Esto se desprende del informe del Ministerio de Justicia firmado por Lenin Lara en el que se expone el nuevo mapa de ubicación de estos pueblos, que exhibimos a continuación.

Aunque la argumentación textual sobre esta ubicación es muy escueta en el informe de 11 páginas, de la lectura del mapa se pueden extraer varias inquietudes:

El Grupo Armadillo ya no existiría y posiblemente se habría fusionado con el grupo Maxus, así se entendería que el Ministerio decidió crear un nuevo grupo, llamarlo Tivacuno y ubicarlo mucho más al sur y hacia el oriente, en una zona intermedia con respecto a donde se ubicaban los grupos originales.

Al grupo Cunchiyacu se lo ubica más al sur de su posición original, ubicando su territorio, en gran porcentaje, fuera de la Zona Intangible.

Y, sorprendentemente, modifica la ubicación del grupo Nashiño, ubicado tradicionalmente en el extremo nororiental de la Zona Intangible, coincidiendo con el área de ubicación del proyecto ITT, y lo ubica en el extremo sur de la Zona Intangible, muy lejos de su tradicional posición.

Tales cambios son de vital importancia para los fines buscados por el régimen. El primero de ellos es el inmediato, ya que el nuevo mapa y el informe que lo sustenta logra eliminar la presencia de pueblos en aislamiento voluntario de los bloques ITT y 31, los que actualmente busca el Gobierno que sean declarados de interés nacional por la Asamblea, para que se permita la explotación de sus yacimientos petroleros dentro de la Zona Intangible. Para lograrlo, es requisito indispensable que no existan habitantes no contactados en esa zona, lo que con el primer mapa que exhibimos, no se conseguía demostrar.

Pero si este informe es acogido por la Asamblea y es aprobada la declaratoria solicitada por el presidente Correa, se impondría la línea que propugna el extractivismo, que es también la de aquellos que ven un futuro conflictivo en materia legal, en caso de que se afectaran los pueblos en aislamiento.

Si es que se superpone el nuevo mapa con el mapa petrolero nacional se consigue que ya no haya pueblos en aislamiento en las zonas petroleras en explotación y en las de desarrollo. Al haber eliminado el grupo Armadillo, reubicado el Maxus y creado el grupo Tivacuno en un área donde no existen concesiones petroleras, se libera de este “estorbo” a los bloques 16 y 17, además de dejar el camino libre a proyectos petroleros en desarrollo como el mismo campo Armadillo, que en el 2010 también estuvo en el centro de la polémica, cuando se permitió el inicio de los trabajos de exploración pese a los informes (que incluían imágenes) de los pueblos en aislamiento ubicados en la misma zona de los trabajos a realizar. Para la autorización de la exploración, el Ministerio del Ambiente, que entonces estaba encabezado por Marcela Aguiñaga, emitió un informe y la correspondiente licencia ambiental, horas después de haber suscrito otro en el que decía todo lo contrario y en el que ratificaba la presencia de pueblos en aislamiento en la zona.

Este logro del régimen puede ser entendido en términos políticos y legales, tomando en cuenta que así, los actuales y futuros proyectos extractivistas ya no estarían marcados por el permanente riesgo de ser detenidos a causa de la presencia de los sobrevivientes de genocidio.

Lo que cuesta entender, en cambio, es la celeridad y la falta de argumentos contundentes para realizar los cambios.

Para justificar legalmente el nuevo estatus de los pueblos en aislamiento voluntario en el Ecuador, contenido en las 11 páginas del informe del Ministerio de Justicia, se deberán dar pasos adicionales, entre ellos, que la Fiscalía declare cerrada la indagación con la cual investiga la matanza de indígenas taromenane en la zona del grupo Maxus, para lo cual el mismo Gobierno incluso creó una comisión especial debido a la gravedad del caso y a la necesidad de justificar -en la práctica- el respeto a las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Estas medidas habrían sido vulneradas con el ataque a una casa taromenane en un sitio que ahora el Gobierno dice que no existe. ¿Será acaso que también esos muertos son una ficción?

Deberá la Fiscalía declarar inexistentes también a las dos niñas que, tras la matanza, fueron raptadas, las mismas que se encuentran viviendo con dos familias waorani de la comunidad de Yarentaro, y cuyos testimonios son parte del proceso abierto después de la matanza e incluso han motivado declaraciones públicas del fiscal de la Nación, Galo Chiriboga.

El mismo Ministerio de Justicia deberá también cerrar el caso y evitar los intentos de entrar al territorio en busca de huellas del ataque al clan taromenane, algo que, junto con la Fiscalía, ha intentado hacer hasta la fecha, pero sin éxito.

Y, por supuesto, el Gobierno deberá enviar nuevos informes a la CIDH actualizando la información, modificando todo el Plan de Medidas Cautelares, reorganizando todo el sistema de monitoreo y pidiendo a ese organismo que deseche toda la información previamente emitida para que considere su actualización, a nombre del Estado. En igual situación estarían los pedidos emitidos por la representante del Ecuador ante la OEA y del Procurador del Estado, quienes solicitaron incluso audiencias a la CIDH a nombre del Estado para tratar el tema de la matanza de un clan tagaeiri.

Solo cuando la Asamblea haya aprobado el informe del Ministerio de Justicia, se habrá conseguido el objetivo y los pueblos en aislamiento voluntario, como los llama el Gobierno, se habrán convertido en pueblos de papel, pues existirán únicamente en los mapas oficiales y dejarán de ser un estorbo en medio de la selva.