Por Rommel Aquieta Núñez / @RommelAquieta
En Quito, sobre las avenidas González Suárez y Francisco de Orellana, entre 1958 y 1960 se edificó un icónico hotel que logró representar la geografía del Ecuador con cierta justicia. Ubicado estratégicamente, el Hotel Quito es un edificio longitudinal que se asemeja a los Andes, consta de un área de jardines y piscina a la que se llamó La Playa, y de pequeñas suites o bungalows acompañados de jardines frontales que simulan una zona selvática para hacer referencia a la Amazonía.
La protección de este complejo arquitectónico es la razón por la que Rocío Bastidas Granizo, veedora ciudadana, miembro del Comité Promejoras del Barrio La Floresta y del colectivo Hotel Quito es Quito, formó parte de un plantón en los exteriores del hotel, la mañana del 5 de junio de 2021. Junto a otros directivos y moradores de barrios aledaños, ella encabezó los reclamos que exigen respeto por este bien patrimonial de la ciudad.
Rocío, quien vive hace 42 años en el barrio La Floresta, fue quien denunció y dio aviso a distintas autoridades municipales y del gobierno central, sobre los trabajos de derrocamiento de paredes y modificaciones internas que se estaban realizando en dos plantas del hotel. El 3 de junio de 2021, personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) llegó hasta la edificación y suspendió las obras que se ejecutaban, debido a que la licencia que habían obtenido sus dueños no justificaba en su totalidad las labores emprendidas. Según la licencia otorgada el 20 de abril de 2021 por la Administración Zonal Eugenio Espejo, se autorizó realizar mantenimiento, acondicionamiento y obras menores. Para Rocío, los trabajos no tenían nada que ver con obras menores. “Sacaron un permiso para cambiar tubos y tumbaron paredes. No es posible que se burlen tanto del patrimonio, de la ciudadanía y de la ley”, exclamó.
Moradores de Guápulo, La Floresta y González Suárez, barrios adyacentes al Hotel Quito, han expresado desde hace tres años su preocupación por un proyecto inmobiliario que se pretende realizar en el ala sur de la edificación. Una ficha técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), realizada en el 2014, señaló que el grado de protección del hotel era solo parcial, precisamente porque el ala sur no tenía valor patrimonial.
El hotel fue vendido en 2016 y, precisamente desde la valoración que se registró sobre el ala sur de la edificación, sus actuales dueños comenzaron a promover un proyecto inmobiliario en ese espacio. “Proyecto cuyo promotor principal es la empresa Uribe & Schwarzkopf”, aclara Rocío.
Actualmente el Hotel Quito, Premio al Ornato 1961, es propiedad de la empresa China Road And Bridge Corporation (CRBC). La firma adquirió el bien por un valor de 30,8 millones de dólares, “en una subasta de oferta pública bursátil a través de las Bolsas de Valores del país”, según anunció el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en un comunicado de prensa de mayo de 2016.
El IESS -en el mismo comunicado- informó que China Road And Bridge Corporation ejecutaba “inversiones y proyectos por más de 100 millones de dólares, especialmente en el campo de infraestructura vial” y que adicionalmente “desde hace cinco años esta empresa extranjera ha ejecutado, en el campo de la infraestructura vial, la construcción, ampliación y rehabilitación de puentes y carreteras que benefician a ocho provincias de la Sierra, Costa y Oriente del Ecuador”.
CRBC es una corporación internacional dedicada al negocio de la construcción de grandes infraestructuras y mantiene operaciones de inversión en todo el mundo. Actualmente tiene sucursales en 60 países y, según datos de la Superintendencia de Compañías, de acuerdo al estado financiero correspondiente al 2020, su total de activos es de USD 100’020.360.
La concejala Luz Elena Coloma, presidenta de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Municipio de Quito, en una entrevista con La Barra Espaciadora dijo que la empresa Uribe & Schwarzkopf ha estado presente en varias mesas técnicas de subcomisión, como promotora, dando a conocer y explicando el proyecto inmobiliario que se pretende construir en el predio del Hotel Quito antes de que los documentos sean aceptados en la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda. Este medio solicitó una entrevista con un portavoz de la firma para obtener su versión sobre este caso. Sin embargo, en la primera respuesta se nos pidió más información sobre las temáticas a tratar. Al responder que nuestro interés era conocer y contrastar su versión sobre la protección patrimonial del ala sur del Hotel Quito, la respuesta de Paulina Narváez, jefa de Comunicación y Relaciones Públicas de la empresa, fue que “por ahora no se están dando entrevistas al respecto”. Insistimos luego de dos meses con una nueva solicitud de entrevista con un vocero o representante de Uribe & Schwarzkopf pero Narváez respondió: “Gracias por escribir, por ahora no se están dando entrevistas al respecto, espero podamos comunicarnos más adelante”. También solicitamos entrevistas con Carlos Baldeón, abogado patrocinador de China Road and Bridge Corporation y con Zhang Xin, apoderado general de CRBC sucursal Ecuador, pero hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuestas de su parte.
