Por Salvador Esteban
Artículo de nuestro medio aliado Diagonal.
El encontronazo entre Apple y el FBI ha reavivado el debate sobre los derechos de los ciudadanos en la red y la nueva visión de la privacidad propia de nuestro tiempo.
Compartimos libremente en redes sociales buena parte de nuestra vida privada, no obstante, en algunos casos, la avidez de los gobiernos por el control de la información transgrede el límite de la legalidad. Y quienes denuncian estos abusos suelen sufrir las consecuencias de forma desmesurada.
El periodista y cofundador de Attac Ignacio Ramonet se refiere a este nuevo contexto como El imperio de la vigilancia. En su ensayo, de título homónimo, afirma lo siguiente: «Sin que nos demos cuenta, estamos, cada vez más, siendo observados, espiados, vigilados, controlados, fichados. Cada día se perfeccionan nuevas tecnologías para el rastreo de nuestras huellas».
Tal como este experto en geopolítica indica, «empresas comerciales y agencias publicitarias cachean nuestras vidas» y «con el pretexto de luchar contra el terrorismo y otras plagas, los gobiernos, incluso los más democráticos, se erigen en Big Brother, y no dudan en quebrantar sus propias leyes para poder espiarnos mejor”.
El caso Apple-FBI
La polémica comenzó el día 17 de febrero de este año. La magistrada federal Sheri Pym ordenó a Apple que ayudara a desbloquear y a acceder al iPhone de Syed Farook, uno de los dos autores del tiroteo de San Bernardino, California, en el que murieron 14 personas el pasado diciembre.
El FBI le pidió a la compañía de Cupertino que desarrollara un nuevo sistema operativo capaz de burlar el sistema de encriptado del iPhone, con el fin de acceder a informacion que se consideraba de alto valor.
Apple se negó a desarrollarlo, lo que les costó una demanda por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tal y como recogía Tim Cook, CEO de Apple, en un comunicado «el gobierno de los Estados Unidos nos ha pedido algo que simplemente no tenemos, algo que consideramos demasiado peligroso crear. Nos han pedido construir una puerta trasera en el iPhone».
Además, Cook afirmaba también que a pesar de que el gobierno asegurara que el uso de esta herramienta estaría limitado a este caso en concreto, no habría forma de garantizar el control sobre ella.
«Efectivamente si hay una puerta trasera podría utilizarse para vulnerar la privacidad de cualquier usuario, no solamente la de los delincuentes. Ahí está la clave del debate: ¿queremos un estado todopoderoso que espíe a todos sus ciudadanos bajo el supuesto de luchar contra la delincuencia, o queremos limitar los poderes del Estado para dificultar el espionaje, aún a costa de que los delincuentes tampoco puedan ser espiados?», se pregunta Francisco Serradilla, profesor del Máster en desarrollo de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles de la Universidad Politécnica de Madrid.
Una de las principales máximas dentro del mundo de la tecnología consiste en que «si no eres el cliente, eres el producto». Los servicios ofrecidos por Google, Facebook o Twitter son gratuitos porque el beneficio de estas empresas reside en el usuario en sí mismo: la información personal que nosotros ofrecemos voluntariamente es utilizada con fines comerciales. Sin embargo, Apple utiliza este concepto para diferenciarse de sus competidores.
Serradilla es muy claro al respecto: «Obviamente Apple es una empresa, y como tal busca obtener beneficios. En su estrategia empresarial pretende diferenciarse de su principal competidora, Google, ofreciendo productos más seguros frente a intentos de robo de datos o accesos no autorizados a la información privada del usuario».
El asunto quedó zanjado cuando el pasado 29 de marzo el FBI aseguró haber desbloquedo el iPhone de Syed Farook a través de una tercera persona que ofreció su ayuda, cuya identidad no ha sido desvelada. El FBI tampoco ha desvelado la información almacenada en el teléfono del criminal, ni cómo ha sido capaz de sortear el encriptado del terminal.
