El gobierno y la desarticulación de la organización indígena

Por Carlos Mazabanda / Terra Máter

Las organizaciones indígenas –en especial las amazónicas– están enfrentando procesos de división y cooptación de sus espacios por parte de exlíderes indígenas, con apoyo económico y político de instituciones estatales.

Esta coyuntura está relacionada con las movilizaciones que se dieron durante agosto y septiembre del 2015, como parte de la convocatoria realizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) al Levantamiento Indígena y de los Pueblos, en el cual el movimiento indígena y campesino mostró su descontento con varias políticas estatales incluidas en su plataforma de lucha, que exigían: el archivo de un proyecto de enmiendas constitucionales que permitían la reelección indefinida; la derogación de la Ley de Aguas; el archivo de un proyecto normativo sobre la propiedad de la tierra; el restablecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe; el libre ingreso a las universidades; poner fin a los proyectos petroleros y de minería a gran escala, y la derogación de varios decretos que afectan al sector laboral.

El levantamiento –que en las principales ciudades del país tuvo una amplia participación, no solo de la población indígena– puso en escena a estas organizaciones como generadoras de opinión política y con poder de convocatoria. El movimiento indígena y las organizaciones sociales afines se mostraron cada vez más alejadas del proyecto político del actual gobierno de Rafael Correa, lo cual incentivó una fuerte arremetida propagandística por parte del Estado en medios de comunicación públicos y privados, con el fin deslegitimar al movimiento indígena y a sus dirigentes. Otra estrategia gubernamental para desmovilizar a estos sectores fue el uso de la fuerza policial y, como resultado de ello, para el 26 de agosto de ese año había 132 aprehendidos en todo el país.

El evidente apartamiento del movimiento indígena ha llevado a que el gobierno apure una nueva estrategia por restablecer los vínculos y limpiar su imagen a escala nacional e internacional. Para el efecto, ha buscado apoyo de las organizaciones indígenas con el establecimiento de nuevos liderazgos, sin importar que estos sean ilegítimos pero funcionales a su gestión.

Las organizaciones indígenas, especialmente de la provincia de Pastaza y Morona Santiago, junto con la regional Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (Confeniae) han hecho frente a una evidente ampliación de la frontera petrolera en sus territorios que vulnera sus derechos colectivos contemplados en la Constitución, en tratados internacionales de derechos humanos y en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku.

El gobierno nacional, con el afán de visibilizar el respaldo de estas organizaciones a un proyecto político cuestionado, ha buscado desestabilizar al movimiento indígena. Es por ello que en la actual coyuntura económica se hace mucho más necesario que se visibilice el apoyo de estos sectores sociales al proyecto político oficial.

El gobierno ecuatoriano logró intervenir en instituciones que antes tenían un carácter autónomo, como el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), que entre otras funciones tenía el  reconocimiento de los Consejos de Gobierno electos para cada organización indígena. Este organismo, en el que intervenían representantes de organizaciones indígenas y tomaban decisiones colectivas, fue reemplazado por una nueva institución, la Secretaria de Pueblos e Interculturalidad, institución que opera dentro de la Secretaría de la Gestión de la Política (SNGP), y en la cual organizaciones indígenas tienen poca o ninguna participación.

Situación de la Nacionalidad Achuar del Ecuador

La Nacionalidad Achuar, asentada entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago, tiene una extensión de territorio legalmente reconocido por el Estado de 679 386 hectáreas, las cuales abarcan 84 comunidades, con una población aproximada de 8 000 habitantes.

La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), organización indígena que desde su constitución ha liderado los procesos de defensa de sus derechos colectivos y territoriales ante proyectos extractivistas en su territorio, ha estado en los planes económicos del actual gobierno dentro de la Décima Primera Ronda Petrolera. Es por ello que la NAE se ha mantenido distante de ciertas instancias gubernamentales y como opositora al actual régimen por considerarse afectados directos del proyecto petrolero que el gobierno planea implementar.

Con el llamado a movilizaciones en el 2015 por parte de la Conaie se evidenció un desacuerdo al interior de la dirigencia achuar, ya que su presidente anunció públicamente que no participarán de esta movilización. Este anuncio se hizo sin consultar con el resto del Consejo de Gobierno o con sus comunidades. Esto motivó que el resto de dirigentes, liderados por el vicepresidente, Bolívar Wisum, recorrieran varias comunidades de base para explicar la coyuntura de las movilizaciones que se aproximaban y tomar la decisión consensuada con las bases de participar en el levantamiento. De esta manera, los achuar tuvieron una participación activa y masiva en las movilizaciones que los llevaron desde sus territorios hacia la ciudad de Macas.

Luego de las movilizaciones, las comunidades exigieron al Consejo de Gobierno de la NAE que se convoque a una asamblea para analizar la situación organizativa. Esta asamblea se dio en la comunidad Pumpuentsa, el 25 de septiembre de 2015, con la participación de 356 delegados de 84 comunidades, en donde luego de largos debates se decidió la destitución de Rubén Tsamaren como presidente de la organización, con 116 votos de 176 posibles.

Sin embargo, esta resolución no fue aceptada. Tsamaren, junto con un grupo minoritario de comunidades, realizaron una nueva Asamblea que lo ratificó como presidente de la NAE y así obtuvo reconocimiento por parte de la SNPG. La organización quedó de esta manera fragmentada en dos consejos de gobierno, el elegido por la mayoría de las comunidades y el que fue reconocido por el Estado aunque representara solo a una minoría. En 20 años de organización esta situación es inédita.

Los meses siguientes fueron de mucha tensión, tanto entre las dos dirigencias como al interior de las comunidades. Los representantes de las comunidades finalmente solucionaron el conflicto autoconvocando a un congreso extraordinario para elegir a un nuevo consejo de gobierno. Esto ocurrió del 27 al 31 de mayo del 2016, en la comunidad Wampuik, con amplia participación: 516 delegados de 84 comunidades eligieron a Agustín Tentents como presidente y a Isabel Wisum como vicepresidenta.

Este fue un gran paso para la Nacionalidad Achuar, pues se superó la división y se restablecieron nuevamente los nexos de confianza entre sus líderes y las comunidades. Sin embargo aún había un reto más que superar: el reconocimiento por parte del Estado de esta nueva directiva. Este proceso no fue fácil pues hubo mucha reticencia por parte de la SNPG, con no muy claros argumentos jurídicos. Gracias a la presión ejercida por los líderes achuar, el 2 de agosto de 2016 finalmente el Consejo de Gobierno de la NAE fue reconocido.

Lo acontecido con el pueblo Achuar pasa en otras organizaciones como la Nación Sapara del Ecuador (NASE), la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE) y la que aglutina a las organizaciones de la región, la Confeniae, las cuales aún están buscando una salida a su fraccionamiento para garantizar su derecho a la libertad de asociación y autodeterminación.

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