Red de Periodismo de Investigación
Las vías que conectan a la parroquia de Julio Andrade con La Pintada —uno de los 30 pasos informales entre Ecuador y Colombia, en el norte andino de Ecuador— se cubren de lodo en época lluviosa y de polvo en verano. A 2 997 metros sobre el nivel del mar hace frío. Mucho frío. Pero nada detiene el contrabando. A lo largo de todo el año, por aquí pasan mercaderías sin documentación, armas, material bélico, estupefacientes y hasta personas víctimas de trata.
Julio Andrade es la parroquia rural más grande del cantón Tulcán, con 85,3 kilómetros cuadrados de superficie y 11 405 habitantes. Es también la más próspera de esa zona fronteriza. Su economía legal se basa en la ganadería y en la agricultura. Pero, el contrabando desde y hacia Colombia ha comenzado a diseñar una economía ilegal paralela que el Estado ecuatoriano no es capaz de detener.
Entre Tulcán, capital de la provincia de Carchi, y Julio Andrade hay 17 kilómetros, y entre Julio Andrade y La Pintada hay apenas 9 kilómetros. Los grupos delictivos transitan a diario por los caminos que unen a las 23 comunidades de la parroquia. Esas son las primeras rutas por las que llevan los cargamentos de droga que llegan desde Colombia.
Medellín chiquito
Medellín, en el tiempo del narcotraficante Pablo Escobar, era la ciudad más violenta de Colombia. A la parroquia Julio Andrade le dicen “Medellín chiquito”, debido a su relación con el narcotráfico. Sólo en 2020 se decomisaron 11 toneladas y 210 kilos de alucinógenos, en su mayoría clorhidrato de cocaína. Para la provincia de Carchi, estas son cifras históricas, puesto que Rumichaca, el paso fronterizo internacional, estuvo cerrado durante la emergencia por la pandemia.
De acuerdo con miembros de Fuerzas Armadas que pidieron proteger sus identidades, el lavado de activos, el contrabando y el tráfico de material explosivo son actividades que confluyen en esta parroquia. Desde aquí se organiza la logística, que incluye la negociación, acopio y transporte de las mercaderías ilegales.
Además, las fuentes revelaron que los carros se cargan en Ipiales, Colombia; cruzan la vía perimetral hasta llegar al cementerio de esa ciudad. Avanzan por una carretera lastrada, por el caserío o vereda de Santa Fe. Unos van hacia la parroquia ecuatoriana de Urbina y otros a La Pintada, en Julio Andrade.
Las vías y los predios de Santa Fe, y de los caseríos ecuatorianos Yaramal, Chauchín, La Estrellita, Pulcas, San Francisco, Casa Grande, Gruta de Fátima, Piedra Hoyada, son mercados informales donde se negocia el transporte de mercancías ilegales. Los productos se entregan a los contrabandistas dispuestos a cargarlos y transportarlos por el menor precio.
Un morador de esta jurisdicción, que también pidió proteger su identidad, contó que los contenedores cargados de productos ilegales y droga llegan hasta el límite fronterizo y ahí, los propietarios de las cargas pactan la movilización con los “correos humanos” o ‘mulas’. Además, consiguen el bodegaje de esas mercancías mediante tratos con los propietarios de las fincas. “Cada uno decide el monto que llevará, la ruta y sus ayudantes. Ellos hablan de toneladas y de grandes cantidades de dinero”.
Niños como mercancía del crimen organizado
Miguel* y otros campaneros intentaron dejar de trabajar para los traficantes luego de que guiaron a un camión que transportaba niños. Los escucharon llorar con desesperación, pero no preguntaron. Hicieron su ‘trabajo’ y cobraron. “En un camión cerrado como los tanques de gas había niños. ¿De dónde diablos serían? ¡Niños que no pasen, niños que no pasen por aquí! Fue horrible y nosotros sólo los vimos pasar. Cuando nos lanzaron los 10 dólares escuchamos a los niños llorar y nos preguntamos: ¿Niños? No supimos quién conducía porque el camión tenía [vidrios] polarizados”.
Miguel ya no es campanero. Cuando empezó, recuerda, tenía 22 años. Trabajó durante cinco años, entre 2012 y 2017. Por entonces eran 20, pero ahora son alrededor de 500 personas las que se dedican a alertar y guiar contrabandistas. El tráfico de personas menores de edad, según él, es común en esta zona fronteriza.
Quien manejaba a los campaneros por esos años era el propietario de la finca La Pintada. Él autorizaba el paso de los contrabandistas por sus terrenos y cobraba el peaje. Era el dueño del camino. Lo conocían con el alias de ‘Pocholo’. Actualmente, está retirado y reside en Tulcán, cuenta Miguel.
