Por Karol E. Noroña / @KarolNorona
Elvia sueña con Leni. Siente los brazos de su nieto —un bebé de dos años, de tez morena, ojos café, cabello castaño, de un metro de estatura— que la rodeaban a cualquier hora del día. Recuerda los besos con los que su pequeño la arrullaba cada tarde y las palabras que a su edad ya lograba pronunciar. Pero no está en casa. Leni desapareció la mañana del lunes 22 de febrero de 2021. Su abuela lo vio por última vez en su vivienda, ubicada en la comunidad San Camilo, parroquia Limoncocha, en el cantón amazónico Shushufindi, en Sucumbíos, y desde entonces no hay respuestas sobre su paradero. Elvia viaja más de 360 kilómetros en medio de una pandemia que aún no culmina para exigir la activación de la Alerta Emilia y la celeridad del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional para avanzar con la búsqueda.
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Eran las 07:00. Ecuador iniciaba un nuevo capítulo en su historia política, social y económica. Elvia caminaba con prisa el 24 de mayo de 2021, reconociendo las calles angostas de Quito, mientras el nuevo Presidente se alistaba para asumir el poder. No estaba sola. La acompañaban los familiares que enarbolan sus banderas exigiendo respuestas por sus desaparecidos.
Madres, padres, hijos, hijas, hermanas, primos y amigos decidieron levantar su voz en el monumento a Simón Bolívar, en la avenida Gran Colombia, en el centro-norte de la ciudad, para plantarse frente al nuevo gobierno de Guillermo Lasso —quien no abordó la problemática en su plan de gestión— y enviar un mensaje claro: la lucha por los desaparecidos en Ecuador continuará con cualquier gobierno, como anunció Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).
Era el primer plantón de Elvia, pero su rostro, cubierto por una mascarilla rosada, mostraba una mirada firme, decidida. Observaba a sus nuevos compañeros y, siguiendo su ejemplo, tomaba el afiche de búsqueda de Leni Iván Aguinda Grefa, su nieto, para pegarlo en su pecho. Sobre su frente acomodaba una cartulina blanca en la que —con un signo de pregunta— gritaba: ¿Dónde están?
Elvia, de 48 años, avanzaba hacia la calle Tarqui mientras el presidente Lasso salía de la Catedral Metropolitana de Quito para dirigirse a la Asamblea Nacional. Allí lo esperaban ellas y ellos exigiendo atención, gritando hasta enronquecerse la garganta. Ese es el camino que Elvia ha escogido: luchar aunque no haya fuerzas y los labios ardan.
Más tarde, Elvia y yo nos sentamos juntas en una sala, después de un taller de Grupo de Ayuda Mutua, impulsado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), para acompañar emocionalmente el proceso de Asfadec. Mientras iniciamos la entrevista, sostiene el cartel de búsqueda de Leni.
Las mañanas en la comunidad San Camilo comienzan temprano. Hay que empezar pronto las labores para adecuarse a las temperaturas que ascienden a los 29 grados. Aquel lunes, 22 de febrero, Elvia y su esposo salieron a trabajar, a recoger cacao. Era una rutina llevar a Leni en su espalda y así lo hizo ella. “A las 10:00 llegaron mi cuñada, mis suegros y varios familiares, les brindamos un poco de chicha y a las 11:30 volvimos al cacao. Cargué al bebé y me fui. Como a las 13:00 mi niño comenzó a llorar, entonces, decidimos regresar”, relata.
Cuando volvieron a casa, el esposo de Elvia sugirió dejar a Leni con su sobrina, pues el pequeño solía llorar por las altas temperaturas, le incomodaban, dice Elvia. “Lo encargué a la sobrina de mi esposo, le di ropa limpia, una pantaloneta crema y una camiseta roja. Pedí que no lo dejen solo, porque es pequeño y podía salirse. Después salimos”, cuenta.
