La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
El silencio puede ser escandaloso. El silencio es lo que se calla, lo que se maquilla y también lo que se evade. El domingo 15 de abril, el gobierno ecuatoriano convocó a una rueda de prensa para informar de las acciones emprendidas en la zona de frontera norte, en la provincia de Esmeraldas, luego del secuestro y muerte de los tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio y de cuatro infantes de Marina, en esa zona.
En el encuentro, la periodista Soraya Constante, de Univisión, haciendo referencia a las declaraciones que hiciera Moreno el 11 de abril, cuando aseguró que “teníamos paz [durante el gobierno de Rafael Correa] porque se permitía el paso de la droga”, se dirigió al ministro del Interior ecuatoriano, César Navas:
–Quisiera saber, casa adentro, gobierno adentro –dijo la periodista–, ¿qué investigaciones están haciendo para saber quiénes fueron las personas que antes estaban facilitando este flujo de drogas que claramente pasaba?
–Se están realizando algunos procesos de investigación –respondió Navas– tanto al interior de las instituciones como procesos propios que nacen ya de la investigación, de las amenazas, el porqué y demás… Eso está dentro de un proceso judicial pero también con el Comandante General [de la Policía, Ramiro Mantilla] hemos conversado de hacer ciertos análisis de las personas que han estado trabajando en esa zona.
El salón enmudeció. La respuesta evasiva, vacía y las frases inconexas resumen la tónica que el Estado ecuatoriano ha dado al tratamiento del tema del narcotráfico en la zona colindante con Colombia, específicamente en Esmeraldas, durante los últimos años. Y es esta misma actitud la que marcó los 19 días transcurridos desde el secuestro del equipo de El Comercio, tiempo en el que la isla de paz que decían que era Ecuador se mostró como lo que es ahora: un objetivo de la violencia armada de grupos irregulares vinculados con el narcotráfico y el terrorismo. Una tierra silenciada y abandonada.
El 7 de octubre del 2007, cuando Rafael Correa llevaba apenas 9 meses en el poder, aterrizó en Quito un avión de la empresa mexicana Operadora de Calzado S.A., procedente de Acapulco. El 20 de octubre la misma aeronave salió desde el aeropuerto de Tachina, en Esmeraldas, de vuelta a México, rompiendo todos los protocolos de ley. El entonces subdirector de la Dirección de Aviación Civil (DAC), Milton Martínez, había cambiado ilegalmente el plan de vuelo. Ya en México, en el avión se hallaron restos de droga, el avión fue confiscado y el piloto –un alemán nacionalizado mexicano, Jorge Arévalo Kessler– extrañamente fue detenido meses más tarde, en abril de 2008, por traficar droga. Arévalo Kessler resultó ser uno de los pilotos de más alto rango del cartel de Sinaloa. Luego de 22 meses de su detención fue extraditado a EEUU donde cumple sentencia reducida.
El profesor Bruce Bagley, director del departamento de estudios Internacionales de la Universidad de Miami, Florida, dijo en mayo del 2015 en un artículo publicado en el boletín Perfil criminológico, de la Fiscalía General del Estado, que el cartel de Sinaloa y otras organizaciones ilegales colombianas operaban ya en la zona fronteriza “con la presencia de socios ecuatorianos”. Bagley anunciaba que la organización mexicana ya controlaba buena parte del corredor del Pacífico y que enviaba avionetas desde México a Ecuador. En 2011, cuatro años antes de esta publicación, 18 miembros del cartel de Sinaloa fueron detenidos en territorio ecuatoriano, con acciones de la policía mexicana y la ecuatoriana. Sin embargo, el entonces presidente Rafael Correa restó importancia al hecho diciendo que “lo que no es cierto es que estamos en una situación como en México, en donde dominan territorios completos (…) Ecuador todavía sigue siendo una isla de paz en toda América Latina, aunque no podemos obviar la realidad, con el dolor del alma, que nuestros dos vecinos –Colombia y Perú– son los dos mayores productores de droga de América Latina y los mayores del mundo”, explicó.
También en octubre del 2007, la inteligencia de la Policía ecuatoriana montó un operativo que llamó Huracán Verde y capturó casi 4 toneladas de clorhidrato de cocaína que fueron halladas en una hacienda en Esmeraldas. Siguiendo pistas, descubrió que la droga era administrada en Ecuador por tres hermanos: Jefferson, Edison y Miguel Ostaiza, quienes trabajaban para los carteles de Cali y Sinaloa y respondían a las FARC. Entre los implicados también fue capturado un exasesor del Ministerio de Seguridad Interna y Externa, llamado José Ignacio Chauvin, quien además era militante del movimiento gobiernista, Alianza PAIS.
