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No queda más que recordarle al Estado ecuatoriano que –más allá de su incumplimiento respecto de soflamas programáticas electorales y de la violación de los principios constitucionales establecidos en Montecristi– la libertad de circulación de las personas está reconocida en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

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Fuerte contingente policial se dispuso para el operativo de ciudadanos cubanos. Foto: Edu León

Por Decio Machado / @DecioMachadoF

Fotos: Edu León / EduLeon_photo

Aunque suene Perogrullo, enredoso y leguleyo, cabe comenzar por indicar que todos y cada uno de los seres humanos tenemos derechos fundamentales en cualquier latitud del planeta, independientemente de nuestra nacionalidad, color de piel, sexo, religión o condición ideológica. Esto se da en razón de que los derechos humanos son universales, y deberíamos poder hacerlos valer en cualquier lugar, pues el Derecho Internacional tiene por finalidad –entre otras– proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado.

Sin embargo, las fronteras y las políticas restrictivas y represivas son hoy un impedimento al reconocimiento del derecho a la migración, al movimiento en busca de una vida mejor.

La cosa viene de lejos, ya que siglos atrás los romanos trazaron sus limes (redes fronterizas fortificadas), los chinos levantaron su gran muralla, el muro de Adriano separó Inglaterra de Escocia y acá, en la región, los incas rodearon sus ciudades con enormes muros de piedra. Citando a Zygmunt Bauman, las fronteras no son trazadas para distinguir las similitudes, sino que al contrario, marcan las diferencias, y es en ese momento en el que nos percatamos de su existencia.

La historia reciente del Ecuador debería permitirnos conocer bien lo que implica la concepción clásica de las fronteras y la nacionalidad.

Nacionalidad es ese concepto que nos da pertenencia y exclusividad, y que es tan utilizado por el neopopulismo bajo la reidealización del término Patria. Las fronteras son duras, tanto para los excluidos como para los incluidos en las patrias, pues no se les permite “entrar y salir” con la libertad que quisieran y merecen.

La crisis del Panamá hat, tras la Segunda Guerra Mundial, y la posterior estafa neoliberal protagonizada por la bancocracia entre 1999 y 2000, hicieron que los ecuatorianos conocieran masivamente los costos de tener que abandonar su país y ser los otros en patrias de otros.

Es el resultado de lo narrado lo que motivó que en los primeros años del gobierno del presidente Rafael Correa se intentaran desarrollar políticas vanguardistas en materia migratoria. El reconocimiento del derecho a migrar, la ciudadanía universal, los derechos de los migrantes, el plan retorno o el reconocimiento de la libertad de movimientos para todos los ciudadanos del planeta no fueron más que el fruto del conocimiento empírico ecuatoriano de lo que significa el drama de la migración. Incluso dos meses antes de las deportaciones masivas de cubanos en Ecuador, el canciller Guillaume Long andaba solicitando el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) buscando amparar frente al riesgo de deportación a aproximadamente 200.000 ecuatorianos que se encuentran en estos momentos en situación irregular en territorio estadounidense.

El Ecuador actual es el fiel reflejo de aquella cita del Nobel de Literatura húngaro Imre Kertész, cuando dijo que “solo por nuestras historias podemos saber que nuestras historias han llegado a su fin”. Igual que llegó a su fin el “milagro ecuatoriano”, se destentó el “jaguar latinoamericano”, el sueño de la Iniciativa Yasuní ITT terminó en pesadilla o la vanguardista gestación constitucional de los derechos de la naturaleza concluyó en aborto prematuro, en esta ocasión llegó a su fin el ideal de ciudadanía universal que los voceros institucionales del país defendieron persistentemente durante los últimos años en multitud de foros internacionales.

Pero más allá de la farsa institucional, cabe señalar que la libertad individual solo puede ser producto del trabajo colectivo, solo puede ser conseguida y garantizada colectivamente, y al igual que un Estado como el español, con una triste historia de exilio político y económico forzado se olvidó de su pasado maltratando en muchos casos a sus inmigrantes extranjeros, el Estado ecuatoriano pasa ahora a engrosar la lista de los países que promueven la expulsión masiva de ciudadanos provenientes de otras nacionalidades.

Lamentablemente, Ecuador dejó de estar cualificado para censurar el criminal comportamiento mediante el que proceden en la actualidad los gobiernos europeos en materia fronteriza, e incluso moralmente quedó inhabilitado también para cuestionar la política de deportaciones estadounidense. Digamos que Ecuador entró en el club, el triste club de los Estados que violan los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Veamos los motivos que han conllevado a esta nueva contradicción entre el discurso y la praxis del régimen correísta:

El sometimiento de Colombia a las presiones internacionales

Foto: Edu León
Foto: Edu León

El pasado 11 de julio, la canciller colombiana María Ángela Holguín anunciaba respecto de los cubanos indocumentados que habían entrado en su país: “Si nosotros deportamos hacia México, pues vamos a crear un flujo permanente porque (los migrantes) saben que por Colombia entran y al final del día por presiones van a acabar en México, a un paso de Estados Unidos. Lo que no queremos es que el país se convierta en eso”.

