Por Karol E. Noroña / @KarolNorona
¿Cómo se cambia la historia? ¿Cómo se quiebran los mandatos de violencia sobre los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes? ¿Cómo se rompe con el silencio de un Estado que permitió que 14 niñas violadas vivan embarazos forzados cada día? ¿Cómo Ecuador cerró los ojos ante casos como el de Kati, una niña con discapacidad intelectual, explotada sexualmente desde los 10 años por diferentes hombres y obligada a gestar sin entender lo que sucedía en el interior de su vientre, arrebatándole sus sueños y vida?
¿Cómo?, ¿cómo?, ¿cómo?, reescribo en la libreta. Son las 10:20 de un 28 de abril del 2021 histórico, urgente, sonoro, sororo y esperanzador. Un día en el que la Marea Verde bailó con el viento y levantó ese pañuelo verde enarbolado en las calles del Ecuador para exigir justicia y reparación para las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar sobrevivientes de violación sexual y que -hasta el 27 de abril- eran criminalizadas, penalizadas y revictimizadas en un país de silencios e inoperancia.
Esta vez sí. Esta vez sí será ley, decían las mujeres que de a poco teñían de verde las instalaciones pálidas de la Corte Constitucional del Ecuador, al norte de Quito. Hoy -repetían- no habrá que secarse las lágrimas de rabia como aquel 17 de septiembre del 2019 cuando el clero y el dogma reinaron en la Asamblea Nacional de Ecuador, que negó la despenalización del aborto para víctimas de violación, incesto, estrupro o inseminación no consentida. Para ese entonces, no se alcanzaron los 70 votos necesarios en el Pleno: 65 a favor, 59 en contra y seis abstenciones.
Foto: Emilia Palacios. 
Foto: Emilia Palacios.
El Estado ‘laico’ se resistía en nombre del designio religioso: no protegía a las sobrevivientes de violación sexual, tampoco garantizaba medidas de reparación integral y no repetición para que quienes han vivido experiencias de violencia sexual continuaran con sus proyectos de vida. Desprotegidas, construidas de culpas por el mandato social, despojadas del bienestar.
Suena escandaloso, pero pese a que el debate por los derechos de las mujeres comenzó a asentarse y gestarse años antes por la lucha incansable, marchas, acciones y protestas de activistas y organizaciones feministas, hasta el 2014 en Ecuador se mantenía un Código Penal de 1938 que admitía el aborto no punible si el embarazo representaba un riesgo a la salud o vida de una mujer y cuando se tratara de un caso de violación a una “mujer demente o idiota”. Sí, demente o idiota, así estaba escrito en la norma.
En 2013, la despenalización del aborto por violación fue incluida en la agenda de debate de las reformas al texto penal en la Asamblea Nacional y la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en ese entonces asambleísta por Alianza País, fue quien presentó la moción sobre la despenalización del aborto en casos de violación el 10 de octubre de ese mismo año, apoyada por 20 de sus coidearias, entre ellas Soledad Buendía, la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, Blanca Arguello, Gina Godoy y María Augusta Calle.
Esa moción podría haber significado un avance histórico en materia de derechos. Pero la respuesta fue la censura y la amenaza machista. La misma noche de aquel 10 de octubre el expresidente Rafael Correa emitió su discurso misógino durante una entrevista en televisión nacional: “Si siguen estas traiciones y deslealtades, y si mañana (11 de octubre), se evidencia algo, muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque oficialista de Alianza País, yo presentaré mi renuncia al cargo”, enunció, durante la sesión 257 de la Asamblea.
Foto: Emilia Palacios. 
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El “patriarca” llamaba traición a pensar en políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes. El 11 de octubre, después de la advertencia, fue oficial: Pabón retiró la propuesta ante el Pleno en nombre de la unión del proyecto político de la Revolución Ciudadana. “Por el inmenso cariño que te tenemos te decimos que esta vez estás equivocado. Por la unidad de la bancada PAIS retira la moción referida a la despenalización del aborto en casos de violación”, anunció. Lo que Correa asumió como una victoria -impuesta por el miedo y la violencia simbólica- marcó, en cambio, el inicio de nuevas estrategias ideadas por el movimiento de mujeres y el replanteamiento de sus acciones.