En este video, se relata cómo el abogado Wellington Alcívar entregó a Rafael Correa, el 11 de octubre del 2011, unos documentos en los que, supuestamente, se probaban nexos entre funcionarios judiciales de la provincia de Esmeraldas y miembros de carteles del narcotráfico de Colombia y de México. Alcívar dijo ante cámaras que temía por su vida porque estaba seguro de que lo querían matar. El 8 de febrero del 2012, el abogado fue asesinado con dos balazos en su oficina, en la ciudad de Portoviejo. Correa dijo que no habían llegado a sus manos los documentos.
Esmeraldas es una provincia que se debate entre la pugna política por el dominio del territorio y el abandono por parte del Estado. Los ataques terroristas registrados desde enero del 2018 en esta zona, que se cobraron la muerte de cuatro infantes de Marina ecuatorianos y el secuestro y ejecución de 3 miembros del equipo periodístico de diario El Comercio, revelan una realidad ya vieja: Esmeraldas es tierra de nadie.
El silencio, la omisión, las evasivas y el cálculo político han sido las características del manejo del narcotráfico por parte de las autoridades, y los 19 días de incertidumbre que vivieron Javier, Efraín, Paúl y todo un país que los esperaba de vuelta, son la síntesis de un modo de hacer política que compromete al Estado y viene de hace varios años. ¿Qué ocurrió a nuestras espaldas para que esa supuesta paz fuera, durante décadas, nuestra carta de presentación?
Esmeraldas es la paradoja
La provincia ecuatoriana de Esmeraldas está al noroccidente del país, junto al Océano Pacífico, y colinda con buena parte del sur de Colombia, el territorio que durante décadas ha estado en manos de la guerrilla, de los paramilitares y del narcotráfico, y que ha convivido desde siempre con el conflicto interno colombiano.
Esmeraldas es conocida en Ecuador como la Provincia Verde. Vive del cacao, del café, del tabaco, de la concha, de sus manglares, y principalmente de la exportación de camarón y banano. El 88% de los esmeraldeños son afro, descendientes de los primeros negros libres que llegaron a las costas del Pacífico en el siglo XVII, pero también cuenta con una mínima población indígena de las etnias chachi, épera y awá, además de la población mestiza. Esmeraldas suena a marimba, a guasá y a cununos; junto a sus cerca de 20 ríos, se baila arrullos, agua y caderonas, también mucha salsa y reguetón. Pero también hay silencio.
Este es un territorio de paradojas: por un lado, esta provincia cuenta con los centros turísticos costeros más visitados por buena parte de los turistas ecuatorianos o que llegan a Ecuador –Atacames, Tonsupa, Muisne– y por otro, carece casi totalmente de servicios. En Esmeraldas, el 98% de las necesidades básicas son insatisfechas. Según el Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia, la tasa de mortalidad infantil es de 37,20% mientras que la media nacional es de 32,10%; la tasa de analfabetismo de personas de 15 años o mayores, en el 2013, fue de 8,33%; y en el cantón San Lorenzo, donde ocurrieron los atentados desde inicios del 2018, se registra un 85% de pobreza. De este porcentaje, el 47,3% corresponde a extrema pobreza. El 81% de los niños, niñas y adolescentes se encontraba en situación de pobreza en 2012. La tasa de asesinatos por cada 100 000 habitantes es de 30,71.
Esmeraldas es tierra de monocultivos inmensos de palma aceitera que han provocado serios problemas de erosión y deforestación. Hay quienes aseguran, sin querer identificarse, que algunas de las tierras dedicadas a este cultivo son propiedad de narcotraficantes. La minería ilegal ha contaminado al menos 15 de los ríos de la provincia y ha incrementado la presencia del narcotráfico, el lavado de dinero y la delincuencia entre los pobladores, sobre todo del cantón San Lorenzo, como lo demuestra un informe de Mongabay. Además, registra una considerable actividad maderera ilegal.
En el norte de Esmeraldas es posible conseguir combustible aunque no haya estaciones de gasolina o diésel. Es posible conseguir cigarrillos, alcohol y drogas de manera ilegal. La supervivencia de los habitantes de Esmeraldas se funde con la ilegalidad. Por más que las autoridades digan lo contrario, el Estado es ausente en esta provincia. Hay lugares donde hasta ahora, dos años después del gran terremoto del 16 de abril del 2016, las autoridades no han llegado o han llegado tan solo para participar en eventos.
El abogado y especialista en migraciones y asuntos de frontera Guillermo Rovayo, dijo en una entrevista para Diario El Norte, de Imbabura, que “le hemos vaciado a la zona de frontera de presencia institucional estatal civil”, refiriéndose a las instituciones encargadas de brindar salud, educación, vivienda y servicios básicos. Ni siquiera en la ciudad capital provincial se ha cubierto la necesidad de agua potable y los ofrecimientos de potenciar la red se posponen cada año.
