La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
Fotos: Jonathan Venegas / @venegasj92
#8M Quito. Cuánta energía! ✊ será hasta que no tengamos que llorar porque nos matan, nos violan, nos abusan. Hasta que dejemos el miedo! Mientras tanto… pelearemos! 💜💚
Este fue el post que una periodista quiteña colgó en su muro de Facebook este 8 de marzo del 2020, mientras unas 15 000 personas marchaban por las calles de la capital ecuatoriana.
Durante las últimas décadas, colectivos feministas, organizaciones sociales, grupos artísticos, medios de comunicación y sociedad civil protagonizan en Ecuador un activismo que se ha vuelto transversal a la vida pública de este país, signado por la violencia de género desde sus orígenes y desde sus primeros discursos constitutivos.
Edificado sobre cimientos que enaltecen símbolos como el heroísmo cívico, la guerra por la libertad, la emancipación y el patriotismo, Ecuador ha diseñado un Estado de machos para machos, en el que la mujer, en el mejor de los casos, ha quedado relagada al sitial que ocupa la valentía alegórica. El resultado -luego de 190 años de vida republicana- es la efervescencia en las calles, la organización social y política y la incidencia permanente en la gestión de la política pública.
Por eso, cada #8M reúne a miles de mujeres en las calles y plazas, con el propósito de mantener viva la protesta en contra de ese «Estado violador» que, aunque integre en sus filas a algunas mujeres, no deja de succionarlas para aniquilar cualquier intento de subvertir el orden patriarcal que implanta a diario.
Según Naciones Unidas, un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo muere a diario, víctima de la violencia de su pareja o de un miembro de su familia. En Latinoamérica están 14 de los 25 países con las tasas más altas de mujeres asesinadas en todo el mundo. Eso sin contar con que el modelo de producción que hemos elegido se muestra como la estructura más hostil para las mujeres: según el Global Wealth Report, los hombres poseen el 50% más de la riqueza total del mundo que las mujeres. En promedio, las mujeres reciben el 77% de lo que reciben los hombres por igual trabajo, educación y responsabilidad.
En países como Ecuador, mientras organizaciones como Cepam hablan de 17 casos de femicidios, en lo que va del 2020, la Fiscalía General del Estado muestra apenas 8 casos. Entre el 2014 y el 2020, la cifra de muertes violentas en contra de mujeres que corresponden a femicidios alcanzan las 385 y los casos de mujeres asesinadas de entre 15 y 34 años llegan a 237 de ese gran total. Pero, aún más grave es decir que de esos 385 casos, 349 señalan al asesino como pareja, expareja, conviviente o exconviviente.
Estos son los datos de un país que cuando aprueba leyes no permite que estas gocen de condiciones para su ejecución. En diciembre del 2019, el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció un recorte presupuestario para la ejecución de la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia Contra la Mujer de un 84%, que incluye la eliminación total de recursos para la prevención de embarazos adolescentes.
Según el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador, 160 niñas dan a luz anualmente en este país latinoamericano, pero no existen condiciones ni dinero para erradicar este mal.
El #8M es un cúmulo de razones diversas como diversas son sus protagonistas. La marcha por el #DíaInternacionalDeLaMujer en Quito reunió a colectivos de mujeres amazónicas defensoras de los recursos hídricos amenazados por la minería y el extractvismo. Este colectivo llegó a Quito para denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos que sufren, como protectoras de los territorios de las nacionalidades indígenas amazónicas. La arremetida extractivista que enfrentan las comunidades y pueblos indígenas en Ecuador ha levantado a varias organizaciones sociales debido al irrespeto por parte del Estado a su derecho a decidir. Aunque la Constitución de la República del Ecuador manda que se realicen procesos de consulta previa ante cualquier intención de proyección minera o petrolera, las autoridades han instituido una política de inconstitucionalidad para otorgar concesiones aún en zonas protegidas.
A Ecuador le queda mucho trecho por recorrer, sin embargo, cabe reconocer que hay ciertos avances y las mujeres no contemplan la posibilidad de conformarse. Queda, por ejemplo, alcanzar la despenalización del aborto para evitar que más mujeres mueran por falta de condiciones de salubridad, por los índices de violencia machista y por la pacatería de una sociedad moralista y moralizante.
Queda por delante erradicar el femicidio y las prácticas cotidianas que conducen a la agresión contra una mujer. Queda como deuda fundamental sanear el sistema de justicia, asignar recursos suficientes para contar con jueces y fiscales especializados en asuntos de género.
Queda considerar al sistema educativo como el terreno más idóneo para construir una comunidad de respeto y justicia; queda eso y queda mucho más por lograr. En las calles, las proclamas y los carteles exigen todo eso y mucho más, y también son claros al decir que no hay vuelta atrás.
