Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar

La tasa de letalidad por coronavirus en Ecuador es la más alta de Sudamérica, con un porcentaje de 7,19%, y supera incluso la media mundial, que es de 6,96%. El sistema de salud colapsó, la red funeraria también. El presidente no pinta mucho y la comunicación gubernamental es un desastre. Los funcionarios rectifican versiones, “reclasifican” cifras y hay más de 130 cadáveres confundidos en medio de una ola de escándalos de corrupción. Primero negaron la realidad, luego la convirtieron en fake news desestabilizadoras y se interfirió en el derecho de la prensa a preguntar y repreguntar. Según el gobierno, al cierre de este reportaje se cuentan 4 207 muertes por contagio o probable contagio en un país de 17,4 millones de habitantes. Pero entre el 1 de enero y el 7 de mayo, Ecuador registró 40 052 fallecimientos totales, cuando el promedio histórico apenas superaba las 6 000 muertes cada mes en el mismo período.

Los rostros

Tres años después de asumir el poder, nadie sabe a ciencia cierta si el gobierno de Lenín Moreno tiene alguna estrategia de comunicación. A pesar de que en octubre del 2018 el Mandatario ecuatoriano inauguró la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Segcom -rezago amorfo de la goebbeliana Secom del gobierno que le precedió y del que fue parte-, nadie entiende si los discursos oficiales se ciñen a un plan político concebido en esa entidad, si solo son reacciones apuradas a las tendencias en Twitter o condimentos para edulcorar el rosario de escándalos de corrupción expuestos durante la emergencia. Lo cierto es que la pandemia ha hecho mella en la ya muy abollada imagen del régimen y ha develado altas dosis de improvisación e indolencia.

Desde inicios de marzo, cerca de una docena de funcionarios -entre ministros, viceministros, subsecretarios y técnicos- se turnaron para hablar en cadenas nacionales e informes de rectificación o “reclasificación” de cifras, en propagandas o en las llamadas ruedas de prensa virtuales. Desde que se registraron los primeros contagios y las primeras muertes, todos ellos se pusieron esmerados en reducir la contundencia de la realidad y en bloquear el derecho de la prensa a preguntar y repreguntar. Pronto, la cantidad de muertes por coronavirus en Ecuador se convirtió en la más alta de Latinoamérica en relación con el número de habitantes. El sistema de salud colapsó, la red funeraria también. Las imágenes de cuerpos inertes en las veredas de los barrios guayaquileños dieron titulares a medios de todo el mundo y el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, exclamó el 4 de abril: “Hemos sufrido un fuerte deterioro de nuestra imagen internacional y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido”. La contención de la vergüenza se tornó imposible.

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El 10 de abril, el presidente Lenín Moreno y varias autoridades ofrecieron alocuciones en medios nacionales acerca de las medidas tomadas por el Gobierno. Foto: José Vargas / Presidencia de la República.

El analista de discurso Iván Rodrigo Mendizábal habla de una “dispersión discursiva” en la comunicación del gobierno de Ecuador. “Comenzaron a emitirse diferentes tipos de excusas desde distintos frentes del gobierno, contradiciendo el uno al otro”, explica este profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Como si rindieran un examen de colegio, todos se cuidan de usar frases aprendidas: “El presidente Lenín Moreno ha dispuesto”. “Según las órdenes del presidente”. “De acuerdo con el mandato del señor Presidente”. Pero ese estadista, técnico, líder y conductor de la crisis es imaginario. Cuando el verdadero Lenín Moreno interviene no es siquiera capaz de una lectura comprensiva de los textos del teleprónter. Sus gestos son sobreactuados y sus guiones repiten ideas imprecisas, datos ambiguos y mensajes paternales que no convencen a nadie. “El propio presidente no toma la iniciativa de ser el comandante del trabajo operativo -analiza Iván Rodrigo-, su voz se ha perdido en medio de esas otras voces”.

Moreno dice poco o nada. Y cuando algo dice, sorprende. El 2 de abril, apareció durante un minuto en cadena nacional. “He dispuesto que, usando todos los mecanismos posibles, se transparente la información. Por dolorosa que esta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad”. Esa misma mañana, las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) contaban 198 fallecidos por COVID-19 o “por probable COVID-19”, mientras decenas de familias buscaban los cuerpos de sus muertos en los contenedores de congelación de los hospitales públicos. Doce días después, el 15 de abril, la Dirección General de Registro Civil ya había recibido 9 055 inscripciones de muertes en todo el país, de las cuales 6 703 ocurrieron en Guayas, la provincia más afectada, cuyo promedio histórico mensual antes de la crisis oscilaba entre las 1 700 defunciones. ¿En serio había que dar una orden para que la información pública sea transparente?