La reforma que finalmente se consolidó y entró en vigencia en agosto del 2014 solo cambió aquella frase -“demente o idiota”- por “mujer con discapacidad mental” en el numeral 2 del artículo 150 del COIP, cuestionada constantemente por activistas que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. El trasfondo de aquel debate no era generar políticas garantes de derechos, sino una réplica del estereotipo de que aquellos cuerpos asexuados, patologizados y estigmatizados, desmarcados de la “normalidad”, no debían reproducirse.
Además de ser ambigua, normar con base en porcentajes, encargar a terceros la decisión de finalizar el embarazo en los cuerpos de las mujeres con discapacidad y repetir el mandato asistencialista en lugar de verlas como lo que son, sujetas de derechos, la segunda causal continuó levantando un reclamo colectivo: ¿qué diferenciaba a una mujer con discapacidad de las otras que han sido violadas?, ¿qué cambia si los derechos de ambas han sido vulnerados por los agresores?
No. Pura discriminación.
El 17 de septiembre de 2019 hubo una nueva oportunidad para que la Asamblea Nacional despenalice el aborto en casos de violación y después de una larga vigilia de cientos de mujeres que permanecieron en las inmediaciones del Pleno se tejía la bandera viva y verde de la lucha, la noticia llegó acompañada del dolor: los planteamientos antiderechos nuevamente se imponían. Entonces, ellos y ellas, escudados entre rosarios y cánticos del medioevo, mirando al Altísimo, arremetían en nombre de la religión contra el movimiento de mujeres que aspiraba gas lacrimógeno esparcido por agentes policiales. Ellas estaban, una vez más, decepcionadas por la indolencia. Y, nuevamente, prometieron no ceder, no callar, acompañar y gritar hasta que sea ley. El Gobierno, en cambio, silente, dejó la decisión en manos de la Corte Constitucional que emitió su sentencia casi dos años más tarde.
Al poder estatal no le importó las 14 niñas violadas menores de 14 años quedan embarazadas a diario en Ecuador. Silenció, además, las voces de las 7 niñas que cada día son obligadas a parir y ejercer maternidades forzadas. Ignoró que Fiscalía recibe diariamente 11 denuncias por delito de violación, donde el 95% de los agresores son parte del círculo cercano de las víctimas y sobrevivientes (padres, padrastros, hermanos, parejas, exparejas…). No actuó frente a la alarmante situación del país que tiene una tasa de fecundidad adolescente de 111, por cada 1.000 niñas de 15 a 19 años, de acuerdo con el informe ‘Estado de la Población Mundial 2019’ del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y que le cuesta a Ecuador, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de USD 270 millones anualmente, equivalentes al 0,26% del Producto Interno Bruto nominal de la nación. El poder y aparataje gubernamental, negó presupuestos para la ejecución de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e ignoró sus proyectos de vida truncados.
Ellas, sin embargo, no las olvidaron. Ellas -con paso firme, con sus puños elevados y la garganta ardiendo- cambiarían una historia que hoy marca el inicio de otra.
#28A o la Marea Verde que hizo historia en Ecuador
Podría haber soñado con ser médica, cantante, dibujar con sus manos el cielo, escribir cuentos, pensar en los juegos de media tarde y la complicidad de una nueva amiga, en las aventuras que pintan sonrisas en la vida. Pero no. A Lucía la forzaron a ser madre cuando tenía 14 años y confiaba en que su familia la cuidaría y protegería. Ella, pequeña y delgada, vivía con sus cuatro hermanas y hermanos, su madre y su padrastro. Lucía vivió tardes de terror, sola, cuando el esposo de su mamá estaba cerca, cuando debía quedarse a cargo de su cuidado.
¿Cómo podía una niña de 14 años contar lo que le estaba pasando, confundida, sin comprender que estaba siendo abusada por quien debía protegerla? Un día, su padrastro le dio una bebida, la drogó y la violó mientras estaba inconsciente. Ella intentó bloquearlo, olvidarlo, arrancar ese capítulo de su vida, pero, ¿cómo si estaba embarazada?
