Un juez concedió una acción de protección a la comunidad A’i Cofán de Sinangoe que exige al Estado que respete el derecho a la educación de sus 59 niñas y niños. Sin embargo, el Ministerio de Educación apeló el fallo.
El sistema educativo ecuatoriano contempla el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (Moseib) acorde a la pertinencia cultural de las nacionalidades y pueblos indígenas de la Sierra y Amazonía, y el Modelo Educativo Afroecuatoriano (Metafe), que se basa en respetar los procesos de aprendizaje de las comunidades afrodescendientes.
Por Mayuri Castro / @mayestefi
Las niñas y niños de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe son accionantes de una acción de protección —garantía constitucional para amparar los derechos constitucionales cuando son vulnerados— interpuesta el 10 de julio de 2024 contra el Ministerio de Educación y la Secretaría Intercultural Bilingüe y de Etnoeducación (Seibe).
En marzo de 2019, se destruyó una parte de la estructura del Centro Educativo Río Cofanes que había en la comunidad, debido a la crecida del río Aguarico. En abril, la comunidad decidió que los niños pasaran a recibir clases en una cancha cubierta, una sala comunal y bodegas, donde los niños deben soportar el intenso sol o las incesantes lluvias amazónicas.
Las autoridades indígenas informaron al Ministerio sobre la situación, recordó Wider Guaramag, presidente de la comunidad.
Desde 2022, la comunidad ha presentado oficios al Ministerio de Educación para que se construya una escuela. Además, en 2023, la comunidad intentó dialogar con algún representante de esa entidad estatal para impulsar la educación propia, es decir, un modelo educativo de acuerdo con sus tradiciones y su cosmovisión, pero hasta la publicación de esta nota no han tenido respuesta.
Wider dijo que en agosto de 2023, la Seibe ofreció la construcción de tres aulas y baterías sanitarias pero “sin concertación con la comunidad para permitir que se construyan espacios adecuados para nuestras necesidades”, aseguró Wider. Por lo que se irrespeta su derecho a la autodeterminación, explica Francis Andrade, defensora de los derechos humanos y de la naturaleza y abogada de la comunidad.
Así han pasado 6 años exigiendo que se garantice la educación para los habitantes cofán de Sinangoe.
El pasado 11 de septiembre de 2024, representantes del Distrito de Educación de Cascales, de la provincia de Sucumbíos, prometieron entregar materiales didácticos como cuadernos, sillas, mesas, y dotar de energía eléctrica, agua potable. Francis dice que las autoridades provinciales les dijeron que busquen un camión para retirar los materiales y trasladarlos a la comunidad. “Esa no es la forma. El Estado está en la obligación de garantizar los derechos, no colocar un peso desproporcionado en la comunidad”, añade Francis.
“El Estado alega que no hay vulneración del derecho a la educación porque los niños siguen recibiendo clases, les han dado libros, cuadernos, que la infraestructura es una añadidura. La realidad es que la educación es algo integral”, cuenta Francis, sobre la respuesta del Estado en las audiencias.
La Barra Espaciadora pidió una declaración al Ministerio de Educación y a la Seibe, pero el comunicador del Ministerio de Educación respondió que la Secretaría tiene la competencia para responder. Desde la Seibe, su comunicadora respondió que el secretario, Rómulo Antún, está fuera del país, por lo que no puede atender entrevistas y tampoco pueden emitir un pronunciamiento sobre el tema.
La garantía constitucional presentada el 10 de julio avanzó rápido y el 25 de julio, el juez Jorge Sacancela concedió la acción de protección a la comunidad. El Ministerio de Educación y la Seibe fueron declarados culpables de la violación sistemática del derecho a la educación de las 59 niñas y niños de la comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe —ubicada a orillas del río Aguarico, en Lumbaqui, cabecera cantonal del cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia de Sucumbíos— y la violación de su derecho colectivo a la autodeterminación.
Ese día hubo festejo y alegría por la victoria obtenida pero todo se opacó con la apelación de la autoridad educativa.
De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución de la República, la autodeterminación es la libertad de los pueblos indígenas para decidir su forma de gobierno, su desarrollo político, social, económico o cultural. Además, el sistema educativo ecuatoriano está obligado a aplicar dos modelos educativos: el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (Moseib), acorde a la pertinencia cultural de las nacionalidades y pueblos indígenas de la Sierra y Amazonía, y el Modelo Educativo Afroecuatoriano (Metafe), que se basa en respetar los procesos de aprendizaje de las comunidades afrodescendientes.
La sentencia en el caso de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe obliga al Ministerio de Educación a tomar medidas urgentes para reparar la vulneración de los derechos de la comunidad a acceder a educación de acuerdo con su cultura. El fallo ordenó que en un plazo de 60 días se presente un cronograma para la construcción de la escuela, la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales entre el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la comunidad para garantizar la adecuación cultural de los espacios, y una disculpa pública a la comunidad por la violación de sus derechos.
