Por La Barra Espaciadora
@EspaciadoraBar
Conocer los nombres que conforman el círculo del poder nos permite comprender de mejor manera su estructura y las visiones que en él se entretejen para delinear las políticas de Estado y sus líneas operativas.
Con este objetivo en mente, La Barra Espaciadora expone la tercera parte de la serie Los Nombres de la Revolución, en la que se han visto algunos pormenores, no muy conocidos, de algunas de las piezas fundamentales del Gobierno del presidente Rafael Correa.
El fiscal que fue abogado de Correa
Galo Chiriboga Zambrano
foto: Agencia Andes.
El fiscal Galo Chiriboga es uno de los hombres que sustenta el proceso de Revolución Ciudadana. Pese ser parte del sistema de justicia, en varias oportunidades se ha pronunciado afín al proceso que lleva adelante el Gobierno y, particularmente, el presidente de la República. Su afinidad con el régimen y con el presidente Correa no es nueva, de hecho, con Correa tiene familiares comunes: su padre es tío abuelo político del presidente. Pero, más allá de aquel parentesco, los Correa y los Chiriboga tenían una cercanía que los hacía llamarse primos, tal como lo confesó el hermano mayor del primer mandatario, Fabricio Correa, en el 2011.
El fiscal del Estado ha cumplido funciones públicas durante muchos años. Se inició como intendente de Pichincha durante el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. En el Gobierno de Alfredo Palacio fue una figura de suma importancia al frente del Ministerio de Gobierno, de Trabajo y también como presidente de Petroecuador. Durante el Gobierno de Correa ha sido ministro de Energía y luego, embajador en España. Augusto Barrera lo venció en las elecciones primarias de PAIS cuando Chiriboga quería ser alcalde de Quito.
Chiriboga fue quien logró la primera sentencia a favor del presidente Correa, fue su abogado en el juicio que interpuso el mandatario contra el Banco Pichincha y logró una indemnización de 600 mil dólares a favor de su “cliente”.
Uno de los capítulos más polémicos de su vida pública fue justamente cuando participó en el concurso público para ser fiscal. Desde el principio, Chiriboga se erigió como el candidato que gozaba del respaldo del presidente, quien en varias oportunidades lo apadrinó públicamente.
Según la veeduría que se instaló para el concurso, este tuvo varias irregularidades que favorecieron a Chiriboga, a quien calificaron con 86 puntos, después de que solicitara una recalificación de sus notas. Es que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana decidieron subirle un punto. Resultó por lo menos curioso que Chiriboga fuera el único a quien recalificaron y subieron puntaje. A Juan Vizueta, quien hasta ese momento era el más opcionado, le restaron 10 puntos durante el mismo proceso, haciendo que perdiera cualquier oportunidad de obtener el puesto de fiscal. Aún más curioso fue que en el concurso se determinó que Chiriboga había dictado clases solo en una universidad durante seis días, mientras el requisito para obtener puntos era que lo hubiera hecho al menos durante seis meses. Los miembros del consejo pasaron por alto este “detalle” y le otorgaron la mayor calificación. Además, Chiriboga exhibió diplomas que le dieron puntos adicionales en el concurso: se trataba de diplomas de su representación en la Asociación Americana de Juristas, organización que él creó y dirigió. Es más, él mismo firmó sus diplomas.
Posibles conflictos de intereses tampoco fueron observados en el Consejo de Participación, especialmente en el caso Palo Azul, tema petrolero que Chiriboga dirimió cuando fue ministro de Energía y que ahora, como fiscal, debe también definir. Fueron el asambleísta Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, quienes presentaron una impugnación a la candidatura de Chiriboga con estas y otras denuncias, pero el Consejo de Participación nunca las tomó en serio y quienes lo impugnaron deben cumplir una sentencia por injurias en contra del presidente Correa, en un caso que fue impulsado por la misma Fiscalía encabezada por Chiriboga.
El fiscal cumple un papel primordial en los casos impulsados por el Gobierno, muestra de ello son todos los relacionados con el 30-S, los cuales, sin excepción, han marchado de acuerdo con el guión ideado por el régimen.
Sus propias declaraciones no siempre han dejado “bien parado” a Chiriboga. Ejemplo de eso es cuando, después de la matanza taromenane, perpetrada por indígenas waorani, Chiriboga hizo declaraciones sobre el origen del conflicto basándose en una supuesta “versión” de una niña perteneciente al clan exterminado, quien fue raptada por los wao. Luego, Chiriboga debió retractarse cuando no pudo sustentar su posición.
Lo mismo le tocó hacer cuando declaró que el joven David Romo, desaparecido hace 10 meses, había estado en una supuesta clínica de rehabilitación que fue allanada. Tras verificar la versión, el Fiscal debió retractarse y ofrecer disculpas a la familia del joven desaparecido.
