Redacción Ecuador Chequea
En el proceso de la elaboración del informe para segundo debate sobre la Ley que normará el aborto en casos de violación, la Comisión de Justicia aprobó, con seis votos a favor y cuatro en contra, la temporalidad para la interrupción del embarazo.
La propuesta es que el aborto en casos de violación se pueda practicar en un plazo máximo de 28 semanas (siete meses) de gestación en mujeres mayores de 18 años y sin plazos en casos de niñas y adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad.
Este es uno de los tres nudos críticos que se han presentado a lo largo del análisis del proyecto de normativa y el que concentró el debate desde los sectores sociales, de salud y parlamentario.
La moción fue presentada por el asambleísta José Agualsaca (UNES), integrante de la Comisión, quien aseguró que esta diferenciación de plazos se debe especialmente al desconocimiento de la población rural sobre el sistema de salud, al que no acuden por miedo o vergüenza.
La asambleísta alterna Gissela Garzón (UNES) agregó que es una opción práctica, pensando en que las niñas tardan en entender lo que pasa en su cuerpo, los cambios que experimentan, por lo que no se les puede imponer una temporalidad que pondría en riesgo su vida.
Sin embargo, para Ricardo Vanegas (PK) la alternativa no se ajusta a la sentencia de la Corte Constitucional, que pidió fijar plazos en todos los casos, sin excepciones.
Como parte del debate en la Mesa, José Chimbo (PK) propuso que el plazo máximo para la interrupción del embarazo fuera a las 12 semanas de gestación, lo que no tuvo apoyo. Johana Moreira (ID) manifestó que ese plazo significaba una barrera y un desconocimiento de lo que se vive en la ruralidad.
Para Moreira y Garzón, lo ideal es que no se pongan plazos.
El activismo toma partido
La decisión de la Comisión de Justicia generó la inmediata reacción de grupos de defensa de derechos y también de los denominados provida. Héctor Yépez, exasambleísta y crítico del aborto bajo cualquier circunstancia, comentó en Twitter que para la Mesa legislativa un “bebé sietemesino no tiene derecho a la vida” y espera que el Pleno de la Asamblea no dé paso al “asesinato de seres humanos inocentes”.
Mientras que la activista provida Amparo Medina, en entrevista con radio América, manifestó que la Corte Constitucional se excedió en la sentencia que despenalizó el aborto por violación y ahora la Comisión de Justicia trabaja en un “mamotreto de Ley” que daría paso al “asesinato de seres humanos en el vientre de su madre”
Desde el otro lado del análisis, Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, espacio feminista que trabaja en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, asegura que la decisión de la Comisión es adecuada en la medida de lo posible, ya que no deberían existir plazos.
“La violación es un evento traumático en la vida de las mujeres. No todas las mujeres, apenas les falta la menstruación, van y denuncian. La violación genera bloqueos en la mujer adulta, no se diga en las niñas que son violadas por personas de su misma familia; peor en el caso de las mujeres con discapacidad mental que no tienen conciencia de lo que les está pasando”, dijo.
Goméz admite que a las 28 semanas el feto está vivo, pero que la sentencia de la Corte jerarquiza los derechos de las mujeres por sobre los derechos del embrión y del feto, por lo que el plazo se apega a los resuelto por la Corte.
Pero, más allá de los tiempos y de la ley, dice, lo fundamental es que debe existir una propuesta de información a la población, de capacitación a los trabajadores de la salud que posibilite que las mujeres violadas acudan rápidamente al servicio de salud para que sean atendidas y que los casos no queden en la impunidad.
Por su parte Verónica Vera, de Surkuna, organización que ha dado seguimiento y acompaña a mujeres que han sido violadas y han optado por el aborto, dijo que es ideal que no haya temporalidad para el aborto en el caso de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad que son las más vulverables.
Mientras que el plazo para interrumpir el embarazo en mujeres mayores de 18 años permitirá que más mujeres puedan acceder a abortos legales por violación. “Aspirábamos a una Ley sin plazos, pero la propuesta de la Comisión responde a lo que han escuchado todos estos meses de debate de la normativa”, dijo.
Otros temas
La Comisión resolvió también el otro nudo crítico, que es el procedimiento, donde la polémica era si para acceder al aborto, la afectada por violación debe o no presentar la denuncia. La decisión fue que bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa de la gestante.
Sólo deberán llenar un formulario. Para que los casos no queden en la impunidad todos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por parte del establecimiento de salud en un plazo máximo de 48 horas.
La Mesa legislativa vota artículo por artículo el informe para segundo debate, por lo que quedó pendiente por resolver el tercer nudo crítico, que es el alcance de la objeción de conciencia por parte del personal de salud.
Hasta el pasado lunes 10 de enero en la noche se había avanzado hasta el artículo 25.
Los plazos en otros países
Al menos cuatro países en América Latina han despenalizado el aborto. En Argentina se permite abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14. Pasado ese plazo es legal en caso de peligro para la vida o la salud de la persona gestante o en caso de violación.
En Uruguay se puede abortar por voluntad propia en las primeras 12 semanas de gestación, y hasta las 14 semanas en caso de violación.
En ese país las mujeres deben ser vistas por un equipo interdisciplinario, conformado por un ginecólogo, un psicólogo y un trabajador social, quienes deberán informarlas sobre los riesgos y las alternativas, brindarles apoyo psicológico y social, y garantizarles toda la información para la toma de una decisión consciente y responsable.
Luego, deben pasar cinco días para la reflexión para volver a la consulta con ginecólogo y ratificar o rectificar su decisión.
En Cuba el aborto libre es permitido dentro de los primeros tres meses de gestación; en México de los 34 Estados sólo cuatro (Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Mexico DF) tienen una ley de plazos que permite la interrupción del embarazo libremente en las 12 primeras semanas de gestación.
Esta publicación es parte de la coalición Ecuador Verifica y ha sido realizada por el equipo de Ecuador Chequea.
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