Por Aïda Delpuech
Traducido por Mathieu Tourlière
Con sus incesantes denuncias contra actos de corrupción e ilegalidades, el periodista Rafael Moreno se volvió un incordio para muchas personas influyentes en la provincia de Córdoba. Las amenazas se acumularon, hasta que en 2017 solicitó por primera vez el apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), puesto que en esa época se sentía amenazado por ser el presidente de la Junta de Acción Comunal – una organización solidaria local – de Puerto Libertador, su ciudad natal.
La UNP es un organismo de seguridad, que depende del Ministerio del Interior de Colombia. Se encarga de coordinar la protección y la escolta de periodistas o comunidades amenazadas por sus labores, ya sean políticas, judiciales, periodísticas, sindicales, comunitarias, económicas u otras.
En Colombia, más de 10 mil personas se encuentran bajo protección de la UNP a nivel individual, y otras 50 mil tienen medidas cautelares a nivel colectivo, según cifras oficiales que comunica Augusto Rodríguez, el director del organismo. En la provincia de Córdoba, de donde venía Rafael Moreno, 202 personas se benefician de una protección por parte de este organismo.
La UNP otorgó una primera medida de protección a Rafael Moreno en junio de 2017: incluyó un guardaespaldas, un chaleco antibalas y un botón de pánico. Un año más tarde, en noviembre de 2018, el organismo incrementó su nivel de riesgo a “extraordinario”, y le asignó una escolta adicional, así como un vehículo blindado.
Sin embargo, las relaciones entre la UNP y el periodista se tensaron. En 2021, la UNP suspendió su apoyo, alegando que Moreno había tenido un “uso abusivo de las medidas de protección”. En varias ocasiones, el periodista pidió que se reevaluará esta revocación, pues seguía recibiendo intimidaciones.
En 2022, las amenazas se volvieron más graves. En julio, dos meses antes de su asesinato, el periodista descubrió una carta con una amenaza de muerte y una bala en la caja de su motocicleta. “Te crees intocable porque hablas en público, pero aquí nadie lo es (…) sabemos todo de ti y no te perdonaremos lo que haces”. La UNP retomó su caso y le otorgó, de nuevo, un guardaespaldas.
El día de su asesinato, Rafael Moreno estaba sólo en el restaurante que administraba en Montelíbano. En un comunicado, la UNP señaló que el periodista había despedido a su escolta en la mañana del día anterior. Según nuestras fuentes, el guardia desapareció antes de informar a su jerarquía acerca de lo ocurrido, dos días después del homicidio. Forbidden Stories trató de comunicarse con él, sin éxito.
“La persona responsable del uso de un sistema de protección es la persona protegida y si esta le pide al guardia de protección que se vaya del lugar, la empresa contratante de la UNP no es responsable de esta decisión”, responde la UNP a las solicitudes del consorcio. A su vez, admite que ha habido « fallas evidentes » en el sistema de protección del periodista. “Nada es perfecto, tenemos que tener visión de futuro y modernizar toda la entidad”, reconoce Augusto Rodríguez, director de la UNP, en una entrevista concedida al consorcio.
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El Proyecto Rafael es una investigación colaborativa coordinada por Forbidden Stories, que involucra a 30 periodistas y que ha sido publicada por 32 medios y organizaciones periodísticas alrededor del mundo, entre ellos, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, de la que es parte La Barra Espaciadora. Forbidden Stories es un consorcio internacional de periodistas de investigación que da continuidad al trabajo de periodistas asesinados o que se encuentran bajo amenaza.
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