La Barra Espaciadora
El voto electrónico es un sistema electoral que, en lugar de papeletas físicas, utiliza un sistema informático, ya sea para emitir el voto, o para asistir en el proceso de sufragio o en el conteo. Puede tener variaciones, pero en general cuenta con dos grandes ramificaciones: las máquinas de registro electrónico (DRE por sus siglas en inglés) y el voto por internet (i-vote), rebautizado como voto telemático por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador. Este último requiere de un dispositivo electrónico, conexión a internet y ciertos pasos de verificación y autenticación antes de emitir el sufragio.
El voto electrónico no es una idea nueva. Ha evolucionado desde el siglo XIX, aunque sólo se implementó en una elección real por primera vez en Chicago, en 1974. Estados Unidos es hoy, probablemente, el principal promotor del voto electrónico, seguido de Estonia y Brasil.
En la Unión Europea, desde hace varias décadas, el voto electrónico ha tenido una serie de avances y reveses legales. En Alemania, por ejemplo, en 2009 la Corte Constitucional descartó las máquinas de votación utilizadas en 2005 y, desde entonces, no se lo volvió a implementar.
Breve historia del voto electrónico en Ecuador
Durante el gobierno de Rafael Correa, se llevaron a cabo los primeros pilotos con urna electrónica (DRE). El primer piloto se realizó en 2014, con algunos recintos electorales en Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas. En 2022, la joven Jazmín García, de Santo Domingo, dijo para un informe sobre voto electrónico de Derechos Digitales: “Era de manejo muy práctico, imprimía un recibo con mi voto para colocar en la urna”.
Es decir, incluía un sistema de respaldo físico, un papel que se dejaba en una urna y que después era contabilizado manualmente. Al final de la jornada, si el conteo de papeletas físicas y el conteo automático coincidían, significaba que no hubo inconsistencias. Para Jazmín fue práctico, pero para su padre, un hombre de la ruralidad, fue más complejo. Con algunos contratiempos, todos pudieron votar. El piloto fue exitoso, pero por aquellos años no se lo retomó.
En 2021, bajo la presidencia de Diana Atamaint en el CNE, se retomaron los planes para la implementación de varios sistemas alternativos de votación en el exterior, que incluían el voto por correspondencia, con urna electrónica y por internet. La idea era implementar estos pilotos en las circunscripciones de Phoenix, Arizona (Estados Unidos), Ottawa (Canadá) y Buenos Aires (Argentina). Con cerca de 570 electores, en Phoenix se hizo el primer piloto de voto por internet en Ecuador.
En 2022, se anunció que para las elecciones seccionales de febrero de 2023, los ecuatorianos en el exterior en algunas circunscripciones podrían votar de manera telemática. Ese fue el segundo piloto.
La inclusión, la participación y otros principios democráticos del voto electrónico
Para que el voto pueda considerarse una herramienta democrática, debe cumplir ciertos principios: debe ser universal, periódico, igualitario y secreto. Tiene objetivos muy específicos, uno de ellos es generar un impacto positivo en la participación y promover la inclusión electoral.
La implementación del voto electrónico es una tendencia a escala global. En India, que tiene bajos niveles de escolaridad, las personas analfabetas encuentran una alternativa en el uso de la urna electrónica, que describe a los candidatos y partidos de una manera mucho más visual.
En el caso de la urna electrónica, en muchos países se han implementado sistemas para que estas incluyan elementos que faciliten el voto de personas con discapacidad visual o auditiva.
Lo mismo con el voto por internet, que es una idea más reciente. La idea del voto telemático se sostiene en la ruralidad, por ejemplo, donde los traslados son difíciles , principalmente en países con grandes extensiones territoriales y poca población, o países con zonas de difícil acceso, como la Amazonía. Ahora, no es tan sencillo como implementar el voto por internet en la Amazonía y ya, pues también hay que tener en cuenta los niveles de conectividad en América Latina, que en 2021 no llegaban ni al 50%.
En el caso ecuatoriano, el voto en el exterior es un gran reto, pues las embajadas y consulados, en ocasiones, están ubicados en lugares lejanos para quienes no viven en las capitales de algunos países. Entonces, si la idea se sustenta en aumentar la participación, lo que se dio en las elecciones anticipadas de agosto de 2023 es todo lo contrario.
Ahora bien, ¿hay argumentos válidos a favor de la implementación del voto telemático? Sí, y son argumentos de peso, pero hubo otros factores que no fueron tomados en cuenta.
La seguridad informática, una discusión que nunca tuvimos
Ecuador es el primer país de América Latina en implementar el voto por internet. Y es también el país en el que casi toda su población ha visto sus datos personales a la venta en una filtración masiva. En Ecuador, la empresa estatal de comunicaciones sufrió un ransomware que la dejó inhabilitada por semanas. El principal banco privado del país y la Agencia Nacional de Tránsito también sufrieron ataques similares, poniendo en riesgo la información de millones de personas.
