Por Yalilé Loaiza/ @yali_loaiza
Para las mujeres, el mundo de hoy no es el mismo que para generaciones anteriores. El trabajo de los movimientos feministas en pos de eliminar la violencia de género ha permitido que la mujer participe más activamente en la sociedad, ya sea desde su hogar, profesión o desde la representación popular. En pleno siglo XXI, donde empieza a existir una reflexión sobre el machismo existente, como hace siglos, se observan actos machistas que dificultan el acceso de la mujer a espacios históricamente ocupados por hombres, como la política.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador, seis de cada diez mujeres en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia, ya sea esta física, sexual, psicológica o patrimonial. El 90 % de mujeres que ha sufrido violencia por parte de su pareja no se ha separado. Los porcentajes de violencia por zona rural (58.7 %) y urbana (61.4 %) no tienen una diferencia considerable.
Gloria Camacho, consultora e investigadora, en el informe del 2014: La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, indica que, hace 36 años, “ninguna mujer que sufría violencia por parte de su pareja tenía la posibilidad de denunciarla o de exigir sanción para el agresor, puesto que una disposición del Código de Procedimiento Penal prohibía la denuncia entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes, quienes suelen ser testigos de los episodios violentos en el ámbito familiar”. A finales de los ochenta se empieza a discutir en el país acerca de la violencia contra las mujeres, se firman convenios internacionales para prevenir y erradicar la violencia y, como Camacho dice, “En 1995 se promulgó la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia, la cual permitió que las mujeres agredidas por su pareja cuenten con un recurso para obtener protección y acceder a la justicia”.
No obstante, pese a los mecanismos judiciales para que la mujer pueda denunciar a su agresor, Camacho asegura que “la violencia de los esposos o de la pareja continúa siendo una práctica arraigada en nuestro país”. Por tanto, “persiste una desigual distribución de poder entre hombres y mujeres, y que ciertos roles y concepciones tradicionales de género siguen arraigadas en el imaginario colectivo, aunque ahora aparezcan con un nuevo ropaje”.
Mujer y política en Ecuador
En América, de acuerdo con la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, “vivimos en el continente que cuenta con la mayor cantidad de mujeres jefas de Estado o de Gobierno (5) y el mayor porcentaje de mujeres ministras (22.9%) y parlamentarias (25.7%)”. Pese a eso, como describe el mismo informe, “en la región, solo ocho países cuentan con una representación de mujeres en los parlamentos (Cámara Baja) de o superior al 30%: Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Granada, Guyana, México y Nicaragua”.
Ecuador vive un año electoral. Con los comicios a la vuelta de la esquina y ya iniciado el periodo de campaña, hay que preguntarse: ¿Qué sucede con las representantes femeninas en Ecuador? ¿El acceso a la política es igual para hombres y mujeres?
En Ecuador, durante la última década, más mujeres han ocupado cargos políticos en comparación con años anteriores. En 2013, por primera vez, la Asamblea Nacional cuenta con la dirigencia de tres mujeres. Actualmente, el órgano legislativo posee un porcentaje histórico del 43,07% de representación femenina en la legislación si lo comparamos con los congresos de los años 90 y parte de la década del 2000, donde la presencia de las mujeres no superaba el 3 %.
Para estas elecciones, según datos del Consejo Nacional Electoral, existen 3 793 candidatos inscritos, entre principales y suplentes, de los cuales existen: 16 candidatos para los binomios presidenciales, 165 para parlamentarios andinos, 450 para asambleístas nacionales, 132 para asambleístas del exterior y 3 030 para asambleístas provinciales. De los 3 793 inscritos, 1 769 (46,66 %) son candidatas mujeres y los 2 023 restantes son hombres (53,64 %).
Lo anterior es producto de la Ley de Cuotas de Género, aprobada en 1997 y reformada en el 2000, cuando el Congreso Nacional reformó la Ley de Elecciones haciendo que el porcentaje mínimo de representación de las mujeres sea del 30 %. En la reforma constitucional de 2008, en los artículos 108 y 116, se tipifica la paridad para la elección de cargos representativos tanto internos como públicos.
En 2012, la revista Ágora Política publicó un compilado de artículos de representantes políticos sobre la situación de la mujer en la política ecuatoriana. En uno de ellos Karla Calapaqui, activista por los derechos de las Mujeres y dirigente política de izquierda, manifestaba que pese a la paridad en las elecciones, “en el poder local el porcentaje de mujeres alcaldesas electas es de 6,3% frente al 93,7% de hombres”.
