El Metro está pasando y Solanda se está hundiendo

Por Natalia Rivas y Pamela Ramón

Quito, ECUADOR.- Su casa es la más visitada del barrio de Solanda, al sur de Quito. A ella han llegado más de 40 personas, entre autoridades municipales, dirigentes barriales, periodistas de prensa escrita, reporteros de televisión, camarógrafos, fotógrafos, ingenieros, vecinos. La vivienda de Rodrigo Armas está entre las más famosas del vecindario y su notoriedad no tiene que ver con la decoración o con el salón de belleza que funciona allí. La particularidad de su casa, que tiene apenas un piso, reside en el tamaño de las grietas que separan sus paredes; en las baldosas cuarteadas que se desprenden del baño y de la cocina; en el desnivel del suelo, donde cualquier objeto rueda cual pelota en cuesta empinada; en las veces en que su dueño ha intentado cubrir las fisuras que no le dan tregua, pues siempre vuelven a aparecer.

Rodrigo Armas –jubilado de 65 años, oriundo de Pujilí, Cotopaxi– lleva 32 años viviendo en el mismo lugar. No recuerda haber lidiado antes con estos problemas. Para él, el riesgo de que los muros se vengan abajo tiene un solo nombre: la construcción del metro de Quito que impulsa la Municipalidad.

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A Quito –ciudad alargada al pie del volcán Pichincha, de 50 kilómetros de longitud y 8 de ancho– se la ha criticado por no tener suficientes vías para el flujo vehicular. Si sumamos su accidentada topografía al desproporcionado crecimiento del parque automotor, tenemos una metrópoli perseguida por niveles altos de contaminación ambiental y recurrentes embotellamientos. Las proyecciones que se hicieron ante este caótico panorama de movilidad vehicular revelaron que, de seguir en la misma progresión, en el 2030 los quiteños tendrían que emplear entre 4 y 5 horas cada día para ir y volver de sus jornadas académica o laboral.

En el 2009, cuando el médico y sociólogo Augusto Barrera postuló su candidatura por el Movimiento Alianza País para la alcaldía de la ciudad, bajo el lema “Despierta Quito a una nueva era”, incluyó en su plan de acción la construcción del metro subterráneo de la ciudad. Este sistema de transporte masivo de alta capacidad se presentaba, entonces, como la solución idónea para aliviar los problemas de movilidad en Quito.

En ese mismo año, Barrera asumió como alcalde y suscribió un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Madrid para realizar un diagnóstico sobre la movilidad en la ciudad y diseñar el sistema integrado de transporte. Los estudios, que estuvieron a cargo de la Empresa Metro Madrid, tuvieron un costo de 29 millones de dólares y, entre las conclusiones, se determinó que en un día promedio en la ciudad se hacían 4,2 millones de viajes, de los cuales el 70 % eran viajes en transporte público. El principal motivo de los desplazamientos, según el estudio, correspondía a necesidades educativas.

Lo que siguió a este primer acercamiento fue una línea de tiempo en la que se presentaron modificaciones: revisión de presupuesto, ampliación de plazos, adjudicación y ajustes en los términos del contrato, reconformación del consorcio y más.

En enero de 2013, se inició la Fase I de la Primera Línea del Metro de Quito, que abarcó la construcción de las estaciones La Magdalena (sur) y El Labrador (norte). Posteriormente, el 26 de noviembre de 2015, ya en la administración de Mauricio Rodas, se firmó el convenio para la ejecución de la Fase II, con el Consorcio Linea 1 Metro de Quito: Acciona-Odebrecht. Meses después, el 19 de enero de 2016, arrancó, oficialmente, la construcción de esta segunda parte, que comprende 13 estaciones más: Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Recreo, Cardenal de la Torre, San Francisco, El Ejido, Alameda, Universidad Central, La Pradera, Carolina, Iñaquito y Jipijapa.

