Redacciones Ecuador Chequea y La Barra Espaciadora
El segundo debate sobre la Ley que normará la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, despenalizada desde abril del año anterior, se cumplió sin mayores aportes para mejorar el articulado y con más críticas que apoyo al informe de mayoría que elaboró la Comisión de Justicia.
La sesión reflejó que no habría los votos para aprobar la normativa o que al menos será difícil lograr los 70 votos necesarios; además, mostró cuán divididas están las bancadas con relación a este tema. Fue un debate que derivó en creencias religiosas personales, invocando a Dios en algunos casos y citando la Biblia en otros.
De los 46 asambleístas que intervinieron, 17 destacaron la necesidad de aprobar la normativa, de garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional y reconocieron que la despenalización del aborto está vigente y que a la Asamblea le corresponde aprobar la normativa que regule su procedimiento.
Mientras que otros 29 asambleístas rechazaron los términos del informe y en algunos casos aseguraron que lo que se busca es promover el aborto libre y “masivo”; que la Corte Constitucional -dijeron- no dispone aprobar la Ley, que no tiene competencia para exigirle eso a la Legislatura; y en casos más extremos negaron toda posibilidad de aprobar cualquier Ley en ese sentido. Sus argumentos: que no serán cómplices de un asesinato, que no son criminales, e incluso se habló de la necesidad de un proyecto de planificación familiar o del uso de anticonceptivos para evitar los abortos.
Discursos a favor y en contra
Los legisladores que se oponen al proyecto de Ley trataron de llevar el debate hacia aspectos que no tienen relación con lo que se busca normar: el procedimiento para acceder al aborto por violación. Así, cuestionaron que no conste la obligación de la denuncia por parte de la afectada por la violación, lo que significaría que el violador -dijeron- quede sin sanción, en la impunidad. Luisa González (UNES) aseguró que se pretende dejar al agresor en libertad para que vuelva a delinquir.
Fue Gruber Zambrano (independiente) quien le recordó que la violación es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y que la sanción tiene su propio procedimiento en esa Ley. Por su parte, María Aquino sugirió que quienes apoyan la normativa deberían apoyar también la pena de muerte para los violadores, pronunciamiento que fue respaldado por María Fernanda Astudillo (UNES).
La Corte Constitucional tampoco se salvó de sus críticas. Según argumentos de legisladores como Vanessa Freire y Pedro Velasco (independientes), los jueces de la CC se excedieron en sus competencias al ordenar a la Asamblea que elabore un proyecto de Ley que norme el procedimiento. “Tenemos nueve dioses, dioses del Olimpo”, ironizó Cesar Rohon (independiente), mientras que el socialcristiano Esteban Torres aseguró que la sentencia mandaba a conocer y discutir la Ley, pero no a aprobarla, y que no sería cómplice de la aprobación de esta Ley ya que el aborto “es un negocio para la comercialización de los tejidos de los fetos”. Eso dijo Torres, pese a que existe una aclaración de la Corte Constitucional que dispone explícitamente que se debe aprobar la Ley.
Mientras que Wilma Andrade (ID), Sofía Sánchez (PK) y Verónica Carrillo (ID) recordaron que las sentencias de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio. “La Ley no obliga a nadie a abortar, brinda la posibilidad de decidir a las mujeres víctimas de violencia sexual. La prohibición obliga a la clandestinidad”, aseguró Carrillo.
Y en medio de esta lluvia de criterios, siendo la temporalidad uno de los puntos críticos más cuestionados, pocos se atrevieron a sugerir un plazo determinado. Y quien lo hizo cayó en contradicciones. Vanessa Freire propuso que el plazo máximo para interrumpir el embarazo sea de 12 semanas y esto fue lo único que se ciñó al motivo del debate, pues el resto de su intervención fue una serie de críticas al informe para justificar que el proyecto debería ser archivado y “abortado”.
La posibilidad de que ni el informe de mayoría ni el de minoría logren los votos necesarios hizo que Sofía Espín (UNES), proponente del informe de minoría, les recuerde a los legisladores que si no se aprueba ningún texto el aborto por violación seguirá realizándose, pero sin requisitos, sin normativa, sin plazos, sin regulación. La sentencia de la Corte señala que “la falta de regulación no podrá ser pretexto para incumplir esta sentencia, ni sancionar a mujeres o médicos que interrumpan voluntariamente un embarazo producto de una violación sexual”.
Las posiciones extremas
En medio de este debate hubo expresiones y análisis extremos que mostraron absoluto desconocimiento sobre el tema sometido a discusión. Nathalie Viteri (PSC), después de una profunda crítica en contra del aborto, dijo: “Si no quiero tener un bebé, uso un anticonceptivo antes”. Johana Moreira (ID) le recordó que no están hablando de relaciones consentidas, sino de niñas y adolescentes, muchas de ellas de la ruralidad, que no conocen ni tienen acceso a anticonceptivos. Y lo principal, que ninguna mujer espera, ni debería ser violada, como para cuidarse con anticonceptivos.
