Fotos y Texto: Johis Alarcón
El uso de la reclusión como castigo directo de un tribunal fue introducido en Europa occidental y EEUU en el siglo XVIII. Gradualmente se ha extendido a la mayoría de países, a menudo como resultado de la opresión colonial.
El concepto de encarcelar a seres humanos no encaja fácilmente en las culturas locales, como lo demuestra este estudio sobre el sistema carcelario en Brasilia. El proceso de encarcelamiento se desarrolla en un escenario pautado por el control y la contención. Se caracteriza por el ejercicio de diversas «tecnologías de poder», que se traducen en múltiples privaciones, rupturas y mortificaciones que sufre la identidad de las personas que son privadas de su libertad y sus seres más cercanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo ya en el 2012 que las cárceles en América Latina son un escenario frecuente de “violación sistemática” de los derechos humanos, con problemas crónicos como hacinamiento, falta de servicios básicos y corrupción, que configuran muchas veces un tratamiento cruel, inhumano y degradante. En cada país, se suman variables particulares relacionadas con sus legislaciones particulares, con la situación política o con el manejo de los recursos públicos, como lo demuestra este Informe de CIDH en Venezuela.
La mayor cantidad de cárceles de la región –lejos de ser lugares donde los infractores e infractoras a la ley reparan el daño causado y se rehabilitan para insertarse en la sociedad– se han convertido en depósitos de seres humanos y escuelas del crimen.
Según el texto del Proyecto para la Construcción del Centro de Rehabilitación Social (CRS) y Casas de Confianza, del total de la población carcelaria en Ecuador, el 89% son varones y el 11% son mujeres. En su mayoría son personas menores de 37 años, de nacionalidad ecuatoriana, condiciones sociales de pobreza extrema o media, y una diversidad cultural mestiza, seguida de afrodescendientes e indígenas; con un cumplimiento de penas mayor a 6 años. La mayor parte de los reclusos están detenidos por primera vez debido a un único delito.
En los últimos años, políticas de Estado como la implementación de la Ley de drogas y ciertos mecanismos de excarcelación respondieron a la estrategia antinarcóticos de EEUU de inicios de los 80, que promovía que las legislaciones de los otros países endurecieran las penas relacionadas con delitos sobre drogas a cambio de ciertas preferencias arancelarias. Estas medidas han ocasionado un incremento de la población carcelaria. La sobrepoblación y el hacinamiento son las respuestas a estas políticas establecidas sin un estudio preciso y razonado sobre la capacidad del sistema penitenciario y la realidad económica, social y cultural de cada región.
La mayor cantidad de detenciones responde a delitos relacionados con estupefacientes y drogas (34%) y delitos contra la propiedad (30%). Sin embargo, en cada región y provincia hay particularidades. Actualmente, uno de cada 3 presos guarda cárcel a causa de tenencia y tráfico de drogas.
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en agosto del 2007 se registraron 18 6750 prisioneros en 33 centros del Ecuador. Dos años después, en agosto del 2009, la Defensoría Pública registró una fuerte disminución: 11 279 personas en prisión, resultado de la campaña gubernamental Cero presos sin sentencia, y del indulto a las denominadas mulas del narcotráfico, que dejó en libertad a 2 221 personas en todo el país. Pero en octubre del 2013 se registraron 24 203 personas privadas de la libertad. Para septiembre del 2014, hubo 26 821 personas internadas, aun considerando la liberación de 1 718 PPL entre agosto y diciembre del 2014, como resultado de la aplicación del principio de favorabilidad.
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De acuerdo con el texto del Proyecto de construcción del Centro de Rehabilitación Social Latacunga-Cotopaxi, al finalizar su vida útil, en el 2032, la población carcelaria proyectada sería de 4 816. Sin embargo, en el 2016 esta población fue ya de 5 000 personas.
Generalmente, las cárceles están ubicadas en zonas apartadas, lejos del centro de las ciudades. Para la familia, la distancia se presenta como fuerte obstáculo en términos de tiempo y de dinero, lo que reduce los contactos entre las personas privadas de libertad y su familia. Este régimen, junto a condiciones sociales y económicas desfavorables y políticas extremas de aislamiento, como la prohibición de ingreso de cartas o fotografías, restricción de llamadas, visitas y revisiones extremas para el ingreso, crean un ambiente hostil y emocionalmente frágil donde tanto presos como familiares sufren la condena sin una mínima rehabilitación y reinserción social.
Según el Informe del Comité Permanente de Derechos Humanos sobre el Nuevo modelo penitenciario en Ecuador, realizado en el año 2015, el panorama en las cárceles ecuatorianas debe ser cotejado con las garantías que promueven las Reglas de Mandela o Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, y otras obligaciones en materia de Derechos Humanos, relacionadas con las visitas y trato a familiares, la salud de los reclusos, el contacto con el mundo exterior y el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil. Este informe considera que el progresivo aislamiento carcelario en curso en el Ecuador tiene efectos adversos para la rehabilitación de esta población.
El alejamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad, como expresión de la política pública de máxima seguridad en el nuevo régimen penal, y las restricciones que sufren familiares y organismos de Derechos Humanos en el Ecuador, no permiten tener registros independientes de la situación de la población carcelaria. No es posible una comunicación eficaz ni programas efectivos de rehabilitación social. El apoyo moral y afectivo que se brinda a las familias es limitado. El aislamiento causado, entre otras razones, por las restricciones de visitas, no contribuye al proceso de rehabilitación. Estas normativas evitan que la población carcelaria se relacione con el hábitat temporal donde vive, con su celda o con el patio, agravando su aislamiento en relación con el tiempo y el espacio. La ruptura de enlaces familiares y sociales contribuye a mantener a los presos en condiciones emocionalmente frágiles y en la urgente necesidad de ser atendidos con programas que permitan el desfogue y canalización de estas emociones en pro de su rehabilitación profunda y de su reinserción social.
*Todas las personas que aparecen en estas fotografías autorizaron a la autora de las mismas el uso de la imagen y su publicación en La Barra Espaciadora. En apego a lo estipulado en la legislación ecuatoriana, también nos hemos asegurado de que todos quienes aparecen en esta serie hayan recibido sentencia, de manera que su exposición pública no interfiera con ningún proceso en curso.
Johis Alarcón es diseñadora fotográfica y artista visual, nacida en Quito en 1992. Se especializa en fotografía documental. Ha publicado trabajos como el Libro fotodocumental Arte como herramienta de transformación social, Periódico Comunitario Arte en mi Barrio, ensayo fotográfico Madres de las Culturas Urbanas. Ganadora del Premio Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano 2016 y mención de honor en el concurso fotolibro RM 2016 con el fotodocumental La 3×8 (Niru Colectivo), miembro del PH Museum. Ha participado en exposiciones como Ciudades Invisibles, Fluz Quito, Espiritualidades, etc. Ha trabajado proyectos vinculados a organización, educación y comunicación popular con niños, jóvenes y adultos, en sectores rurales y urbanos, trabajo con personas privadas de libertad y población vulnerable a través del arte y la cultura como herramientas de transformación social.