En el 2017, a partir de una reformulación del Consorcio, Odebrecht anunció su retiro, bajo la aprobación de los organismos multilaterales que financian el proyecto: Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, Corporación Andina de Fomento (Banco de Desarrollo de América Latina) y Banco Interamericano de Desarrollo. Esta separación no afectó los plazos establecidos y, en octubre de 2018, Acciona concluyó las obras de excavación del túnel, con lo que la obra del Metro tendría un avance global del 75%. Tres días después de que el Alcalde de Quito anunciara este logro, la Contraloría General del Estado emitió un oficio dirigido al Ministerio de Trabajo en el que se ordenaba la destitución de Mauricio Anderson Salazar del cargo de Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. La disposición llegó luego de un examen especial al proceso de contratación, ejecución y fiscalización del proyecto de la primera línea del Metro de Quito, Fase II.

Sin embargo, la noticia de que la ejecución de la construcción del túnel finalizó tres meses antes de lo previsto se difundió con entusiasmo porque la tuneladora, bautizada como Luz de América, consiguió excavar 1 489,5 metros en 30 días.

Pero no todos lo celebraron con algarabía. Alrededor de los puntos escogidos para construir las paradas, pozos de ventilación y salidas de emergencia, el paisaje urbano se transformó y muchos ciudadanos tuvieron que cambiar sus rutinas, familiarizarse con lo que implica este tipo de intervenciones y, en algunos casos, lidiar con graves daños en sus viviendas.

Solanda se está hundiendo

Cuatro pliegues de papel Bond, dos de periódico, un plano de la ciudadela y una selección de fotografías históricas, adheridos a la pared de la casa comunal del sector 2 de Solanda, son los elementos básicos para hacer una reconstrucción de los hechos. Fabiano Kueva, artista y artífice de un proyecto de investigación expositiva sobre el barrio, dirige el taller en el que participa una parte de los vecinos cuyas casas se han visto afectadas por la construcción de una de las estaciones del Metro y salida de emergencia.

Es domingo 23 de septiembre de 2018 y Rodrigo Armas está entre los 20 participantes de esta actividad en la que, conjuntamente, se intentará armar un complejo rompecabezas al que aún le hacen falta piezas. Fabiano explica a los vecinos que el taller es para dar ideas, discutirlas y diseñar acciones que evidencien los problemas. Uno de los más preocupantes, que capturó la atención de los medios de comunicación en febrero de este año, fue el hundimiento de viviendas. Edificaciones que se desprendían de las bases, paredes que se desmoronaban, fisuras, vidrios rotos, pisos deformes, habitaciones que se habían abandonado por temor al colapso coparon páginas de diarios y pantallas de televisión. Algunos de los rostros visibles en esos reportajes están ahora en este taller.

Rosario Guzmán, Laura Mantilla, Gladys Basantes y Nelly Torres son tres de las primeras moradoras que se organizaron para dar testimonio de lo que estaba sucediendo con sus viviendas. Rosario es la designada, en esta ocasión, para relatar el viacrucis que han tenido que transitar, desde que empezaron a notar que sus “casas se estaban inclinando”. Fabiano le pide que, antes de empezar, señale en el plano dónde se ubica su casa.

Los demás asistentes, desde sus puestos, la guían para dar con el punto exacto. Charito –como la conocen sus amigas– regresa a su lugar después de ubicar su morada en el Sector 1 de Solanda, detrás de los Pollos de la J. Se acomoda los lentes y se prepara para leer cuidadosamente los datos que ha anotado en su cuaderno, a modo de bitácora. Su relato comienza en enero de 2018:

«Empezamos a ver que se estaban trizando las casas y acudimos al Municipio, a la administración Eloy Alfaro. Dijeron que no tenían nada que ver. Fuimos, entonces, a las oficinas del Metro. Presentamos un oficio, con las fotos de las casas que están cuarteadas, a Luis Barahona. Él dijo que ya iban a hacer una inspección. A los dos días, recibí una respuesta diciendo que mi casa está ubicada a 130 metros del túnel del Metro y que ellos se comprometían a atender problemas que se den a 40 o máximo 50 metros. Volví a irme al Municipio, presenté las quejas. Me pidieron que espere la respuesta. Vinieron a inspeccionar la casa y me comunicaron que sí, que, efectivamente, está cuarteada, que tenga en cuenta que quizá me toque desocuparla».