Fichas técnicas, venta y conflictos jurídicos
María Samaniego Ponce, presidenta del Colegio de Arquitectos Núcleo Pichincha (CAE-P), nos explicó que las argumentaciones que se exponen en la ficha del 2014 para desproteger el ala sur del hotel no son técnicas sino “consideraciones subjetivas”. Y añadió que lo que recoge ese documento no responde a valores técnicos que haya que tomar en cuenta para la protección patrimonial.
María Catalina Tello, actual directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, afirma que en 2014 el INPC realizó una actualización de la ficha de inventario del Hotel Quito, pero no con una visión integral del espacio, “sino con una visión sesgada, y se lo hizo desde una valoración por partes, donde el ala sur se interpreta como que no tuviera un valor patrimonial”. La polémica ficha fue actualizada y ratificada el 3 de agosto de 2020 por el INPC. En esta actualización y mediante un informe técnico se confirmó que el ala sur del Hotel Quito no tiene valor patrimonial. “Nosotros técnicamente en nuestra gestión creemos que han sido criterios inadecuados y una interpretación equivocada no ver al Hotel Quito en su valor integral”, aclaró Tello, quien dirige el INPC desde diciembre del 2020.
Rocío relata cómo comenzó la preocupación de los moradores. “Cuando nos enteramos que en el 2016 el IESS vende el hotel a una empresa china, también llegamos a conocer tiempo después que iban a ser construidas unas torres para ocupar sus jardines, ocupar el lado de la piscina y el lado sur. Este hecho fue denunciado por líderes barriales conjuntamente con la Comisión Nacional Anticorrupción”. Para Coloma, la ficha técnica del INPC de 2014 fue hecha para vender el hotel. “El Estado ecuatoriano les dice: tú si puedes tumbarte el ala sur del predio. Aquí está una ficha”, comenta Coloma.
La venta de este bien a la empresa china CRBC es considerada una venta irregular por varios colectivos barriales y organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), quienes el 9 de diciembre de 2020 interpusieron formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la venta del inmueble.
Un artículo de El Telégrafo, del 21 diciembre de 2020, recoge que “los miembros de la comitiva advirtieron que en la venta del hotel se habría cometido al menos cuatro presuntos delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP): peculado (artículo 278), enriquecimiento ilícito (279), enriquecimiento privado no justificado (297) e incluso asociación ilícita (370)”.
Germán Rodas, coordinador de la CNA, ha manifestado en reiteradas ocasiones que el proceso de venta fue fraudulento y que lo que buscan como organización y en apoyo a los colectivos ciudadanos es que el inmueble regrese a manos de los trabajadores. La Comisión Nacional Anticorrupción señaló, entre otros, a Richard Espinosa como uno de los causantes de lo que Rodas denominó “la feria del Hotel Quito”. Espinosa fue presidente del Consejo Directivo del IESS hasta noviembre de 2017, cuando la Contraloría General del Estado ratificó una resolución de destitución por supuesta responsabilidad en la eliminación de unos 2.500 millones de dólares de una deuda del Estado con el IESS.
Marcelo Larrea, miembro del colectivo Hotel Quito es Quito, en un artículo de El Universo, del 10 de marzo de 2020, dijo que «si bien la firma china aparece como compradora no hay la seguridad de que esa compañía sea la verdadera beneficiaria”. Para Larrea, en este proceso de adquisición del bien se generaron irregularidades desde el Municipio capitalino, entre ellas “la venta de una calle, que constituye un bien público y ordenanzas que han modificado el uso del suelo para favorecer la construcción de grandes edificios en una zona residencial”.
En su última asamblea realizada el 9 de julio de 2021, el colectivo Hotel Quito es Quito señaló que cuenta con el apoyo de organizaciones barriales de toda la ciudad, como La Floresta, La Mariscal y el sector de Guamaní, conformado por 32 barrios. “Nuestro barrio tiene una larga data para ponerles en su punto a cualquier funcionario municipal, para que se respete lo que quiere la ciudadanía”, advirtió Bastidas.
