Por Gabriela Montalvo / @mgmontalvo
Tras varios meses –en realidad años– de reuniones, indagaciones, búsquedas e intentos, un grupo de cineastas llevó al entonces Congreso Nacional una propuesta para que el Ecuador cuente con una Ley de Cine.
Así, el 3 de febrero de 2006, entró en vigor la Ley de Fomento del Cine Nacional, con la cual se dispuso la creación del Consejo Nacional de Cinematografía y del Fondo de Fomento Cinematográfico. A partir de esa fecha, y a pesar de que el Fondo se financió básicamente con recursos del Presupuesto General del Estado, sin que las demás fuentes previstas, Fondo Nacional de Cultura y donaciones, sean significativas, la producción audiovisual ecuatoriana comenzó a crecer y pasó de 6 estrenos en 2007 a 18 en 2014.
Otro hito importante para este sector (y también para la industria musical) fue la aprobación –el 25 de junio de 2013– de la Ley Orgánica de Comunicación, en la que, recogiendo algunas de las propuestas presentadas por un grupo de productores y actores culturales durante las jornadas denominadas Cien días por la Cultura, que se llevaron a cabo en Montecristi en 2009, se incluyó todo un capítulo dedicado a la producción nacional, con el fin de proteger y fomentar los sectores musical y audiovisual ecuatorianos.
Mientras que la aplicación de los artículos destinados al fomento de la circulación de la creación nacional, 102 y 103 (1×1), fue lenta, el Art. 98 –en el que se establece la expresa prohibición de importar piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras– se aplicó más rápida y efectivamente.
Para comprender cómo una medida que está dirigida específicamente al campo de la publicidad se relaciona con la creación cinematográfica, es necesario comprender lo que implica una industria, en tanto sector económico. En este caso nos referimos al sector audiovisual, que comprende –dentro de lo que en la contabilidad nacional se conoce como actividades características, es decir, propias del sector– tareas tan diversas como la producción de televisión, producción cinematográfica, exhibición de películas, distribución de títulos y obras, preproducción, postproducción, y también, producción audiovisual publicitaria. Dentro de las denominadas actividades conexas se encuentran la iluminación, el sonido, el arrendamiento de equipos, el diseño de escenografías, entre otras. También son parte de la cadena productiva del audiovisual, aunque no son parte de este sector, otras actividades de consumo intermedio, es decir, de sus insumos, como el transporte, servicios legales, de limpieza, de alimentación, de hospedaje y un largo etcétera.
Todos los países que han iniciado procesos de cuantificación del aporte de sus industrias culturales al PIB, a través de una cuenta satélite de Cultura, entre esos el Ecuador, se remiten a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para identificar y contabilizar la producción de las actividades que son parte de una misma industria. Según el CIIU Rev. 3.1 y 4.0, que son las versiones que utilizan todos los países de la Comunidad Andina para sus cuentas satélite de Cultura, las actividades que se consideran parte de la industria audiovisual incluyen la “producción y distribución de filmes y videocintas” (9211), que a su vez contempla la “producción de los estudios cinematográficos y de los estudios especiales para la creación de dibujos animados, de películas de ficción de largometraje, documentales, cortometrajes, etcétera, que se utilizan con fines de entretenimiento público, publicidad, educación, capacitación y divulgación de noticias”. Con esto queremos explicar que, desde el punto de vista económico, la publicidad es uno de los componentes de la industria, o sector, audiovisual.
Es importante partir de esta comprensión para entender que, al emitir una medida de protección dirigida a la publicidad, en realidad se está protegiendo a todo un componente de la industria audiovisual, pero también musical, editorial, del diseño, entre otras.
Las mediciones económicas realizadas justamente a partir de la preocupación de Inglaterra y Francia por proteger su producción simbólica, y con ello su identidad, su cultura, y desarrolladas en nuestra región de manera pionera por Colombia y luego por Argentina, Chile, Uruguay y ahora casi todos los países latinoamericanos, incluyendo Ecuador, nos demuestran que las industrias culturales, y dentro de ellas, el sector audiovisual, son realmente potentes en términos económicos. Con la edición de La Economía Naranja, el BID dejó explícita su intención de promover el desarrollo de este tipo de negocios, exponiendo para ello cifras asombrosas.
Ecuador no es la excepción: de acuerdo a los datos calculados por la Dirección del Sistema de Información del Ministerio de Cultura y Patrimonio, estas industrias aportan con valores que van del 1% al 1,7% del PIB para el periodo 2007 – 2014, monto del cual la industria audiovisual produciría cerca del 40%.
De acuerdo con cifras proporcionadas por el Ministerio de Cultura a la Comunidad Andina (2017), el sector audiovisual habría alcanzado una producción de 632,8 millones de dólares y un valor agregado bruto de 392,3 millones de dólares para 2014, mientras que en 2007 esta producción fue 183,8 millones de dólares y el valor agregado bruto fue de 112,7 millones de dólares. Esto implica un crecimiento promedio interanual de 19,7%. Nada despreciable si se considera que durante el mismo periodo el promedio de crecimiento interanual de la economía en su conjunto fue de 4,7%. De acuerdo con los indicadores del mismo Ministerio, el sector audiovisual ha generado más de 9 400 puestos de trabajo formales en 2015, siendo el sector más importante de la producción cultural, con el 57,7% de los empleos generados por estas industrias.
Todo esto es apenas una muestra del inmenso potencial que tiene el sector audiovisual, suficiente para dejar de ser considerado accesorio o marginal al momento de diseñar e implementar políticas públicas del ámbito económico y productivo.