Al recibir esta noticia, Charito y sus vecinas buscaron apoyo en un dirigente barrial, el doctor Fernando Chamba, quien hizo las gestiones necesarias para que el caso fuera expuesto ante funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

«En marzo –continua Charito– se hizo una reunión con el ingeniero Juan Carlos Fonseca, representante de esta entidad, y le dijimos que se debía a que estaban sacando agua. Al principio, él no dio crédito a esto, pero teníamos grabaciones que lo comprobaban. Se comprometió a hacer averiguaciones y a ver qué se podía hacer. Luego se hizo una reunión con los concejales y se les pidió que hagan inspección. Dijeron que iban a hacer estudios de suelo».

Fue entonces cuando el coronel Juan Zapata, Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, intervino. En una entrevista en su despacho, el jueves 11 de octubre de este año, explicó que al recibir estas alertas de la ciudadanía, se generó un convenio de cooperación con la Pontificia Universidad Católica y con la Escuela Politécnica Nacional para realizar una actualización de la microzonificación sísmica de la ciudad. Este estudio técnico permitirá, según Zapata, conocer las causas del fenómeno que está afectando las viviendas de los moradores de Solanda. “Esto supera los 300 mil dólares. Y hemos dicho: si se requiere mayores presupuestos hay que colocarlos, porque a nosotros nos interesa la vida de las personas (…) Lo hicimos con las mejores universidades del país, porque tenemos que ser absolutamente claros y transparentes. Aquí no estamos para mentirle a nadie”.

Pincha aquí para escuchar la entrevista completa:

Es a través de Comités de Operaciones de Emergencias (COE) zonales que se socializan los avances de esta indagación con la comunidad. Los estudiantes, supervisados por docentes, han visitado las viviendas. Hacen perforaciones, anotaciones, toman fotografías y entrevistan a los dueños. A partir de esto y de un levantamiento de información previa, se ha cumplido con la primera fase que es la de diagnóstico. Aquí se determinan las hipótesis de cuáles son los factores que inciden en la problemática. Sin embargo, aún falta profundizar más para determinar niveles de responsabilidad.

Los vecinos, cada vez más angustiados por el deterioro de sus viviendas, esperan ansiosos la entrega de estos informes que, según les han dicho, son indispensables para tomar acciones, y que, por cuestiones técnicas, no siempre están listos en las fechas ofrecidas. Además, exigen que se les haga llegar un documento digital y físico con estos resultados.

No se sabe a ciencia cierta cuántas son las casas afectadas. Los vecinos llegan a citar la cifra de 400. Las autoridades municipales no hablan de un censo que revele la cantidad exacta de viviendas afectadas y esta desidia incrementa el riesgo de las familias que habitan Solanda. Lo que sí les han dicho es que los daños en sus propiedades pueden deberse a movimientos sísmicos, al sistema de alcantarillado o a las formas de construcción de las viviendas (cimentación, número de pisos o peso). La extracción de agua en la salida de emergencia que se construye en el Sector 4 es también una de las posibles causas para las autoridades. Pero, para los vecinos, es esta la principal.

Según Juan Zapata, hay acciones que se están adelantando. La Secretaría que dirige clasifica a las viviendas por niveles de riesgo mitigables y no mitigables. “Cuando es no mitigable significa que no podemos hacer nada y hay que generar una demolición controlada. Para eso, tenemos que comprar ese bien por tema de seguridad a quienes son los dueños –el precio se calcula según el avalúo catastral–. El problema aquí es que no es el caso de Chilibulo, ni de Turubamba. Allá fue fácil, metimos maquinaria, detectamos que habían cavernas, sabíamos que esa era la causa. Aquí buscamos las causas”.

Mientras eso se determina –afirma el funcionario–, seguirán dilucidando qué proceso debe aplicarse a las viviendas que tienen mayor riesgo. Una de ellas es la del vecino Fernando Proaño, que ya fue desalojada. Otras necesitarán reforzamientos estructurales. “La gente tiene que mantener la calma. No es que todas las viviendas van a ser demolidas… El problema aquí es quién va a tener que invertir, porque son bienes privados. ¿Quién determina eso? El informe. Lo que yo sí le doy mi palabra, mientras esté como secretario, es que yo me acogeré al informe sin tapar absolutamente nada”.