Existe una discusión global en torno al voto electrónico que tiene que ver, justamente, con la seguridad informática, un elemento que custodia la integridad del voto.
En la Def Con -la conferencia anual de hackers que tiene lugar en Las Vegas, EEUU, considerado uno de los principales eventos de ciberseguridad en el mundo-, es común encontrarse con módulos en los que los asistentes pueden explorar y explotar las vulnerabilidades de las máquinas de voto electrónico.
En Brasil, el país líder en ciencia y tecnología y el principal bastión del voto electrónico en América Latina, el Tribunal Superior Electoral (TSE) permite que expertos informáticos independientes inspeccionen las urnas electrónicas en un ambiente controlado facilitado por la misma autoridad electoral.
A diferencia de otros países que cuentan con proveedores de servicios para casi todos los aspectos del voto electrónico, Brasil maneja casi todo el proceso a través del TSE, incluyendo la seguridad informática. Y es que al hablar de voto electrónico, en cualquiera de sus variantes, es necesario discutir ampliamente sobre seguridad informática.
Ecuador, donde la seguridad informática en empresas estatales y públicas se considera la última rueda del coche, fue pionero en la implementación del voto por internet, con resultados por lo menos preocupantes.
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Qué pasó en las elecciones seccionales de febrero
Ya en febrero de 2023, grupos de migrantes ecuatorianos en algunas circunscripciones habían reportado problemas con la plataforma para emitir el voto telemático. Para esa elección, el voto por internet cubrió un 25% del padrón electoral en el extranjero.
En el informe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) para esa elección, se detalla que la plataforma tuvo una interrupción de una hora y media, de 08:00 a 09:30. “Durante esta interrupción, no fue posible emitir el voto en ninguna de las 52 zonas electorales en las que estaba previsto el voto telemático”, asegura el reporte.
El informe también señala que su delegación “observó que la autoridad electoral no se pronunció sobre la interrupción sino hasta el cierre de la jornada”. La explicación oficial fue que hubo un problema de conectividad entre la base de datos y la plataforma disponible para votar; es decir, un contratiempo en el backend (el acceso a la base de datos). Pese a esta contrariedad, la OEA informó que 17.940 ecuatorianos pudieron votar en esta modalidad, un 77,18% de quienes se inscribieron.
En mayo de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) organizó una audiencia pública en la que participaron colectivos de ecuatorianos en el exterior. Allí, los migrantes expusieron algunas inquietudes con respecto al proceso del voto telemático en la elección de febrero. Diana Atamaint se excusó de participar.
Qué pasó en la primera vuelta de agosto
El voto telemático se anunció con bombos y platillos, como una solución innovadora para asegurar el voto de la población migrante, en medio de un calendario electoral apretado debido al llamado a muerte cruzada del presidente Guillermo Lasso, en medio de un proceso de eventual destitución en la Asamblea Nacional.
“Teníamos que escoger: O no hacemos elecciones en el exterior, o damos una alternativa donde hay que hacer el esfuerzo (…) En este momento no habrá ningún voto presencial en ninguna circunscripción en el exterior”, dijo Atamaint a Telesur, en junio.
El 20 de agosto, 118.000 ecuatorianos empadronados se habían inscrito en la plataforma. Desde horas de la mañana, cientos de usuarios en Twitter denunciaron no haber podido votar desde el extranjero. Los reportes llegaron desde Europa, Estados Unidos y América Latina. Con un rótulo gigantesco en rojo que rezaba “FALSO”, el CNE negó varias denuncias publicadas en redes sociales y en medios de comunicación.
“La #VotaciónTelemáticaEnElExterior se realiza con normalidad. Recordamos a los compatriotas en el exterior y medios de comunicación que los [ecuatorianos] deben inscribirse previamente de forma virtual para ejercer su derecho al sufragio”, publicó en Twitter el CNE, a las 09:05, sobre un video publicado por el diario Expreso en el que un ciudadano en Madrid denunciaba que no había logrado votar.
A las 10:33, la Cancillería emitió un tuit en el que denunciaba la situación: “Numerosas oficinas consulares han reportado la dificultad de votar por vía telemática. Requerimos al CNE, única institución competente, tomar de manera urgente las medidas técnicas necesarias para corregir esta situación”.
Pese a la advertencia de la cartera de relaciones exteriores, el CNE continuó en la misma línea. “Reiteramos que el sistema de #VotoTelemáticoEnElExterior cuenta con varios niveles de seguridad que garantizan su invulnerabilidad. Los intentos de accesos ilegítimos a la plataforma han sido bloqueados, y NO se reportan incidentes”, dijo la entidad en otro tuit, a las 14:51.