Los campaneros son una parte fundamental en la cadena del contrabando y el narcotráfico, pues alertan a los contrabandistas de la presencia de militares, policías o agentes aduaneros. Guían y abren paso al tráfico.
Los campaneros se reunían en las inmediaciones del centro de faenamiento parroquial, ubicado en la comunidad de Chauchín, para esperar por instrucciones de los contrabandistas. Miguel, junto con otro compañero, hacía turnos para no quedarse dormidos y avisar a los contrabandistas sobre la presencia militar o aduanera. Vigilaban todas las carreteras. “¡Dele, dele, eche ojo, eche ojo, no hay nada!”.
Los contrabandistas costeaban un plan con saldo ilimitado de telefonía móvil para sus operarios. Luego de cinco minutos, desde que los campaneros llamaban, arrancaba el periplo. Iniciaban el recorrido en La Pintada y lo terminaban antes del límite con la provincia de Imbabura. Sea por carretera, camino empedrado, calle adoquinada o ruta asfaltada, el auto rebasaba los 100 kilómetros por hora, recuerda Miguel. Entre el campanero y los contrabandistas había ocho minutos de distancia. No se podía perder tiempo. En una hora, Miguel recorría 41 kilómetros entre caminos lastrados y pavimento. Enviaba avisos y confirmaba si la carretera estaba despejada para el avance del convoy. La misión concluía en la parroquia Los Andes, del cantón Bolívar.
Para recibir su pago, el campanero se apostaba al borde de la carretera Panamericana, en un punto ubicado entre los cantones Montúfar y Bolívar. Por cada vehículo que guiaba y alertaba cobraba 10 dólares. El conductor le arrojaba el dinero por la ventana. Así, un campanero llegaba a reunir hasta 120 dólares por cada viaje pues guiaba un convoy de hasta 12 vehículos.
Miguel también hizo parte del almacenaje. Se encargaba de alertar a los propietarios de los bienes inmuebles, cerca de La Pintada, para que ayudaran a ocultar las mercaderías ilegales. La gente se convocaba y escondía los productos bajo camas, armarios y otros. “Se escondían los artículos pequeños, porque los grandes eran decomisados por la Policía o por el Ejército”.
Cuando Miguel comprobaba la presencia de militares o policías, emitía la alerta y un delegado del propietario de la mercancía avanzaba hasta el punto de control para iniciar ‘negociaciones’ con las autoridades. Si no había acuerdos, Miguel recuerda que los contrabandistas convocaban a sus familiares y conocidos, sin importar la edad, para que llegaran desde el sur de la provincia, a bordo de camionetas, con machetes y hasta con armas de fuego, con el propósito de evitar el decomiso o las detenciones, valiéndose de la presión violenta.
El rol de los comerciantes informales ha evolucionado desde entonces. Hoy cuentan con teléfonos satelitales. Conocen la hora y el lugar de los operativos de control con anticipación. Se movilizan en vehículos sofisticados y en las comunidades tienen aliados y cómplices. Espían cada movimiento de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).
Los comerciantes ilegales dominan la zona e imponen su ley. De acuerdo con Patricio Vega, comandante del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina, contratan a los campaneros y pagan un ‘peaje’ a propietarios de haciendas por el uso de sus caminos. El valor va desde los 20 dólares, y varía de acuerdo con el tamaño del vehículo. “Los contrabandistas abren más caminos y usan haciendas, propiedades binacionales que son del mismo dueño. Los informales esperan que las instituciones de control nos descuidemos para pasar las mercancías”, explica Vega.
Los comuneros no denuncian porque se benefician de las actividades ilegales. Lo que no hacen las autoridades, lo hacen los grupos de traficantes. Por ejemplo, son ellos quienes arreglan las descuidadas vías. Además, lucran de trabajos complementarios como el trasbordo de mercaderías y la asistencia mecánica cuando los vehículos de los delincuentes sufren algún daño.
Cyntia Castillo, concejal rural por Julio Andrade y vicealcaldesa de Tulcán, reconoce que la parroquia “creció” por el contrabando, pues dice que hay más dinero circulando. “En cada familia hay una persona que trabaja para los informales, sea como transportistas, estibadores o campaneros, y por eso callan”.
La mayoría de personas que viven en las comunidades de Julio Andrade son jornaleros que se dedican a la cosecha de papa y a la ganadería. Para la cosecha esperan seis meses, entonces, durante ese lapso, buscan mercaderías ilegales para transportar o prestan sus viviendas para bodegaje, acota el oficial del Ejército.
