Por Miguel Molina Díaz / @miguelmolinad
WASHINGTON-NUEVA YORK, Estados Unidos.– Con lágrimas en los ojos escuchó Yadira Aguagallo al Procurador General del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, en el 170 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Era la primera vez que yo asistía en persona a una audiencia ante la CIDH –ese sistema interamericano que hace años, en las aulas universitarias, había despertado mi vocación por los Derechos Humanos, por la libertad de expresión, por la palabra periodística como acto emancipador de individuos y sociedades. Era la primera vez que veía en vivo y en directo la indiferencia y la impavidez de los Estados frente a las víctimas.
Ecuador
Durante la audiencia se habló de la labor del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que fue conformado para investigar el secuestro y asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurridos en marzo del 2018 en una zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.
El Procurador exigió que las funciones del ESE se terminaran máximo hasta el 31 de diciembre del 2018 y que los comisionados entregaran su informe. Además, adelantándose a las conclusiones de ambas Fiscalías y de la CIDH, dijo que “el secuestro, cautiverio y asesinato” del equipo periodístico había ocurrido en territorio colombiano, intentando así lavar las manos del Estado ecuatoriano, desconociendo que nuestros tres colegas ingresaron a una zona de alto riesgo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, luego de que los militares de un retén de seguridad les permitieran el paso. Olvidó el procurador Íñigo Salvador todos los actos que podrían comprometer la responsabilidad estatal: los chats que miembros de la Policía ecuatoriana intercambiaban con el narcotraficante alias Guacho desde hacía meses, las turbias negociaciones que supuestamente se dieron para lograr la liberación de los tres periodistas cautivos, la reserva de información por parte de entidades estatales ante las demandas de la prensa y del mismo ESE, la revictimización permanente a las familias, la posibilidad de que se hubieran suscitado operativos militares en la zona durante el cautiverio, y un supuesto intento frustrado de rescate. Salvador, por si todo aquello fuera poco, no tuvo empacho en repetir en tres ocasiones que Ecuador financia íntegramente el ESE.
Humillación, indignación y dolor mostraron los rostros de las familias de Paúl, Javier y Efraín, luego de la intervención de Salvador. Muy en el fondo, el secuestro y el asesinato de mis colegas tenían que ver con ese horror ecuatoriano, tan insoportable, que aparece ante quien olvida pronto, ante quien se desentiende y prefiere la impunidad y la indiferencia. Siempre que una tragedia ha destruido a una familia ecuatoriana, el país termina olvidándolo.
Juan Pablo Albán, el abogado de las familias del equipo periodístico asesinado, pidió todo lo contrario que Salvador, en esencia: que se extienda el período de trabajo del ESE, para que este pueda cumplir con su mandato y agotar todas las líneas de investigación. A él se sumó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, quien afirmó categórico que el ESE debe concluir sus funciones cuando tenga el informe listo, no antes. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, recordó que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ofreció “respuesta contundente” frente al asesinato. “Esa respuesta no ha llegado –dijo Rivas–, ni siquiera en cuanto al reconocimiento de errores. De no ser por las familias, es muy probable que este atroz hecho quede en la impunidad”, añadió.
Lanza calificó de “imprecisiones” a las declaraciones del Procurador ecuatoriano y dijo que, incluso en relación con los recursos económicos, el financiamiento del Ecuador llegó tarde, por cuanto la Relatoría de la Libertad de Expresión tuvo que hacer un desembolso para empezar el trabajo. El Relator se quejó del “tiempo perdido” en gestionar ante el Estado ecuatoriano toda la información sobre el secuestro, las presuntas negociaciones para la liberación y demás hechos alrededor del caso. Yadira Aguagallo, excompañera de Paúl, y Juan Pablo Albán cuestionaron al Estado ecuatoriano porque su Fiscalía no ha tomado en cuenta las líneas de investigación sugeridas por ellos. Es tanto el desinterés que sienten ellos por parte de Ecuador que las palabras de Salvador resultaron dolorosas. “Dar por terminado el seguimiento sería un despropósito”, decían, y todos coincidieron en la falta de colaboración del Estado con las investigaciones.
Colombia
Luego de que Íñigo Salvador se retirara de la sala sin dar declaraciones, entró la delegación del Estado colombiano para participar de la segunda audiencia sobre este tema. La representante de la Fiscalía de ese país, Claudia Carrasquitra, fue enfática cuando dijo que los comunicadores ecuatorianos, según sus investigaciones, fueron secuestrados en la parroquia de Mataje, en territorio ecuatoriano. Esta postura –respaldada por un mapa de la ruta delictiva, desde territorio ecuatoriano hasta Colombia– desbarató el planteamiento del representante de Ecuador
La Fiscalía colombiana también comunicó que luego de ser secuestrados, Paúl, Javier y Efraín habrían sido trasladados a Colombia por orden de alias Guacho, por una zona denominada El Playón.