De esta forma, el Departamento de Justicia ha retirado la demanda contra Applepor negarse a colaborar. Éste ha sido el último caso de un enfrentamiento contra el ‘imperio de la vigilancia’ al que se refería Ramonet en su escrito, y la compañía californiana ha salido bien parada. No obstante, los anteriores precedentes no son esperanzadores.
La contribución de los ‘whistleblowers’
El término conocido como ‘whistleblower’ se emplea para definir a quien filtra documentación clasificada para dar a conocer casos de corrupción o de violaciones de derechos fundamentales, es decir, informantes.
Los casos más relevantes son los de Julian Assange, John Kiriakou y Edward Snowden. El primero destapó violaciones a los derechos humanos perpetradas por diversos países, de entre los que destaca Estados Unidos, a través de la plataforma Wikileaks, gracias también a la colaboración de la soldado Chelsea Manning, que filtró miles de documentos clasificados de las Guerras de Iraq y Afganistán.
El caso de John Kiriakou, ex-agente de la CIA, es algo menos conocido. Kiriakou fue el primer agente que filtró el programa de torturas de la prisión americana de Guantánamo (Cuba) en 2007, entre las que se incluían el ahogamiento simulado y la privación del sueño.
Por su parte, Edward Snowden, analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de Agencia de Seguridad Nacional (NSA), desveló la trama de espionaje masivo y sistemático del gobierno de Estados Unidos en junio de 2013, que también afectaba a otros países, algunos pertenecientes a la Unión Europea.
«En el caso de que los países europeos estuvieran haciendo las mismas técnicas de espionaje masivo afectaría a dos derechos: el derecho a la privacidad y el derecho de protección de datos personales. El derecho a la privacidad es violado porque es una invasión a lo que la personas comunican entre ellas de forma privada y que no tiene que estar bajo la vigilancia de los estados, a no ser que se haga dentro de las formas establecidas dentro del estado de derecho», asegura Diego Naranjo, del grupo European Digital Rights (EDRi).
Por otro lado, con la protección de datos personales, continúa Naranjo, «no puede aceptarse que en un estado de la Unión Europea, donde funciona la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que gobiernos extranjeros accedan a la información privada e los ciudadanos, en teoría, para protegernos del terrorismo. Como bien ha dicho Edward Snowden, no ha prevenido un solo ataque terrorista, simplemente es una forma de control de la población».
El precio a pagar
La administración Obama castiga con dureza inédita todo tipo de filtraciones de información. Desde 2009, se ha procesado a nueve personas por casos de filtraciones, un total mayor que el resto de gobiernos de Estados Unidos juntos. El balance de las consecuencias sufridas por los whistleblowers mencionados anteriormente es demoledor.
«Julian Assange se encuentra en una forma de detención no buscada, tras las supuestas acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él. Las Naciones Unidas ya han declarado que la detención de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, por llamarlo de alguna forma, ha de ser resuelta de la forma más rápida posible porque va en contra de la legalidad internacional», tal y como recoge Naranjo.
Chelsea Manning cumple 35 años de condena. Edward Snowden está exiliado en Rusia, y en caso de que llegara a pisar suelo estadounidense podría enfrentarse a cadena perpetua. Kiriakou cumplió dos años de prisión y tres meses de arresto domiciliario, tras declararse culpable de haber filtrado información, para evitar una condena mucho mayor.
«Refiriéndonos a los whistleblowers el Parlamentento Europeo declaró el 29 de octubre del año pasado que estas figuras han de ser protegidas. Edward Snowden es un defensor de los derechos humanos, y el caso de Kiriakou es similar. Los estados tienen la obligación de proteger a estas personas que denuncian prácticas ilegales de cualquier gobierno», sentencia Naranjo.
No obstante, aunque la protección de los informantes sea fundamental para asegurar las garantizar un estado democrático de derecho, la realidad en el control de la información es distinta. «Si por nuestros gobiernos fuera, Orwell se quedó corto. Hay que entender que la información es poder, desde político hasta, aún más, económico, y el acceso a la información privada es suculenta para tomar decisiones el en propio beneficio», concluye Serradilla.