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El jueves 9 de abril, el equipo especial de la Policía Nacional que fue delegado para el levantamiento de cadáveres, en Guayaquil, visitó varios domicilios donde los cuerpos inertes permanecieron durante horas o incluso días. El Gobierno anunció esa mañana que 556 personas habían fallecido por contagio confirmado o “probable contagio”. Foto: Iván Castaneira.

Las autoridades de Ecuador intentaron reducir la realidad acusando al torpe ejército de trolls de sus opositores por propagar fake news. Llevaban casi tres años confiando en que el millonario desfalco protagonizado por sus predecesores les alcance para justificar sus propios desaciertos, pero la pandemia desnudó del todo a unos y otros. A pesar de lo evidente, cuando lo de las fake news no se sostuvo más, intentaron posicionar la idea de que el avance del virus era culpa de gente desobediente.

Al menos en cinco ocasiones, desde que se decretó la emergencia, las autoridades han publicado cifras que se contradicen, bajo el pretexto de la “reclasificación”, o que lucen imposibles, como cuando a mediados de abril decidieron contabilizar los casos confirmados desde el momento de presencia de síntomas en los pacientes y no desde que se obtuvieran los resultados de las muestras. O como cuando el 6 de mayo la cifra de contagiados totales bajó a 29 420, cuando dos días antes era de 31 881. O como en los días -25 y 26 de abril, y 5 de mayo- en que no se difundieron cifras sin brindar explicación alguna a nadie. En mayo, ya las cifras de contagios confirmados y muertes comenzaron a bajar casi a diario, burlando el sentido común de cualquiera.

El 26 de abril, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que el 60 % de la población ecuatoriana se contagiará hasta junio, pero aclaró: “Eso no quiere decir que va a haber una mortalidad brutal, porque la tasa de mortalidad es muy chiquitica (sic), es alrededor del 1%, o menos de esa población”. O sea 174 908 personas, nomás.

La analista y directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, lo resume en una frase: “No es posible comunicar bien lo que no se hace bien. Las cifras son el rostro más evidente de un manejo desprolijo, improvisado e indolente por parte del Gobierno”.

La campaña

En una entrevista con La Barra Espaciadora, el decano de jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y articulista de diario El Comercio, Fabián Corral, reconoció el escenario de “fuerza mayor” en el que todos los Estados del mundo enfrentan la pandemia, pero resaltó que “la clase política del Ecuador no está a la altura de la situación, ni de lejos. Siguen viendo el cálculo político, están pensando en las próximas elecciones”.

En un comunicado público, el 10 de abril, cerca de 100 periodistas del país exigieron que los espacios informativos en los que las autoridades se limitaban a contar sus versiones parcializadas de la crisis propiciaran la participación directa de todos los comunicadores, que se usaran plataformas de conexión abiertas para intervenir y que se dispusiera del tiempo suficiente para saldar las dudas de las audiencias. Pero en el país con más muertes de periodistas en el mundo durante la emergencia sanitaria, la exigencia obtuvo una respuesta a medias y la información no dejó nunca de llegar imprecisa y por goteo. Incluso el registro de fallecimientos no se ajusta a la guía internacional de la Organización Mundial de la Salud.

Desde una mirada panorámica, Paulina identifica tres momentos clave para entender las fallidas acciones comunicacionales del régimen de Moreno: la crisis de la frontera norte, que a inicios del 2018 desencadenó el secuestro y asesinato de un equipo de prensa de diario El Comercio, en manos de disidentes criminales de las FARC; la crisis de octubre del 2019, que se diseminó por varias ciudades de la región y que en Ecuador se cobró la vida de 9 personas, y esta crisis sanitaria que pone a prueba la condición humana de cualquier autoridad a escala global. “Es un gobierno para el que los muertos son fake news -continúa la analista-; es un discurso que castiga y que apela a la indolencia”.

Los antecedentes muestran falta de estrategia de comunicación y, al mismo tiempo, una práctica sistemática de negación de lo evidente. Dos años después de que Moreno ofreciera desclasificar toda la información sobre el caso de los periodistas asesinados de El Comercio, las familias de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas esperan que esa promesa se cumpla. Los deudos de los muertos en octubre del 2019 se han acostumbrado ya a la acusación oficial de que las víctimas de la represión se la buscaron por “intentar desestabilizar” al Gobierno, y se resignan a soportar la insultante impunidad oficial. Los funcionarios callan. Se hacen los tontos. Se lavan las manos aunque ya están ‘infectados’, pues la crisis sanitaria desploma su intento de reducir a cifras disfrazadas esas muertes.

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El lunes 6 de abril, este ataúd vacío fue hallado frente a un supermercado del Suburbio de Guayaquil, entre bolsas de basura. Entre marzo y abril, muchos ataúdes fueron abandonados en las calles sin ningún protocolo sanitario, luego de que las autoridades hicieran levantamientos de cadáveres. Foto: Iván Castaneira.

