Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Al mediodía del viernes 8 de abril, al menos doce personas, entre agentes de Fiscalía General del Estado y policías del Grupo Especial Móvil Antinarcótios (GEMA) fuertemente armados, irrumpieron en las oficinas del Centro de Autonomía Digital (CAD), una organización no gubernamental fundada a inicios de 2019 en Quito, y dedicada al desarrollo de software libre para la protección de la privacidad y la seguridad digital.
-¡Cálmese! -le gritó un policía a una de las mujeres que trabaja en el lugar, apuntándole con el fusil. La trabajadora del CAD sufrió un ataque de nervios al ver que al menos doce hombres irrumpían en su sitio de trabajo, algunos de ellos con armas y escudos.
-¡Las manos en la nuca! -le gritó otro policía a Fausto Lagos, un desarrollador que en ese momento tuvo que dejar de trabajar en Key Mirror, un proyecto que el CAD estaba llevando adelante y que busca brindar seguridad a los usuarios que usan claves SSH y PGP, para que puedan organizar su uso y acceder con seguridad a servidores.
-Personalmente, me siento muy violentado -dijo un par de horas más tarde Fausto-; nosotros somos desarrolladores de software, básicamente, lo que tenemos son nuestras computadoras y nuestros libros con los que estudiamos todo el tiempo, bajo la tutela de nuestro mentor, que es Ola Bini. Ver cómo de una manera tan violenta se nos arrebata nuestro derecho a seguir estudiando, a seguir trabajando en favor de la defensa de los derechos digitales de todos es un atropello absoluto que nos hiere”.
“Nos trataron como a unos delincuentes”, dijo otro empleado del CAD.
El GEMA es un grupo especial de la Policía ecuatoriana que nació en 1993 mediante un Acuerdo bilateral entre el gobierno de EEUU y Ecuador. Sus funciones son realizar controles antinarcóticos fijos y móviles; operaciones urbanas y rurales antinarcóticos; inspecciones subacuáticas a cascos de buques; inspecciones en superficie en recintos portuarios; erradicación de cultivos ilícitos; localización e interdicción de laboratorios clandestinos de procesamiento de alcaloides y bodegas de acopio; apoyo en rescate de personas y, finalmente, apoyo táctico a unidades de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador. Solo esta última justificaría su presencia en el operativo fiscal en un centro de desarrollo de software.
El CAD es el único espacio en Ecuador dedicado a desarrollar herramientas digitales capaces de proporcionar seguridad digital a usuarios individuales así como a empresas e instituciones públicas. Hace pocas semanas, este equipo de desarrolladores presentó la aplicación digital CoyIM, una herramienta diseñada para proteger las comunicaciones en el trabajo de periodistas.
El caso contra el perito Fabián Hurtado
Tres horas duró el allanamiento dirigido por Claudia Alexandra Romero Ramírez, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción No. 3 de Pichincha. El operativo fue parte de un caso distinto al que la misma Fiscalía sigue en contra del programador sueco Ola Bini, cofundador del CAD, pero que surgió como parte de las investigaciones en contra de Bini.
En febrero del 2022, se inició el proceso en contra del perito Fabián Hurtado Vargas, por un supuesto fraude procesal. La acusación, en síntesis, sostiene que Hurtado no sería el autor de un informe pericial que presentó en el caso en contra de Bini. Fiscalía asegura, además, que ese peritaje -contratado por la defensa de Ola Bini y que demuestra su inocencia-, sería ilegal por haberlo realizado un perito que no fue solicitado por la Fiscalía.
Una hora y veintitrés minutos después de que se iniciara el operativo, el equipo de comunicación de la Fiscalía trinó: “Como parte de una instrucción fiscal por un presunto fraude procesal, #FiscalíaEc, con el apoyo de @PoliciaEcuador, dirige un allanamiento en las oficinas del Centro de Autonomía Digital, en Quito, para recabar indicios. #FiscalíaContraElDelito
“La investigación determinó que esta organización habría pagado por una pericia –para otro caso que lleva la Institución– que no fue legalmente dispuesta y cuyo archivo original no ha sido encontrado en los dispositivos de la persona procesada, quien habría realizado el informe.
