Por Ángela Lascano D.
Después de seis años de espera, los familiares de los tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, secuestrados y asesinados en 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, recibieron las tres actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe). Pero las recibieron mutiladas e incompletas.
Esto incumple la sentencia 4-21-DN/24 de la Corte Constitucional, que el 8 de abril pasado ordenó la desclasificación de los documentos, audios, transcripciones y la lista de asistentes de tres sesiones que el Cosepe mantuvo durante el secuestro y posterior asesinato de los periodistas, episodio que se conoce hoy como el caso Nos Faltan 3.
El pasado viernes 17 de mayo, luego de analizar la información que recibieron de parte del gobierno de Daniel Noboa, los familiares de Javier, Paúl y Efraín dieron a conocer a la prensa y a la sociedad civil detalles de esa documentación. En las actas constan las conversaciones que los integrantes del Cosepe mantuvieron el 28 de marzo y el 13 y 17 de abril, días clave dentro de la cronología de los sucesos. Sin embargo, la información que recibieron las fmilias contiene varias irregularidades, como las ha calificado su equipo legal.
“La documentación entregada está incompleta, hay cortes de textos y ausencias de páginas”, denunció Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el fotógrafo del equipo periodístico. Rivas explicó que en el acta 18, se observa un salto de la página 2 a la 19; en el acta 19, se encontró un corte de la página 9 a la 13, y en la última, de la 11 a la 18.
Además, Rivas denunció que las declaraciones se interrumpen abruptamente de una página a otra, que existen diálogos cortados y que no se identifica a los interlocutores, y añadió que las propias actas presentan inconsistencias respecto de la cronología de los sucesos, los procesos de negociación y los supuestos planes de rescate que presuntamente habría emprendido el gobierno del entonces presidente, Lenín Moreno.
«La sentencia no ha sido cumplida», señala Mauricio Alarcón, uno de los abogados de los familiares. «La Corte Constitucional conocerá en este caso no solo los aspectos de forma, como no haber entregado las transcripciones o haber entregado la información fuera de tiempo, sino también nuestras preocupaciones sobre la falta de criterios básicos que nos permitan entender cómo se entrega la información en estos casos. Creo que las irregularidades -y hay que llamarlas por su nombre- saltan a la vista”.
Alarcón explicó que oficiarán a la Corte Constitucional un documento con los hallazgos de la revisión de información, en conjunto con una solicitud para que se realice un seguimiento de la sentencia, y para exigir la entrega de toda la información. Asimismo, el documento será entregado a la Fiscalía para que se continúe con la investigación. «Por eso la necesidad de contextualizar la información, de hacer un análisis de lo que significa cada uno de los temas contenidos acá: los faltantes, los restantes, las mutilaciones o las ausencias de elementos tan básicos en un documento de seguridad del Estado como las firmas de los participantes de una reunión», añadió.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas se pronunció en rechazo a la entrega de actas mutiladas. “La entrega de las actas mutiladas, que fue festejada por el actual presidente, Daniel Noboa, perpetúa la impunidad en el caso y confirma la falta de compromiso del Estado ecuatoriano con el esclarecimiento del secuestro y asesinato de nuestros colegas”, dice el comunicado público de esta organización.
Así mismo, Fundamedios se pronunció en otro comunicado en el que se dirige al gobierno de Noboa y a las instituciones estatales responsables: «Fundamedios exige al COSEPE y Ministerio del Interior la entrega de información completa tras este acto humillante de impedir que la verdad se imponga ante todo. Esto es un atropello más a los derechos de las víctimas y de sus familiares, que por seis años siguen pidiendo justicia y reparación. Instamos a la Corte Constitucional que se pronuncie tras este incumplimiento y se tomen las medidas necesarias. Nos solidarizamos con los familiares de los colegas y nos mantenemos vigilantes en la lucha que no termina».
Durante su período en el poder, el expresidente Lenín Moreno ofreció en al menos siete ocasiones desclasificar las actas que contienen la información de lo que las máximas autoridades decidieron durante el período del secuestro del equipo de prensa de El Comercio. Sin embargo, Moreno dejó el poder sin cumplir sus ofertas. Del mismo modo, el expresidente Guillermo Lasso ofreció durante su campaña electoral liberar esa información en nombre de la transparencia que decía promover, pero tampoco cumplió con su palabra. Daniel Noboa es el tercer mandatario que aborda este caso y que, en la práctica, permite que se mantenga en la impunidad al no entregar toda la información necesaria para que las investigaciones avancen, den con las personas responsables y garanticen verdad, justicia y reparación a las familias de las víctimas y a la sociedad en su conjunto.
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