Por La Barra Espaciadora @EspaciadoraBar
Mediante un escrito del proceso denominado “Caso Duzac”, Pedro Delgado solicitó al fiscal Galo Chiriboga que se le permita rendir una declaración reveladora que, al vaivén de las diligencias judiciales, hoy resulta inútil.
El caso, en síntesis: a pesar de que no cumplía con los requisitos que a cualquier mortal le pone una institución financiera para otorgarle un préstamo, el argentino Gastón Duzac recibió uno de 800 mil dólares por parte del Cofiec, banco en manos del Estado que formaba parte de las empresas incautadas a los banqueros que quebraron en la última crisis.
¿Por qué tuvo ese privilegio? El propio Delgado, primo del presidente Rafael Correa Delgado, lo dejó sentado el 8 de septiembre de 2014 en una carta enviada desde Miami, la cual reposa olvidada en la foja 5.172 dicho proceso: “Nunca he negado que pedí al señor Antonio Buñay (expresidente de Cofiec) que se reúna con Gastón Duzac, Pedro Elosegui y otros argentinos. Esta solicitud se originó a partir de la visita de varios empresarios argentinos a la Presidencia de la República del Ecuador. Como resultado de esa visita se me solicitó por parte de altos funcionarios de la Presidencia, que trate de agendar reuniones de estos empresarios con distintos funcionarios públicos y representantes de las empresas incautadas”.
Fue así que, según el testimonio, Gastón Duzac, Pedro Elosegui y más empresarios argentinos se reunieron, por pedido de Carondelet, con Camilo Samán, Natalie Cely, Stanley Vera, Santiago León, en ese entonces funcionarios del Gobierno.
Aunque Delgado reveló el pedido de altos funcionarios de la Presidencia, para la Fiscalía ese dato, al parecer, no es relevante, por lo que se ha limitado a colocar este escrito en el proceso sin indagarlo ni solicitar la declaración del primo de Rafael Correa.
Hace pocas semanas, el juez Paúl Íñiguez, de la Corte Nacional de Justicia, se pronunció en el caso y abrió la etapa de juicio, es decir, aceptó la acusación contra los posibles implicados en el delito de peculado e inició el proceso formal en su contra.
El juez Íñiguez aceptó parcialmente el pedido de la Fiscalía para iniciar el juicio, ya que ese organismo acusó del delito de peculado por el crédito de 800 mil dólares entregado a Gastón Duzac a 19 personas. Finalmente, el juez llamó a juicio a nueve y dejó fuera a los otros diez.
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El 3 de septiembre el fiscal Galo Chiriboga participó en la audiencia preparatoria del juicio en contra de los implicados en el caso Duzac. Esa diligencia llamó la atención por la inasistencia del abogado Juan Carlos Carmigniani, quien hasta ese momento había defendido a Pedro Delgado.
Para entonces, Pedro Delgado ya había sido protagonista de uno de los escándalos más ruidosos del Gobierno cuando admitió públicamente haber falsificado su título de economista. Acto seguido renunció a sus altos cargos gubernamentales, tomó un avión hacia Miami y se fue. Esto pese a que hasta ese momento, 19 de diciembre de 2012, ya tenía varias denuncias en su contra por el tema del título y por el caso Duzac. Sólo cuando estuvo en Estados Unidos se le dictó orden de prisión.
La sorpresa por la inasistencia del abogado fue complementada apenas horas después por otra: Pedro Delgado hacía pública una carta en la que decía ser perseguido jurídicamente y renunciaba a su defensa en vista de que, sostenía, cualquier cosa que haga sería infructuosa. Más de uno tomó con cautela tal anuncio, debido al cuidado que el primo del presidente había demostrado durante las investigaciones, tiempo en el que se mantuvo firme en su inocencia.
Como uno de los parientes más queridos del presidente Correa y como expresidente del Banco Central y máxima autoridad del Fideicomiso No Más Impunidad, Pedro Delgado había estado en el lado más privilegiado del poder. Incluso, luego de las denuncias en su contra, su primo no dudó en defenderlo a toda costa. Incluso hubo un acto de homenaje a Delgado encabezado por Rafael Correa.
Poco tiempo después, con Delgado ya fuera del país, Correa cambió de discurso, pero jamás reconoció que se había equivocado.
De su lado, Delgado demostró que declararse un perseguido político o judicial lo ponía en una posición conveniente, sobre todo cuando se estaba tramitando la residencia en Estados Unidos.