“Como resultado de la diligencia, se incautaron 12 computadoras, un teléfono celular, un equipo DVR (que contiene los videos de seguridad de las oficinas) y documentación que tendría relación con el hecho investigado”.
Ofrecemos excusas por las deficiencias en la redacción a continuación y por transcribir literalmente, a pesar de eso, lo que la fiscal Romero dijo, en su solicitud a la Función Judicial para llevar a cabo el allanamiento: “Siendo que es imperante encontrar la verdad de los hechos y verificar quien realmente elaboro el informe Pericial presentado por Luis Fabian Hurtado Vargas dentro de la instrucción fiscal (…) sin haber sido dispuesto por al fiscal de la causa ni el juez de la causa, más aún cuando la normativa establece los procedimientos para hacerlo (contemplado artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal) solicita la orden de allanamiento y quebrantamiento de las puerta o cerraduras del inmueble..” (sic).
Ola Bini, su defensa técnica y los empleados del CAD no se explican por qué si el investigado es Hurtado, los agentes se dirigieron hacia el escritorio de Bini al llegar. “La fiscal vino a nuestra oficina con varios agentes de GEMA fuertemente armados. A punta de pistola, todos nuestros empleados y yo fuimos obligados a poner las manos en la cabeza. Entonces, los policías inmediatamente comenzaron a revisar la oficina. Fueron a mi escritorio primero”, trinó Ola Bini el domingo 10 de abril, dos días después del allanamiento.
Otro detalle que llama la atención es que en los mensajes que emitió la Fiscalía en redes sociales para comunicar sobre el desarrollo del operativo se exhibió fotografías de los supuestos indicios que se habían recabado, pero en una de esas imágenes figuran los rotulados “OLA BINI”, cuando los funcionarios habían anunciado que el allanamiento se producía como parte del proceso en contra del perito Hurtado, como hemos dicho y como consta en el documento judicial sin firma electrónica que presentó la fiscal.
Sara Zambrano, directora ejecutiva y representante legal del CAD, relató que al llegar, la fiscal Romero no presentó el documento de la orden judicial de allanamiento, como dispone la ley, y que cuando los trabajadores del CAD se la pidieron, les mostraron un documento digital sin firma electrónica desde un celular. Finalmente, la fiscal imprimió el documento en las mismas oficinas que estaba allanando para cumplir con su obligación de presentarlo, aunque no constaba la firma.
Argumentos jurídicos desbaratan la tesis de la Fiscalía
“El momento en el cual el sistema pretende someternos a que lo hagamos todo a través de Fiscalía tenemos un gigante problema -dijo el penalista Felipe Rodríguez-; cuando nos estamos enfrentando a Fiscalía, cuando somos defensores y no patrocinadores, Fiscalía es nuestro enemigo, es nuestro rival, es la parte que está buscando la condena de nuestros clientes, por lo tanto, obligarnos a defendernos a través de nuestro rival es atentatorio contra el derecho a la defensa”.
El abogado penalista Paúl Ocaña recordó que el COIP no prohíbe expresamente los peritajes o la participación de testigos expertos que presenten una pericia en un caso que se investiga por parte de la Fiscalía, y aclaró que “el COIP no es una norma interpretativa o extensiva, sino que tiene que estar en la parte sustantiva como en la adjetival lo que está en la normativa”. En otras palabras, Ocaña aseguró que el COIP no está sujeto a interpretaciones y no prohíbe una pericia privada.