El proceso judicial de este caso continúa todavía sin respuesta definitiva por parte de las autoridades competentes. Tras conocer los hechos recientemente ocurridos en el interior del hotel, la CNA manifestó, por medio de un comunicado en sus redes sociales, que las obras de ingeniería civil realizadas en la edificación patrimonial “inducen a pensar que se está afectando la estructura del bien”. Y solicitó a Fiscalía acelerar el trámite de la denuncia interpuesta a finales de 2020.
¿Una obligación incumplida?
La compañía Quito Lindo S.A., propietaria anterior del hotel y cuyas acciones pertenecen al IESS, fue quien solicitó al INPC la autorización para la transferencia de dominio de la edificación patrimonial. Lucía Chiriboga Vega, directora ejecutiva del INPC, autorizó esa transferencia en marzo de 2017, luego de que los técnicos de la misma entidad revisaron la ficha de inventario del inmueble (CÓDIGO: IBI-17-01-12-000-000001), es decir, la citada ficha de 2014.
Como parte de la escritura de compraventa entre la Compañía Quito Lindo S.A y la empresa China Road And Bridge Corporation, existe una Declaración Jurada de Conservación de Bien Inmueble, que fue otorgada por la empresa compradora (CRBC) y en ella se deja constancia de que el bien inmueble adquirido “es un bien declarado patrimonial conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Cultura” y que, conforme lo establece la misma Ley en los artículos 65, 66, 67 y demás, la empresa “conoce de la existencia, estado y condición del inmueble en su calidad de bien inventariado, y se somete a la normativa de protección dictada para el efecto, y declara que cumplirá con su obligación de proteger, conservar, restaurar y poner en valor social el INMUEBLE objeto de la transferencia, así como también se obliga a no destruir TOTAL O PARCIALMENTE dicho inmueble por tratarse de un bien perteneciente al patrimonio cultural nacional”.
¿Cómo es que la empresa compradora, luego de declarar que conoce de la obligación de no destruir total o parcialmente el hotel hoy busca derrocar una parte del mismo? Según cuenta María Samaniego, entre los criterios que se recogen en la ficha técnica con la que se vendió el hotel, se dice que al ala sur y a las casitas (una especie de pequeños bungalows o suites más privadas) que fueron concebidas desde el inicio del proyecto arquitectónico no se las ve. “Eso de ningún modo es un criterio técnico, es un criterio completamente subjetivo”, aclara.
“Díganle la verdad a Quito, ¿cómo lo vendieron y si lo vendieron con esa ficha para que se pueda tumbar, se hizo así mismo? Díganle la verdad a Quito”, reclamó Coloma.
En el mismo 2014, el Concejo Metropolitano (desde su competencia de regular y ocupar el suelo, limitando el derecho a edificar y obligando al propietario a conservar) aprobó el listado de bienes inventariados y preseleccionados del barrio La Floresta. Además, aprobó una ficha de inventario que protegía todo el Hotel Quito, la misma que se encuentra registrada en la Resolución C250, reconocida a su vez en 2020 por la Resolución 114 del INPC.
El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del INPC, puede generar una ficha de inventario y definir si un bien es patrimonial o no lo es. Sin embargo, comenta Álvaro Orbea, asesor jurídico de Coloma, “es competencia del GAD permitir derrocar o permitir construir en esos predios patrimoniales, y por tanto el GAD tiene que tener claro en su normativa por qué te deja construir o por qué te deja o no derrocar un bien inmueble”.
El Concejo Metropolitano aprobó en 2014 la ficha donde se protege todo el Hotel Quito y debió conocer que existió un cambio en la misma por parte del INPC, ya que el ente competente para limitar el derecho a edificar es, precisamente, el Municipio.
La ficha de 2014 modificada por el INPC se encuentra hoy en proceso de actualización, según afirma María Catalina Tello. “Este momento está en la Municipalidad, pasando instancias técnicas, y está dentro además de una lógica no solo de mirar el Hotel Quito dentro de su propio predio, sino dentro de un barrio como La Floresta, que ha sido declarado patrimonio cultural”, comentó.