Leni no quería despedirse. “Me abrazó tanto y no me soltaba, hasta que lo convencí y lo dejé. Esa fue la última vez que lo vi”, recuerda. Elvia y su esposo volvieron a su trabajo y cuando intentaban regresar a casa, pasadas las 15:00, una tormenta eléctrica lo oscureció todo. Construyeron un improvisado refugio con hojas de pambil y avanzaron.
Elvia recuerda que apenas llegó, su sobrina gritó: “¡Tía, Leni se perdió!”. Recibió la noticia y, aunque el shock le impidió moverse durante unos minutos, se recompuso e iniciaron la búsqueda. “Lo buscamos varias horas. No sabía qué hacer y llamé a la Policía. Les pedí que me ayudaran y llegó un oficial, pero él tenía miedo de entrar al monte”.
La familia llamó a vecinos de la comunidad y fueron ellos quienes, armados con lámparas y en conjunto con agentes policiales, emprendieron camino hacia el río. Comenzaron a preocuparse pensando en que quizá podría haber caído en el afluente. Eran las 23:00 y Elvia seguía buscándolo. No importó el frío, bajaron al río pero no lo encontraron.
El martes 23 de abril —Elvia relata— un agente de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) los acompañó a denunciar formalmente la desaparición de Leni ante la Fiscalía de Shushufindi. “Yo pensé que así buscarían rápido a mi niño, que se agilizaría el proceso, pero no fue así”, increpa.
Elvia dice que consultó qué proceso debía seguir, “pero nadie me dijo nada”. Luego, cuando realizó la denuncia, el agente de Dinapen le anunció: “Ya subimos a la Alerta Emilia a tu bebé”. Pero eso no ocurrió. Le mintieron. Ahora Elvia exige que el sistema se active para encontrarlo, exige la difusión máxima de sus carteles en redes sociales y jornadas de búsqueda.
La denuncia de la desaparición de Leni es una de las 34 845 interpuestas por las familias que han perdido a niños, niñas y adolescentes desde 1947 hasta abril de 2021. El Ministerio de Gobierno asegura que el 99% ha sido encontrado pero, ¿qué pasa con ese 1%?
No son porcentajes, son seres humanos y a más de tres meses de la desaparición, nada ha ocurrido. Leni es una de las 1 538 personas, 241 de ellas niñas, niños y adolescentes, que —según cifras oficiales— aún no son encontradas en Ecuador. Pero estas cifras oficiales son cuestionadas por Asfadec. La organización las considera subregistros que no dan cuenta de la problemática que se vive en el país. El balance de desaparecidos que maneja esta agrupación superaría los 4 400.
Frente al silencio, Elvia se ha fortalecido con el apoyo de Asfadec, la Fundación David Romo y jóvenes estudiantes que activaron la Alerta Ralse, una red de difusión masiva de imágenes de personas desaparecidas a escala nacional.
Elvia cuestiona, además, la falta de cumplimiento con diligencias de búsqueda como la reconstrucción de los hechos, agendada para el 17 de mayo. “El fiscal que lleva la investigación estaba de vacaciones y el que estaba de turno, encargado, tuvo que hacer otras diligencias y suspendieron. No se ha hecho nada”, asegura. Lo último que conoció la mujer es que el 27 de mayo la investigación en el caso de su nieto pasó de la mesa de la Dinapen a la de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).
Los espacios de Leni siguen intactos en su hogar. Su familia espera su regreso. “Es solo un bebé, no puede defenderse. Necesito que lo busquen, que se pongan la mano en el corazón. Ya no sé qué más hacer o con quién hablar para que lo hagan”, reclama.
Su lucha no se detiene y ella no está sola. Madres que buscan a sus hijos e hijas la acompañan, como María Eugenia Basantes, quien lleva reclamando acciones para conocer el paradero de su hijo desde hace más de 25 años. Alexander Romo tenía apenas dos años y cuatro meses cuando fue desaparecido en la antigua terminal terrestre Cumandá, en el norte de Quito. La apoya también Lilia Acosta, una madre coraje que cada día grita por el regreso de Joshua Salinas, de 8 años, desaparecido el 14 de febrero del 2019 en Otavalo. Pero las respuestas siguen siendo el silencio.
La Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, publicada en el Registro Oficial del 28 de enero de 2020, dictamina la búsqueda y localización de personas desaparecidas y extraviadas; la protección de los derechos de las víctimas indirectas o familiares, además de la prevención y coordinación interinstitucional para garantizar una efectiva respuesta y la capacitación especializada a sus funcionarios, y dar acompañamiento psicológico, jurídico y social. Sin embargo, historias como las de Elvia evidencian que la normativa en letra aún está lejos de cumplirse en la práctica.
Las niñas y niños desaparecidos no son casos aislados
Pero Elvia no es la única madre que exige la activación de la Alerta Emilia. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador solicitó al Ministerio de Gobierno poner en marcha el sistema de búsqueda luego de que el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, en Perú, denunciara la desaparición de Rubí Myleni Pujupat Achampash, una niña de esta población indígena, de 6 años, que desapareció en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, el 4 de mayo de 2021.
Rubí vive en la comunidad Boca Chinganaza, en el distrito de Río Santiago, en el Amazonas peruano, una zona que, además, se ha visto vulnerada por el despliegue de madereros ilegales. La Nación Wampís ha denunciado la falta de controles efectivos por parte de las instituciones ecuatorianas y peruanas.
En Boca Chinganaza es usual que las niñas y los niños jueguen fuera de sus casas, pero dentro del territorio de su comunidad. Sin embargo, aquel 4 de mayo, sus padres esperaron en vano la llegada de Rubí. A las 13:30 iniciaron la búsqueda en el río Santiago, pero no la encontraron.
Comunidades vecinas como Chinganaza, Chosica y Villa Gonzalo se sumaron a la búsqueda por bosques y montañas, pero no lograron encontrarla. Entonces, las alarmas se encendieron. Su familia teme que Rubí haya sido secuestrada por madereros ilegales que, según dirigentes de la Nación Wampís, provienen de Ecuador, Colombia y Venezuela. Ellos se dedican a extraer madera balsa, conocida como topa, de forma irregular y sin la autorización de las autoridades estatales peruanas para trasladarla a territorio nacional y comercializarlas. El Gobierno de la Nación Wampís ha venido denunciando las actividades ilegales desde hace varios años ya, pero su reclamo no ha sido atendido y los efectos son desoladores: daño forestal irreparable en la Amazonía peruana y problemas sociales como alcoholismo, trata de personas y conflictos entre pueblos indígenas peruanos y ecuatorianos, y entre comundiades Wampis y Awajun.
La desaparición de Rubi no es un caso aislado. La Nación Wampís presume que existen “fines comerciales” en este caso. En una carta enviada a las autoridades gubernamentales de Perú, expone que la niña “habría sido llevada desde la comunidad Boca Chinganaza hacia territorio ecuatoriano en una canoa a motor, presumiblemente por unos hombres mestizos ecuatorianos que se dedican al tráfico ilegal de madera”. Un comunero comentó -en diálogo con el medio digital Servindi, de Perú- que escuchó el llanto de una niña en una lancha alquilada, en la comunidad de Kim, que llevaba a otras personas hacia territorio ecuatoriano. Luego, el canoero habría retornado solo.
La lucha de la familia, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y organizaciones como Amazon Watch y la coalición de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador han impulsado finalmente una coordinación binacional y pronto se realizará una jornada de búsqueda para encontrar a Rubi. El sábado 5 de junio, sus padres llegarán a Ecuador, acompañados por la Nación Wampís, para reunirse con la Policía ecuatoriana en Puerto Minas, zona fronteriza entre Perú y Ecuador. El objetivo es crear una articulación entre los dos países para buscar a Rubi.
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