El 20 de abril, el COE Nacional aseguró que 1 333 personas habían fallecido por contagio o posible contagio desde que se inició la emergencia, mientras que el Registro Civil contabilizó 1 113 defunciones solo entre el 16 y el 20 de ese mismo mes. Ese día circuló en redes sociales un spot promocional de un cementerio que el Gobierno bautizó como Campo Eterno. En la descripción del ítem que es parte del informe de ejecución parcial del contrato se lee: “Campaña emotiva con un mensaje poderoso en homenaje a los que perdieron la vida en la batalla del COVID-19”. El guion técnico de la pieza audiovisual por la que el Estado facturó 14 000 dólares derrochaba estética y mostraba un ‘no lugar’ que eludía la realidad para hacerse propaganda. Sí, propaganda en medio de la mortandad más dolorosa de la historia del país. “Hay un lugar, un tranquilo y maravilloso lugar en el que las flores nunca dejan de sonreír y el viento solo se sabe tu canción -decía una voz masculina de comercial para televisión-. Aquí huele a lluvia pero siempre brilla el sol, y aunque la noche no existe, el pasto está lleno de estrellas”.

Siempre preocupados porque lo impopular no reste puntos a su imagen ya decadente, los funcionarios ecuatorianos tropiezan cuando inventan recetas para enfrentar las crisis. La Segcom se apuró a esconder el video del cementerio Campo Eterno, apenas se desató la ola de críticas en su contra. Pero, para Paulina Recalde, lo menos relevante son las imágenes de esos spots. “Las piezas que promocionan un camposanto están revelando cómo han entendido la crisis sanitaria. El lugar que tiene para el gobierno la vida, y también cómo entiende la muerte”, explicó, en su intento por comprender los mecanismos de difusión de información pública.

El 1 de mayo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo: “No es que las cifras no cuadran. Es que las cifras nos están dando información distinta (…) las cifras del COE no son inconsistentes, sino que son una parte de la realidad”. La otra parte de la realidad queda fuera de los mensajes del gobierno.

La escuela

Mirar hacia otro lado, durante el gobierno de Moreno, se ha constituido en una salida habitual. Quizá una señal de ingenuidad política, cómplice de muerte e impunidad. Sin embargo, los ejercicios de desaparecer o manipular no son novedad, sino resquicios de una escuela de la indolencia con trece años de experiencia. “Yo creo que, hasta la fecha, este gobierno y también el de Correa no entendieron el papel de la comunicación como comunicación social, sino como [comunicación] propagandística de gobierno”, dice Iván Rodrigo.

Para comprobarlo basta revisar una breve cronología:

  • La Segcom de Moreno tuvo como primer secretario al comunicador Alex Mora, quien había sido director de noticias del llamado canal público Ecuador TV, un medio que funcionó como órgano gobiernista de Correa bajo los edictos de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, artífices del Estado publicitario que gobernó desde 2007, y que ahora trabaja al servicio del régimen en funciones.
  • Apenas nueve meses después, el 20 de febrero del 2018, Moreno reemplazó a Mora con Andrés Michelena Ayala, quien trabajó en la Secom goebbeliana entre el 2007 y el 2013, y que para entonces se había transformado en su asesor cercano, luego de liderar las comunicaciones de su campaña electoral del 2016.
  • El 4 de junio del 2019, Moreno volvió a cambiar al funcionario al mando de la comunicación de su régimen. Eduardo Khalifé, un productor audiovisual que asesoró al excanciller Ricardo Patiño, uno de los hombres duros de Correa, y que hasta entonces conducía un programa de entrevistas complacientes en el mismo canal oficialista, asumió el cargo.
  • Dos meses después, el 19 de agosto del 2019, Moreno suplantó a Khalifé con otro de sus asesores, Gabriel Arroba.
  • En plena emergencia sanitaria, Arroba fue reemplazado el 23 de abril del 2020 por Gustavo Isch, un experto en Gestión de la Comunicación en Escenarios de Crisis y estratega político que había asesorado al expresidente Alfredo Palacio.

Cinco cabecillas de la comunicación de un mismo gobierno en menos de tres años. Las mañas, más atrofiadas, persisten.

Para cuando Isch asumió el cargo, el COE Nacional contaba 1 588 muertos por COVID-19 o por probable COVID-19 en todo el país, mientras el Registro Civil registró 18 653 inscripciones por defunciones totales desde el 12 de marzo. Tres semanas después, el flamante secretario de la comunicación del Estado no atendía entrevistas y continuaba “poniéndose al día”, confesó en el anonimato un temeroso funcionario de esa entidad.

