Por Billy Navarrete y Valeska Chiriboga

El incumplimiento de la normativa internacional por parte del Estado ecuatoriano ha sido parte de la forma de hacer política de los distintos gobiernos de turno en Ecuador. Este incumplimiento no solo desencadena una irresponsabilidad política frente a la comunidad internacional, sino que incurre también en graves violaciones a Derechos Humanos. Frente al panorama electoral se identificaron cinco problemáticas urgentes y se examinó su cumplimiento categórico en los 16 planes de gobierno.

Entre las problemáticas priorizadas constan: 

1. El derecho a la protesta y manifestación como hecho representativo en el paro de octubre del 2019, que dejó 9 fallecidos y 1 507 heridos, debido a la represión y al uso desproporcionado de la fuerza.
2. Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina en embarazo adolescente y 2 000 niñas menores de 14 años dan a luz cada año.
3. Movilidad humana: Ecuador registra a más de 400 000 venezolanos que decidieron quedarse en el país en el contexto de la crisis humanitaria venezolana. Para julio del 2019, más del 80% de venezolanos que ingresaron a Ecuador contaba con un ingreso oficial y legal, sin embargo, el 54% de esta población reside hoy de manera irregular.
4. La cuarta problemática tiene relación con el pueblo afroecuatoriano en frontera norte, se centra en la ausencia de políticas de paz y seguridad en provincias de la zona debido a elevados índices de desigualdad, pobreza e inseguridad, agravados por el progresivo desborde del conflicto colombiano.
5. La última problemática aqueja a la población privada de libertad. En 33 de los 55 centros de rehabilitación social en el país, se registra hacinamiento. Desde 2007 se registra un marcado ascenso de esta población, con 40,000 privados de la libertad para el 2020.

La mayoría de planes de gobierno cae en ofertas demagogas e inconstitucionales, como la repetida propuesta de la pena de muerte y la cadena perpetua como ‘solución’ a problemas estructurales que aquejan al país. Desde una panorámica general, existe muy poco interés y conocimiento por parte de los candidatos en relación con el cumplimiento de normativa internacional y con el avance de los Derechos Humanos, especialmente para poblaciones en condición de vulnerabilidad.

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En relación con derechos de minorías étnicas, la mayoría de candidatos reconoce la importancia de la reivindicación de los derechos indígenas y la importancia de la reactivación de este sector de la población. No obstante, ninguno de los 16 candidatos en sus propuestas reconoce la problemática de la población afroecuatoriana en las zonas de la frontera norte y el principal conflicto entre minería ilegal, abandono estatal y narcotráfico. 

2

Por otra parte, con respecto a violencia de género, solo dos candidatos (Hervas y Peña) logran proponer de manera concreta la despenalización del aborto en casos de violación como una respuesta importante al embarazo adolescente. La violencia de género resulta una problemática de urgente solución, sin embargo, candidatos como Andrade, Carrasco y Sagnay no lo mencionan en sus planes de gobierno. Políticas antiderechos y regresivas para los derechos sexuales y reproductivos son protagónicas en las propuestas de Lasso y Almeida. Candidatos como Celi, Freile, Pérez, Arauz, entre otros, reconocen efectivamente la existencia de esta problemática, sin embargo, sus propuestas no brindan alternativas de solución concretas con enfoque de género. 

3

La situación de la población en movilidad humana es preocupante teniendo en cuenta los antecedentes político-migratorios previos con tinte xenofóbico. Candidatos como Andrade, Freile, Pérez y Velasco no poseen ninguna propuesta para migrantes y refugiados. De los 16 presidenciables, ninguno posee una propuesta de política migratoria con enfoque de derechos y con fundamento en principios de protección internacional y de no devolución. Al contrario, muchas de las intervenciones de los candidatos alegan la deportación sumaria como alternativa de solución. Esta propuesta ignora por completo las cifras alarmantes de población venezolana en situación irregular y ninguna de ellas brinda un plan de integración social basado en la no discriminación y no xenofobia para esta población. 

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La problemática de la población privada de libertad se agrava por el hacinamiento y la situación de violencia en los centros penitenciarios. No obstante, en su mayoría los candidatos proponen como solución la reforma al sistema penitenciario, basándose únicamente en el aumento de centros de rehabilitación y omitiendo el problema estructural de hacinamiento y violencia. Candidatos como Pérez, Peña, Carrasco, Almeida y Andrade ni siquiera mencionan a este sector de la población en sus planes. Ninguno de los 16 candidatos ha logrado reconocer el problema de hacinamiento carcelario, las muertes violentas dentro de centros penitenciarios y la falta de control por parte del Estado para mejorar las condiciones de detención y rehabilitación.

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El derecho a la protesta y la manifestación pacífica es reconocido a través del Art. 98 de la Constitución, así como el Derecho a la Resistencia. El paro nacional de octubre se constituye en un hecho representativo de la violación a derechos civiles y políticos por parte del gobierno. De los 16 candidatos, ninguno propone una política clara de cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente las observaciones con respecto al diálogo y llamado a la paz. Se observan propuesta de corte demagógico por parte de candidatos como Andrade, Celi, Lasso y Hervas, sin ningún fundamento en recomendaciones internacionales. 

Como balance general, no cabe duda de que los Derechos Humanos son tratados como un tema marginal, disperso y hasta superficial dentro de los 16 planes de gobierno. Los planes se limitan a enunciados y propuestas sin rigor ni amparo en las garantías constitucionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.  Esto resulta especialmente preocupante considerando la grave crisis económica, política, social y sanitaria que actualmente aqueja al país, teniendo como telón de fondo la aguda falta de credibilidad por parte de la población ecuatoriana hacia las instituciones públicas.

Bajo este panorama, ninguno de los candidatos logra representar un sentido de articulación en el país en donde los Derechos Humanos sean el eje transversal. No hay señales alentadoras en términos de la credibilidad que debería tener la población para con un gobierno entrante que tenga como misión tender puentes para la reconstrucción del tejido social.

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