Pero la administración de Mauricio Rodas terminará en 2019, y la información histórica nos dice que la continuidad en determinados proyectos municipales ha estado supeditada a los intereses del burgomaestre de turno y no precisamente a una necesidad colectiva. ¿Qué pasará con estos procesos cuando cambie la administración y cuáles serán las garantías de seguridad, atención y reparación para los vecinos de Solanda? «Es que aquí el alcalde es una persona –resalta Zapata–, pero la institucionalidad es una sola. El Metro va a seguir y es el estudio el que nos dará esa garantía».

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Los primeros habitantes de Solanda

Rodrigo Armas dejó su pueblo natal, Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, cuando tenía apenas 13 años. Él era el último de cinco hermanos que quedaron huérfanos. Su mamá murió de neumonía y su papá, que era comerciante, un año después sufrió un accidente de tránsito. Cuando se quedó completamente solo, decidió comprar un candado y cerrar la casa construida con adobe, cascajo y paja, que fue su única herencia. Dejó los sembríos y los animalitos y fue en busca de algo mejor.

Cuando cumplió 25 años, se enamoró. Conoció a Norma Cevallos a las afueras del Teatro Bolívar, en el Centro Histórico de la capital. Ella, de 18 años y oriunda de Latacunga, estudiaba Belleza en la Academia Ecuador. Rodrigo sonríe al evocar ese momento. Cree que tuvo suerte de encontrar a una mujer de su tierra. “La reconocí al instante”, dice con picardía. “Pensé: esta es la que me gusta”.

Se casaron en octubre del 78. La fiesta fue con orquesta, baile y comida. Luego se fueron a vivir en la casa de uno de los hermanos del novio, en el sector de La Mena 2. Allí nació su primer hijo, Darwin. En 1986, se anunció el programa de vivienda en Solanda. Le habían contado que para acceder tenía que tener al menos tres niños. Él, que era ahorrista del Banco de la Vivienda y tenía aproximadamente 115 000 sucres en su cuenta, fue a consultar cuáles eran los requisitos.

La funcionaria que lo atendió le comentó que estaba lista la primera etapa y que no era cierto lo del número de hijos. Le aseguró que si aplicaba iba a salir seleccionado. Le solicitó la libreta del banco, una partida de matrimonio y una del nacimiento de Darwin. Apenas Rodrigo entregó los papeles, le informaron que para diciembre las casas estarían listas. Le preguntaron qué tipo de vivienda prefería y le enumeraron varios modelos. Él, preso de la emoción, no se fijó en nada, lo dijo a ciegas y como una especie de cábala: «¡La A1!».

–Lo hice en honor a mi apellido –relata.

Al regreso le contó a Norma, su esposa, quien para entonces estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo.

Un día, en medio de un partido de vóley, Enrique Note, un compañero que leía El Comercio en una esquina, lo llamó:

-¡Negro, ven!

Dándole una palmada en la espalda, le mostró la lista publicada en el diario y sentenció: ¡Ya tienes dónde meter la cabeza, hermano!

Efectivamente, su segundo hijo venía con más que una palanqueta bajo el brazo: traía una casa propia. En menos de una semana le notificaron que tenía que ir a conocer el lugar y a recibir las llaves. Rodrigo aún tiene registro de lo mucho que tuvo que caminar, entre matorrales, para llegar.

–Aún era la hacienda vieja, había mucha tierra –recuerda.

Las casas eran todas iguales. Adentro solo había un cuarto y el baño. Tuvo que apilar palos de madera en la puerta para identificar su espacio cuando volviera. A pesar de las condiciones, Rodrigo estaba feliz y pronto organizó la mudanza a su nueva morada. Los primeros años fueron complejos: no había agua y esas viviendas necesitaban mejoras. Rodrigo decidió ampliar su hogar: igualó la loza, dejó un patio y unas gradas para subir a la terraza. Cuando nació su tercera hija, Coralía, se salió un poco de los límites y se extendió dos metros y treinta centímetros más de construcción. Lo hizo con maestros albañiles, poco a poco, mientras pagaba los préstamos.

