La audiencia de juicio contra Ola Bini se realizará del 19 de enero al 21 de enero de 2022. Más de 100 organizaciones de DDHH en el mundo han mostrado su preocupación respecto de este proceso. A tan pocos días de iniciar la audiencia, es necesario reconstruir el proceso y recordar lo que hay detrás del estigma y las presiones políticas.
Por Ángela Lascano D. / @AngelaILD
Una detención sin orden judicial, una captura de pantalla del 2015 como prueba de supuestos delitos cometidos en el 2019. Desde hace dos años y nueve meses, el programador sueco Ola Bini enfrenta un proceso judicial que muestra ilegalidades e incongruencias. Este miércoles 19 de enero, después de varios aplazamientos, finalmente se instalará la audiencia de juicio en su contra.
A tan pocos días de la audiencia, la Fiscalía se ha saltado pasos y ha pedido que se formulen cargos contra Fabián Hurtado, perito informático clave de la defensa de Bini. El hecho, que ha sido visto por la defensa de BIni como un intento más de intimidación, se suma a la larga lista de irregularidades en un proceso que comenzó con absurdos que desde su detención no se han explicado, justificado ni sancionado.
El 11 de abril del 2019, la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció en rueda de prensa que se había retirado el asilo diplomático al australiano Julian Assange. En un intento de justificar lo sucedido, aseguró que un amigo de Assange y miembro de Wikileaks residía en Ecuador desde hacía varios años y que, junto a Ricardo Patiño, el excanciller del gobierno de Rafael Correa, había colaborado en presuntos intentos de desestabilización del gobierno de Lenin Moreno. Romo nunca entregó a la Fiscalía las pruebas que ofreció y que supuestamente debían sustentar sus declaraciones, pero horas después de esa rueda de prensa empezó la persecución contra Ola Bini.
Bini había visto la rueda de prensa mientras se preparaba para acudir a unas prácticas de artes marciales en Japón. Y si bien se había sorprendido por las extrañas declaraciones de Romo, no sintió en ningún momento que las mismas lo involucraran. Bini, para ese entonces, llevaba diez años diseñando programas de código abierto cuyo objetivo era proteger la seguridad digital de los usuarios de internet. Siendo la seguridad y la privacidad uno de sus mayores intereses, hasta ahora no comprende él ni sus defensa ni las más de 100 organizaciones alrededor del mundo, por qué el Estado ecuatoriano lo mandó a encarcelar.
A las 3 de la tarde, cuando ya se encontraba en el aeropuerto Mariscal Sucre dispuesto a empezar su viaje, fue detenido por un grupo de personas que le aseguraron que tenían una orden para detenerlo. Lo calificaban de «hacker ruso», dos adjetivos que, aparte de no constituir un delito, tampoco cuadraban con el perfil de Ola Bini. En ese momento, no existía ningún cargo formal en su contra y los policías nunca le hablaron ni en inglés ni en sueco, violando sus derechos.
Bini permaneció bajo custodia sin acceso a un abogado ni a un traductor por más de 20 horas. Durante ese tiempo, no se le permitió comunicarse con la embajada sueca ni se le ofreció comida o agua. Deshidratado y confundido, permaneció en un coche de policía desde 23:30 de la noche hasta las 2:30 de la mañana del 12 de abril, a pesar de que la Constitución prohíbe mantener a personas detenidas fuera de recintos carcelarios.
Esa madrugada, la policía lo llevó a su apartamento, solo para mostrarle cómo irrumpían en su hogar sin una orden legal de allanamiento. Supuestamente, en ese momento encontraron “material incriminatorio”: USBs, cables, computadores y demás equipos propios de su trabajo.
La defensa de Ola Bini presentó una denuncia hacia el proceso de detención, demostrando las irregularidades del suceso. A pesar de ello, el sábado 13, se ordenó prisión preventiva para Bini y la inmovilización de sus cuentas bancarias. Como consecuencia, Bini permaneció en una celda del Centro de Detención Provisional de Quito (CDP) durante 70 días. Las camas, que usualmente se piensan para la estatura promedio en Ecuador, resultaron pequeñas para su estatura, por lo que el programador durmió sobre un cartón en el piso la mayoría del tiempo de su encierro.
Mientras que la Fiscalía intentaba encontrar pruebas contra él, Bini, en prisión, continuaba preguntándose cuál era el delito que supuestamente había cometido. “¿Qué sistemas he atacado?” –le escribía desde la cárcel al expresidente Lenin Moreno – “¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Lo sabe? Yo no.”
