Por Aleida Rueda-SciDev.Net y La Barra Espaciadora
Latinoamérica ha visto cómo varios de sus políticos han preferido la demagogia en lugar de rodearse de especialistas epidemiólogos, académicos, científicos, para tomar decisiones ante la pandemia.
En países como Ecuador, tanto las autoridades del gobierno central como los líderes locales han preferido seguir los consejos de sus asesores políticos que atender las decenas de recomendaciones que, desde antes, incluso, de que se registrara el primer caso de contagio, hicieron los miembros de la comunidad científica. El resultado, a cerca de cumplirse cinco meses de que se identificara a ese llamado ‘paciente cero’, es que este país tiene la tasa de letalidad más alta de la región y el número de muertes por cada millón de habitantes lo ubica en el cuarto lugar, luego de Chile, Perú y Brasil, de acuerdo con datos oficiales.
A pesar de la crisis económica que acecha a América Latina, varios países intentan paliar algunos de sus efectos a través de la asignación de fondos para la investigación y el desarrollo tecnológico en COVID-19, sin que eso signifique necesariamente una vinculación entre las investigaciones científicas y las decisiones políticas.
La crisis económica es inminente. Según reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región sufrirá una contracción de 9,1 por ciento en el producto interno bruto, la más grande del siglo. El bajo crecimiento económico, la débil protección social, los sistemas de salud fragmentados, la gran desigualdad, las altas tasas de pobreza y vulnerabilidad al cambio climático son antecedentes históricos que agravarán esta situación. Además, se prevé que 230 millones de personas se sumirán en condiciones de pobreza y 96 millones en pobreza extrema, aumentará la desigualdad para mujeres, indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, jóvenes y migrantes.
Si el mundo consigue superar la pandemia, la posibilidad de una nueva crisis sanitaria de grandes proporciones no se eliminará. Al contrario, las dinámicas de producción del mundo globalizado muestran que es muy probable que volvamos a enfrentar una amenaza similar. Por eso, algunos países han destinado recursos adicionales para proyectos de investigación en ciencias (incluidas las sociales), y para el desarrollo tecnológico y de equipos médicos y fármacos. Sin embargo, en muchos casos, estas iniciativas son aisladas y no responden a decisiones políticas de fondo, por lo tanto, no implican verdaderos esfuerzos por hacer política pública de prevención.
“En países como el nuestro no se entiende la utilidad de la investigación científica para tratar de buscar soluciones inmediatas -dijo por Zoom Paúl Cárdenas, investigador en microbiología de la Universidad San Francisco de Quito-; todavía se piensa que es algo extra o que es mejor esperar a que los países desarrollados nos ayuden a entender mejor las cosas y buscar soluciones”. Ecuador es uno de los países que no ha asignado fondos públicos para investigación. De hecho, los ha reducido.
En Brasil, el gobierno ha destinado más de 100 millones de dólares —cantidad que supera a la del resto de países latinoamericanos— para investigación en vacunas, diagnóstico, prevención y control, entre otros, y para el desarrollo de tecnologías como ventiladores y pruebas diagnósticas, de acuerdo con una nota técnica de las investigadoras Fernanda De Negri y Priscila Koeller. Sin embargo, las investigadoras consideraron solamente los recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones.
La Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia estima que, en total, se asignó aproximadamente el doble del valor a la investigación en COVID, considerando otras fuentes de fondos, por ejemplo, de los Ministerios de Salud (incluida la institución de investigación Fundação Oswaldo Cruz) y Educación (incluida la agencia de financiación, Capes) y fundaciones para apoyar la investigación.
No obstante, “desde el punto de vista de asesoría científica, Brasil no parece estar utilizando sistemáticamente la experiencia científica en la formulación de políticas públicas para enfrentar la epidemia (…) el gobierno brasileño ha sustituido el personal con perfil técnico, en el Ministerio de Salud, por militares con poca experiencia en el área”, afirman De Negri y Koeller. “Si nuestras mismas autoridades no entienden la importancia de la investigación, mucho menos querrán apoyarla”, precisó.
En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha destinado más de 15 millones de dólares para financiar 102 proyectos de investigación elegidos de entre más de 1 200 propuestas.
“Teníamos dos opciones: seguir siendo espectadores o realmente convertirnos en protagonistas de lo que queremos que suceda en México y en la región”, dijo a SciDev.Net Aideé Orozco, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la entidad.
En Argentina, como parte de la Unidad Coronavirus, se han distribuido 10 millones de dólares para financiar 84 proyectos que buscan soluciones a corto plazo para distintos problemas generados por la pandemia.
“Ni los laboratorios ni los equipos de investigación son nuevos, pero ahora vemos la importancia de tener políticas públicas que sepan conducir esas capacidades hacia resolver los desafíos que la sociedad enfrenta”, dijo a SciDev.Net Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de Argentina.
