Por La Barra Espaciadora
Pensar en cómo se desarrollan los procesos que posibilitan la comunicación y la información no es habitual. Solemos, simplemente, ejercer el oficio, sin hacer una reflexión al respecto. El éxito de tales procesos de interrelación humana está, entonces, en su fluidez sobre la base de consuetudinarias normas universalmente aceptadas.
Los medios de comunicación irrumpen en esta fórmula y convierten a estos procesos en una trilogía integrada por los elementos interdependientes emisor, receptor y medio. ¿Se puede pensar el mundo sin medios de comunicación? La respuesta es no. De hecho, usted no estaría leyendo estas líneas si ese hubiera sido el destino de los procesos comunicativos.
Con este escenario sobre la mesa, el poder circulante es mucho, tanto que siempre ha sido una de las presas más codiciadas para quienes han probado algo de su sabor, es decir, aquellos que ostentan poder económico o político. En ambas esferas la comunicación se vuelve indispensable y lo es también el controlarla. Aunque este objetivo no sea nada extraño: es el mismo que persiguieron las dictaduras así como los gobiernos maquillados de democracia. Y no hay mejor manera de alcanzarlo que modificando las normas, acomodándolas al servicio de determinados intereses. Por eso es que para ciertos modelos políticos el Estado ideal es un sistema liberal de comunicaciones, pues el ambiente que resulta de ello suele ser favorable para los grandes intereses económicos que hacen uno con los mediáticos. En otros modelos de gobierno, la tendencia son normas de carácter coercitivo, excesivamente controladoras, con las cuales se impone un control casi total del sistema de comunicación con el propósito de satisfacer necesidades políticas.
La implementación de este modelo de control nunca es casual. En el Ecuador respondió a una clara estrategia. El primer paso fue develar los vínculos entre el negocio de la comunicación y la banca, para el 2007, absolutamente estigmatizada debido -sobre todo- a la profunda crisis financiera de finales de los noventa.
Claro, vista esta relación como uno de los males de la sociedad moderna y de la tan denostada “larga noche neoliberal”, los ecuatorianos aprobaron como remedio una nueva Constitución que, en su disposición transitoria 29, estableció la norma que prohibió que los accionistas de las instituciones financieras, sus representantes jurídicos así como los miembros de sus directorios tuvieran acciones en cualquier otra actividad económica distinta a la financiera.
Para el 2011 había que complementar la norma aprobada por referéndum en la Constitución y se convocó a una nueva consulta popular, en la que se incluyó una pregunta que establecía la misma prohibición constitucional pero centrada en los dueños y accionistas de los medios de comunicación. Así se dio el primer paso. Las decisiones llegaron al extremo de que, en un caso hipotético, el hijo del banquero estaría prácticamente impedido de casarse con la hija del dueño de un medio de comunicación, porque de consumarse esa unión pondría en riesgo el patrimonio de una o de ambas partes. Eso sin contar con que ese mismo hijo o hija, si no han renunciado completamente a sus derechos sobre los negocios de sus padres, estarían impedidos de incursionar en cualquier actividad económica, inclúyase la tienda de la esquina de su casa. Pero, bueno, para los fines pertinentes, esa decisión era necesaria.
El segundo paso de la estrategia de control de la comunicación arrancó con la misma consulta del 2011. En ella, la mayoría de ecuatorianos ordenó la aprobación de una Ley de Comunicación. La victoria en la consulta demostró también el éxito del discurso gubernamental que logró afirmar a los medios en el papel de hacer oposición política. Pero también se debía emprender otra batalla que comenzó con la emisión del decreto 1793, con el cual se impedía que el Estado firmara contratos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, conociendo, por supuesto, que varios de los medios nacionales respondían a esas condiciones. Así, el gobierno dio un gran golpe a los ingresos de los medios. Añadió medidas complementarias como cargar con Impuesto al Valor Agregado ( IVA) a las importaciones de papel periódico, o la presión que se generó con el informe de frecuencias.
Así se llegó al momento de aprobar la nueva Ley de Comunicación (LOC), que más allá de los cuestionamientos que desató, introdujo el nuevo marco legal general para el ejercicio de la comunicación a través de los medios. Las restricciones son variadas y solo constituyen un complemento de esa política iniciada allá, en el 2007. Pero todo este sistema se complementó la semana pasada, con la puesta en vigencia del reglamento que torna operativa la Ley Orgánica que hasta junio –cuando cumpla un año desde su aprobación- deberá aplicarse en su totalidad.
Claro, hasta aquí, todo el andamiaje montado parecería restrictivo exclusivamente para los medios. No para los ciudadanos de a pie…
Cosas que no podremos ver, leer y escuchar
Con las nuevas normas hay programación que ya no podremos ver, leer o escuchar a través de los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación no podrán publicar datos judiciales en procesos de indagación, es decir, en investigación. En otras palabras, no se podrá emitir ciertos datos de causas abiertas, como los nombres de los acusados o denunciantes, ni exponer las posiciones de las dos partes en conflicto, lo cual muchas veces, en la práctica, resulta imposible debido a la dinámica misma de los medios y del oficio periodístico. Además, se imponen nuevas normas sobre la información reservada o secreta. Aunque la Ley de Seguridad Nacional establece qué tipo de información se puede calificar como tal, la política del régimen ha ampliado esos límites hacia muchos otros ámbitos.
Lo que no se puede decir
Uno de los principios de la nueva Ley es la democratización de la información y de los medios, sin embargo, esto no es aplicable. La norma no determina cómo los ciudadanos pueden acceder a los medios. Tan solo otorga la posibilidad de organizarse, generar una veeduría y sugerir una política específica.
Pero, en el supuesto de que se generaran nuevas voces, sus límites también estarían determinados ya que la Ley establece sistemas de represión en caso de que sus expresiones a través de los medios puedan considerarse violatorias a los derechos del lector, televidente u oyente. Esto le permitirá hacer uso -sin limitaciones- de los derechos de réplica y rectificación, sin que esto implique la posible iniciación de otros procesos legales. Este es el caso del caricaturista Bonil, quien enfrenta un proceso en su contra por haber publicado un dibujo que el presidente Correa consideró injurioso.
Cárcel por delitos a través de los medios
Y por si fuera poco, el último elemento del rompecabezas de control de la comunicación será el nuevo Código Integral Penal, que cuenta con un subcapítulo relacionado con los delitos que se cometen a través de los medios de comunicación, y que mantiene a la injuria y la calumnia como delitos. Aun cuando la tendencia mundial es despenalizar estas figuras y sancionarlas solamente en los ámbitos civiles. Basta recordar lo útil que es esta figura tomando en cuenta que el mismo Presidente de la República ya ha ganado al menos dos procesos, el uno contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita y el otro, al asambleísta Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio. Los dos últimos fueron sentenciados a cárcel, conminados a ofrecer disculpas públicas y a pagar una indemnización de 140 mil dólares al Presidente.
La opinión solo es libre en internet
Afortunadamente, la Ley de Comunicación y su reglamento aclaran que la opinión a través de las redes sociales y la internet no está regulada, es libre. Solamente los contenidos a través de las páginas web de los medios tradicionales estarían regidos por la Ley. Debemos reconocer que desde un inicio el Gobierno decidió no incursionar en el control de la comunicación a través de la internet, condición que se cumplió durante el debate de la nueva norma. No deja de ser un alivio -entonces- que ante la reducción de los demás espacios, ahora solo nos quede la internet.
