Por Rafael Bonifaz*
El 20 de agosto de 2023 se realizaron elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador. En esta ocasión, por primera vez en la historia, el voto en el exterior se realizó de forma telemática y quienes viven fuera del país pudieron votar desde la comodidad de su hogar O, al menos, lo intentaron.
El sistema de sufragio telemático fue un fracaso. Mucha gente simplemente no pudo votar debido a que el sistema no respondía. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) reconoció los fallos en el sistema electoral, habló de ataques informáticos y de inconsistencias de los datos recabados por lo que decidió anular las elecciones. Los comicios se repetirán este domingo 15 de octubre.
Este bochornoso episodio debe hacernos reflexionar sobre los riesgos que resultan de la implementación de sistemas de voto electrónico, más todavía cuando se realizan de forma apresurada y sin los cuidados necesarios.
El voto electrónico comprende distintas formas de sufragio, asociadas a diferentes tecnologías. Por ejemplo, los sistemas de voto electrónico de registro directo contemplan la votación en una máquina especialmente diseñada para ello, que automáticamente registra las preferencias. Además, existen los llamados sistemas de voto electrónico en papel, en los que la máquina entrega un documento físico con el voto y el conteo se realiza a mano.
Hay otros más. Pero de todos, probablemente el más inseguro es la votación telemática o a través de internet, pues —como cualquier sistema conectado a la red— es vulnerable a distintas formas de ataque en línea.
Sin embargo, hay una debilidad inherente a cualquier esquema de voto electrónico: introduce opacidad al sistema electoral. Cuando el sufragio depende de un software, es imposible que una persona sin los conocimientos técnicos ni acceso al código fuente pueda comprender cabalmente cómo funciona el sistema, lo que atenta contra el ideal democrático de las elecciones.
Auditando elecciones
Junto con las presidenciales, la elección de agosto incluía la consulta popular ambientalista del Chocó Andino, en Quito, y del Yasuní, a escala nacional. Esta última fue el resultado de un proceso de diez años, impulsado por grupos ambientalistas que recogieron firmas contra la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del planeta.
En este contexto, fui invitado por el colectivo Yasunidos a colaborar en el equipo informático responsable de auditar las elecciones. A diferencia del voto en el exterior, esta se realizó en papel. Son poco más de 40.000 mesas electorales distribuidas a nivel nacional. En cada mesa votan cerca de 300 personas. Una vez terminada la votación, la urna se abre y los delegados cuentan los votos en voz alta, frente a los representantes de candidatas y candidatos, y los grupos de observadores.
Realizado el conteo, los resultados son anotados en acta. Las actas se escanean, se suben a una nube, se entregan a actores políticos y se publican en los recintos, para que el público y los representantes de los candidatos puedan verificar los resultados.
Yo fui una de las 2.000 personas que voluntariamente colaboraron con el colectivo Yasunidos, reportando la información contenida en las actas públicas. En conjunto logramos procesar 3.460 actas, que representan la voluntad de 963.080 personas. Porcentualmente, nuestros resultados tuvieron una diferencia menor al 1% con los resultados oficiales del CNE. De esta manera supimos que no había trampa.
Si los resultados no hubieran coincidido, teníamos la posibilidad de analizar las actas publicadas por el CNE. Además, teníamos fotos de las actas reportadas desde las juntas electorales y en muchos casos obtuvimos las copias físicas. Y en caso de que estas actas no coincidieran con las de la nube, habríamos tenido la posibilidad de reportar estas anomalías.
Nada de esto es posible con el voto telemático. La ciudadanía no tiene capacidad de realizar un control paralelo y las auditorías se restringen a los operadores del sistema, que tienen acceso a él. El resto de las personas se ven obligadas a confiar. O no. No hay manera de saberlo.
La democracia exige que los sistemas electorales sean sencillos, transparentes, inclusivos y auditables. La tecnología tiene un rol importante que cumplir en las elecciones, pero está más ligado a fomentar las distintas formas de participación en el proceso, incluyendo la auditoría de los votos. Para que las elecciones sean confiables se necesita más de esto y menos cajas negras.
*Rafael Bonifaz es ingeniero en sistemas por la Universidad San Francisco de Quito y máster en Seguridad Informática por la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado durante cerca de dos décadas en la defensa de derechos digitales y actualmente es líder del Programa Latinoamericano de Seguridad y Resiliencia Digital de la organización Derechos Digitales.
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