Después que se aceptara su solicitud de habeas corpus, reconociendo la ilegalidad e ilegitimidad de su detención, el 20 de junio finalmente pudo salir de prisión. Y aunque era un logro en medio de la situación, la ardua tarea de defenderse del Estado ecuatoriano recién comenzaba.
La Fiscalía acusó a Ola Bini de violar el Art. 232 del Código Penal por un supuesto ataque a la integridad de los sistemas informáticos. Desde la fecha, la entidad tenía 90 días para reunir pruebas y llevar a cabo una investigación formal. Cuando estaban por cumplirse los 90 días, la Fiscalía señaló a otra persona como cómplice de Bini y logró ganar 30 días más para conseguir pruebas. El 29 de agosto, cuando faltaban dos días para que se terminara el plazo, la Fiscalía cambió de cargos y decidió acusar a Bini de acceso no autorizado al sistema informático de la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que a su vez daba soporte a la petrolera Petroecuador y a la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Como prueba de este delito cometido en el 2019, presentaron una captura de pantalla tomada, presuntamente, en el 2015.
La foto, que habría sido intercambiada por WhatsApp entre Bini y un proveedor de CNT, presenta desde el punto de vista técnico varias inconsistencias. La captura de pantalla muestra en sí una sesión mediante Telnet, un protocolo de comunicación antiguo y poco seguro que permite comunicarse con un computador remoto y enviar comandos. Las interacciones en este sistema se van registrando cronológicamente, de manera que toda acción se muestra en la pantalla. Verdiana Alimonti, coordinadora de actividades de Electronic Frontier Foundation (EFF), dijo en un reportaje del medio La Posta que los comandos denotan que no hubo acceso: “Se ve que cuando el sistema solicita una identificación de usuario, la persona no hace nada y no intenta acceder”. En la imagen aparece el mensaje de “timeout”, mensaje que indica que la conexión del servidor se ha roto al no recibir respuesta.
John Matherly, creador y fundador de Shodan, desmintió las afirmaciones de la parte acusadora al confirmar que el sistema informático al que supuestamente habría intentado acceder Ola Bini no es privado, sino que es de acceso público en Internet. “Por definición, Shodan solo puede ver cosas que son de acceso público en Internet, por lo que la empresa de telecomunicaciones se equivoca en este caso”, señaló Matherly en un reportaje de este medio.
Desde todos los ángulos, la imagen demostraría así la inocencia de Ola Bini y no su culpabilidad. Sin embargo, a pesar de las pruebas incongruentes y los reportes que se hicieron al respecto por parte de organizaciones de seguridad digital, el caso continuó.
El 5 de septiembre del 2019, la Fiscalía allanó sin una orden legal la casa de Fabián Hurtado, perito informático contratado por la defensa de Ola Bini. Se le acusó de fraude procesal, supuestamente por haber incorporado información engañosa a los informes. Hasta el momento, no se ha abierto una investigación sólida en su contra y el hecho ha sido visto como un intento más de intimidar a la defensa e impedir un juicio justo.
En octubre del 2020, la defensa de Bini presentó un recurso de habeas data –acción que protege el derecho al uso de la información personal– para probar que lo estaban vigilando. El recurso permitió comprobar que los servicios de Inteligencia de Ecuador en realidad no contaban con pruebas ni para presentar cargos ni para detenerlo. Y a pesar de que el recurso de habeas data constituyó una ganancia en el caso, desde entonces Ola Bini ha sido víctima de hostigamiento y acoso extra legal: fotógrafos, patrullas y drones lo siguen a cualquier lugar que vaya. Como resultado, Bini ha sido diagnosticado con síndrome de estrés postraumático y debe movilizarse todos los días con acompañamiento de personal de seguridad personal.
Finalmente, el 15 de julio del 2021, la jueza Ximena Rodríguez aceptó un pedido de recusación hecho por los abogados de Ola Bini y separó a la jueza Yadira Proaño del caso por aplazamientos provocados por esta operadora de justicia, todos ellos injustificados y reincidentes a lo largo de todo el proceso judicial mientras estuvo a su cargo. Proaño había estado al frente de la causa penal desde el momento de la detención y tardó 188 días en convocar la audiencia de evaluación y preparatoria luego de la instrucción. Contrario a las acciones de Proaño, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ordena se convoque la audiencia en un plazo que no supere a 5 días, y que la misma se lleve a cabo en no más de 15 días.
¿Por qué se inició la persecución contra Ola Bini?
“Si me pasó a mí le puede pasar a otras personas. Si eres ecuatoriano necesitas confiar en que el sistema judicial te tratará de acuerdo con las leyes del país. Si me pueden perseguir de esta manera, pueden perseguir a cualquiera”
Ola Bini, en reportaje del 20 de agosto del 2021.
