Compartir

 Por Vicente Gaibor del Pino

En marzo del 2016, las 350 familias que habitan los condominios llamados Las Casas Colectivas, al sur de Guayaquil, conocieron por la prensa las declaraciones del entonces gobernador de la provincia del Guayas, Julio César Quiñónez, que anunciaban el desalojo de las familias, la demolición de los edificios y la construcción de una nueva maternidad. El anuncio se dio sin previa notificación a los inquilinos y sin establecer planes o plazos de reubicación para las más de 1 200 personas que serían desplazadas.

El gobierno justificó esta resolución aduciendo que Las Colectivas son centro clave de microtráfico. Sorpresivamente, en septiembre, autoridades del gobierno amenazaron con un plazo de 3 meses para iniciar la demolición del complejo, aun cuando el Instituto Nacional de Patrimonio (INPC) declaró por esos mismos días que las edificaciones tienen importancia patrimonial y que no podrían ser demolidas. El argumento de la gobernación fue que la demolición había sido una decisión tomada en consenso por los representantes del Ministerio de Salud Púbica y por el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por fortuna para los inquilinos, el plazo coincidió con la campaña electoral, lo cual pospuso la sentencia. El 24 de mayo, Lenín Moreno recibió el mando presidencial y nombre a José Francisco Cevallos como nuevo gobernador provincial. Pero han transcurrido tres meses desde entonces, sin que haya habido acercamientos que definan la situación de este barrio y de las familias que lo habitan.

Las Casas Colectivas, construidas en 1950 e inauguradas en 1953, son el primer condominio de vivienda popular vertical en el país. Constan de dos bloques idénticos de cuatro pisos y cuatro patios cada uno, emplazados en lo que alguna vez fue el límite sur de la ciudad.

La amenaza de desalojo sigue latente, aunque por momentos los habitantes se distiendan y la angustia se disipe. Mientras el gobierno se entrampa en contradicciones o deja pasar el tiempo, quienes habitan Las Colectivas continúan a la espera de las notificaciones oficiales y viven ante la incertidumbre de no saber si se implementará un programa habitacional que los incluya a todos.

Este es un ensayo en construcción sobre el letargo que causa la incertidumbre, una suerte de atmósfera suspendida, solo salvable a través de la nostalgia: “Aquí crecimos, aquí he de morir”, “Mi sofá es ahora una sala de espera”.


Vicente Gaibor del Pino (Guayaquil, 1976) es fotógrafo independiente, enfocado en proyectos sobre derechos humanos y temas contemporáneos. Ha participado desde 1996 en más de 30 salones y muestras colectivas de pintura, poesía, grabado, fotografía y video. Arquitecto titulado (UCSG 2003), se formó como fotógrafo autodidacta desde el 2000. Vacíos (Guayaquil, 2010) y Paisaje Pasajero (Cuenca, 2013) son sus muestras particulares. Por dos años, a partir del 2010, tuvo a su cargo la cátedra de Fotoperiodismo y comunicación fotográfica, en la UEES. Desde septiembre del 2011 a marzo del 2012, la de Fotografía de paisaje y arquitectura, en Casa Grande. Ha colaborado con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en proyectos documentales sobre oficios, costumbres y vida cotidiana.