Antes de que venza el plazo para el cumplimiento de esa sentencia, la comunidad insistió con la entrega de oficios al Ministerio para que la acate, señala Francis. Pero el 7 de noviembre venció el plazo. Francis aclara que a pesar de la apelación, la sentencia debía cumplirse.
El pasado 22 de noviembre de 2024, los jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos Juan Guillermo Salazar, Carlos Moreno y Wilmer Suárez, abogados de la comunidad y pobladores cofán se concentraron en la cancha deportiva de la comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe, para la realización de la audiencia de apelación al fallo de la acción de protección. Sin embargo, los representantes del Ministerio de Educación no asistieron presencialmente sino de manera virtual y lo justificaron con argumentos racistas.
“Hoy están tras una pantalla, no están dando la cara para que puedan realmente garantizar la educación digna de nuestros hijos”, reclamó Wider Guaramag, presidente de la comunidad, durante la audiencia, que fue transmitida por Facebook.
La audiencia de apelación duró más de dos horas. Mujeres tejedoras de shigras –bolsos para recolectar frutos– intervinieron con amicus curiae para explicar la situación que viven por la falta de aulas y la importancia de la elaboración de artesanías en el aprendizaje. También intervino un representante indígena de la nacionalidad Waorani de Pastaza y defensores de derechos humanos.
Francis explica que se deben esperar 20 días hábiles desde el 22 de noviembre para tener una respuesta de los 3 jueces del tribunal. Esperan que la respuesta sea la ratificación del fallo a favor de la comunidad.
En septiembre de 2024, los cofán de Sinangoe también comenzaron el nuevo año escolar en el régimen Sierra-Amazonía, pero asisten a clases en la cancha comunal.
La comunidad A’i Cofán de Sinangoe reclama que los niños y niñas accedan a una educación propia enfocada en sus tradiciones ancestrales.
La educación propia significa que los estudiantes puedan aprender con un currículo basado en su cultura y en su lengua, la a’ingae o cofán. “El idioma es muy importante porque sin este, podemos perder la transmisión de conocimientos”, dijo Wider Guaramag en una entrevista con Amazon Frontlines. “Nosotros como niños exigimos un espacio de aprendizaje para tomar yoco —bebida ancestral— como los abuelos. Un espacio para hacer manillas, hacer platos y ollas con barro”, añadió Melany Guaramag, de 12 años, quien también dio su testimonio en la audiencia de apelación.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el artículo 81, literal b, menciona que uno de los objetivos del Sistema Intercultural Bilingüe es “garantizar que la educación intercultural bilingüe aplique un modelo de educación pertinente a la diversidad de los pueblos y nacionalidades; valore y utilice como idioma principal de educación el idioma de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural”.
Actualmente, en la comunidad hay tres docentes mujeres cofán, las apoyan jóvenes que están aprendiendo sobre la docencia enfocada en la comunidad. Pero deben trabajar con libros en español o en kichwa, lo que dificulta el aprendizaje.
Además, la falta de aulas no les permite estudiar cómodos. El techo de la cancha deportiva donde improvisan el aula, es de zinc, por lo que no se puede escuchar cuando llueve y las clases se deben suspender. Por ejemplo, Francis cuenta que en medio de la audiencia de apelación del 22 de noviembre, comenzó a llover y la audiencia pudo seguir solo porque se estaban usando micrófonos y parlantes.
La vulneración al derecho a la educación propia no solo afecta a los cofán. Es un problema que aqueja a varios pueblos y nacionalidades indígenas. Edi Chimki, comunicador del Pueblo Shuar Arutam, cuenta que cuando era niño aprendía de los abuelos y de docentes que enseñaban en shuar pero dice que el aprendizaje en ese idioma se está perdiendo porque ahora dictan clases docentes mestizos.
Edi cree que no se aplica correctamente el modelo educativo intercultural bilingüe. También dice que en algunas comunidades hay aulas para estudiar pero construidas por iniciativa de los padres de familia.
Iván Tsetsetkip, joven de la nacionalidad Shiwiar de Pastaza, cuenta que el aprendizaje en su propio idioma se está perdiendo por el mal uso del Internet y porque niños y jóvenes son influenciados por las costumbres de la ciudad, donde han migrado a trabajar. “Ya no quieren hacer artesanías o bailes de la nacionalidad”.
Sin embargo, Iván asegura que en su comunidad la Seibe intenta que las costumbres y tradiciones se mantengan a través de la educación propia.
Según una investigación de Alianza Ceibo y Amazon Frontlines –organizaciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas–, el 73% de quienes estudiaron la primaria en la comunidad A’i Cofán de Sinangoe no ha podido continuar con sus estudios de básica superior, bachillerato o la universidad. Quienes sí han logrado continuar con sus estudios deben salir de la comunidad al cantón más cercano.