Lisette Arévalo Gross, en un artículo publicado en Gkillcity.com, escribe que: “Dentro del gabinete ministerial existen 36 puestos. Estos componen una vicepresidencia, tres secretarías del Estado, cinco secretarías nacionales, seis ministerios coordinadores y veintiún ministerios. De acuerdo con el organigrama estructural de la página de la Presidencia de la República, solo diez mujeres lideran los cargos (…). Hay desigualdad”.
Históricamente, hoy tenemos el mayor número de mujeres en la legislación. Sin embargo, en 2006 de diez proyectos presentados por mujeres, solo tres fueron aprobados. Hasta agosto de 2016, de noventa y seis proyectos presentados por las asambleístas, solo dos fueron aprobados.
Lo anterior se relaciona con lo publicado por la Consultoría Técnica para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), en su Diagnóstico País Ecuador desde la perspectiva de Género, donde aseguran que: “todavía prima una concepción machista en cuanto al sentido de la participación política de las mujeres y sus capacidades y potencialidades, y mayoritariamente resultan ser elegidos los hombres, que además encabezan la mayoría de las listas (en la Asamblea Nacional ha habido un retroceso en la presencia de mujeres electas a pesar de las condiciones de elección). Esta permanencia de los estereotipos de género se plasma también en el tipo de ejercicio de la política que hacen las candidatas: la promoción de las candidaturas reproduce los mismos estereotipos sexistas”.
Machismo en el gobierno ecuatoriano
Para Laura Suárez, maestranda de sociología por FLACSO, frente al panorama actual el principal desafío de la mujer que quiera hacer política es “enfrentarse a los escenarios de machismo, no solo a la violencia sexual sino a comportamientos cotidianos que crean una subordinación de la mujer dentro de la estructura social”.
Aquellos comportamientos cotidianos machistas no son nuevos. Tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram, en 1997, Rosalía Arteaga se convirtió en la primera presidenta del Ecuador, sin embargo, su periodo duró tan solo tres días. Ella atribuye su corta duración en la Presidencia al “machismo” en el Congreso que no la dejó continuar con el mandato.
Durante el gobierno de Rafael Correa, también se han observado aquellos comportamientos. En su reportaje 9 años de violencia contra las mujeres, Silvia Buendía, abogada y activista por los derechos de la mujer, y Karla Calapaqui recopilan casos en contra de la mujer por parte del oficialismo y análisis de las legislaciones, los derechos humanos y su papel dentro de la política nacional. Igualmente, El muro de la vergüenza, una sección del blog Onda Feminista, recopila comentarios sexistas emitidos por el presidente ecuatoriano.
Pero no solo Rafael Correa ha tenido estas actitudes. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, al anunciar la candidatura de Cynthia Viteri para los comicios del 2017, dijo que “Cynthia es el hombre”. Para Cristina Vera, en un artículo publicado en Gkillcity.com, “aún esas palabras no han sido cuestionadas con suficiente fuerza por la prensa, ni —lo que es peor— desacreditadas por la propia Viteri. Ella, a tres meses de la declaración, parece estar contenta con poder ser candidata a la Presidencia de la República porque es lo más cercano que hay, entre las mujeres disponibles, a un hombre”.
Por su parte, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, en una entrevista con Diario El Comercio, cuando se le preguntó sobre la violencia sexual en el entorno familiar, dijo que esta es “un problema de valores (…) en que las mujeres no se valoran adecuadamente, porque se dejan violentar».
Pero el machismo no solo afecta a las mujeres. El sentido de reafirmación del “macho alfa” es uno de los ‘fantasmas’ que persiguen a los políticos. Así lo presenta Arévalo Gross en el artículo Macho que se respeta, en el que relata una discusión vía Twitter entre el primer mandatario ecuatoriano y el actual candidato a la Vicepresidencia por el movimiento de oposición CREO, Andrés Páez. Gross opina frente al hecho que “así no más, uno de los líderes de oposición y el presidente de la República del Ecuador se pusieron al mismo nivel de dos mocosos en una pulseada de fuerza bruta”.
Entenderse como mujer para hacer política
Suárez afirma que la representante femenina tiene que estar “segura de su papel como mujer, para poder responder a estos comportamientos (machistas) y dejar de reproducirlos”. Para ella, la forma de responder a la violencia está en demostrar que no estamos conformes con estos comportamientos utilizando las capacidades de cada una.