Las casas se han convertido en caletas
Muchos habitantes de la zona alquilan sus terrenos para caletas o bodegas improvisadas. En estos sitios abren hoyos para ocultar la droga. Los agujeros son de un metro de profundidad por dos metros de ancho. Luego, los cubren con maleza o con escombros. El diámetro varía de acuerdo con la cantidad de droga. Este tipo de camuflaje se repite en otros cantones de Carchi como Huaca y Montúfar, asegura José Luis Rocha, subcomandante del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina.
El 11 de agosto del 2023, militares del Batallón de Infantería Motorizado N° 39 Mayor Galo Molina y varios policías allanaron dos viviendas ubicadas en el sector de San Pedro Alto, zona rural de Montúfar, limítrofe con Huaca. En cada una de las casas encontraron caletas con 500 y 579 bloques de clorhidrato de cocaína, en total, más de una tonelada de este alcaloide. Su valor en el mercado internacional alcanzaría alrededor de 7,5 millones de dólares.
En la primera casa allanada, la droga estaba oculta en una chanchera. Los traficantes cavaron un agujero en el piso. Los bultos estaban cubiertos con un plástico negro y sobre el plástico hallaron palas y picos. En la segunda propiedad, el alcaloide estaba en una bodega. Los bloques de cocaína estaban bajo partes de vehículos. Según las autoridades militares, este sitio era también un desguasadero y se usaba para desmantelar automóviles, probablemente robados, pues encontraron partes de carros y placas. Asimismo, en el sitio se encontró una repetidora de comunicación, un dispositivo que sirve para retransmitir o amplificar una señal, y 20 teléfonos celulares.
El operativo militar en San Pedro Alto duró una hora. Según los militares que ejecutaron la intervención, los propietarios del cargamento ordenaron atacarles para evitar que se llevaran la carga. Patrullaban la zona con la complicidad de los moradores del sector.
Según Rocha, el ingreso de droga por La Pintada aumentó durante los últimos meses debido a que los laboratorios de procesamiento de droga migraron a veredas colombianas limítrofes con Ecuador. Antes estaban en departamentos como Cauca y en el norte de Nariño. Ahora los laboratorios están a una hora de Ipiales.
En los últimos cinco años, personal militar decomisó más de 4.922 kilos, casi cinco toneladas de drogas que entraron a Ecuador por el paso ilegal de La Pintada.
Desde los centros de acopio se distribuye la droga entre las ‘mulas’, que luego la transportan en vehículos con caletas incorporadas o camuflada en medio de otras mercaderías que van hacia el interior del país, en especial a los puertos marítimos, según el subcomandante.
En la provincia de Carchi no se ha identificado grupos delincuenciales o carteles del narcotráfico, asegura Octavio Rosales, comandante de la Brigada de Infantería Andes, porque habrían “tercerizado” sus actividades delictivas. “Hay gente que se dedica al contrabando, pero no es parte de las estructuras criminales”, explica el militar. Esa tercerización, añade, se habría implementado debido a que unas bandas criminales asesinaron a los líderes de otras bandas. Por eso preferirían no arriesgarse y pagar a terceros para solventar toda la cadena de tráfico.
“El narcotraficante no es una persona visible, que le conozca todo mundo, no es el capo. Ahora, dan órdenes a sus lacayos en México y ahí llegan instrucciones para otro jefe en Sudamérica, que luego se comunica con el responsable en Colombia y Ecuador. Es muy complicado determinar a qué red pertenece. Ecuador antes era un país de tránsito, ahora también [es un país] de acopio y de consumo”.
Miguel añade un detalle a esta explicación: los transportistas, en la mayoría de casos, no conocen lo que transportan. Ellos cargan sin preguntar lo que llevan. Cuando se trata de grandes cantidades de droga, las personas encargadas de la logística reciben como parte de pago dinero, armas de fuego o incluso droga que luego pueden vender al menudeo.
“Hasta el pago cambió. Por ejemplo, les ofrecen pagar 100 mil dólares, les entregan 50 mil en efectivo y el resto en especies, es decir en droga; por eso, hay tantas bandas delictivas que se pelean por territorio para la distribución y microtráfico, especialmente en la Costa”, complementa Rosales.
Al menos 78 pasos fronterizos ilegales carecen de control estatal
La Policía Nacional ha identificado 33 pasos informales o trochas entre Carchi, en Ecuador, y el departamento vecino de Nariño, en Colombia. Incluso más que en la provincia costera de Esmeraldas, donde se identificaron 20. Solo tres de esos 33 cuentan con una autorización temporal por parte de las cancillerías de Ecuador y Colombia para el paso de personas y vehículos pequeños. En la provincia fronteriza de Sucumbíos, en la región amazónica, se ubicaron 25 pasos más.