Foto: Emilia Palacios. 
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Lucía no pudo regresar al colegio, no tenía opciones de cuidado para su bebé y tampoco le brindaron la posibilidad de superar con terapia el trauma de la agresión.
¿Sabría el Estado lo que ella, una sobreviviente y niña, vivía en el silencio, mientras el agresor estaba libre? Sí, lo sabía. Y no hizo nada.
Las historias se repiten. Ana, 12 años, tuvo dos hijos, producto de la violación de su tío y después de su hermano. Sofía, 13 años, niña con discapacidad intelectual violada por su padre, también parió el producto de una violación. Carmen, Michelle, Paula, Julia, Adri, Elizabeth, Nicole, Emilia, Carolina…
A Lizeth se le vuelven agua los ojos cuando piensa en esas mujeres, niñas y adolescentes. Y por ellas grita, por ellas sostiene su pañuelo verde durante horas, frente a la Corte Constitucional, por ellas, el 28 de abril, nada más importó. Su tribu está presente, la acompaña y grita junto a ella. Y, aunque las mujeres están llenas de rabia, su respuesta, su protesta y reclamo, está llena de alegría. Mueven sus brazos, sus voces que nacen de esas cuerdas vocales que arden y el tiempo se congela, como aquellos momentos de impacto que recordamos en tinte cinematográfico, cuando la memoria nos juega a favor de la nostalgia de las luchas conquistadas. Son las mujeres adueñándose de su historia, desconocidas hermanadas por los mismos dolores y luchas.
Para que este día llegara, organizaciones que centran su labor en la defensa de los Derechos Humanos, feministas y la Defensoría del Pueblo interpusieron siete demandas legales para que la Corte Constitucional responda y declare la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del COIP. La primera llegó el 30 de julio de 2019, presentada por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, la Fundación Desafío y del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Luego, el 10 de noviembre de ese año, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, Amazon Frontlines, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Cedhu, el Movimiento de Mujeres del Oro y la Fundación Lunita Lunera planteó una acción de inconstitucionalidad en contra del numeral 2 del artículo 150 del texto penal, con solicitud de medidas cautelares.
Ocho días después, el 18 de noviembre, la organización Mujeres por el Cambio y la Fundación Kintiñan para la Defensa de los Derechos Humanos y la Naturaleza en el Ecuador, presentaron una tercera acción inconstitucionalidad.
Las mujeres no pararon y, en plena pandemia, continuaron generando recursos legales como el 10 de diciembre, cuando el Cabildo de las Mujeres de Cuenca y Bolena Género y Diversidades interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de esa misma causal.
Ante el silencio de la Corte, la Defensoría del Pueblo llegó a sus oficinas el 11 de marzo del 2021 a exigir e interponer una nueva acción de inconstitucionalidad. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer Cepam Guayaquil lo hizo también el 22 de marzo. La séptima acción llegó el 8 de abril, cuando el Observatorio de Derechos y Justicia y la Red de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador la presentaron en la Corte.
Foto: Emilia Palacios. 
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Los siete recursos legales, además, fueron apoyados e impulsados por una serie de amicus curiae interpuestos por decenas de personas que levantaron su voz y organizaciones históricas que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos.
“¡Será Ley en Ecuador y en toda América Latina y Caribe!”, se leía en el cartel que cubría las vallas policiales que custodiaban a la Corte, en el fondo. Dejaron su impavidez fría y los pañuelos verdes las cubrían. En los cascos de los agentes se reflejaban las manos y los rostros de las mujeres que iban llegando a las 10:20. Ahí estaba Virginia Gómez de La Torre, directora de Fundación Desafío, sencilla, caminando a paso seguro para reunirse con sus compañeras, las que han seguido su recorrido y que hoy la reconocen como una de las voces más fuertes de la lucha por la despenalización del aborto en el país.