En estado de abandono, el cumplimiento de la Ley se convierte en un obstáculo para la vida cotidiana. Los que mandan son los pactos silenciosos.
La visibilización del secuestro
El silencio y el abandono pueden ser los responsables de que el discurso del Estado ecuatoriano haya sido dubitativo y esquivo durante los 19 días desde que ocurrió el secuestro de Efraín, Paúl y Javier. Sin duda, la arremetida de grupos irregulares en contra de autoridades policiales, militares y civiles ecuatorianos tiene que ver con la advertida etapa del posconflicto colombiano y sus consecuencias, que ahora rebasan fronteras. En el Informe mundial sobre las drogas, Undoc 2017, se señala que las FARC, hasta el 2016, con los Acuerdos de Paz, obtenían alrededor de 1 000 millones de dólares por causa de la producción y tráfico de drogas. “Si las ganancias generadas por las drogas se agotan –señala el informe–, pueden dedicarse a la extorsión, a perpetrar secuestros para exigir rescate y robos a bancos y a la venta de recursos naturales o de bienes culturales”.
Pero, con los antecedentes citados, no podemos asegurar que Ecuador se esté enfrentando a un enemigo nuevo. El silencio también puede ser cómplice de la mentira. ¿Desde cuándo la evasión del tema es una especie de política de Estado?
Rovayo se refiere a los hechos del 26 de marzo como la “visibilización del secuestro”, y aclara que no estamos ante una realidad nueva. “No es que el 27 de enero con el bombazo en San Lorenzo se inicia el proceso de violencia (…) es un proceso que lastimosamente se ha mantenido durante los últimos años, en los cuales los mayores afectados han sido pobladores civiles ecuatorianos y colombianos de la zona de frontera, y que en estos momentos ha tenido un punto de recrudecimiento, con la presencia de bombas y con la visibilización del secuestro”.
Entonces, ¿por qué el gobierno ecuatoriano se empeña en negar que Ecuador ha estado involucrado directamente con el narcotráfico y sus tentáculos desde hace tiempo? ¿Por qué el gobierno ecuatoriano trató el secuestro del equipo periodístico como si se tratara solo de un delito común y no también como un crimen político? ¿Por qué hubo tantas versiones contradictorias entre las autoridades de Colombia y las de Ecuador? ¿Por qué el ministro César Navas dijo, primero, que había negociaciones con los captores, luego dijo que no las había y finalmente se concentró en decir que lo que hubo fueron mensajes de Whatsapp “cada 2 o 3 días”? Si abrieron canal de comunicación mediante chat, si estaban pensando en un indulto, ¿no es que estaban negociando? ¿Por qué lo niega?
La internacionalización del conflicto colombiano es tan solo el descubrimiento del secreto mejor guardado del estado ecuatoriano, quién sabe desde cuándo.
¿Por qué el periodismo ecuatoriano no tiene acceso a información de primera mano sobre narcotráfico por parte de las entidades del Estado, más allá de los archivos de prensa? ¿Dónde está la lavandería de dinero? El gobierno de Lenín Moreno se ha comprometido a transparentar la información. Pues, entonces, debe empezar por solucionar la falta de sistematización de esa información.
Ecuador es hoy un país distinto, no porque sea la primera vez que ocurre un atentado de tal magnitud –pues no hay vidas humanas que valgan más que otras– sino porque es la primera vez que este país registra un secuestro a un equipo periodístico como parte de una serie de atentados terroristas en sus fronteras. Los hechos vulneran un derecho fundamental: el derecho que tenemos todos los habitantes de un país a comunicarnos y a estar bien informados. Cuando el periodismo se convierte en un objetivo de un conflicto armado, la libertad de expresión es silenciada y con ella, el resto de libertades individuales se tornan fatalmente vulnerables.
Entre 2006 y 2015, la Unesco registró y condenó los 176 asesinatos de periodistas ocurridos en América Latina. Solo el 19 de esos casos fueron resueltos. En América Latina están matando periodistas y los estados hacen poco o nada por evitarlo, por hallar culpables y por juzgarlos.
Según el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Ecuador y su pueblo son distintos hoy porque se descubren ante el mundo como víctimas de un Estado inexperto para enfrentar el dolor de ver a tres de sus ciudadanos encadenados, maltratados y horas después asesinados , luego de haber sido exhibidos en calidad de moneda de cambio entre gobiernos y grupos disidentes.
El conductor Efraín Segarra, el reportero Javier Ortega y el fotógrafo Paúl Rivas han sido asesinados por el silencio cómplice de un Estado inoperante. Silencio, omisiones o evasiones como política de Estado.
Texto: Diego Cazar Baquero. Edición: Xavier Reyes. Investigación: Daniela Montalvo, Diego Cazar Baquero y Belén Loaiza. Multimedia: Belén Loaiza. Fotografías: Edu León y Jonatan Rosas.
