La Barra Espaciadora
La celebración del Día Nacional de la Cultura, en Ecuador, el pasado 9 de agosto, estuvo signada por la incertidumbre y la desconfianza más que por la algarabía. Es que luego de diez años de decisiones atropelladas y de una inestabilidad que no ha visto ministerio alguno antes, el sector cultural ha pasado de la indignación a la rabia y de la rabia a la apatía.
Después del cambio de gobierno, el 24 de mayo del 2017, los artistas y gestores culturales ecuatorianos -lejos de ver con buenos ojos el nombramiento de Raúl Pérez Torres como ministro del ramo- se alertaron de nuevo y decidieron hacer de esta nueva etapa política la oportunidad para revelar el estado de abandono en el que el gobierno de Rafael Correa dejó a la cultura.
Un colectivo de artistas y gestores culturales, entre ellos el músico y productor Ivis Flíes y el cineasta y gestor cultural Rafael Barriga, se convocó para redactar y enviar una carta (adjunta líneas más abajo) al presidente de la República, Lenín Moreno, en la que exigen el cumplimiento de los derechos culturales que la Constitución del 2008 garantiza. La carta no pasó por instancias intermedias. La apatía aparente había sembrado un espíritu de reorganización y esta vez, la celebración anual por la cultura fue el pretexto idóneo para revelar la inoperancia del Estado ante un sector que, desde el 2008, ha manejado un presupuesto aproximado de 600 millones de dólares, pero que no ha visto en la práctica que esos recursos se hubieran convertido en políticas públicas, en infraestructura atada a un sistema coherente o en el cumplimiento de esos derechos culturales y de las obligaciones fiscales. «¿Qué políticas públicas se construyeron con esos 600 millones?», preguntó Barriga.
Esta historia no es reciente, sin embargo, los signos más evidentes del desprecio estatal hacia la cultura se dieron durante los últimos meses de la administración anterior: en primer lugar, la aprobación el 10 de noviembre del 2016 de una Ley de Cultura que siempre fue tratada como plato de segunda mesa, y que solo al final del gobierno fue sometida a segundo debate, votada y publicada en el Registro Oficial. En segundo lugar, la adjudicación “entre gallos y medianoche”, como dice Barriga, de un contrato a la empresa Stargroup (Ekos) para la realización del Festival de Artes Vivas de Loja, en sus ediciones de 2017 y 2018, por 6,3 millones de dólares, bajo la modalidad de régimen especial, y tras la presión de un decreto del saliente mandatario. Y en tercer lugar, la aprobación del Reglamento General para la Ley Orgánica de Cultura elaborado puertas adentro del Ministerio, cuando lo dirigía, por encargo de Correa, Andrés Aráuz. Un reglamento que no fue producto de la mínima consulta abierta ni de proceso de socialización alguno y que, por consecuencia, es inaplicable.
El colectivo de artistas, gestores y actores culturales -más de 500 a la víspera del Día Nacional de la Cultura- demandó también del gobierno de Lenín Moreno una audiencia para exigir que su participación sea incluida en la reglamentación de la Ley y censuraron la falta de transparencia por parte del Ministerio de Cultura. “Consideramos que el sector cultural en Ecuador -dijo Rafael Barriga- se encuentra prácticamente parado. No hay producción cultural debido a la falta de recursos que han provenido del Estado durante los últimos años y, en segundo lugar, hay gran opacidad, hay poca claridad sobre la aplicación de la Ley de Cultura (…). El Estado guarda silencio. No da explicaciones a nadie. Actúa en la oscuridad de las sombras».
Susan Rocha, gestora cultural especializada en materia de museos y Directora del Museo de la Universidad Central del Ecuador, cuestionó el llamamiento al diálogo que ha hecho el gobierno actual: “A nosotros nos parece que el diálogo debió haberse elaborado antes de mandar el modelo de gestión conjuntamente con los demás documentos de la estructura que institucionaliza el sector de la cultura y que ya fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo. Yo, personalmente, no veo la razón de participar en diálogos que terminan legitimando procesos que ya están elaborados”.
También Tatiana Salazar, de la Coalición por la defensa de Archivos, museos y bibliotecas y patrimonio, se unió a esta exigencia de transparencia y a la demanda inmediata de la aplicación de la LOC, sobre todo en materia de seguridad social para los artistas, inversión de la empresa privada al sector y la implementación de los mecanismos necesarios para efectivizar la institucionalidad cultural en el país. «Revisar la reforma al Reglamento no exime el cumplimiento de derechos culturales, laborales y sociales», aclaró Rafael Barriga.
LA CARTA A LENÍN MORENO:
8 de agosto de 2017
Señor Licenciado
Lenín Moreno Garcés
Presidente Constitucional del Ecuador
En su despacho
Señor Presidente,
Con un atento saludo, los abajo firmantes –artistas, gestores, actores, investigadores culturales y ciudadanía en general– nos hemos auto-convocado debido a lo siguiente:
Luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, en diciembre de 2016, un Reglamento General para Ley Orgánica de Cultura fue aprobado, el 23 de mayo del año en curso, último día de mandato del expresidente Correa. Ese reglamento, consideramos, no fue construido con participación del sector cultural.
La Ley Orgánica de Cultura garantiza varios derechos culturales y una estructura institucional para la cultura. Muchos de los plazos que demanda la ley, para estructurar y poner en vigencia las instituciones del Sistema Nacional de Cultura. Por ello, solicitamos públicamente lo siguiente:
- Que se transparente la gestión y la documentación que el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha elaborado para la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura, esto incluye el modelo de gestión y reestructuración institucional de las entidades públicas del Sistema Nacional de Cultura.
- Dado que el Señor Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, manifestó públicamente haber enviado a la Presidencia de la República una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura, pedimos que ese documento, al no haberse socializado ni transparentado, se rechace y se exija que la propuesta de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura sea construida conjuntamente con todos los actores del sector.
El hecho de que sea necesaria la revisión de la reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura no exime a que la Ley de Cultura no se esté cumpliendo. Temas como la Seguridad Social y Laboral, los incentivos fiscales y tributarios para restablecer la relación cultura-empresa privada, la conformación de los respectivos institutos y la reapertura del Museo Nacional, son prioritarios para poner en marcha cualquier modelo de gestión del Sistema Nacional de Cultura.
Dado que se han vencido todos los plazos que los artículos transitorios de la Ley Orgánica de Cultura exigen, demandamos a la brevedad posible se efectivice una institucionalidad que garantice el cumplimiento de nuestros derechos culturales, laborales y sociales.
Señor Presidente, el sector de la cultura y de las industrias creativas que moviliza una gran cantidad de profesionales y beneficiarios, y que debe ser prioritario para dinamizar la economía y el sector productivo, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra a la expectativa y dispuesto a trabajar por un Ecuador productivo y creativo. Consideramos que los plazos las evaluaciones sectoriales han terminado, y que el Gobierno Nacional debe dar, con urgencia, pasos definitivos para el cumplimiento constitucional de la Ley Orgánica de Cultura, transparentando los insumos arriba indicados.
Finalmente, Señor Presidente, aprovechamos la oportunidad para pedirle una audiencia, con el objeto de que una delegación de actores culturales pueda explicitar y extender estas peticiones en forma personal.
Cordialmente,
