La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar

“Nuestra compañera Betty Vera vivía en la Cooperativa Paraíso de La Isla Trinitaria, murió la semana pasada y su cuerpo pasó varios días en la vereda esperando ser retirado para recibir sepultura, en medio de la desesperación y angustia de sus familiares, vecinos, compañeras de UNTHA buscando una rápida solución sumergidos en la absoluta desesperación, decepcionados del silencio y abandono de las autoridades, que por temor al contagio se han resguardado en la comodidad de sus domicilios”. Este es un fragmento del comunicado que emitió la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines (Untha) el pasado 5 de abril, luego de que falleciera una de sus integrantes.

Betty Vera murió contagiada con el virus. Su cuerpo estuvo durante cinco días expuesto en la acera de su casa sin que las autoridades lo recogieran, como cientos de otros cuerpos cuyas imágenes llenaron las primeras planas de periódicos de todo el mundo. La familia de Betty no tiene recursos suficientes y reclama que en barrios como el suyo, las autoridades del Grupo de Tarea Conjunta dirigido por Jorge Wated y los equipos forenses de la Policía Nacional no acudan con la frecuencia con que han llegado a otras zonas más céntricas de Guayaquil.

Lenny Quiroz Zambrano, secretaria general de la Untha, tiene 54 años y vive también en Isla Trinitaria, uno de los sectores más empobrecidos del sur de Guayaquil, al igual que zonas suburbanas como Monte Sinaí, Sociovivienda o La Prosperina. Para ella, la principal amenaza en contra de las mujeres trabajadoras del hogar es “que la salud no puede ser atendida por la falta de trabajo”. Lenny está preocupada porque cree que no hay condiciones para enfrentar un posible foco de contagio por COVID-19 entre las mujeres a quienes ella representa, porque falta el dinero y también la atención oportuna de las autoridades.

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Lenny Quiroz muestra un cartel en la Plaza Gavis Moreno, el pasado 8 de marzo, El colectivo feminista de Guayaquil renombró este espacio público conocido como Plaza San Francisco. Foto: Cortesía Untha.

María Cruz Sánchez Corozo tiene 50 años y también es habitante de Isla Trinitaria. Cuando las autoridades dispusieron el toque de queda, la familia para la que ella trabajaba le dijo que ya no la necesitarían. María cuidaba a una niña de 3 años en esa vivienda a cambio de 180 dólares quincenales. Sus empleadores no la habían afiliado a la seguridad social y desde que empezó la cuarentena, esta mujer se ha quedado sin sustento alguno.

Según el último censo nacional del 2010, la cifra de mujeres trabajadoras remuneradas del hogar era de 222 495. Diez años después, ese número se ha elevado a 249 784. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo registra apenas 62 447 contratos legales de mujeres dedicadas a estos oficios, es decir, tan solo el 28% de todas las mujeres dedicadas a este tipo de trabajo en el país. Con seguridad, esa cifra se reducirá todavía más cuando las nuevas estadísticas revelen la realidad después de la emergencia.

Pero, la falta de ingresos no es la única amenaza para las mujeres dedicadas a este trabajo. Alexandra Moncada, directora de CARE Ecuador, asegura que muchas trabajadoras remuneradas del hogar han sido retenidas en casas de sus empleadores y que “las labores de cuidado para la clase alta las siguen asumiendo las mujeres pobres sin ninguna protección, sin ninguna indicación de cómo prevenir el contagio”.

En un informe de situación a propósito de la emergencia elaborado por CARE Ecuador y difundido la última semana de marzo del 2020, se muestra que Guayas -la provincia que concentra alrededor del 70% de los casos de contagio por COVID-19 de todo Ecuador- es también la que registra más trabajadoras domésticas. “El trabajo remunerado del hogar es uno de los sectores laborales donde existe mayor precarización y ausencia de controles para garantizar los derechos laborales y sociales de las TRH”, dice el documento elaborado con el apoyo del Observatorio Social del Ecuador y el acompañamiento de la Untha, .

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María Cruz Sánchez Corozo, junto a los hijos e hijas de las socias de la Untha, durante un taller de capacitación en derechos. Foto: Cortesía Untha.

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Según la Untha, el 90% de las 300 mujeres que pertenecen a la organización son jefas de hogar y distribuyen su tiempo entre tareas eventuales de aseo en viviendas de familias de clase media y media-alta, y trabajos informales como la venta callejera. La mayoría de los esposos de estas mujeres trabajaban como estibadores, albañiles, fontaneros o comerciantes informales hasta antes de la cuarentena, es decir que eran parte del 46% de trabajadores que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pertenecen al sector informal. Estas personas son quienes no pueden dejar de trabajar a diario para obtener su sustento.

Alexandra Moncada destaca otros datos alarmantes, como el hecho de que las mujeres trabajadoras del hogar inician su vida laboral cuando tienen entre 10 y 12 años, y que el promedio de tiempo de trabajo que cumplen alcanza los 50 años. Un estudio previo de CARE, publicado en el 2018, señaló que el 65% de familias que tienen servicio doméstico son del área urbana y de hogares de ingresos altos, mientras que el 60% de trabajadoras del hogar proviene de hogares pobres: 7 de cada 10 no tiene acceso a agua potable ni a servicio higiénico exclusivo, y muy pocas han concluido su educación formal. 

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Socias de Untha, junto a sus hijos e hijas, durante la Chocolatada Obrera realizada en diciembre del 2019. en el barrio Cooprativa Juan Montalvo, en el kilómetro 7 1/2 vía a Daule. Foto: Cortesía Untha.

Para Moncada, es urgente que en tiempo de pandemia y cuarentena, el Ministerio de Trabajo disponga inspecciones laborales que velen por el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. “Esta crisis demuestra lo segregado e inequitativo que es nuestro país; frente a un Estado desbordado se corre el riesgo de incremento de los índices de violencia en contra de las mujeres”, dice Moncada. En efecto, según declaraciones de Juan Zapata, director del ECU-911, entre el 12 de marzo y el 11 de abril se registraron 6 819 llamadas de emergencia correspondiEntes a casos de violencia de género en todo el país. “Hoy, 235 mujeres llamarán a algún centro del 911 porque serán víctimas de violencia de género”, dijo el funcionario.

En Latinoamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay 19 millones de trabajadoras que desempeñan sus actividades remuneradas en hogares privados, el 7% de la ocupación urbana. En esta región se ubica el 37% del trabajo doméstico de todo el mundo, que es eminentemente femenino y urbano.