Tenía 24 años de edad cuando iniciaba su carrera como médica y se encontró con el movimiento de mujeres. En su voz: “Me incorporé a través de una oenegé quiteña y comencé a comprender la discriminación y la violencia que vivimos. Como médica, empecé a hacer la relación de cómo esas desigualdades y vulneraciones a los derechos que nos atravesaban tenían un efecto en la salud. No fue complicada hacer esa conexión en lo que implica obligar a una mujer a continuar con un embarazo que no quiere. No me refiero solo al aborto por violación, sino a todos los embarazos no deseados. La profesión médica da la posibilidad de hacer esos enlaces que dan cuenta de cómo se afecta el cuerpo físico, mental y social de una mujer. Una mujer debe tener la misma libertad que los hombres, tomando en cuenta que solo las mujeres podamos gestar y amerita políticas específicas. Era muy importante visibilizarlo”, afirma.
Virginia decidió ser feminista, ser médica y ser mamá de Camila y Santiago. Decidió también romper con el paradigma y abordaje patriarcal, aquel que todavía sigue vigente en las aulas universitarias, pero que comienza a quebrarse por profesionales de salud comprometidxs con la vida de las mujeres como ella.
¿Por qué decidió ser doctora? Virginia suelta una risa y, enorgullecida, dice: “Mi padre Hugo, aun siendo un hombre muy conservador, impulsó mis sueños confiando en lo que su hija podía alcanzar. Soy médica por él y, aunque ya no está con nosotros en este mundo, se lo agradezco siempre”.
Romper el molde. Incomodar. Sentir. Emancipar. No más sin nosotras. No más sin nuestras voces. Las palabras se escriben solas en la libreta, se van hilando por las imágenes poderosas que en la Corte hacían la fuerza por los Derechos Humanos. Frente a la Marea Verde, los grupos religiosos y antiderechos, separados por un cordón policial, con portaestandartes rojos enormes que rezaban “Tradición, Familia y Propiedad”, mientras decenas de hombres, con una bandera roja sobre sus pechos y boinas rojas sobre sus cabezas, gritaban: “Se ve, se siente, la Biblia está presente”. Miraban a las mujeres con desprecio, las señalaban, las insultaban. Sí, como recordando que la inquisición quemaba las brujas. Pero aquí y ahora, el fuego estaba del lado de las mujeres y su hoguera es el amor.
Un hombre -agresivo, con la mascarilla de calavera desgastada- subió a un árbol, como queriendo lanzarse contra todas, y desde allí decía: “¡Asesinas, asesinas! Esta es una fiesta satánica”. Y se declaraba “provida” mientras insultaba a las niñas, madres y adolescentes que exigían justicia. Los grupos opositores olvidaron, además, que cinco recomendaciones de expertos y expertas de Naciones Unidas expusieron las necesidades de la despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador.
¿La respuesta de ellas? El baile, las consignas más altas, la música sincronizada con sus movimientos. Sin agresiones. Solo abrazos y vigilia constante.
Organizadas, las voces de las mujeres cantaron “Un violador en tu camino” frente a la Corte. Sus dedos señalaban a la entidad, como muchas veces lo han hecho en los edificios blancos y silentes, mientras entonaban: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”. Virginia recordaba, entonces, las cifras del horror: en el año 2019, más de 4.000 niñas fueron atendidas en su primera consulta prenatal. Para 2020, en plena pandemia y con el acceso truncado a los servicios de salud pública, más de 3.400 estuvieron en consulta. Sí, todas violadas. Y es tan solo un subregistro: no todas las agresiones sexuales son denunciadas. De hecho, según datos de Surkuna, solamente el 10,8% de las mujeres y personas con capacidad de abortar, víctimas de violación u otros delitos sexuales, denuncian a los agresores.