Lo que estaba probando con escasa capacidad dialéctica la que fuera representante del tan cuestionado gobierno de Álvaro Uribe ante la Corporación Andina de Fomento, es que su país no está accediendo a las solicitudes de paso hacia México realizadas por los cubanos que en los últimos meses han llegado a este país, y que si hay deportaciones, estas se realizarán directamente a Cuba o a Ecuador. Ecuador es donde hacen escala parte de los cubanos migrados en su camino hacia Estados Unidos vía Colombia.

Este pronunciamiento del oficialismo colombiano es el fruto de la existencia de más de mil cubanos que quedaron retenidos en la ciudad de Turbo (región de Urabá), localidad cercana a la frontera de Panamá, la cual fue hace dos meses cerrada al paso de migrantes irregulares. Estos sobreviven en campamentos irregulares y una bodega que son de propiedad privada, lo cual implica para el Estado colombiano la autorización por parte de su Fiscalía para acceder al lugar y proceder con la detención de los “sin papeles”. En realidad, existen muy pocas esperanzas de que los irregulares cubanos no sean deportados, y la resolución de este conflicto será, a todas luces, inmediata.

La misma Holguín explicó en rueda de prensa que Colombia está trabajando con las autoridades militares de Ecuador para cerrar los caminos irregulares entre ambos países, por los que cruza gran parte de estos migrantes. En esta misma cita con periodistas, la titular de Relaciones Exteriores colombiana reconoció que su país ha deportado ya en 2016 a 2 841 cubanos que ingresaron irregularmente rumbo a Estados Unidos.

Si bien es cierto que una ley estadounidense otorga beneficios a los ciudadanos cubanos que lleguen a su territorio, el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana habría generado entre los caribeños el temor de que dichas ventajas migratorias terminen en breve, estimulando la salida inmediata del país de muchos ciudadanos isleños.

“Con Ecuador firmamos un acuerdo en donde ciudadanos que hayan entrado por Ecuador serán deportados a Ecuador, y Ecuador ya tomará la decisión de qué hace al respecto”, sentenciaba Holguín en dicha rueda de prensa. Es un hecho que Colombia, desde el pasado diciembre, ha venido exigiendo visado a los cubanos con el objetivo de desincentivar este flujo migratorio hacia el american dream.

Mientras, el gobierno cubano –en lugar de defender los intereses de sus ciudadanos y el derecho a la libre movilidad de las personas– se ha limitado a responsabilizar en esta cuestión a Estados Unidos y sus políticas migratorias de discriminación positiva para los habitantes de la isla. Es evidente que el discurso fácil, tan utilizado por estos lares, no solo es ineficaz sino también peligrosamente adictivo.

Ecuador o la cólera de Dios

Foto: Edu León
Foto: Edu León

Lo que se vive en Colombia respecto de los migrantes irregulares cubanos ha tenido un efecto inmediato en Ecuador, y lo hemos vivido durante estos días.

Este pequeño país andino, donde a sus autoridades se les llena la boca de hablar sobre políticas soberanas, pasó a la historia de las deportaciones masivas en América Latina durante este julio del 2016. Es así que el pasado día 13 se cerró el primer capítulo del proceso de deportaciones masivas de cubanos en Ecuador, muchas de ellas denunciadas como irregulares, y que concluyó con 121 migrantes enviados a La Habana a través de aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

La historia se inició la madrugada del 6 de julio, con un operativo policial violento y desproporcionado mediante el cual fue desalojado un campamento informal situado en el parque El Arbolito, en Quito. Allá se asistió a todo un despliegue de poder represivo, fórmula mediante la cual acostumbra el Ministerio del Interior a exhibir su fuerza e implementar las políticas disciplinarias del régimen correísta.

A diferencia de Colombia, el fariseísmo de las autoridades y jueces ecuatorianos se enmarca en la violación de la declaración constitucional que establece el “principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países”. Al respecto, basta decir que la operación protagonizada por los cuerpos represivos del Estado y ordenada por el ministro José Serrano, quien apenas hacía un mes había recibido en Washington una placa condecorativa de manos de Chuck Rosenber (jefe de la DEA), se dio frente a la sede de la Corte Constitucional. Como bien decía Molière hace cerca de cuatrocientos años: “La hipocresía es el colmo de todas las maldades”.

La acciones emprendidas desde el Ministerio del Interior demuestran que el rasgo más conspicuo de la política contemporánea es su insignificancia. En este sentido, Cornelius Castoriadis le diría a Daniel Mermet en noviembre de 1996: “Los políticos son impotentes (…). Ya no tienen un programa. Su único objetivo es seguir en el poder”. El precio de lo aseverado por Castoriadis se paga con la moneda con la que suele pagarse el precio de la mala política: el sufrimiento humano.