De su parte, Geraldine Weber (PSC), quien antes de que se reinstalara la sesión lideró en los exteriores de la Asamblea una oración con los grupos autodenominados provida, pidiendo que no se apruebe la Ley, dijo que esta es discriminatoria, ya que en el país también hay niños y adolescentes violados.
Tras más de ocho horas de sesión, el debate se cerró y la ponente, Johana Moreira, pidió ocho días de plazo para incorporar las observaciones planteadas en la jornada y preparar el informe final que deberá ser votado. Fue una jornada en la que 12 asambleístas mujeres estuvieron en contra y 14 asambleístas mujeres a favor; hubo también 3 asambleístas hombres a favor y 17 asambleístas hombres en contra.
Moreira mocionó también que la Ley sea votada por bloques, y que el artículo 19, que se refiere a los plazos para el aborto entre 20 y 22 semanas, sea votado por separado.
La jornada en números
- 52 intervenciones
- 46 asambleístas intervinieron
- 17 asambleístas tuvieron intervenciones a favor
- 29 asambleístas tuvieron intervenciones en contra
- 12 asambleístas mujeres en contra
- 14 asambleístas mujeres a favor
- 3 asambleístas hombres a favor
- 17 asambleístas hombres en contra
Fact checking en vivo
Durante esta continuación del segundo debate, Indómita y Ecuador Chequea realizaron el chequeo en vivo del discurso de los asambleístas. Este trabajo tuvo el respaldo de Cepam Guayaquil y los siguientes medios y coaliciones: La Barra Espaciadora, Plan V, GK, Chicas Poderosas Ecuador, Primicias, Wambra Radio, BN Periodismo, La Periódica, Tinta Digital, Ecuador Verifica, Ecuador Today y Edición 111.
Se realizaron, en total, 37 verificaciones; 14 resultaron falsas, 14 verdaderas y 9 imprecisas. A continuación, presentamos algunas de las más importantes:
Johana Moreira (ID): “Según los estándares internacionales, una maternidad forzada es una forma de tortura”.
Cierto: reportes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres señalan que en aquellos casos en el que el embarazo fue producto de violencia sexual y se prohibió su interrupción, al momento en que la niña se convierte en madre se cometen tres tipos de violaciones a sus Derechos Humanos: le impone una relación sexual no deseada; le obliga a llevar a término un embarazo que no buscó; y le obliga a ser madre contra su voluntad.
Geraldine Weber (PSC): “La mayor causa de muertes es el aborto: son 45 millones de vidas sacrificadas al año por el aborto vs. 7 millones de vidas por el Covid – 19”.
Falso: los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que la mayor causa de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica, responsable del 16% de casos. Desde el año 2000, el mayor aumento de muertes corresponde a esta enfermedad, que ha pasado de más de 2 millones de defunciones en 2000 a 8,9 millones en 2019. La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. Las muertes por Covid a nivel mundial hasta la fecha son aproximadamente 5,7 millones.
Esther Cuesta (UNES): “Según cifras del INEC, en 2019 hubo casi 50.000 partos de adolescentes de 15 a 19 años”.
Cierto: de acuerdo con el Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales 2019, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2019 se registraron 49.895 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad. El dato corresponde a una tasa de 63,5 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.
Luisa González (UNES): “2.500 niñas son violadas y dan a luz en el país. Con esta ley esta cifra va a aumentar”.
Falso: las cifras sobre violencia sexual contra niñas y adolescentes suponen un registro. Los datos oficiales indican que, en promedio, se reciben 14 denuncias de violación por día, tres de ellas, contra niñas menores de 14 años. Si se hace una proyección, anualmente más de mil niñas son víctimas de violencia sexual. Sobre maternidad, en 2019, se registraron 1.816 nacidos vivos, hijos de niñas de 10 a 14 años de edad.
Esteban Torres (PSC): “La sentencia de la Corte Constitucional dice que la Asamblea debe conocer y discutir la Ley, pero nunca dice aprobar”.
Falso: el 9 de junio de 2021, la Corte Constitucional emitió una aclaración a su sentencia que despenalizó el aborto por violación y señala que, efectivamente, la Asamblea debe aprobar una Ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación dentro del plazo fijado por la Corte.
Paola Cabezas (UNES): “Las mujeres negras somos las más criminalizadas, porque somos las más pobres, somos las que no tenemos recursos para ir al exterior, o pagar el silencio de un médico para que nos practique un aborto”.
Impreciso: de los datos de una muestra de casos analizados por Surkuna (Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos) se desprende que el 100% de mujeres criminalizadas era de bajos recursos económicos, que en un 69% tenía entre 14 y 19 años y que, en un 40% de los casos, se trataba de mujeres negras.
Jorge Pinto (CREO): “La sentencia no busca determinar si hay derecho al aborto, lo que hace es cuestionar la pena de cárcel a la mujer víctima de violación”.
Cierto: La Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación, y declara la inconstitucionalidad, por el fondo, de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental.
Esta publicación es parte de la coalición Ecuador Verifica y ha sido realizada por el equipo de Ecuador Chequea.
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