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Intag: en marcha por una historia milenaria

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©Edu León

Por Diego Cazar Baquero /@dieguitocazar

Fotos de Edú León / @EduLeon_photo

Intag no es un pueblo ni una ciudad ni un caserío. Intag representa el 32% de todo el territorio de la provincia de Imbabura. Se trata de un conjunto de parroquias rurales que ocupan una superficie de 1462 kilómetros cuadrados, cuando la superficie total de la provincia es de 4599 kilómetros cuadrados.

Los bosques nublados de Intag son hábitat de numerosas especies animales y vegetales. Ocupa la zona de amortiguamiento de la reserva natural Cotacachi-Cayapas y también es parte del Chocó ecuatoriano. Su inmensa biodiversidad configura un ecosistema sumamente complejo y eso limita las posibilidades de explotación de recursos naturales sin que existan profundos estudios medioambientales previos.

Pero el impacto medioambiental no es el único riesgo que enfrenta esta zona si fuera sometida a explotación a gran escala. Intag contiene terrenos considerados de interés arqueológico desde hace décadas. Ya en 1979, el estudio El proceso evolutivo en las sociedades complejas y la ocupación del período tardío-cara en los andes septentrionales del Ecuador, del científico John Stephen Althins, fue publicado por el Instituto Otavaleño de Antropología.  En él se incluyó el registro de los sitios de Wariman (también conocido como Gualimán), que hoy conforman un complejo arqueológico considerado herencia del pueblo quitu-cara y que dataría de más de 3 500 años de antigüedad. Varias pirámides y alrededor de sesenta tolas preincas son parte del sitio.

En la comunidad de Pucará, perteneciente a la parroquia de Apuela, se encontraron varias piezas de oro durante la década de los setenta. Fueron sus mismos pobladores quienes las descubrieron y luego las perdieron, persuadidos por la ambición de los habitantes de la ciudad. Los vecinos de Pucará aseguran que los objetos fueron embodegados en la Municipalidad de Ibarra.

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La mujer vive en Íntag, hace cinco años, con su joven familia. Ahora prefiere el anonimato. El temor que provoca la posibilidad de que bajo los suelos de la zona haya grandes yacimientos de cobre no es nuevo. Sin embargo, desde que el pasado 8 de mayo fue detenido Javier Ramírez, dirigente de la comunidad de Junín, la cosa ha cambiado. Ella está segura de que las líneas telefónicas de los habitantes de Íntag están intervenidas. Por eso prefiere que cualquier encuentro con amigos o parientes sea personal.

La vida del campo, desprovista del bullicio y del esmog, se ha visto aguijoneada desde hace cerca de cuatro décadas en esta zona de la sierra norte de Ecuador. La empresa privada y el Estado han puesto los ojos en esta región por su inmensa riqueza natural y la resistencia de los escasos habitantes de Junín, con el respaldo de algunos más del resto de comunidades, ha llegado hasta Quito. El pasado sábado 14 de junio, varios habitantes y colectivos adheridos a la defensa de este territorio ante la posible explotación minera a gran escala, convocaron a una marcha que enarboló el lema “Únete, solidaridad con Íntag”. En buses, en bicicletas y a pie, cientos de manifestantes se movilizaron desde Quito, Ibarra, Otavalo, Cotacachi y otras ciudades con la intención de exigir la salida de los policías que entraron en Junín el pasado 8 de mayo por orden del gobierno de Rafael Correa, presuntamente para resguardar a los funcionarios de la Empresa Nacional Minera Enami EP.

Hay estudios de impacto medioambiental en Intag desde hace años. En ellos, se evidencia la grave amenaza que significaría desarrollar actividades mineras a cielo abierto. De todas maneras, la empresa estatal dice que quiere levantar un nuevo estudio para obtener la licencia ambiental y proceder con la exploración. La mujer, asustada y con relatos tímidos, está segura de que el personal de la empresa minera no ha cumplido con socializar el proyecto que quieren emprender en sus tierras. Ella dice que los empleados de la empresa se han dedicado a hacer ofrecimientos que más bien parecen promesas de campaña electoral.

Por eso, la marcha del pasado sábado exigió la socialización del proyecto minero Llurimagua y la libertad de Javier Ramírez, detenido desde el 10 de abril y acusado de sabotaje por el Estado. Pero unos 50 policías bloquearon el paso por la vía Cotacachi-Intag a los manifestantes, pidieron permisos de movilización a los conductores de los buses y así impideron que la concentración activista llegara al sitio donde las papas queman, Junín. Mientras tanto, en esa comunidad de 30 familias, la empresa estatal organizó un espectáculo con el pretexto de celebrar el Día del Padre. Llevó bambalinas y luces para pretender distraer a los habitantes de esta reserva natural. La vieja estrategia.

A continuación, una serie de imágenes captadas por Edú León durante la marcha del sábado.

©Edu León
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