Silvia Buendía asegura que los políticos, para completar las papeletas, buscan a las mujeres que sean “su cuñada, su amiga, su empleada”, para que no exista confrontación, mostrando así una supuesta equidad. Por ejemplo, la candidata por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, no ha enfrentado a Jaime Nebot, ni siquiera cuando le dijo que ella “es el hombre”.
Otro caso es el de Sylka Sánchez, candidata a la Asamblea Nacional por la Lista 7- Adelante, Ecuatoriano, Adelante; quien en su video promocional asegura siempre haber acompañado a Álvaro Noboa. Además, cuando en el spot dice que es una “trabajadora leal”, un retrato del excandidato a la Presidencia aparece, surgiendo una relación laboral.
Asimismo, según la información que provee Wikipedia y según otros artículos sobre Sánchez, en 1994 “ingresó a trabajar como asistente del departamento legal del Banco del Litoral, propiedad de Álvaro Noboa” y en 1995 fue empleada de la Corporación Noboa. De forma que la representación femenina no sería tan real como se aparenta. Para Buendía, las actitudes machistas en el gobierno son producto de la sociedad. “Nuestros políticos no son producto de los árboles sino de la sociedad”, asegura. “Los discursos religiosos y eurocentristas que nos han marcado han hecho que (los mensajes sobre el feminismo) se vean discriminados”, dice Suárez, de ahí que un nuevo reto surge al momento de crear los discursos para defender y pedir los derechos de la mujer.
En un país cuyos indicadores prueban la existencia del machismo, con personajes políticos que muestran prepotencia frente a las mujeres, ¿podría existir un proceso de legitimación de actitudes de violencia hacia la mujer por parte de los políticos?
Para Suárez, “las autoridades como entidades de poder en un Estado van a legitimar y decir qué está permitido, esto es lo cotidiano”. Sin embargo, opina que debe existir una diferenciación de poder: Estado, sociedad civil, mujeres. Suárez cree que una repuesta efectiva sería una sociedad civil organizada que no permita que se perpetúe la violencia.
Lo mismo opina María Paula Romo, abogada y política fundadora del movimiento Ruptura 25 y afiliada hoy a la Izquierda Democrática, quien en el programa de entrevistas La Otra Verdad, dijo que si bien las actitudes legitiman, “como sociedad no hemos hecho nada para impedirlas”.
El analista político Gabriel Hidalgo, frente a los comicios de este febrero del 2017, cree que “los desafíos de las mujeres políticas serán los mismos que hace 10 o 20 años”. Además cree que existe una deuda de la representación femenina. “Por mujeres como Gabriela Rivadeneira (presidenta de la Asamblea Nacional), las mujeres que quieran hacer política tienen mala prensa”.
Norman Wray, excandidato a la Presidencia de la República por Ruptura 25, en un artículo publicado en Ágora Política, dijo que la discriminación de la mujer parte de concepciones básicas existentes en la sociedad: “Como un ejemplo podemos decir que expresiones como mujer pública y hombre público, hasta ahora, en el imaginario de la gente, tienen connotaciones distintas. La primera suele usarse como sinónimo de prostituta y la segunda como ministro de Estado”.
Importancia de la mujer en la política
Para ONU Mujeres, “la participación de las mujeres aporta ideas y formas de actuar diferentes –o, por lo menos, complementarias a las de los hombres– en el proceso de toma de decisiones ante los retos que plantea la sociedad, dados los distintos roles y experiencias de mujeres y hombres que derivan de aprendizajes diferenciados”.
La representación femenina en la mujer “alude al argumento de la democracia representativa; incluso de legitimidad democrática”, considerando que las mujeres forman, aproximadamente, la mitad de la población. Por tal razón, “es igualmente necesario promover las mismas condiciones de acceso a las estructuras del poder político y las mismas oportunidades de hacer carrera política para hombres y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las organizaciones”.
Hidalgo dice que se trata de “crear condiciones para que ambos, hombres y mujeres, siendo diferentes, puedan complementarse dentro de una sociedad diversa”. Frente a esto Romo opina que “la representación de las mujeres no es solo una representación de identidad sino que debe ser una representación sustantiva (…) el papel que tenemos en la política nacional es recordar que las mujeres ecuatorianas no somos ni sumisas, ni obedientes, ni ponemos la cara para lavar los trapos sucios, eso es lo que las mujeres no podemos hacer”. En pocas palabras, la importancia de la mujer en la política es “transformar la vida de las otras mujeres que no están en la política”.