La penalista y criminóloga María del Mar Gallegos coincidió con Ocaña y añadió que la figura del perito privado es “totalmente válida por el principio de libertad probatoria”. De no ser así, dijo, cuando en un proceso se designan peritos de la Fiscalía, esos peritos también podrían considerarse parcializados y su objetividad sería cuestionable argumentando que reciben un salario de la Fiscalía General del Estado. “El control lo hace el juez del tribunal cuando valora el contenido del peritaje”, aclaró Gallegos.
Existen varios casos que hacen uso de peritos expertos privados, atendiendo al principio de libertad probatoria, y en los que se reconoce que es el tribunal, en la audiencia de juicio, el encargado de valorar esas pruebas. “Es grave lo que está pasando [con el caso Ola Bini] porque se está yendo contra el sistema adversarial”, dijo Rodríguez y evocó el principio de la igualdad de armas o de oportunidades para la prueba, que consta en el Artículo 454 del COIP, y que dice que: “Se deberá garantizar la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal”. Pero, además, recordó que el Articulo 5 del mismo COIP establece el principio procesal de igualdad, que dispone que “es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal…”.
“Si la otra parte piensa que [el perito] está parcializado, que ha hecho mal su trabajo o que ha hecho un informe favorable al que le pagó, para eso está el contrainterrogatorio, así como nosotros hacemos el contrainterrogatorio a los peritos de Fiscalía”, dijo también Gallegos.
En el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) -dijo Ocaña- existe la posibilidad de pericias privadas para contrastar o contrarrestar, precisamente, las de la Fiscalía. El Cogep, así, permite ejercer contradicción y que la defensa no sea limitada. “Es válida, en el caso de Ola Bini la pericia y la presentación de los informes y de los testigos expertos que puedan dar mayor claridad a los jueces del tribunal que están conociendo el tema”. Ocaña explicó que esa es una manera de garantizar el derecho a la legítima defensa y que las partes litiguen en igualdad de condiciones, atendiendo, además, al principio de lealtad procesal.
Las reacciones
Minutos después del allanamiento del viernes 8 de abril, medios de prensa locales e internacionales, organizaciones dedicadas al desarrollo de herramientas de seguridad digital y software libre dentro y fuera de Ecuador y cientos de miembros de la comunidad global de defensores de los derechos digitales cerraron filas a favor de Bini y rechazaron el operativo de la Fiscalía ecuatoriana. El Relator Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien ya seguía el caso desde el inicio, también se pronunció en Twitter.
Activistas y ciudadanos en Ecuador también levantaron alertas sobre las acciones lideradas por la Fiscalía y llamaron la atención por el evidente abuso del poder estatal sobre el programador sueco, una práctica que se ha vuelto constante durante los tres años desde que ocurrió la detención de Bini, el 11 de abril de 2019.
El caso Ola Bini acumula atropellos y apunta a convertirse en una nueva demanda internacional en contra del Estado por las constantes violaciones a los derechos del acusado. Ecuador lleva a cuestas 28 sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde 1995, el país ha tenido que pagar 50 millones de dólares por las sentencias emitidas en su contra en materia de DDHH y se espera la sentencia de 12 procesos activos en la Corte IDH. La audiencia de juicio en contra de Ola Bini, que tuvo lugar entre el 19 y el 21 de enero de 2022, se reanudará en mayo.
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Al Oído Podcast es un proyecto de periodismo narrativo de la revista digital La Barra Espaciadora y Aural Desk, en colaboración con FES-Ildis Ecuador y FES Comunicación.
Al oído Podcast son crónicas y reportajes que recogen los relatos de ciudadanas y ciudadanos, pueblos, nacionalidades y colectivos que han sido víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales y de sus libertades individuales, como un ejercicio de memoria colectiva.
El equipo de Al Oído podcast está integrado por Pepe German, en la dirección técnica, la producción y el diseño de sonido; Ana Cristina Alvarado y Jonathan Venegas, en la locución; Diego Cazar Baquero, en la dirección de contenidos y un amplio equipo de reporteros free lance.
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