Proveedores ligados al crimen organizado hicieron negocios pagados con fondos del Estado ecuatoriano por al menos 6,5 millones de dólares desde 2010, debido a la falta de articulación para controlar la contratación pública.
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Redacción Connectas y medios aliados
La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España. Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec, sino con otras instituciones del Estado.
La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. CONNECTAS detectó 97 contratos públicos, que suman 13,5 millones de dólares, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.
De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada. Estos contratos sumaron 6,5 millones de dólares y fueron entregados a 8 proveedores.
En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado. Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones. En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.
Poco más de la mitad de esos contratos se realizaron con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.
Una investigación anterior de Ecuavisa y CONNECTAS detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción. Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí y Esmeraldas. La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado.
Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía. Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas. De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.
El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, con 4,2 millones de dólares. Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, con 3,1 millones, y la mafia albanesa, con 2,4 millones.
Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos. Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero pasado así le obliga.
Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.
Para muestra, un botón. El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil. Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.
Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, por un total de 2,4 millones de dólares.
Pesántez y otros miembros de la agrupación cayeron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de este año. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%. Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.
Mientras tanto, Agusegpro sigue activa. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado. La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020. En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por 13 mil dólares entre 2019 y 2023. Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada.
CONNECTAS solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos. La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Para él, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tú tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”, señala.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública que ha trabajado en un municipio de Guayas. Explica que no hay una disposición legal que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. Depende del análisis de la comisión técnica, que solo puede solicitar más información. Pero la comisión también tiene sus limitaciones: “No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero (...) Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”.
En Ecuador, para convertirse en proveedor del Estado, las personas naturales o jurídicas deben obtener un Registro Único de Proveedores (RUP) a través del portal del Sercop. Para hacer el trámite, los interesados deben presentar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), otorgado por el SRI, además de información de contacto, productos o servicios que ofrece, e información económica -como formularios de licitud de fondos-. El Sercop se asegura de que los papeles estén completos, pero la veracidad de los datos corre por cuenta del solicitante.
Los controles del Sercop están un paso detrás. Esta institución explicó por escrito que solo cuenta con 25 funcionarios para supervisar los procesos de contratación y las denuncias en todo el país. “Se busca fortalecer dichas áreas a fin de contar con mayor recurso humano y así poder realizar mejores controles a los procesos”, señaló.
La interconexión de los datos en tiempo real no existe. Sercop añadió que, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajan en un proyecto para cruzar información de las autoridades de control como la Uafe, la Contraloría, el SRI, la Superintendencia de Compañías y la de Bancos “de manera automática, en los procesos de contratación pública”.
Asimismo, se solicitó una entrevista con el director general de la Uafe, José Julio Neira Hanze, quien además es Secretario General de Integridad Pública (un organismo contra la corrupción) y delegado del presidente Daniel Noboa ante el directorio de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel). La Uafe se limitó a enviar un mensaje con información general.
La Uafe, que depende del ministerio de Economía ecuatoriano, informó que “ha alineado sus esfuerzos para construir un entorno tecnológico más robusto y avanzado”. Y agregó: “Buscamos en el futuro cercano contar con softwares que nos permitan trabajar en modelos predictivos a fin de diseñar alertas tempranas”.
También manifestó que sus técnicos analizan “con carácter de reservado, tanto las denuncias como los reportes de los sujetos obligados, con el fin de detectar posibles operaciones inusuales e injustificadas” para alertar solamente a la Fiscalía, por lo que no respondieron por los casos citados en esta historia.
Hay casos en que ni los seguimientos ni los arrestos han detenido los negocios entre el Estado y sus enemigos. Ocurrió en 2018, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho personas de introducir droga en suelo estadounidense. Entre los señalados figuraban el colombiano Segundo Agenor Guerrero Banguera y el ecuatoriano Enrique Antonio Portocarrero Castillo, alias Chugo Porto. Desde entonces, ambos tenían orden de captura internacional y, sin embargo, lograron obtener contratos públicos en Ecuador.
Meses después de la acusación en Estados Unidos, en octubre de 2018, Guerrero constituyó en Esmeraldas Jalenacomp S. A., que se dedica a realizar obras civiles. Esta empresa obtuvo tres contratos por un total de 802 mil 517 dólares, en 2021 y 2022. Se los otorgó el Municipio de Esmeraldas, el Hospital Básico de esa misma ciudad y la Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable y Saneamiento de los Cantones Esmeraldas, Atacames y Rioverde.
Guerrero fue detenido en Cali (Colombia) en marzo de 2024. Meses después, la Policía ecuatoriana lo incluyó en su lista de capturas de alto valor. Consultado para esta investigación, Guerrero negó por correo electrónico que la empresa Jalenacomp hubiera firmado contratos, descartó ser financista o miembro de alguna banda criminal y negó tener denuncias en Ecuador y en Colombia.
