A pesar de que hace 20 años –en noviembre de 1997– se consiguió despenalizar la homosexualidad en Ecuador, poco se ha avanzado como sociedad para comprender en profundidad las razones que llevan todavía a las calles a miles de activistas y organizaciones sociales para protestar. Protestamos porque lo que dice la ley no basta si es que no existe una estructura estatal sólida dedicada a combatir la impunidad, mediante investigaciones exhaustivas y sanciones a la altura de las faltas cometidas. Protestamos porque, a pesar de que el Código Integral Penal del Ecuador sanciona los crímenes de odio por orientación sexual, el 71% de la población LGBTI ha sido víctima de discriminación en su entorno familiar, y de ellos, el 61% fue víctima de actos de violencia.
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Hace más o menos 20 años, también, se han documentado docenas de casos de tortura física, secuestros, violación física y sicológica e internamientos ilegales con la intención de forzar lo que han llamado «deshomosexualización». Y todos esos casos son solo apenas los que han visto la luz pública. Dos décadas después de que la homosexualidad ha sido despenalizada, Ecuador continúa viviendo en el oscurantismo: las víctimas de internamiento en ‘clínicas de deshomosexualización’ han denunciado complicidad de autoridades y de grupos religiosos, silenciamiento de procesos judiciales, coimas y demás estrategias de encubrimiento que hacen inútiles las disposiciones legales. ¿Cuán efectivas son las acciones del Estado ecuatoriano? ¿Por qué las organizaciones LGBTI suman cada año más casos a la ya larga lista conocida?
Este es un reportaje de Carlos Flores, con ilustraciones de Mónica Rodríguez, para La Barra Espaciadora y Aler, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ), y en alianza con CONNECTAS.
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