Delgado huyó a ese país en diciembre del 2012 con la promesa pública de regresar a Ecuador para defenderse de las acusaciones en su contra. Durante meses se paseó y vacacionó sin mayor problema usando su pasaporte diplomático. Sin embargo, las cosas se le complicaron cuando le retiraron ese documento. Entonces, inició el trámite para conseguir la residencia. Recién en abril de este año se le dictó la prisión preventiva desde Ecuador.
Obtener la residencia en Estados Unidos no es un proceso fácil para una persona común y corriente, pero sin duda comprobar que uno es perseguido ayuda y mucho.
El sistema estadounidense no perderá la oportunidad de demostrar que el manto de su justicia puede extenderse por todo el globo. Delgado conoce muy bien esa lógica y la aprovecha a su favor insistiendo en su calidad de perseguido.
¿Cómo un acusado de un delito se ve obligado a declararse perseguido judicial y renunciar a su defensa por el cansancio ante una justicia que, a su criterio, no lo ve, no lo escucha ni le hace caso?
Hábilmente, Delgado puso en el aire estas preguntas nacidas de la actuación de la Justicia ecuatoriana y con ello allanó el camino para que las autoridades estadounidenses le den la razón.
Así, el primo del presidente Correa pasó de acusado a víctima. Y consiguió que se olvide que él fue quien dirigía, por ejemplo, el andamiaje institucional de los bienes incautados que ahora están en poder del gobierno, entre ellos, el banco Cofiec, el de los préstamos sin garantía.
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Cuando el juez Iñiguez llamó a Pedro Delgado a juicio, sin que antes al menos le haya tomado una declaración, selló judicialmente su destino: de acusado a víctima de persecución fue la definición.
Ahora Delgado deberá afrontar el juicio y el fiscal Galo Chiriboga anunció nuevamente la intención de pedir su extradición, tal como lo hizo en el 2013, cuando inició el proceso penal por la falsificación del título de economista. En aquella ocasión, pese a que hubo la confesión del delito, no lo pudo traer al país, por lo que esta vez esa posibilidad es aún más lejana en vista de la situación legal y migratoria del acusado.
Aunque no podemos ponernos en la posición de las autoridades judiciales y migratorias de Estados Unidos, todo indica que las actuaciones del fiscal Chiriboga y de la Corte Nacional de Justicia en este caso facilitaron la vida de Delgado, quien podría haber sacado partido de ellas y así asegurarse que podrá seguir paseando por Miami sin mayores problemas por mucho tiempo más. Cabe entonces preguntarse si la justicia ecuatoriana también hizo su parte en la estrategia de Delgado.
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La entrega de 800 mil dólares al argentino Gastón Duzac, a través de un préstamo irregular otorgado por el banco Cofiec, fue el inicio de un caso más complejo.
Las transferencias fueron a parar a dos cuentas en el exterior, la una en Suiza y la otra en Estados Unidos. El dinero fue rastreado hasta que llegó a manos de Juan Antonio Hussey y Carlos Cristian Galán, ambos socios argentinos de Scanbuy, empresa que con altos contactos en el Gobierno ecuatoriano intentó implementar el sistema de billetera móvil, similar al que que en las últimas semanas ha resucitado el Régimen.
Omisiones otra vez, dentro del proceso, la Fiscalía nunca solicitó la declaración de estas dos personas, quienes habrían recibido el dinero. En la investigación, las autoridades se conformaron con la versión del argentino Gastón Duzac, quien, finalmente, no habría recibido el dinero que gestionó.
Otro de los ignorados en el caso es Pedro Elosegui, amigo del presidente de la República, Rafael Correa, quien es mencionado por varios de los actores del proceso y a quien el mismo Delgado vinculó como uno de los extranjeros que se reunió con varios funcionarios del Estado en conversaciones de negocios.
Pero el expediente trae más temas no resueltos, cabos sin atar, personas sin mencionar. Tanto Pedro Delgado como como el superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, y denunciantes particulares han entregado documentación que habla de, al menos, 87 préstamos entregados de forma irregular por el banco Cofiec. Los documentos al respecto también constan en el proceso del crédito a Gastón Duzac. Y pese a que la Fiscalía anunció que iniciaba una investigación al respecto, se sabe que hasta la fecha tales investigaciones no han avanzado.
