La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
Que las vías del Ecuador ofrecen poca seguridad para transeúntes y conductores es algo que se ha instalado en el relato que sea hace al describir cómo es vivir en una ciudad del país. Pero, ahora, la sociedad civil ha puesto cifras a los dichos populares para corroborar que transitar por una calle, desde las del barrio hasta las grandes avenidas, puede ser considerado una actividad de riesgo.
Y no es una exageración. Tan solo hasta agosto de 2022, al menos 12 mil personas han resultado heridas en medio de siniestros de tránsito y más de 1400 han muerto bajo estas circunstancias. La desgracia de estas cifras es que en su gran mayoría pudieron evitarse con educación vial, respeto por el otro y un reglamento a la Ley de Tránsito
Este es el país en el que cada día unas 6 personas pierden la vida a causa de siniestros de tránsito. Lo dice en sus estadísticas la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), una de las entidades que, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, debieron entregar en febrero de este año el reglamento a la Ley de Tránsito; sin embargo, al cumplirse el plazo de 180 días previsto en la norma para la generación de este documento, luego de que en agosto de 2021 se aprobara la ley, los reclamos de la sociedad civil pararon en sacos vacíos y se cuenta ya un rezago de siete meses, pese a múltiples ofrecimientos.
Esta situación, sumada a su tarea de vigilancia y creación de campañas de prevención de siniestros en las vías, hizo que tres organizaciones, que trabajan para que las garantías a la vida sean respetadas en los espacios de movilidad: Fundación Tandem, Carishinas en Bici y Asociación de Peatones de Quito, presenten el informe: Vías Urbanas más seguras: Una propuesta desde la sociedad civil, para que, si el pedido constante que han hecho desde sus plataformas y desde los medios de comunicación no es suficiente, las cifras sí lo sean.
Entre los hallazgos que demuestran la magnitud de este problema en el Ecuador se encuentra que entre 2019 y 2021, la ANT registró un total de 56.961 siniestros, de los cuales el 66% sucedieron en áreas urbanas. Según el análisis, los siniestros que involucran actores vulnerables (peatones y ciclistas), representan a escala nacional el 16% de los siniestros de tránsito, provocando el 47% de víctimas mortales.
Asimismo, la investigación revela que los siniestros que involucran a actores vulnerables se concentran en las provincias de Pichincha y Guayas, especialmente en Quito y Guayaquil, donde se observa que los arrollamientos y atropellamientos son característicos de las vías urbanas. Los sitios en donde los peatones y ciclistas son más vulnerables son al cruzar las intersecciones, avenidas y redondeles.
Ecuador: por fuera de las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en consumo de alcohol permitido para conducir
“El número de siniestros que causa conducir bajo los efectos del alcohol es alarmante”, asegura Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tandem, organización que desde el 2019 trabaja para fortalecer la participación ciudadana; y, por medio de ella, incidir en los gobiernos seccionales para que atiendan a cuestiones urgentes. “Ecuador está por fuera de la norma recomendada por la OMS, pues lo máximo recomendado es 0,05 g/dL (gramos por decilitro de sangre) y en nuestro país la norma llega hasta por encima de 0,12 g/dL”.
De acuerdo con los análisis realizados por las organizaciones de la sociedad civil, si en el país la norma redujera los niveles de alcohol permitidos en la sangre de de 0,12 g/dL a 0,05 g/dL se podría contribuir con una reducción del 6% al 18% de las muertes por siniestros de tránsito relacionados con este factor de riesgo.
Según la OMS, hay una relación directa entre la concentración de esta sustancia en la sangre, la ocurrencia de siniestros y la gravedad de las lesiones resultantes. En general, el riesgo de sufrir un siniestro mortal es 17 veces mayor para una persona que conduce bajo los efectos del alcohol que para una persona sobria.
Mientras tanto, el informe de Tandem, Carishinas en Bici y Asociación de Peatones revela que el 91% de siniestros por consumo de alcohol se produce en las vías urbanas, principalmente en Pichincha y Guayas. El 64% de actores involucrados en este tipo de siniestros tiene entre 19 y 45 años y el 80% son hombres.
Al hablar de actores involucrados se considera no solo a los conductores que han consumido bebidas alcohólicas, sino también a sus acompañantes o los pasajeros de otros vehículos, además de otros usuarios de las vías, sobre todo los más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). Estas personas terminan sufriendo las consecuencias negativas del riesgo asumido por el conductor al manejar el vehículo bajo los efectos del alcohol.