Con ese estilo, Chiriboga está al frente de la Fiscalía en donde también hay procesos marcados por la lentitud, como el que se sigue contra el primo del presidente, Pedro Delgado, quien en su defensa exhibió incluso los mensajes de chat que cursaba con el fiscal.
Hace el segundo intento de cambiar la justicia
Gustavo Jalkh Robben
Gustavo Jalkh es ahora presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y desde ahí, tiene como objetivo concluir el cambio de la justicia del Ecuador. Así, Jalkh hará su segundo intento para conseguirlo. El primero fue cuando dirigió Projusticia, la unidad que coordinaba el cambio de la matriz judicial y basaba ese proceso en la independencia de la Función Judicial.
Tanto marcaba este concepto el trabajo de Projusticia, que Jalkh renunció a su posición cuando en el gobierno de Gutiérrez se destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se integró la denominada ‘Pichicorte’, que permitiría el transitorio regreso al país del expresidente Abdalá Bucaram.
Por no estar de acuerdo con la injerencia del Ejecutivo en la justicia, Jalkh dejó su puesto. Luego sería acusado de haber manejado Projusticia discrecionalmente y de no haber rendido cuentas a su salida. Esa acusación no llegó a conclusión alguna.
Desde el 2007 se vinculó al Gobierno de Rafael Correa y fue el primer ministro de Justicia, luego pasó al Ministerio del Interior y durante el período en el que estuvo al frente de esa cartera sucedió la revuelta policial del 30-S. Dos meses después llegó a Carondelet como secretario particular del presidente, desde donde se convirtió en un puntal para estructurar la posición política al respecto de lo sucedido durante el levantamiento policial y, por consiguiente, las posteriores acciones legales interpuestas por el Gobierno.
Su relación con Correa es de tal cercanía que el mandatario fue uno de los testigos de matrimonio entre Jalkh y Raquel Roldán
Ahora el exministro es el máximo administrador de la justicia ecuatoriana, bajo los lineamientos del Ejecutivo, que ha planteado incluso cuestionamientos frontales y públicos a la independencia de las funciones. Si en algún momento Jalkh renunció por la intervención del Ejecutivo en la justicia, hoy apuntala operativamente esa visión.
Doris Soliz
La ministra con mano de hierro
La cuencana Doris Soliz es una de las ideólogas del proceso de Revolución Ciudadana, incluso es una de las personas que, en la casa de Alberto Acosta, delineó el plan de Gobierno de PAIS, con el objetivo de llevar a Rafael Correa a la Presidencia de la República.
Para ese momento, en el 2006, Soliz ya no era nueva en política. Años antes había dado sus primeros pasos en el MPD y luego tuvo una militancia en Pachakutik, movimiento que la llevó a una concejalía en Cuenca y de ahí, con el respaldo del alcalde Fernando Cordero, fue nombrada vicealcaldesa.
Su carrera política empezó a tener un aire nacional cuando fue nombrada ministra de Turismo en el 2003, por el entonces presidente Lucio Gutiérrez. Después de la ruptura del expresidente con Pachakutik, Soliz hizo trabajo ideológico y reapareció en el 2007 cuando fue nombrada por el presidente Correa como su ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural. Dirigiendo ese ministerio enfrentó su primer cuestionamiento público cuando la organización Sendas, que ella misma formó y dirigió, fue contratada para hacer consultorías por alrededor de 150 mil dólares.
Luego fue secretaria de Pueblos y su paso por esa dependencia fue vital para la reorganización de bases del movimiento PAIS de cara a los comicios del 2009. Dentro del oficialismo todos reconocen que Soliz fue un puntal para estructurar el movimiento a escala nacional y que tiene gran influencia en muchos sectores.
De la Secretaría de los Pueblos, Soliz saltó al Ministerio Coordinador de la Política. Al frente de esa cartera de Estado trabajó de la mano de Vinicio Alvarado y fue gestora del concepto de lealtad dentro de PAIS, en los momentos críticos de la relación del Ejecutivo con su bloque en la Asamblea.
Ella fue la autora de la política de no deliberación en el bloque y de la absoluta alineación de sus miembros a las disposiciones emanadas desde el Ejecutivo, política que ejerció con rigidez y sin opción a cuestionamientos. Esa política llegó a tal punto que los legisladores oficialistas recibían las disposiciones fotocopiadas en pequeños papeles que les servían de ayuda memoria de lo que tenían que decir y también de sus votaciones.
Tras ser cuestionada dentro del movimiento por su estilo, en el 2012 Soliz fue nombrada ministra Coordinadora de Desarrollo Social y posteriormente Ministra de Inclusión Económica y Social.
Aunque en ambas posiciones bajó su perfil político público, dentro del Gobierno sigue siendo una de las personas con mayor influencia. Fue incluso una de las impulsoras de la Ley de Comunicación, norma con la que se creó la Superintendencia de Comunicación e Información que ahora encabeza Carlos Ochoa, compañero sentimental de la ministra desde hace varios años.