Por su parte, Portocarrero abrió un RUC en 2011 para el expendio de gasolina en tres estaciones ubicadas en Esmeraldas y Atacames, ciudades cercanas a la frontera con Colombia.
Con ese registro, Portocarrero obtuvo seis contratos públicos en 2022, por un total de 43 mil 158 dólares, para abastecer de combustible al Municipio de Atacames, a la Dirección de Salud de ese mismo cantón y a la propia Policía de Esmeraldas.
Ese mismo año, en noviembre, Portocarrero fue detenido en Madrid, bajo el requerimiento de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, logró fugarse de España a inicios de 2023, luego de que un juez le concediera la libertad condicional a cambio de una fianza de 5 millones de euros, de acuerdo con una investigación del portal Primicias. Desde entonces, su paradero es desconocido.
El RUC de Portocarrero fue suspendido en mayo de 2023. El gobierno lo señaló como objetivo militar en abril de este año, pues lo considera uno de los líderes más importantes de “grupos terroristas” que operan en Ecuador, solo por debajo de personajes como Ismael 'El Mayo' Zambada.
Leyes que no se cumplen
Colombia tiene condiciones similares en la contratación pública y, sin embargo, ha logrado importantes resultados gracias a la articulación de las autoridades. La Fiscalía de ese país da cuenta de la imputación de gobernadores del departamento de Arauca que entregaron contratos públicos a un enlace del grupo armado ELN.
Allí tampoco se inhabilita a un proponente por estar procesado por la justicia o ser señalado por inteligencia policial, pero la Secretaría de Transparencia ha delineado una estrategia que ubica a los flujos ilícitos como uno de los cuatro macroprocesos que sostiene el narcotráfico.
Requerido para esta investigación, el Secretario de Transparencia colombiano, Andrés Idárraga Franco, comenta que el fenómeno de vinculación de grupos armados, narcotraficantes y contrabandistas a la contratación pública es una realidad en Colombia y que la labor de las unidades de inteligencia y análisis financiero es determinante en el diálogo con la Fiscalía.
“Nosotros hemos venido insistiendo en el fortalecimiento de los canales de denuncia, especialmente en municipalidades alejadas de las grandes ciudades. Es preciso, importante, determinante para luchar contra la corrupción y el lavado de activos, que la base de beneficiarios finales sea pública”, manifiesta Idárraga Franco.
En Ecuador, las últimas reformas a la Ley de Contratación Pública, vigentes desde el 9 de febrero de este año, incluyeron normas para prevenir el lavado de activos en la contratación pública y en favor de la transparencia. Sin embargo, no se aplican.
“Normativa hay”, dice Adrián Castro, asambleísta proponente de los cambios más recientes. “Considero que hay una excesiva cantidad de normativa, tanto en las áreas civiles administrativas como penales. Ecuador lo que tiene que corregir son los perfiles profesionales, porque la gente que está dentro del campo de la contratación pública no es precisamente gente que esté capacitada lo suficiente”.
El legislador alerta que en redes sociales hay ofertas de empresas que tienen RUC con antigüedad para facilitar la obtención del RUC y créditos. Y agrega: “Si usted entra al Marketplace, hay gente que cobra para que un funcionario público pueda dar las pruebas del Sercop para obtener la famosa certificación, es lo más absurdo del mundo. Si usted hace una prueba a los funcionarios públicos va a darse cuenta que de contratación pública no saben absolutamente nada”.
La última reforma legal dispone la creación de una unidad para articular un seguimiento efectivo a los fondos de los proveedores del Estado, pero esa unidad no ha sido creada.
Según lo publicado en el Registro Oficial de Ecuador, este órgano administrativo debería actuar como una unidad complementaria antilavado de activos que deberá reportar reservadamente las operaciones y transacciones inusuales e injustificadas de las cuales tuviese conocimiento y promover el intercambio de información con la Uafe, el SRI y la Fiscalía que permita combatir el delito de lavado de activos.
Hasta el cierre de este reportaje, la directora general de Sercop, Déborah Jones Faggioni, no accedió a una entrevista, pero ese organismo respondió por escrito que está trabajando en la conformación de una Unidad de Lavado de Activos para cumplir con las reformas a la Ley de Contratación Pública y que, al momento, espera que el Ministerio de Trabajo apruebe la matriz de competencias de esta nueva dependencia.
El asambleísta Castro apunta que “en este momento las instituciones públicas hacen lo que les da la gana, porque el sistema de contratación pública no tiene la capacidad. Es igual que la Contraloría: no puede auditar todo lo que está pasando en los procesos públicos, es falta de recursos, es falta de tecnología”.