Cercano a las 18:00, durante la rendición de cuentas de la jornada, Atamaint dijo que “de acuerdo a los informes preliminares, la plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación (…) Los votos consignados no han sido vulnerados. Se identificaron [sic] que estos ataques provinieron de siete países: India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China”.
Lo que Atamaint seguramente desconoce es que el hecho de que se hayan identificado direcciones IP de esos países involucradas en intentos de conexión anómalos no quiere decir que los ataques provengan de esos países, pues es común el uso de proxies, VPN’s y la red Tor, que desvían el tráfico web a otras locaciones geográficas.
Poco después, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo a los medios que aproximadamente 50.000 inscritos para el voto telemático habían logrado votar, es decir, menos de la mitad. Días después, el CNE resolvió que el voto en el exterior tendría que repetirse. Esta vez se usaría el voto tradicional en papel y los votantes ya no podrían votar para la primera vuelta presidencial, ni para las consultas populares. Únicamente elegirían asambleístas y votarían en la segunda vuelta para presidenciales.
La misión de observación electoral de la OEA para esta elección emitió un informe en el cual señaló estas inconsistencias. “El CNE brindó información en redes sociales que se contradecía con lo informado en conferencias de prensa sobre lo que estaba sucediendo con el sistema de votación telemática e incluso manifestó que este operaba con normalidad cuando los problemas persistían”, asegura el informe.
La misión “constató que el uso del voto telemático implica distintos riesgos, entre ellos, que la aplicación esté bajo el control de una empresa, inseguridades relacionadas al entorno del votante y la posibilidad de emitir múltiples votos desde un mismo dispositivo, entre otros”.
El contrato
La empresa que se adjudicó el contrato para el voto telemático en las elecciones de agosto fue AntroProyectos S.C., una consultora en temas ambientales y sociales, sin experiencia en manejo de tecnología. El monto de adjudicación fue de USD 756.415.
Esta era la primera vez que la empresa se adjudicaba un contrato para proveer servicios de voto por internet. Los pilotos de las seccionales de 2023 y las presidenciales de 2021 estuvieron ambos a cargo de la empresa pública ESPE Innova, de la Universidad de las Fuerzas Armadas.
En días siguientes, Atamaint dijo en una entrevista que la responsabilidad de la seguridad informática recaía sobre la empresa, mientras que el gerente de AntroProyectos, Eduardo Arias, argumentó que esa labor le correspondía al CNE.
En septiembre se anunció que la Contraloría iniciaría una auditoría al proceso, aunque esto se limita a temas contractuales.Hasta el momento, no se ha hecho público un informe técnico, es decir, un peritaje informático de lo ocurrido.
Para Luis Enríquez, profesor de la Universidad Andina y experto en informática forense, esto denota “una falta de transparencia total”. Enríquez asegura que “la Contraloría trabaja sólo a nivel de documentación, no a nivel informático”.
En el aspecto técnico, que no se hayan iniciado peritajes inmediatamente significa que a estas alturas hay mucha evidencia digital que se perdió. “Como la información es frágil, se va (…) Uno lo que hace es un análisis de la memoria RAM (…) El rato que tú apagas los servidores, ya se va toda la información. Hay que hacerlo enseguida. No puedes esperar tres meses o tres años para hacer una auditoría”, asegura Enríquez.
Alfredo Velazco, director de la ONG Usuarios Digitales, asegura que “la auditoría no es un problema técnico, sino más bien un problema político y de procesos dentro del CNE. Lo técnico termina siendo incluso más sencillo respecto a todo este menjunje político”.
Algunas implicaciones más
La repercusión más directa de lo ocurrido afecta a la comunidad migrante ecuatoriana. Según Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana y decana de la escuela de ciencias políticas de la Udla, “el derecho a elegir es un derecho humano. En el momento en que existen problemas tan grandes que evitan el ejercicio de voto, evidentemente y por lógica, el voto es ese derecho es vulnerado”.
Otro problema señalado por Participación Ciudadana en un informe postelectoral tiene que ver con la conformación de la Asamblea y los plazos. La Asamblea Nacional tiene escaños reservados para la comunidad migrante en distintas regiones del mundo, por lo que la conformación del Legislativo no ha sido completada.
“Después de las elecciones viene un momento de impugnación, y mientras no se falle sobre la última impugnación, no van a poder los asambleístas posesionarse; consecuentemente, el nuevo presidente o presidenta [tampoco], porque quien le posesiona es la Asamblea”, asegura Hidalgo.
En este sentido, Hidalgo ve como un signo positivo que se repita la elección en el exterior con papeletas tradicionales y, de momento, se deje de lado la idea del voto electrónico.
El informe de la OEA hace una recomendación crucial: “Que el CNE realice una reflexión seria y profunda sobre si esta modalidad de votación realmente garantiza el derecho de los ecuatorianos en el exterior a votar, al mismo tiempo que proporciona los niveles necesarios de seguridad, integridad y transparencia”.
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