En noviembre del 2007, a Ana Cristina Vera le preguntaron: “¿Por qué la despenalización del aborto?”. Ella caminaba por las calles del centro norte de Quito, después de una acción simbólica conjunta con compañeras de otras organizaciones feministas. En aquel entonces, hablar de aborto era aún más tabú. “Porque creemos que somos nosotras quienes tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a decidir cuándo queremos ser madres, a decidir si queremos ser madres”, decía. Casi catorce años después, el 28 de abril, vuelve a repetir esas palabras con más firmeza: “Hoy es un día histórico, es un día más de lucha, es un día donde podríamos tener una decisión histórica que modifique la vida de mujeres, niñas, adolescentes y personas en capacidad de gestar. Es un día donde probablemente esta Corte diga que es inconstitucional penalizar, encarcelar y amenazar con cárcel a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que han decidido interrumpir su embarazo. Es un día histórico donde efectivamente las mujeres seremos reconocidas como personas”, afirma.
Antes de que se conociera el fallo, Ana fue clara: la despenalización del aborto significaba un gran paso, pero es el inicio de otro. “Lo que queremos es que ninguna de nosotras sea obligada nunca ni bajo cualquier circunstancia a llevar un embarazo que no desea”, repitió.
La voz de Ana es una de las más potentes en el movimiento de mujeres. Y su trabajo por los Derechos Humanos habla por sí solo, como su labor, junto a otras mujeres, en la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género-CPJ, que empoderaba a jóvenes en la creación de políticas públicas y luego, en el 2008, en Salud Mujeres Ecuador, una organización construida por mujeres jóvenes feministas de izquierda que luchaban por el derecho de las mujeres al aborto seguro, gratuito y legal y que mantuvo y mantiene una línea de información sobre aborto seguro con medicamentos, anticoncepción y sexualidad.
En ese mismo año, la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género-CPJ invitó a Ecuador a Women on Waves, una organización holandesa liderada desde 1999 por la médica Rebecca Gomperts, que centró su labor en ayudar a mujeres a abortar de forma segura y en las olas se encontraban seguras. El proceso era ingenioso: las mujeres pedían una cita y navegaban hasta que el barco llegaba a aguas internacionales y se realizaba el procedimiento con medicamentos seguros y legales, sin temor a ser encarceladas.
Su visita fue histórica y hay un registro de la resistencia. Fue el 17 de junio del 2008. La Coordinadora Juvenil y Women on Waves lo idearon. En ese entonces, la convocatoria se realizó por mensajes a través de un beeper. Había que ser estratégicas, porque la plataforma estaba ubicada en el corazón de Shungoloma. Ese día, en la estructura de piedra y cemento armado de la Virgen del Panecillo, ubicado en el corazón de Quito, apareció una bandera blanca con un anuncio que hoy perdura en la memoria de nuevas generaciones. “Tu decisión. Aborto Legal: 099004545”, se leyó en los pies del monumento. Sí, las mujeres habían decidido lanzar la Línea de Ayuda para Abortos Seguros y Sexualidad en la Virgen como un acto de resistencia y desobediencia civil frente a las normas penales que discriminaban a las mujeres y violaban la constitución.
El 2 de junio de 2009, la acción se repitió. Eran las 15:00 y, desde lo alto del torreón del faro de Guayaquil, la tela gigante blanca fue visibilizada por Salud Mujeres a propósito del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. No fue fácil, debieron distraer la seguridad del espacio. No iban a ceder. Su objetivo era socializar la información difundida por la Organización Mundial de la Salud sobre cómo debía interrumpirse un embarazo con medicamentos de manera segura.
Luego, en 2014, Ana fue una de las mujeres que participó en la creación de Las Comadres, una red feminista que “tenía la intención de acompañar de forma más presencial los procesos de aborto de las mujeres en un contexto donde la criminalización había aumentado y el acceso al medicamento (misoprostol) era cada vez más difícil”, cuenta. La labor de Las Comadres ha tenido impacto a escala regional y son eso: amigas, compañeras y vecinas que continúan trabajando por sus derechos, conectando e informando a las mujeres con una línea telefónica (099888339) vigente desde septiembre del 2015.
El Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna también abrió sus puertas. El primer objetivo -dice Ana- fue analizar la penalización a las mujeres y, a partir de allí, generar estrategias para evitarla. “Después se volvió un centro de litigio integral para la defensa de mujeres víctimas de violencia y a mujeres criminalizadas por temas de aborto y parto”, relata.