También Perú ha destinado poco más de 6 millones de dólares para investigación en la que participan universidades, institutos y centros de investigación públicos o privados, e incluso pequeñas y medianas empresas tecnológicas o innovadores individuales. Los proyectos incluyen desde el desarrollo de una vacuna hasta el estudio de la enfermedad en pobladores residentes en altura.
En Uruguay, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación hizo una serie de llamados extraordinarios, denominados Desafíos, con subvenciones de entre 140.000 y 180.000 dólares para proyectos vinculados a la pandemia. Y las donaciones de empresas y grupos de la sociedad civil están permitiendo el secuenciamiento de las cepas del virus SARS-CoV-2 que circula en el país y el diseño de políticas sanitarias.
Otros países, como Costa Rica, han hecho inversiones gracias a la intervención de universidades, empresas y fondos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, con más de 1 millón de dólares para proyectos de investigación para detección, tratamiento y control de COVID-19.
A nivel regional, el Fondo de Convergencia del Mercosur aprobó 16 millones de dólares como parte de un fondo extra para la lucha contra COVID-19 en los cuatro países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Del total, ya se han destinado 5,8 millones a proyectos de diagnóstico del virus, y detección de anticuerpos en las personas para determinar cuántas ya han sido infectadas.
Sin embargo, además de los desafíos de investigación la región debe hacer frente a problemas de burocracia y limitantes fiscales.
“Si nos donan 2 000 dólares en reactivos, nos toca pagar 500 en impuestos, por ejemplo”, dijo Cárdenas. Por eso, según él, no siempre es falta de dinero sino de trabas que ponen los mismos países para que sus investigadores aprovechen esos recursos.
El pasado 13 de julio, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública difundió un boletín en el que sintetiza a través de siete puntos el manejo fallido de la crisis sanitaria por parte del gobierno ecuatoriano. El documento, firmado por su presidente, el doctor Fernando Sacoto, se une a una larga lista de pronunciamientos que han advertido al Gobierno sobre los riesgos de relajar las medidas de protección, y destaca la ausencia de una estrategia comunicacional eficaz por parte del régimen; toma en cuenta la lamentable desatención que sufren poblaciones periféricas o vulnerables, como los pueblos indígenas de la Amazonía y miles de ciudadanos y ciudadanas en situación de extrema pobreza; además, el gremio apunta a las autoridades gubernamentales como responsables del incremento desmedido de casos de contagio y muertes en Ecuador al promover un desconfinamiento acelerado en beneficio de una supuesta reactivación económica, cuando no se ha puesto en práctica previamente un verdadero plan para corregir las falencias del sistema de vigilancia epidemiológica.
Ecuador no logra realizar las pruebas necesarias a su población para frenar el crecimiento de la curva de contagios. Las autoridades emiten datos inútiles que impiden la adecuada toma de decisiones, ponen en riesgo a miles de pacientes que padecen otras enfermedades y no cuentan con atención en el sistema público; y, lo que es más grave aún, han mirado hacia otro lado cuando la comunidad científica ha buscado advertir de los peligros de sus acciones e inacciones.
La primera semana de julio, la Asamblea Nacional del Ecuador dio audiencia a un grupo de promotores del uso del dióxido de cloro como posible cura para el coronairus. Ante la Comisión de Fiscalización del parlamento ecuatoriano, varios defensores del uso de este desinfectante casero pidieron a los asambleístas que exhortaran al Estado ecuatoriano a permitir que se iniciaran pruebas con seres humanos bajo la vigilancia de un grupo de médicos, con el propósito de demostrar, según dijeron, que el dióxido de cloro es la alternativa para combatir la pandemia.
Los asambleístas Eliseo Azuero, Jimmy Candell, Raúl Tello y Ángel Gende, entre otros, celebraron los supuestos beneficios del dióxido de cloro y conminaron a las autoridades estatales a dar paso a las pruebas. Incluso varios miembros de la iglesia Católica ecuatoriana suscribieron comunicados dirigidos a las autoridades de Gobierno en los que se permitieron incidir en las decisiones estatales, atentando contra la condición constitucional de laicidad que caracteriza a Ecuador.
El hecho generó vehemente rechazo en los miembros de la comunidad académica y científica ecuatoriana. Por eso, la Comisión Legilsativa tuvo que convocar a una nueva audiencia a un grupo de especialistas investigadores de varias universidades de dentro y fuera de Ecuador, para convencerse de que lo que estaban a punto de hacer iba en contra de todo postulado científico y del sentido común.
Horas después, la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) emitió un comunicado público para advertir del peligro del uso del dióxdo de cloro para curar la COVID-19.
Con reporteo adicional de Martín de Ambrosio (Argentina), Luisa Massarani (Brasil), Alejandro Portilla Navarro (Costa Rica), Gabriela Arévalo y Diego Cazar Baquero (Ecuador), Zoraida Portillo (Perú) y Daniela Hirschfeld (Uruguay).