Aunque el Gobierno de Suecia apenas se ha pronunciado al respecto, varias son las organizaciones alrededor del mundo que han señalado que el proceso contra Ola Bini se lleva a cabo sin pruebas y bajo la presión de intereses políticos.
“¿Por qué no se habla de la amenaza a la democracia que significa que un presidente y su ministra más poderosa hayan tratado como un criminal a un activista por la seguridad de las comunicaciones?”, se preguntaba el año pasado Valeria Betancourt, directora del Programa Global de Políticas de Comunicación e Información de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, en una entrevista para este medio.
El 19 de agosto del 2021, La Posta publicó un reporte en el que varios nombres detrás del caso de Ola Bini salieron a la luz. Y, en ello, se reveló que uno de los puntos clave de su detención habría sido la necesidad de entregar al expresidente Lenin Moreno a la persona que había develado el caso de corrupción que luego tomaría el nombre de INA Papers. Lo que sigue es un recuento de ese reporte.
En septiembre del 2018, el presidente Lenín Moreno eliminó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Para muchos analistas, esta decisión habría sido un intento de ocultar evidencia que lo incriminaba. La institución tenía en su poder información del caso INA Papers, además de pruebas suficientes para vincular a Moreno, Xavier Macías Carmigniani y Conto Patiño, con otros casos de corrupción.
Sin embargo, la información del caso INA no había sido directamente recopilada por la Senain. ‘El ruso’, representante anónimo de una empresa multinacional proveedora de servicios de inteligencia de Senain, habría sido quien proporcionó la información. Cuando la Senaín se disolvió, no pagó toda la deuda que tenía con su proveedor. En consecuencia, el 25 de marzo del 2019 el ruso publicó toda la información que poseía sobre el caso INA y, horas después, la cuenta de Wikileaks retwitteó la publicación. Aunque no fue Wikileaks quien publicó la información, la Dirección General de Inteligencia (DGI) habría buscado entre los allegados de Assange a la persona culpable de esta filtración. Y en su búsqueda, daría con el nombre de Ola Bini.
Ola Bini, amigo personal de Assange, se encontraba desde el 2013 en Ecuador trabajando en proyectos de seguridad digital. La DGI creyó que este vínculo era suficiente para demostrar que él era quien había filtrado la información y, por lo tanto, que él sería ‘El ruso’.
No obstante, pronto varias personas les demostraron su error. El reporte de La Posta indica que dos noches antes de la detención de Ola Bini, se reunieron Patricio Pazmiño, Freddy Ramos, Francisco Saavedra, Paúl López, Jorge Cortez y Mauro Vargas en un intento de discutir la identidad del ‘Ruso’. Cortez, exdirector de la Senaín y la única persona que había tenido contacto directo con ‘El ruso’, le explica a Ramos, exdirector de la DGI; a Pazmiño, viceministro de Gobierno y a Vargas, subdirector de la DGI, que ‘El ruso’ no es Ola Bini. Insiste en dicha afirmación y advierte que, de no hacerle caso, detendrían a la persona equivocada. Pero las autoridades necesitaban una persona que presentar a Lenín Moreno. Y, según el reporte de La Posta, al día siguiente María Paula Romo, Ramos, Pazmiño y Vargas deciden inculpar a Ola Bini en un intento de dar respuestas al exmandatario que buscaba sepultar toda información que pudiera incriminarlo.
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Para la defensa de Bini, la estrategia fue posicionar la idea de que Assange es Bini y Bini es Assange, en un intento de justificar la salida de la embajada ecuatoriana en Londres de éste último y aprovechando el antecedente de que los dos sean amigos personales. Un chivo expiatorio, una salida fácil para el Gobierno de Moreno. Como consecuencia, por casi tres años, Ola Bini ha vivido un proceso que le ha robado años de vida. Acusado, perseguido y vigilado, Bini no puede salir de Ecuador ni mover el dinero de sus cuentas. Cada semana debe presentarse ante la Fiscalía como una de las medidas impuestas mientras dura el proceso. Hasta el momento, no ha podido conocer a su nuevo sobrino ni ver a sus padres fuera de la pantalla o cuando ellos pueden viajar para visitarlo. Día y noche, adonde quiera que vaya, está vigilado ilegalmente.
Este miércoles 19, se instalará la audiencia de juicio en su contra. La Fiscalía ha anunciado que presentará el testimonio de 53 testigos y peritos, mientras que la defensa contará con 42 testimonios. Varios funcionarios que habrían sabido que la detención contra Ola Bini ocurría sin fundamentos aún continúan involucrados con el gobierno de Guillermo Lasso, cumpliendo funciones para los servicios de inteligencia del Ecuador.
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