Ana, sus compañeras y colegas activistas son parte de esa historia por el reconocimiento de las mujeres, niñas y adolescentes como personas con dignidad, para que se reapropien de sus cuerpos, para devolverles la palabra.
Para llegar a este día también hay nuevas generaciones que van tomando la posta. Ser hermanas y acompañantes. El sol se marchaba a las 14:00, el 28 de abril, y el cielo anunciaba lluvia. Entonces, el pañuelazo era una fiesta y un parlante irrumpía con música urbana. Allí estaba Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, la pequeña flautista de 11 años, víctima de femicidio el 23 de junio del 2016. Bailaba, ayudaba, sonreía con su mirada. Ella, que ha decidido transformar el dolor en lucha, no solo grita por justicia para su niña, sino por los derechos de todas. Slendy Cifuentes, hermana de Johanna Cifuentes, víctima de femicidio el 13 de febrero del 2006, sostenía un cartel: “Estar a favor del aborto no significa abortar”, decía. Ro Ortega, hermana de Vanessa Landines Ortega, mujer víctima de violencia feminicida en Ambato, en el año 2013, gritaba, movía sus brazos, le ponía ritmo a la vigilia.
Esta vez sí. Esta vez sí será ley. Los grupos antiderechos dejaron sus gritos y, con el portaestandarte del insulto en el suelo, comenzaron a irse.
Entonces, a las 14:45, Cristina Cachiguay, presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, lo anunciaba extraoficialmente: “Es un momento histórico en el país. La lucha de cada una de ustedes, de las compañeras de la Sierra, la Costa, la Amazonía hoy da fruto. No podemos dejar las calles. Los jueces y las juezas de la Corte Constitucional han dado luz verde para la despenalización del aborto”.
Hubo gritos. Hubo llanto. Hubo abrazos mientras la lluvia lo inundaba todo. Había que esperar la confirmación, pero contener la alegría ya no era posible, no después de tantos años, no luego de la violencia y el silencio, no por las sobrevivientes, por sus derechos, por justicia y por reparación en sus vidas, por las 419 mujeres denunciadas por aborto, registradas en Fiscalía desde agosto del 2014 hasta diciembre del 2020. Hubo, como dicen, esperanza. Ecuador -la nación que encubre agresores y defiende “la familia” en lugar de creer a las víctimas– podría ser mejor. En medio del caos y una pandemia que no culmina, era un halo de luz.
De pueblo a pueblo, de mujer a mujer
La Corte Constitucional oficializó la sentencia la mañana del 29 de abril. El fallo histórico se ganó con siete votos a favor: el de la juez ponente Karla Andrade, Hernán Salgado Pesantes, Daniela Salazar, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, Alí Lozada y Enrique Herrería. Las jueces Teresa Nuques y Carmen Corral decidieron votar en contra.
Después de casi dos años, la Corte declaró la inconstitucionalidad por “el fondo de la frase ‘en una mujer que padezca de una discapacidad mental’, contenida en el artículo 150 numeral 2 del COIP por ser contraria a la Constitución de la República del Ecuador”.
La resolución es clara: las niñas, mujeres, adolescentes y personas en capacidad de gestar, cuyo embarazo sea producto de una violación, ya no serán criminalizadas ni sancionadas si deciden abortar. Tampoco podrán ser encarcelados o investigados penalmente lxs profesionales de la salud que realicen el procedimiento. Y su aplicación es inmediata apenas sea incluida en el Registro Oficial. Significa que, a partir de su vigencia, no se podrá seguir penalizando a las mujeres y los servicios de salud no podrán negar su atención.
La sentencia, además, indica que la Defensoría del Pueblo deberá preparar un proyecto de ley que norme la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Tendrá dos meses para hacerlo y deberá entregarlo a la Asamblea Nacional.
El poder legislativo deberá conocer y discutir el proyecto de ley en un plazo máximo de seis meses. “En el marco de la tramitación y aprobación del proyecto de ley, la Asamblea Nacional deberá respetar los criterios y estándares generales establecidos en la presente sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual”, escribe la Corte.