Debido a esa inobservancia de la ley y a la falta de articulación, personajes criminales de alto valor se mantienen como socios de empresas que contratan con el Estado.
El hoyo negro de los municipios
El 15 de agosto pasado, la Policía desplegó un gran operativo en Durán, uno de los epicentros de la violencia criminal en Ecuador. Detuvo a 23 personas y las señaló de pertenecer a una organización delictiva encabezada por Julio Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, líder de los Chone Killers, que contaba con la participación directa de funcionarios del Municipio de Durán, el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito de ese cantón, y habría servido para lavar dinero en la contratación pública.
En rueda de prensa, la Policía mencionó una obra de 190 mil dólares otorgada a la constructora Arkhe Proyectos y Construcciones S.A.S., perteneciente a la esposa de alias Negro Tulio, Alexandra Estrada Aquiño, procesada por presuntos terrorismo y delincuencia organizada. Arkhe fue favorecida con ese contrato para regenerar un parque de Durán, firmado en mayo de 2024.
Además, la Fiscalía sustentó sus señalamientos contra este grupo describiendo hechos ocurridos en 2022 y 2023, a través de los cuales detalló los roles de dos miembros de la organización que también fueron contratistas del Estado.
Carlos Cabrera Baidal, de 39 años, posee la mitad de las acciones de Constructora & Consultora Oscimaq S.A.S., la misma que los últimos meses de 2023 se adjudicó contratos del Municipio de Buena Fe (Los Ríos) por un total de 801 mil dólares, para obras de infraestructura. Esa empresa fue constituida pocas semanas antes de lanzados los procesos contractuales. En el caso de Durán, la Fiscalía lo imputó como la persona que influyó en los procesos de contratos públicos a favor de los Chone Killers.
Ashley Baux, de 20 años, alcanzó a inicios de 2024 un contrato de 71 mil 400 dólares del Cuerpo de Bomberos de Durán para el mantenimiento y readecuación del cuartel. La Fiscalía la señaló como la encargada de recolectar el dinero para la organización criminal.
Antes de que saltara a escena la organización liderada por Alias Negro Tulio, hubo otro miembro de grupos señalados como terroristas merodeando los contratos públicos en Durán: Washington Sellán Hati, alias Washo.
En 2019, Washo trabajó como digitador en la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) y luego colocó a miembros de su círculo íntimo, incluidos amigos cercanos y familiares, en puestos en las empresas de esa misma Alcaldía, a la vez que operaba para los Latin Kings, según reveló una investigación de Insight Crime.
En julio de 2021, Sellán fue detenido en flagrancia por narcotráfico, pues un equipo de la Policía lo filmó junto con una agrupación escondiendo droga en una casa de Durán. Un juez le dictó prisión preventiva, pero salió libre tres meses después debido a que la Corte Nacional de Justicia le concedió un habeas corpus aduciendo que tenía cirrosis hepática, hipertensión y COVID-19. A finales de ese mismo año, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y Sellán quedó fuera del proceso.
Casi dos años después, a mediados de 2023, cuando Sellán ya estaba fuera del foco judicial, una empresa que este tenía junto con una de sus hijas, Transporsellcar, hizo un gran negocio con la ATD para construir el Centro de Retención Vehicular del cantón.
En el proceso de concesión, Transporsellcar fue la única oferente. Los documentos de este proceso están disponibles en el sitio web de la ATD, pero no el contrato de construcción. Este tampoco está registrado en el portal de Compras Públicas.
CONNECTAS confirmó que el contrato por 992 mil 395 dólares se firmó el 10 de mayo de 2023, en la administración del alcalde Dalton Narváez.
El 13 de ese mes, Sellán fue víctima de un ataque armado en Guayaquil. Sicarios le dieron más de 60 tiros al vehículo en el que viajaba con sus custodios e increíblemente salió con vida. Finalmente, murió tres días después.
Consultado sobre este tema, el actual alcalde de Durán, Luis Chonillo, afirmó que el contrato de construcción sí existe, aunque no esté publicado, y que están en trámite para terminarlo de forma unilateral porque la obra, hasta el momento, no muestra avances en su ejecución.
“Es un desafío considerable para los municipios filtrar a los oferentes basándonos en investigaciones en curso, las cuales no son de acceso público”, también refiere el alcalde Chonillo. Añade que, por norma de Contraloría, “la responsabilidad de asegurar la correcta ejecución de los proyectos recae en el fiscalizador o en el jefe de fiscalización”.
Aunque admite que la falta de cruce de información entre las entidades estatales facilita la participación de grupos de delincuencia organizada en procesos a nivel nacional, dice que las herramientas de verificación a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados son limitadas.