Carrasquitra, en un intento por explicar a la CIDH que habían sido más eficientes que Ecuador, informó que hay 5 órdenes de prisión –incluida la de Guacho– y 3 imputaciones para 3 privados de libertad. También dijo que “se ha logrado establecer a través de investigaciones que no hubo incursión para lograr un rescate”.
Pero, el momento más desconcertante para las familias fue cuando la funcionaria colombiana aseguró que “el homicidio no ocurre por su condición de periodistas, sobreviene en razón a la negativa del gobierno ecuatoriano de canjear tres presos del atentado en San Lorenzo con los periodistas secuestrados”.
Jonathan Bock, el representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), de Colombia, cuestionó las “contradicciones, mentiras y secretismo” demostrado por ambos Estados, los cuales incluso han negado un hecho que consta en la investigación periodística Frontera Cautiva –publicada en la edición de La Barra Espaciadora de 24 de octubre, junto a más de 100 medios de 30 países, en 7 idiomas: que el 28 de marzo de 2018, un fiscal ecuatoriano fue a la base naval de la provincia de Esmeraldas para recibir al equipo periodístico supuestamente liberado, para trasladarlos en helicóptero al aeropuerto de Tachina, en la ciudad de Esmeraldas. Aun cuando esto fue confirmado por el entonces ministro del Interior ecuatoriano, César Navas, ahora nadie lo reconoce.
En cualquier caso, ambos Estados están de acuerdo en que la CIDH no investigue más. Álvaro Sandoval, director de Derechos Humanos de la Cancillería colombiana, pidió que no se extienda el trabajo del ESE. Aseguró que a partir del “rigor de la evidencia” se inició el crimen en Ecuador y fue cometido por un ecuatoriano, alias Guacho. Y considera que las medidas cautelares de la CIDH deben levantarse.
“Nadie quiere hacerse responsable de una situación que es dramática y grave”, respondió el abogado Albán, y recordó que el pasado 5 de octubre la CIDH adoptó el informe Salas Galindo y otros vs. Estados Unidos, reiterando cómo la responsabilidad de Estados puede contemplarse también frente a hechos ocurridos fuera de su territorio nacional. “Esto no tiene nada que ver con la nacionalidad del comandante del grupo armado”, dijo el jurista y explicó que Colombia no tomó medidas para prevenir este tipo de vulneraciones a los derechos de los ecuatorianos.
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Con sus posturas evasivas Ecuador y Colombia vuelven a matar a Paúl, a Javier y a Efraín. Escuchar a ambos Estados fue indignante. Vuelven a matar la posibilidad de verdad y justicia y la integridad que alguna vez creí que tenían las palabras.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, ante el pronunciamiento del Estado ecuatoriano durante la audiencia, mostró su preocupación y exhortó a que se mantenga en marcha el trabajo del ESE hasta que sea necesario, incluido el peritaje en frontera norte para la protección debida del ejercicio periodístico.
Intenté pedir declaraciones a Íñigo Salvador, para que repitiera una vez más lo que había dicho, pero el funcionario prefirió salir. En ese momento, pensé en Javier Ortega y en la necesidad de escribir. Hace años, cuando me inicié en el periodismo, se despertó en mí una fe o una esperanza de que por medio de la escritura se podía transformar la realidad, alcanzar cierta idea o ideal de justicia. Pero el asesinato de mis tres colegas marcó trágicamente mi profesión, mi intelecto, mi moral y mi escritura. Esta es la primera vez que lo reconozco en un texto público. Se me murió un poco el periodismo y también se me murió un poco el Ecuador. Se me murieron las palabras. Aún así, pensar en ellos no deja de devolver a las palabras un sentido. Piedras negras sobre piedras blancas, dice la tradición andina.
Escribo sobre la audiencia ante la CIDH por lealtad a mis colegas y también porque pienso que el Ecuador, esta vez, no puede olvidar. No va a olvidar. El compromiso del país con la verdad es un compromiso con la memoria histórica y con nuestras más fundamentales libertades.
No hay olvido posible.
Escribo porque por Paúl, por Javier y por Efraín nadie se cansa.
Los Estados ecuatoriano y colombiano tienen que comprenderlo.
¡Las familias no están solas y no nos cansaremos jamás!
 dirigió el pasado 6 de diciembre){kind=link}