Dos meses después de que se desatara esta crisis, las cifras oficiales continúan lejos de reflejar su magnitud y solo confunden. Desde el 6 de mayo, los casos de contagios confirmados empezaron a reducirse: del 4 al 6 de mayo disminuyeron 2 461 infectados; del 7 al 8 de mayo, 1 480 y, entre el 10 y el 11 de mayo, 54. El viceministro de Gobernanza de la Salud, Xavier Solórzano, lo explicó así: “En el análisis de los datos ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica, junto con los resultados de laboratorio, se ha identificado, en algunos casos, que un mismo paciente registra más de una prueba de laboratorio». Así que el Ministerio de Salud descubrió -ya muy tarde- que debía contar a las personas con sus nombres y apellidos en lugar de contar las pruebas de laboratorio como casos.

La Defensoría del Pueblo reclamó a la directora del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, por la ambigüedad y falta de transparencia en la gestión de la información, pero la funcionaria renunció el 12 de mayo, luego de que, para colmo, se difundiera una denuncia por sobreprecios en la compra de kits de alimentos, aprobada por ella. Al día siguiente, la Contraloría General informó del hallazgo de indicios de responsabilidad penal en contra de Ocles y la Fiscalía pidió audiencia de formulación de cargos. Las compras públicas bajo el amparo de la emergencia exponen a diario a funcionarios incompetentes y corruptos del régimen de Moreno, muchos de los cuales fueron también funcionarios de Correa. Él, como respuesta, los recicla y alardea con el cliché caiga quien caiga, aunque solo caigan en estrépito su nivel de aceptación y el de la clase política ecuatoriana, enfrascada en su mezquina ambición electoral.

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El 22 de marzo, el presidente Lenín Moreno atendió entrevistas mediante videoconferencia, desde su despacho. Foto: José Vargas / Presidencia de la República.

El comodín

De adolescente, Lenín Boltaire Moreno Garcés pasaba vacaciones en San Rafael -un pequeño caserío del Valle de los Chillos, muy cerca de Quito. Acampaba entre amigos en los terrenos de una escuelita de la zona y daba paseos campestres mientras alardeaba con la convicción de que un día sería presidente del Ecuador. En el verano de 1971 escribió en la libreta de una jovencita de su edad un autógrafo: “Lenín. Doctor en ciencias ocultas”. Hacía poco había iniciado estudios en Sicología que nunca terminó. Quienes lo conocieron por esos años recuerdan que gustaba de contar chistes y de hacer trucos de ilusionismo con naipes. Ese era su comodín para agradar a las chicas.

Unos años después, el ilusionista se casó con otra jovencita de su edad, Rocío González. Se licenció como administrador por la Universidad Central del Ecuador y emprendió una carrera como promotor turístico. También fue parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un colectivo de tendencia marxista guevarista que promovía la lucha armada, en el que él nunca tuvo protagonismo. En 2004 creó y dirigió la Fundación Eventa, una iniciativa privada dedicada “a la formación de inteligencia emocional y promoción del humor”, con la que ofreció numerosas charlas motivacionales y que fue investigada después de que se revelara que recibió fondos públicos y que había suscrito una serie de contratos con entidades estatales mientras él mismo era funcionario.

Lenín Moreno llegó a la Vicepresidencia a sus 53 años, como binomio de Rafael Correa. Durante su gestión, entre 2007 y 2013, dirigió el Programa Ecuador Sonríe y el proyecto del Circo Social, una idea suya que pretendía reunir al menos a 20 malabaristas callejeros, entrenarles y convertirlos en estrellas de circo, con el pomposo acompañamiento del Cirque du Soleil. En octubre del 2014, cuando ya no era vicepresidente pero fungía de enviado especial de la ONU para la discapacidad y accesibilidad, recibió en Ginebra el Premio Humor de la Resistencia, que concede anualmente la asociación francesa Casa de la Risa y el Humor de Cluny. Su gestión previa al frente del área social mereció observaciones de la Contraloría General del Estado luego de que se hallaran contrataciones para un circo cuya infraestructura nunca llegó a existir.

Correa intentó hacer de Moreno su comodín para cuando hiciera falta, hasta que lo ungió como su sucesor para las elecciones del 2016. El aire de bonachón, de ser parte de todo sin saber a profundidad de nada, de estar siempre fuera de la jugada política y de los grandes titulares, le sirvió a Moreno como coraza de supervivencia por una década. Cuando habían transcurrido 46 años de sus paseos campestres en San Rafael, y luego de haber construido una cuestionable carrera de motivador y humorista oficial, asumió la Presidencia. Pero, a tres años de ese momento, no cabe duda de que los trucos no funcionan. Quienes votaron por él lo aborrecen y algunos de quienes le negaron el voto se saludan con el codo.

Más cerca del mal gusto que del buen juicio, Ecuador carga con un gobierno sin alma y recuerda a miles de seres humanos ausentes, cuyo lugar no se reemplaza con palomitas blancas saliendo de una chistera.