Las instituciones públicas que más dinero han pagado a empresas vinculadas al crimen organizado son el GAD de Manta y el GAD de Durán. Solicitamos una entrevista con la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, pero declinó dar declaraciones por razones de seguridad.
El asambleísta Adrián Castro, proponente de las reformas vigentes a la Ley de Contratación Pública de Ecuador, insiste en que los concejales tienen el deber y la competencia de fiscalizar los contratos que se firmen en las administraciones municipales.
Efectivamente, según el Cootad (Código de Organización Territorial), los concejales y concejalas de los 221 cantones del Ecuador tienen la atribución de fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal y de intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de los municipios del país.
“No solo a los oferentes sino también a las proformas porque desde ahí empieza la trampa, ahí arranca toda la corrupción. ¿Qué necesitamos en este momento en el país? Necesitamos que las autoridades empiecen a controlar, con la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial, y empiecen a fijarse en los procedimientos que superan montos relacionados a los 100 mil dólares, pero además necesitamos que los concejales en cada municipio empiecen a fiscalizar”.
Chonillo, el alcalde de Durán, responde que esto puede contravenir las facultades otorgadas a los fiscalizadores. “Los concejales tienen la facultad y el deber de fiscalizar las acciones del ejecutivo, incluyendo los procesos de contratación pública, siempre y cuando estos ya estén finalizados”.
La mayoría de estos contratos con personajes ligados al crimen organizado se dieron entre 2021 y 2023.
La infiltración del crimen organizado en la contratación pública no es reciente en Ecuador, aunque se haya agravado desde el año anterior. Milton Julio Quintero Angulo, alias Yilo, (señalado de ser miembro activo de Los Fatales) ha sido procesado por asesinato y otros delitos como robo y tenencia de drogas, desde el 2010. En el caso de asesinato fue llamado a juicio, pero el proceso se suspendió porque estaba prófugo. A pesar de ello, tuvo participación en contratos con el Estado entre 2010 y 2012.
En esa época, Alias Yilo presidía y tenía el 30% de las acciones de la empresa Constructora Lagodixmark Cia. Ltda., que obtuvo siete contratos por un total de 213 mil 542 dólares con el Municipio de Lago Agrio, el Cuerpo de Bomberos de ese mismo cantón, y con los gobiernos parroquiales de Santa Rosa y Santa Cecilia (de Sucumbíos). La Superintendencia de Compañías disolvió esta empresa en 2016, luego de haberla declarado en inactividad.
Varias autoridades de la provincia de Esmeraldas como el municipio de Eloy Alfaro, la junta parroquial de Tonchigüe y la junta parroquial de Montalvo en Río Verde contrataron en 2018 y 2022 con Henri Darwin Gómez Abad y su empresa, Constructora y Mantenimiento Industrial Go-Abad Const. Él fue procesado por asociación ilícita en 2012 junto con Alias Chugo Porto, pero fue hallado inocente un año después. En abril de 2024, el Gobierno Nacional lo declaró como objetivo militar por considerarlo líder de Los Tiguerones.
Son tres contratos en total que superan los 243 mil dólares y están relacionados con obras civiles (aceras, bordillos y adoquinados).
Para esta investigación se solicitó la versión de todos los responsables de las juntas parroquiales y municipios mencionados. Hasta el cierre, solo la Junta Parroquial de Montalvo, en la provincia de Esmeraldas, respondió y confirmó que el proceso contractual entre la Junta Parroquial y uno de los personajes identificados por esta investigación como miembro del crimen organizado se adjudicó en 2018. Añadió que, “considerando que Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por la violencia en el país y por temor a posibles represalias, les sugiero consultar directamente la información en el portal de compras públicas”.
CONNECTAS también buscó la versión de cada uno de los proveedores, pero solo Guerrero contestó antes de la publicación del reportaje.
“Para generar una verdadera intervención, la declaratoria de conflicto armado interno no solamente tiene que llevarla el Ejecutivo, tiene que llevarla el Legislativo, el Judicial y los organismos de control. Los organismos de control casi nadie los toca (...) ¿Cómo se registran estas compañías? El mejor negocio que cualquier constructor puede tener es con el Estado porque son masivas y son millonarias, y eso es lo que ha pasado durante la mayoría de las empresas que proveían servicios municipales. Las grandes cantidades de dinero que se generan del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro las limpian con empresas”, dice Roberto Santamaría, quien por estos días dirige operaciones policiales en Durán después de haber trabajado dos años en Nueva Prosperina, el distrito más violento de Guayaquil.
Las múltiples deudas pendientes en el control de los recursos públicos han permitido que, en la peor crisis de seguridad de Ecuador, el crimen organizado fortalezca sus finanzas y penetre en las instituciones mientras hay guerra en las calles.
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