Según Diego Araujo, cineasta ecuatoriano, el impulso que la medida de protección contenida en el Art. 98 dio a la publicidad, provocó el desarrollo de actividades conexas y relacionadas con la producción audiovisual, como transporte, catering y otros servicios profesionales y artesanales específicos para este sector que “son industrias paralelas que se han desarrollado gracias a la publicidad en Ecuador (…) ¡son empleos!”.
La relación entre la actividad publicitaria y el empleo en el sector audiovisual ha sido observada en otras ocasiones. Un interesante estudio sobre la Industria Audiovisual Argentina, realizado por José Miguel Onaindia y Fernando Madedo, y publicado en 2013, muestra que en 2009, tras un proceso de devaluación que encareció la producción en ese país, la producción publicitaria decreció en un 2,9% provocando con ello una caída del 11,1% en el empleo del sector audiovisual. El mismo estudio señala que, de tres tipos de empresas, o unidades de producción audiovisual, características del vecino país, las mayores corresponden a:
“Medianas empresas orientadas a un cine industrial-comercial: tiene personal e instalaciones propias, y su producción sigue modelos exitosos y estandarizados, (…e incluyen a) una serie de productoras para las que la producción cinematográfica no es una actividad permanente, sino complementaria de la producción de material para el sector audiovisual, tanto para la televisión como para la publicidad.” (2013, 186)
A pesar de que la política pública de nuestro país continúa excluyendo al ámbito cultural de sus prioridades, considerándolo marginal y subsidiario, las medidas dirigidas al fomento, y a la protección de las industrias culturales contenidas en la Ley de Comunicación –junto al programa de Fondos Concursables implementado por el Ministerio de Cultura, así como por el Consejo Nacional de Cinematografía, ahora Instituto de Cine y Creación Audiovisual–, tuvieron sin duda un papel importante en el crecimiento de la producción de este sector durante los últimos años.
Para cineastas como Diego Araujo, director de Feriado (2014) y Agujero Negro (2018), el fomento estatal es uno de los factores que ha impulsado la producción nacional, no solo por el aporte de los Fondos Concursables, con el que ha cubierto cerca del 25% del presupuesto total de sus largometrajes, sino sobre todo porque, según este director, medidas de protección como la aplicada a la publicidad han permitido que el Ecuador tenga un gran desarrollo humano, técnico y creativo, “poniéndonos al mismo nivel que nuestros vecinos, eso no sucedía antes”, señala Araujo, e indica además que el desarrollo de la publicidad ha incidido en aspectos como la disponibilidad de equipos y herramientas que se utilizan en países con una fuerte industria audiovisual, incluyendo Hollywood. “Yo filmé mi película última, Agujero Negro, con la Arri Alexa” (cámara cinematográfica de última tecnología).
Estas son algunas de las razones que están detrás del pedido de quienes son parte del sector audiovisual en Ecuador. Y más allá de las consideraciones económicas, es preciso comprender que al hablar de cine, estamos hablando de la producción simbólica de un pueblo. Es preciso entender que en una sociedad en la que prima el régimen de representación visual, en la que no es necesario ir a una sala de cine o encender un televisor para tener, casi permanentemente, acceso a una pantalla a través de nuestros teléfonos celulares, la producción audiovisual es vital para la libre expresión.
Junto a ellos, el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual, ha expresado que, contrariamente a lo señalado por varios asambleístas, juristas, analistas económicos y parte de la población, mantener esta medida de protección no implicaría irrespetar los requisitos para suscribir tratados de libre comercio, debido a que las medidas de “excepción cultural”, que en suma serían medidas contrarias al libre comercio, han sido invocadas por varios países, empezando por Estados Unidos, quien solicitó esta medida para suscribir el Acuerdo de Florencia; por Francia, para cuya exministra de Cultura, Catherine Trautmann, al hablar de industrias culturales y sobre todo de cine y audiovisual, “encima de las cifras económicas, lo que está en juego es el peligro de ‘uniformización de las culturas, los comportamientos y las ideas’” (Citada por El País, de España, 31 de octubre de 1999). En palabras de Diego Araujo, “el cine son nuestras historias, nuestra cultura. Hay este intento de que todos veamos un tipo de cine, de que todos consumamos un tipo de cultura.”
Como lo señala la Unesco, “a causa de sus características particulares y de la naturaleza ‘sensible’ de la cuestión, la Comunidad Europea decidió abstenerse de todo compromiso relacionado con los servicios audiovisuales (cine, radio, televisión)…”.
Colombia es otro de los países que, contrariamente a lo que hizo México, ha invocado la excepción cultural para suscribir tratados de libre comercio, según lo explicó el mismo Felipe Buitrago, autor de La economía naranja, en una ponencia en Lima en julio de 2014. Sin embargo, se debe reconocer que, junto a estas medidas, Colombia, y otros países que han considerado seriamente el potencial de la producción cultural, no solamente en su dimensión económica, sino, sobre todo, en su dimensión política, han logrado convertirse en exportadores de cine, música, libros, posicionando no solo a sus artistas y a sus expresiones culturales en el mercado mundial, sino que además han utilizado esta producción para transmitir eficazmente una serie de contenidos simbólicos y políticos poderosos.
Quienes trabajan en el sector audiovisual, quienes somos parte, directa e indirectamente de esta industria que, como hemos visto, genera una serie de conexiones económicas, movilizando millones de dólares, pero que además, es una de las más claras y fuertes muestras de la libertad de expresión de un país que no habla únicamente a través de la prensa, sino fundamentalmente a través de sus expresiones culturales, pedimos que se mantenga vigente el Art. 98 de la Ley Orgánica de Comunicación, como un primer paso en la construcción de una política integral de fomento. Pedimos además que se profundice el debate alrededor de este tema, dejando de lado comparaciones que banalizan la discusión al pretender equiparar a la producción simbólica con otro tipo de mercancías, porque estamos hablando de lo más delicado para un pueblo, su cultura.