El proyecto de ley debe ser participativo -dice Ana Vera- e incluir a la sociedad civil y organizaciones de mujeres durante su desarrollo, encargado al Defensor del Pueblo.
Las voces de las mujeres proleta, las cimarronas, las guambras indígenas de los Andes, las mujeres privadas de las libertad, los hombres trans y más personas con capacidad de gestar, las mujeres montubias, las científicas y místicas defensoras amazónicas de la naturaleza, las mujeres lesbianas y bisexuales, las que entienden otras formas de amar, las mujeres con discapacidad, todas deben ser escuchadas.
-¿Qué significa hacer historia?, le pregunto a Blanca Chancoso, la lideresa de los pueblos indígenas y una de las fundadoras de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari).
-Salvar vidas. Lo que hoy han conseguido. Nosotras decimos: de pueblo a pueblo, de mujer a mujer. Hemos sido vulneradas tantas veces, hemos sufrido la violencia desde niñas, adolescentes. Nosotras, como mujeres indígenas, también hemos sido violentadas. Este fallo histórico salvará las vidas y es muy importante. Es una batalla ganada. Las mujeres ya no tendrán que ir a sitios inseguros donde atentan contra sus cuerpos, en condiciones peligrosas. Que no se sientan ni nos sintamos juzgadas, porque pienso en las madres que no verán muertas a sus hijas. Ahora, sigamos avanzando en nuestro ejercicio, en conseguir oportunidades iguales para nosotras, en nuestra educación, en nuestra salud.
Irma Bautista, coordinadora nacional de Mujeres Negras (Conamune), estaba en su casa, trabajando en acciones y coordinando talleres para mujeres, cuando supo del fallo. “Es un logro porque se respeta la decisión de las víctimas de violencia sexual”, cuenta, esperanzada, mientras confiesa que Manuela Yerovi, su amiga y compañera, afina un arrullo por los derechos de las mujeres. Irma ha luchado durante toda su vida por el reconocimiento de las mujeres afro en Ecuador, un país donde el 74% de ellas viven violencia. Ella es una mujer de fe, cree en Dios, es devota. Pero su religión no le impidió entender la autonomía y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y por ellas, seguirá resistiendo.
El grito de las mujeres está diluyendo la culpa cultural, esa construcción autoritaria interiorizada en sociedades que reclaman paredes intervenidas y no vidas vulneradas, no la brutalidad contra las mujeres, no sus muertes en quirófanos improvisados e inseguros, no a la vida quebrada de las niñas forzadas a la maternidad. Es -como escribe la antropóloga María Rosa Cevallos- el temor encarnado, el biopoder moviendo sus mecanismos violentos para despojar a las mujeres de la integralidad de sus cuerpos. Pero ya no más.
En la libreta donde ha sido hilada esta crónica que resiste, reposa una pregunta dolorosa, que retumba, que se repite a diario y a la que el #28A le ha dado luz: si las mujeres no somos dueñas de nuestros cuerpos, vientres, úteros y vaginas, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos de vida, de nuestra historia, entonces, ¿de qué carajos somos dueñas? La escribe una mujer que se ha asumido finalmente como una sobreviviente de violencia sexual, desde la rabia de su propio silencio y el amor iluminado de saber cómo -sin saberlo- miles de mujeres gritaron por ella, para devolverle la vida.
Sí. La despenalización del aborto por violación era urgente y es lo mínimo. La Marea Verde -la rebelión feminista de las presentes y los logros futuros- encendió la mecha y no se cansa. Su grito se alista para cimentar los nuevos caminos hacia la autonomía total y los próximos derechos conquistados. Nunca más nuestro silencio. Sí. Así se cambia la historia.
*Las historias de Kati, Lucía y Ana (nombres protegidos) publicadas en esta crónica son casos de niñas que han pasado por casas de acogida en Quito, recolectadas para el proyecto Niñas No Madres, un trabajo conjunto entre Surkuna y La Periódica.
Texto publicado originalmente en la revista digital feminista La Periódica.
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