Hotel Quito, Joya de los Andes
Ante la realidad que ha vivido el Hotel Quito en los últimos 5 años, el Colegio de Arquitectos y diversos grupos ciudadanos como el Comité Promejoras del barrio La Floresta presentaron un reclamo formal y comenzaron una campaña a favor de la protección total de este bien emblemático de la ciudad. En octubre del 2020, dirigieron un documento técnico a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, al Ministerio de Cultura y Patrimonio y al INPC, en el que se exponen todas las razones por las que la edificación debería ser protegida íntegramente.
Entre los argumentos se destacan el valor histórico de la edificación, su valor social y de originalidad, su valor arquitectónico y por último su valor urbano.
Según Shayarina Monard, docente investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, “por su función, el Hotel Quito ha albergado eventos nacionales e internacionales y ha sido lugar de estancia de personajes públicos y ciudadanos del mundo. En sus espacios sociales se acordaron negociaciones, nacieron nuevas empresas, se consolidaron alianzas y se tramaron y oficializaron rupturas. Fue un espacio de socialización y de transacciones de poder a todo nivel y de todo tipo”.
En el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador, ubicado en la calle Junín en el tradicional barrio de San Marcos, desde el 20 de febrero se lleva a cabo el evento Hotel Quito Joya de Los Andes, un espacio que forma parte de la campaña liderada por el Colegio de Arquitectos núcleo Pichincha, en favor de la protección completa del bien.
Hotel Quito Joya de los Andes “aspira a presentar mecanismos alternativos para inyectar vida a un complejo patrimonial que a lo largo de los últimos diez años ha sido desamparado con fines comerciales”, explicó el arquitecto y curador oficial Andrés Núñez.
Para Núñez, la conjunción de arquitectura con cultura ha dado un valor especial a este hotel, presente siempre en la memoria de los habitantes de la capital. “Es indispensable que se reactiven las discusiones, se renueven las ideas y se reinstauren las acciones”, comenta. Este arquitecto considera además que la esencia de esta edificación guarda en la memoria colectiva un vasto bagaje de contenidos culturales valiosos. El Hotel Quito “no ha dejado de tener trascendencia y por sobre todo no requiere de la puesta en marcha de operaciones que intentan persuadirnos de que su arquitectura y su paisaje están en crisis y necesitan ser mutilados e invadidos para sobrevivir”, aclara Núñez.
‘El techo del mundo’ y su futuro
La Resolución 114, emitida por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en diciembre de 2020, otorgó protección total a 7000 bienes de Quito. Con ella se reconocieron inventarios de inmuebles con categoría patrimonial aprobados por el Concejo Metropolitano. La protección transitoria que estos inmuebles (incluido el Hotel Quito) mantenían desde marzo de 2019 -mientras se cumplían los protocolos necesarios para su incorporación al inventario nacional- se convirtió así en una protección definitiva en 2020.
Luego de que esta resolución entró en vigencia, quedaba pendiente la tarea de inscribir la categoría patrimonial de los 7000 bienes en el Registro de la Propiedad, pero eso todavía no se ha hecho. Según Coloma, la entidad registral ha incluido momentáneamente en sus certificados de gravámenes (certificación emitida en relación a determinado bien, en la que se incluye la descripción de la propiedad, los propietarios y todos los gravámenes y limitaciones que pudieran pesar sobre el bien del que se trate) una observación aclaratoria al respecto de la categoría patrimonial que tiene o no un bien en la capital por pedido de la propia Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio que ella preside.
La observación aclara que el certificado obtenido en el Registro de la Propiedad del Municipio de Quito no valida si un inmueble es un bien patrimonial o no. Para conocer si este se encuentra inventariado como bien patrimonial el interesado deberá revisar el Informe de Regulación Metropolitana en la página web de consulta del IRM municipal.
“Existe una preocupación sobre esta realidad -explicó Coloma- que no ha podido ser resuelta por la entidad registral. Esta es una solución temporal”, puesto que existe una sentencia de la Corte Constitucional de 2016, que dice que no es suficiente que la declaratoria de un bien patrimonial se encuentre registrada en el inventario de bienes patrimoniales, sino que dicha declaratoria debe ser inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón donde está ubicado el inmueble.
Si no se ha dado cumplimiento estricto a la sentencia de 2016 de la Corte Constitucional, ¿cómo se puede conocer si existen otros predios en las mismas circunstancias?
“He tenido al Registro de la Propiedad y a Catastro sentados en la comisión, apercollándoles para que resuelvan este problema técnicamente y eso hay que hacer. Tienen que hacer lo que haya que hacer, porque si no está inscrito aquí, corres el riesgo de que no tenga validez legal y habrá quienes usen ese argumento, es verdad. Eso es una preocupación, sin duda”, confesó Coloma.