Pero, como bien han denunciado en diversos artículos de opinión y múltiples declaraciones públicas los abogados involucrados en la defensa de los cubanos, el espíritu emanado desde la Carta Magna de Montecristi ya había sido previamente violentado cuando las autoridades introdujeron la exigencia de visas para la admisión de nacionales de ciertos países, incluidos entre estos los ciudadanos cubanos. Si hacemos memoria veremos que fue aquello lo que permitió en su momento los cuestionados affaires de Juan Javier Aguiñaga –hermano de la actual Vicepresidenta Segunda de la Asamblea Nacional– cuando ejercía de subsecretario de Relaciones Exteriores.

Allá por 1945, el filósofo y activista francés Jean Paul Sartre escribió en la revista Le Temps Modernes: “considero a Flaubert y a Goncourt responsables de la represión que siguió a la Comuna de París, porque no escribieron una palabra para impedirla”. Pues bien, mientras los cubanos detenidos eran hacinados en el Hotel Carrión –un centro de internamiento eufemísticamente denominado albergue para la acogida de extranjeros–, con la misma aptitud cobarde de estos literatos franceses denunciados por Sartre, aunque con muy inferior vocación intelectual, el conjunto de legisladores oficialistas que se han caracterizado por hablar sobre derechos humanos durante estos últimos años se pusieron a mirar hacia lejanas constelaciones estelares en lugar de ver lo que pasaba a su alrededor.

Fue Thomas Fuller, un antiguo historiador inglés que llegó a capellán de algún regente de turno, quien indicó que “la desesperación infunde valor al cobarde”, pero en esta ocasión ni por esas. Mientras los migrantes cubanos iban siendo uno tras otro deportados con la firma del Viceministro del Interior, nuestro aguerrido y condecorado ministro prefirió zafarse de esta, los asambleístas –grandes demiurgos de la revolución ciudadana– se dedicaron a retuitear las amenazas incumplidas de René Ramírez a Guillermo Lasso, mientras públicamente se limitaban a expresar en diferentes medios de comunicación la desbordante felicidad que les causa la presencia de Lenin Moreno en Ginebra. Sobre la situación de los cubanos represaliados, ni una palabra, mutis por el foro, pues la prioridad se centró en hacer frente a las múltiples campañas de desprestigio orquestadas desde la ya consabida “prensa corrupta”, y en mantener el buen orden de este tan sano Estado democrático de justicia y de derechos.

Otra vez, la justicia ecuatoriana puesta en cuestión

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Foto: Edu León

El informe Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, realizado por el jurista Luís Pásara, ya reflejó a mediados del 2014 la falta de independencia judicial en Ecuador. Desde entonces hasta hoy, hay una larga concatenación de sentencias entre las que se destacan algunas escandalosas. En el ámbito que nos concierne cabe recordar la deportación en agosto del 2015 de la ciudadana franco-brasileña Manuela Picq. Estos casos demuestran que la situación de los jueces ha ido paulatinamente empeorando. Es más, días antes del caso Picq, el hasta entonces juez de Cuenca Dr. Miguel Antonio Arias escribió en su carta de renuncia: “Considero que en mi labor jurisdiccional no existe independencia para resolver con libertad y dignidad, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, porque el poder político de turno ha impuesto su propia agenda en la administración de justicia, función que la dirige y controla a través del Consejo de la Judicatura”.

En línea con lo anterior, el proceso de deportación de los cubanos en Ecuador finalizó con una frase lapidaria del director del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de San Francisco de Quito. Juan Pablo Albán, quien lidera al equipo de abogados que defendieron la causa de los cubanos detenidos, declaró sumamente indignado ante los medios y frente a las puertas del Tribunal de Garantías Penales: “Este tribunal ha decidido que el señor Viceministro del Interior puede revertir decisiones judiciales; el tribunal además ha decidido, a pesar de que la Ley le obliga a declarar una violación de Derechos, que las personas que fueron expulsadas de manera colectiva de este país no tienen nada que decir porque ya no están aquí”.

Para incrementar la ironía dentro del drama humano que significan estas deportaciones, la abogada Daniela Salazar denunció que el argumento del Estado para justificar las deportaciones fue darles condiciones más seguras que las que tenían en el campamento informal en el que estaban antes de la intervención policial, buscando satisfacer también el interés superior del niño, ya que en esa acampada había menores de edad. Es decir, según el Estado ecuatoriano todo se hizo para proteger los derechos humanos de estas personas.

Hasta aquí lo de ayer y ahora lo que viene. Es de prever que no estamos más que en el primer escalón de una escalera que nos lleva al infierno, pues más allá de lo que suceda en territorio ecuatoriano los cubanos que vengan deportados a Ecuador desde Colombia seguirán los pasos de sus hermanos camino a La Habana.

No queda más que recordarle al Estado ecuatoriano que –más allá de su incumplimiento respecto de soflamas programáticas electorales y de la violación de los principios constitucionales establecidos en Montecristi– la libertad de circulación de las personas está reconocida en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que con estas expulsiones colectivas de extranjeros, autoridades y jueces proceden con lo que es considerado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional un crimen de lesa humanidad.