Por Gabriela Montalvo / @mgmontalvo
Antes de ser Primer Ministro, Winston Churchill fue ministro de Hacienda de Gran Bretaña. En 1925, tras un período de flotación en los mercados de divisas, que se inició durante la Primera Guerra Mundial, Churchill quiso que la libra esterlina retornara al nivel original de paridad con respecto al dólar. El ya famoso economista británico J. M. Keynes le advirtió sobre los peligros de intentar tal maniobra, previendo una caída en el empleo. Churchill, obstinado como era, implementó su propuesta. El desempleo alcanzó el 10% en ese año y se mantuvo alto por toda una década.
Keynes dijo al respecto que Churchill buscó problemas. “¿Por qué cometió una tontería así? -se preguntaba, según lo documentó en ese año, en The Economic Consequences of Mr. Churchill-; en parte, quizá, porque no tiene un criterio instintivo que lo prevenga de cometer errores; en parte porque, careciendo de este criterio instintivo, lo ensordecieron los clamores de las finanzas convencionales; y, sobre todo, porque fue gravemente mal aconsejado por sus expertos».
Esas palabras parecerían estar dedicadas al gabinete económico del presidente Lenín Moreno, que, ante la emergencia sanitaria, social y económica que viven Ecuador y el mundo entero debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2, han actuado como si se tratara de cerrar el déficit.
Esta situación inusitada ha provocado, por un lado, lo que se conoce como shock de oferta, al romper el flujo de las relaciones comerciales y financieras que vinculan a los distintos actores de la economía; y por otro, también ha causado un shock de demanda al frenar agresivamente la producción, el consumo y la inversión.
Las consecuencias de observar estos dos fenómenos a la vez pueden ser catastróficas. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado un decrecimiento de -3% en la economía global, mientras el Banco Mundial prevé una caída de seis puntos para la economía ecuatoriana en particular.
Frente a esta situación, que es evidentemente atípica, particular y emergente, el gobierno de Moreno actúa como si se tratara de remediar una situación fiscal. Las medidas anunciadas por el Presidente y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, se dirigen a la recaudación de fondos de la ciudadanía para manejar una emergencia colosal en términos no solo sanitarios, sino también sociales y económicos. Mientras varios países del mundo orientan todos sus esfuerzos a inyectar recursos a sus economías desde el Estado, con el fin de proteger y salvar la mayor cantidad de unidades productivas, empleos y vidas, en el Ecuador se propone que sean las empresas privadas y las personas naturales que aún tienen un salario, las que sostengan la crisis.
Además, se pretende destinar esos recursos a una cuenta de asistencia humanitaria manejada por un grupo de personas ajenas a la gestión estatal, con el fin de asegurar transparencia, según manifestaron expresamente las autoridades. Este fondo público, pero de administración privada, se complementa con la entrega de un bono de subsistencia, en su sentido más literal, pues corresponde exactamente al monto que se considera el límite de la indigencia: dos dólares diarios para vivir.
Parecería un paquete por lo menos insuficiente ante una situación como la que vive el mundo. Sin embargo, estas medidas dejan claro algo más: la orientación política del gobierno con respecto al trabajo.
En este punto es preciso regresar a Keynes y a la discusión que sus propuestas propiciaron en el mundo económico. El célebre economista británico sostuvo la importancia del gasto público y del salario, más precisamente del salario real, en la producción, discutiendo la premisa clásica sobre la rapidez en los ajustes entre oferta y demanda en el mercado laboral.
Para que los supuestos clásicos, adoptados y readaptados luego por los economistas neoliberales, se cumplan, es preciso que no exista nada que detenga o interrumpa los ajustes que el mercado requiere en términos de salario y remuneración del trabajo. Es preciso limitar, eliminar si es posible, la acción estatal que se manifiesta a través de la legislación, pero también es necesario impedir la organización, explícita o tácita, de los trabajadores. Limitar al máximo su poder de negociación.
Por eso las medidas del gobierno son especialmente agresivas en este momento de vulnerabilidad. Porque son el corolario de un proceso de desvalorización del trabajo que viene de antes y que requiere además de un relato en contra del trabajo público.
Las continuas reducciones en los salarios de los funcionarios y servidores públicos se justificaron en primera instancia con la idea del exceso, del derroche e incluso de la corrupción. Luego vino el discurso de la eficiencia, de la necesidad de cerrar el déficit. Luego de haber construido un imaginario perverso alrededor del servidor público, ahora se recortan aún más sus salarios y se demoran sus pagos bajo el argumento de requerir esos recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Esta agresiva disminución no afecta únicamente a los trabajadores públicos, sino que es un golpe directo al poder de negociación de los trabajadores en general. En situaciones en las que existen más personas buscando empleo que empresas dispuestas a contratarlos, los salarios suelen ser menores que aquellos considerados de eficiencia. Cuando esto sucede, tener sueldos más altos en el sector público constituye un elemento a favor del trabajador.
En ese contexto de vulnerabilidad y, además, de pandemia, proponer “acuerdos entre las partes” no solo que pone en peligro miles de empleos, sino que además resulta ineficiente económicamente. El costo que un incremento significativo del desempleo puede tener en condiciones tan delicadas como las actuales puede resultar en un empeoramiento de la situación sanitaria, pues la necesidad saldrá a la calle desafiando cualquier norma de confinamiento.
No se propone tampoco que sea el sector privado quien asuma todos los costos, pues las actividades se han reducido al mínimo. Lo que se requiere con urgencia, ya que cada día cuenta, es una decidida intervención estatal que financie el sostenimiento de la mayor cantidad de empleos y empresas. Es imprescindible contar con financiamiento desde el Banco Central y activar un mecanismo que permita continuar con el flujo de pagos a nivel electrónico, incluso por seguridad sanitaria. Son varias las voces que apuntan a esta herramienta que no puede ser despreciada aduciendo motivos políticos.
Si a eso se suman incentivos para la repatriación de una mínima parte del capital ecuatoriano en el exterior, estimado en 30 000 millones de dólares, para alcanzar los aproximadamente 7 000 millones que, según un estudio de la CELAG, se requieren para evitar un colapso, entonces sí se podría hablar de arrimar el hombro.
Permitir un decrecimiento de seis puntos para una economía como la ecuatoriana sería más que catastrófico. Basta recordar que en 1999 la caída fue de 4,7 puntos. Y en ese entonces era posible pensar en una pronta recuperación, gracias a recursos que llegaron del exterior, sobre todo en remesas, mientras que ahora no es posible dimensionar en qué medida se reactivará ese rubro o el de las exportaciones.
Reducir la acción del Estado en materia económica frente a una situación como la actual a un proceso de recaudación y repartición, desconociendo la potencialidad de otros mecanismos como el señalado, generará aún más costos que luego se trasladarán dolorosamente a la gente de a pie que somos la mayoría.
