La cultura en emergencia y la descortesía oficial

Por Gabriela Montalvo / @mgmontalvo

La mañana del 7 de agosto del 2019, 18 asociaciones y gremios de artistas y gestores culturales se convocaron a una marcha para demandar acciones concretas de parte del gobierno con respecto al denominado sector cultural. Esta es la segunda marcha en menos de tres meses que ocupa las calles y son los propios actores de este ámbito quienes han declarado a «La cultura en emergencia”.

En una reacción política tardía, el gobierno del presidente Lenín Moreno nombró al conocido músico Juan Fernando Velasco como su segundo Ministro de Cultura, queriendo demostrar un cambio de dirección con respecto a su antecesor, el escritor Raúl Pérez Torres. Y Velasco ha tenido que enfrentar de entrada los sinsabores de la gestión pública. El 18 de junio se realizó la primera marcha de artistas y gestores culturales, bajo el lema «La cultura en emergencia», para exigir, entre otros puntos, condiciones dignas de trabajo, y el 24 de julio, el flamante funcionario estuvo en la Asamblea Nacional, para explicar sus primeras decisiones con respecto al Festival de Artes Vivas de Loja.

Durante estas semanas, no han parado de publicarse artículos y notas en varios medios de comunicación nacionales y los posts y comentarios en redes sociales han sido constantes e insistentes. Esas expresiones, manifiestas en las dos marchas masivas, son algunas de las acciones que evidencian el malestar y el descontento no solo de quienes dedican su vida a actividades artísticas y culturales, sino de toda la población con respecto a la cuestionada política cultural de los dos últimos gobiernos.

Los mensajes oficiales

A pesar de que las primeras acciones de Velasco –principalmente la revisión al presupuesto y el manejo del Festival de Loja, la convocatoria para un nuevo concurso público para nombrar al Director Ejecutivo del IFAIC, el nombramiento de María Fernanda Ampuero, joven y reconocida escritora como nueva gerenta del Plan Nacional de Lectura y la concreción de la firma del Decreto Ejecutivo que establece tarifa IVA cero para 10 servicios culturales– han enviado un mensaje que muchos han considerado refrescante e incluso alentador, los artistas y gestores culturales todavía desconfían profundamente del gobierno y de su mirada hacia al sector cultural.

Si bien las marchas del 18 de junio y la del 7 de agosto tienen demandas específicas, los actores culturales han reclamado por años la definición explícita de una agenda de política cultural. Sin embargo, con una clara maniobra política, el gobierno empieza a dar respuesta a este requerimiento y anunció, justamente para el 7 de agosto, el lanzamiento de su “Plan Integral de Incentivos y Fomento a la Economía Naranja ‘Ecuador Creativo’” en las instalaciones del Palacio de Cristal del Parque Itchimbía, a las 11:30. Exactamente una hora más tarde que la señalada para iniciar la marcha, frente al Ministerio de Cultura.

Estas acciones por parte del ente rector envían algunos mensajes:

Primero, que el solo hecho de que el Ministerio de Cultura anuncie un plan constituye una ruptura con administraciones anteriores, que operaron más bien al ritmo de la coyuntura política.

Segundo, la visión de Velasco está ligada al enfoque de la llamada “Economía Naranja” (la misma invitación institucional incluye este término) y al desarrollo de las industrias culturales y creativas.

No obstante, es claro que aunque la intención del nuevo ministro sea la de renovar y dialogar, al gobierno todavía le falta un buen trecho para dar señales de querer saldar la deuda integral con la cultura. Dos de las demandas de la marcha del 7A son que la Dirección de Gestión Cultural que funciona en la Presidencia de la República, y que está encargada del Proyecto Arte para Todos, pase a ser parte del Sistema Nacional de Cultura y que se abran los presupuestos públicos de cultura para un análisis y revisión junto a la ciudadanía. Responder a estos legítimos requerimientos ciudadanos que tienen que ver con las obligaciones de transparencia, participación y elemental cumplimiento de la propia Ley, constituyen los verdaderos desafíos del gobierno para probar cuál es su interés real en el ámbito cultural.

La primera conquista en este sentido es haber logrado la aprobación d ela solicitud de juicio político en contra del exministro Raúl Pérez Torres, que ocurrió como colofón de la marcha de este 7 de agosto. Quedó la duda, sin embargo, de si se oficializará la insinuación de que el programa Arte para todos pase a ser parte del Sistema nacional de cultura bajo la rectoría del Ministerio.

Por lo demás, resulta absolutamente contradictorio que se pretenda lanzar un plan de incentivos a la Economía Naranja, enfoque que tiene como uno de sus principales ejes el de la información, específicamente el de la información macroeconómica sobre el quehacer cultural, cuando se anuncia al mismo tiempo la suspensión de la publicación de las cuentas nacionales por parte del Banco Central.

El manejo político del gobierno en el ámbito cultural no parece ser inofensivo: planificar un evento oficial para la misma fecha y hora en la que está convocada la marcha ciudadana aparece, por lo menos, como descortés.

En todo caso, es claro que la Cultura, el denominado sector cultural, ha entrado en la mira política del gobierno, lo cual implica un cambio de estatus en las prioridades de la gestión pública y se entiende que no puede ser minimizado.

Esperamos que el Plan anunciado, así como las acciones que ejecuta esta administración, sean parte de una verdadera política de gobierno que ponga al campo cultural como prioridad política y económica, y no constituyan un nuevo maltrato, no solo a artistas y gestores, sino a buena parte del equipo técnico y profesional del propio Ministerio, que se ha dedicado durante años a estudiar, investigar y trabajar sobre este tema.