Los comerciantes ilegales ganan terreno frente a la falta de acciones de la fuerza pública en la zona. Los contrabandistas cuentan con conectividad satelital, vehículos 4×4, todoterrenos con vidrios polarizados, armas de fuego y pistolas traumáticas. Los militares cuentan con un puesto fijo de control en La Pintada. Apenas ocho soldados pasan la noche en una carpa, a temperaturas que descienden hasta cero grados centígrados y no cuentan ni siquiera con servicios higiénicos. Los pobladores del sector les cobran 50 centavos por el uso de los sanitarios de sus viviendas.
En una reunión de seguridad que tuvo lugar en la Sala de Crisis del ECU 911 de Tulcán, el 26 de junio del 2023, el comandante Rosales solicitó a la vicealcaldesa, Cyntia Castillo, el uso de un centro comunal que garantice las condiciones de salubridad de su personal. Pero no hubo respuesta al pedido del comandante. La mayoría de pobladores se resiste a la presencia de la fuerza pública, según Castillo.
El Servicio de Vigilancia Aduanera cuenta con cinco bases operativas fijas en Tulcán: en los sectores de Tufiño, Río Carchi, Urbina, El Carmelo y Puente Internacional de Rumichaca. Cada base opera con cinco aduaneros por cada patrulla, pero en La Pintada, su presencia no es permanente. Reaccionan tan solo a denuncias o investigaciones de personal de inteligencia aduanera, según consta en una respuesta al pedido de información que este equipo periodístico dirigió al Departamento de Comunicación del Senae.
La institución tiene seis vehículos para patrullar la zona, entre ellos, unas camionetas con parabrisas rotos, cubiertos con plásticos y neumáticos lisos. En la respuesta del Senae se puso en duda la veracidad de esos daños, a pesar de que fundamentamos con fotografías lo que se afirmaba. También se cuestionó la fecha en la que fueron captadas las imágenes. “Por nuestro quehacer aduanero, eventualmente nos podemos encontrar en situaciones en las que los contrabandistas, en su afán de saltarse las normas, optan por agredir. Por supuesto que nos vemos expuestos. Como institución nos encontramos en constante reforzamiento de nuestro cuerpo de vigilancia aduanera, con el otorgamiento de equipos de seguridad como chalecos antibalas, equipos de comunicación, de transporte. Este mensaje debe calar, por lo sensible y delicado del tema. La ciudadanía debe comprenderlo”. La respuesta, sin embargo, no entregó detalles técnicos ni datos específicos adicionales al comentario.
La provincia de Carchi cuenta con 841 policías. En el destacamento de Julio Andrade y la zona rural de Tulcán están asignados 45 uniformados que rotan en grupos de cinco. Pero su trabajo se concentra únicamente en el centro parroquial. Norman Cano, comandante de la Subzona de Policía del Carchi, lamenta que al no disponer de un despliegue mayor hacia las zonas periféricas se descuiden otros delitos como la trata de personas que, según él mismo confirma, también se registran en esta zona.
En agosto del 2019, Ecuador empezó a exigir la visa a ciudadanos venezolanos inmigrantes, como requisito obligatorio para entrar al país. El requerimiento obligó a miles de personas en movilidad a buscar otras vías de entrada, y Julio Andrade se convirtió en una de ellas. Dos meses más tarde, en octubre, 26 venezolanos que cruzaron de manera informal por La Pintada resultaron heridos cuando el camión en el que viajaban volcó, luego de chocar contra una camioneta.
Las autoridades parroquiales temen por su vida
Francisco Sarmiento, presidente del Gobierno Parroquial de Julio Andrade, dice que ha solicitado la asignación de más policías para la zona, pero cuenta que su pedido no recibió respuesta. El funcionario está convencido de que el contrabando de ropa, zapatos, alimentos, cigarrillos, licores, drogas y hasta el tráfico de personas son comunes en esta parte fronteriza. “Las autoridades reconocen que Julio Andrade es la parroquia más grande del sector, pero también la más desatendida”.
El Gobierno Parroquial, en coordinación con el ECU 911 de Tulcán, instaló dos cámaras de videovigilancia: una en el centro poblado y otra en la comunidad La Estrellita, para monitorear la ruta de los contrabandistas. Sin embargo, eso no es suficiente.
Castillo y Sarmiento coinciden como dirigentes locales en que luchar contra estructuras delictivas como estas sin el respaldo de todas las instituciones del Estado y bajo el paraguas de un plan nacional pone en peligro sus vidas. Por eso, ruegan por la intervención de organismos de control de fuera de su jurisdicción.
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Este reportaje se realizó gracias al programa de becas de la Red de Periodismo de Investigación, un proyecto de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.
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