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El caso del Hotel Quito ha levantado alertas sobre la necesidad de implementar políticas claras de protección del patrimonio. “Este problema sucede en todo el país. Un ejemplo de ello es el edificio del Ministerio de Agricultura de Portoviejo, que es una joya de la arquitectura moderna y está prácticamente en ruinas, vulnerado por los mismos propietarios para que se caiga”, dijo María Samaniego.
En enero de 2021, China Road and Bridge Corporation dirigió un oficio a la directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el cual solicitó la nulidad de la Resolución 114-DE-INPC-2020, que otorga protección completa a 7000 bienes inmuebles incluido el Hotel Quito como bien Patrimonial Cultural Nacional.
Tanto el Ministerio de Cultura y Patrimonio como el Municipio de Quito, al ser las entidades competentes, dice Samaniego, “tienen que emitir, pensar, proyectar y proponer políticas de gestión del patrimonio cultural nacional”. Para ella en este momento todos los dueños y propietarios de edificios y lotes patrimoniales tienen una carga. “Lo que hacen es esperar sentados hasta que se caigan los inmuebles porque no tienen las herramientas para que estos predios y estos bienes sean útiles y puedan generar que se mueva la economía o algún tipo de beneficio para ellos”.
Coloma cree que la disputa por la validez y el reconocimiento de los inventarios ha quedado cerrada por el propio INPC con la emisión de la resolución 114 que los dueños actuales del Hotel Quito pretenden anular. Su asesor jurídico aclaró, además, que recibieron “una carta del exministro de Cultura, Julio Bueno, en la que se indica que dicha resolución no carece de ningún vicio de nulidad”.
María Catalina Tello dijo que la respuesta dada al oficio de CRBC fue que dicha reclamación no procedía. “Hemos solventado desde lo técnico y desde lo legal la total vigencia y legalidad de la Resolución 114. Esta es una resolución que se enmarca en la Ley Orgánica de Cultura, su reglamento y la normativa vigente”.
Según se señala en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Cultura, cualquier persona natural o jurídica que tenga bajo su cargo o responsabilidad bienes pertenecientes al patrimonio cultural nacional tienen la obligación de protegerlos, conservarlos, restaurarlos y ponerlos en valor social. De igual manera, en su artículo 67, la misma ley señala que se prohíbe la destrucción total o parcial de bienes del patrimonio cultural nacional. Cuando se trate de edificaciones patrimoniales se promoverá su conservación y rehabilitación.
El INPC, según Tello, realizó todos los cambios necesarios a nivel técnico y administrativo que posibilitaron tener una resolución y un trabajo interinstitucional en favor del patrimonio cultural y del Hotel Quito, sobre todo. “Felizmente el Hotel Quito tiene un valor integral, no se provocó ninguna alteración ni ningún daño”.
Pero Rocío Bastidas todavía no lo cree. Esta exdocente universitaria que lleva más de 30 años realizando activismo ciudadano recalca que la empresa china en alianza con Uribe & Schwarzkopf “desestima la vigilancia ciudadana”. Para Rocío ha sido costumbre ver a estas inmobiliarias acabar con todo, tumbarlo todo y dejar solo el cascarón sin importar que se llegue a suspender la obra. “Pagan la multa y no pasa nada, mientras el patrimonio sigue siendo herido de muerte, sacrificado a vista y paciencia de todo el mundo. Alguien tiene aquí que señalarles con el dedo y decirles que no sean tan cínicos”, insiste Rocío.
Actualmente la empresa Uribe & Schwarzkopf enfrenta un conflicto con vecinos y activistas de los valles de Tumbaco y Cumbayá, pues la constructora tiene previsto edificar dos obras de gran magnitud en el sector: una estación de buses para uso público y un conjunto residencial llamado Botániqo. Moradores del sector reclaman entre otros aspectos la eliminación de espacios de protección ecológica de propiedad municipal que estarían involucrados en dicho proyecto.
“Si no hay delimitación correcta y transparente de los predios van a persistir los caníbales de las inmobiliarias para meterse en el último resquicio, como lo están haciendo en Cumbayá y Tumbaco, que quieren construir en quebrada. Ese pueblo también está levantado como nosotros y no les van a dejar. Llegó la hora de pararnos más duro ahora”, finalizó Rocío.
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