Exceso de velocidad, otro factor que cobra vidas en las calles urbanas
El informe presentado por esta coalición de la sociedad civil resalta que el 45% de siniestros analizados para este estudio tuvo como causa probable un abuso de los límites de velocidad; mientras que el 25% de los siniestros tiene relación con conducir desatendiendo las señales de tránsito. El consumo de alcohol o sustancias estupefacientes es la causa del 23% de siniestros y el 7% restante corresponde a otras causas.
Del universo de siniestros que tienen como factor el exceso de velocidad, el 76% ocurren en las vías urbanas de Ecuador, especialmente en Pichincha, Guayas, Imbabura, Tungurahua y Azuay. En estos casos, el 41% de actores involucrados tiene entre 19 a 45 años, de ellos, el 63% son hombres.
“El control de la velocidad es un elemento fundamental para garantizar el estricto cumplimiento y para promover una cultura de seguridad vial. Para ello se debe incorporar tecnología con cámaras de velocidad fijas y móviles, controles por radar y sistemas de control en los vehículos de los agentes de Tránsito y Policía Nacional” comenta, Karina Gallegos, representante de la Asociación de Peatones de Quito.
Otro elemento que los colectivos autores de este estudio resaltan es la ambigüedad que actualmente existe en los rangos moderados de velocidad en las vías; pues, en su experiencia, esto solo provoca que los conductores tiendan a aumentar la velocidad. Establecer límites claros, de acuerdo con el uso de la vía y de los diversos actores que transitan por ella es una de las prácticas que se recomiendan.
Reducir el ancho de los carriles, reformas geométricas, reductores de velocidad correctamente señalizados, plataformas y otras herramientas de lo que se conoce como urbanismo táctico son urgentes, de acuerdo a los representantes de estas tres organizaciones.
Más de un año sin el reglamento a la Ley de Tránsito
El 10 de agosto del 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial: sin embargo, su reglamento, aquel documento en el que se establece el cómo operativizar la ley y para el que el Ejecutivo contaba con 180 días de plazo, sigue sin expedirse.
En agosto pasado, al cumplirse un año desde que la Asamblea Nacional aprobara la ley, los colectivos dedicados a temas de seguridad vial volvieron a exhortar a las autoridades del Ministerio de Transporte, entidad encargada de trabajar en la elaboración del documento, para que se comprometa, de una vez por todas, a entregar el reglamento.
Para Sofía Gordón, representante de Carishinas en Bici, el reglamento resulta de vital importancia ya que brinda los lineamientos para que las diferentes instituciones públicas nacionales y municipales implementen políticas públicas, programas y proyectos para garantizar una movilidad segura, especialmente para las más vulnerables.
“Es urgente que se emita el reglamento, de tal forma que no se repitan procesos pasados que vulneraron derechos de la ciudadanía dejando en el vacío legal y volviendo inaplicables los avances de la Ley de Tránsito”, explica Gordón, pues el problema de no contar con esta normativa es justamente que los avances que pudieron significar la aprobación de la ley se queden en letra muerta, mientras los siniestros siguen ocurriendo en las vías.
Otro elemento que debería ser parte de este reglamento es la especificación y regulación de las velocidades. Según las organizaciones, las mejores prácticas internacionales establecen una velocidad máxima de 30 km en centros poblados y zonas urbanas y de 20 km en los alrededores de centros educativos.
Otras consideraciones, que parecerían cotidianas, pero que contribuyen directamente con el incremento de víctimas de siniestros viales son normar el uso correcto del casco homologado y certificado; tanto para conductores como pasajeros y realizar campañas que promuevan y sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de este uso. Asimismo, establecer la obligatoriedad del uso correcto del cinturón de seguridad por parte de todos los pasajeros, independientemente de la ubicación del usuario dentro del automotor. El uso del cinturón de seguridad reduce hasta en un 50% la probabilidad de muerte ante un siniestro vial.
Luego de más de un año de exhortos, llamados de atención, contribuciones con trabajo y cifras por parte de las organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Transportes asumió el compromiso de agilizar el proceso de elaboración del reglamento. Durante la presentación del informe, Pamela Mendieta, subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, anunció que la Cartera de Estado a la que representa trabajará arduamente para tener un borrador del reglamento en los siguientes meses. “Este instrumento nos permitirá el fiel cumplimiento de las reformas aprobadas”, dijo, aunque sin especificar cuántos serán esos “siguientes meses”.
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