Las imágenes que conserva Rodrigo de esos inicios coinciden con las de casi todos los primeros habitantes de Solanda.

Don Juan Navarrete, propietario de un negocio de artículos de plástico ubicado en el mercado, llegó al barrio hace más de treinta años y fue presidente de la ciudadela durante tres períodos. Como exmilitar tuvo la facilidad de postular a una de las viviendas del Plan Solanda.

«Si aquí no había nada, todo esto era pantano –cuenta–. No pensaron que aquí iban a vivir personas. Por eso muchos se fueron. Hubo muertos porque los cables de luz pasaban en medio de las casas. La gente construyó como pudo. Otros botaron las casas que el banco nos entregó porque eran una vergüenza. Hicimos préstamos para acomodar todo. Después los del Municipio quisieron derrocar las casas. Imagínese, entonces nos organizamos y luchamos por la ciudadela. Todo era un caos. Y el gran culpable de todo esto para mí es el Municipio que no construyó con planos como corresponde, sino a la buena de Dios, pensando que aquí iba a vivir un pueblo cualquiera».

En 1976, la Fundación Mariana de Jesús donó el terreno. En alianza con la Junta Nacional de la Vivienda –creada en 1972 por el gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara–; la Agency for International Development (AID) –organismo de cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos–; y el Municipio de Quito, crearon el Plan de Vivienda Popular Solanda, diseñado para las clases más empobrecidas. Finalmente, estas familias, aún cuando eran de escasos recursos, contaban con un ingreso fijo y capacidad de crédito.

Para Fabiano Kueva, las estrategias de precarización de los denominados planes de vivienda de interés social tienen que ver con el endeudamiento a largo plazo, la reducción del espacio habitable por persona; la elección de sistemas constructivos en beneficio de grupos de poder económico; el diseño inacabado y el trazado normativo de los espacios “comunitarios”. A pesar de las condiciones mínimas de habitabilidad en las que fueron entregadas las viviendas, los costos que los moradores tuvieron que cancelar fueron altos.

Existe un estudio etnográfico realizado por Lilia Rodríguez, que da cuenta de que de las 5 600 viviendas planificadas en Solanda fueron entregadas progresivamente e incompletas 4 212, en los cuatro sectores que conforman el barrio. Los tipos de vivienda que correspondían a la capacidad de crédito de los demandantes son los siguientes:

• La tipo LUS (Lote Urbanizado con Servicio) era una fracción de terreno con una unidad básica sanitaria, donde el área construida tenía una extensión de 10,46 m2. Sus adjudicatarios podían ampliarla de acuerdo a sus posibilidades.
• La tipo Piso-techo, que se entregó en columnas, algunas sin paredes y con una unidad sanitaria. La superficie de construcción entregada fue de 24,11 m2, y también en ella podía realizarse ampliaciones.
• Las viviendas trifamiliares, que se levantaban en lotes de 9,60 x 9,60 y de 9,60 x 12,80 y comprendían tres departamentos compartidos.
• La vivienda Puente, construida en un área de 24,09 m2, que era destinada a negocios, oficinas, consultorios. Este tipo de domicilios, por sus características, no permitía ampliación, sin embargo la gente hizo modificaciones.
• La vivienda tipo LUV, de un piso o de dos, terminada con la finalidad de que sirviera de «modelo» para los adjudicatarios de los otros tipos de vivienda.

La  precariedad de los espacios entregados a los moradores motivó a que estos los rediseñaran artesanalmente de acuerdo a sus necesidades, y a que se organizaran para exigir el cumplimiento de sus derechos. En el sur de Quito, las organizaciones barriales han sido una constante. Históricamente, este fue el sector más olvidado de la ciudad y más utilizado con propósitos electorales. En la consolidación de este espacio han participado activamente asociaciones, juntas vecinales, comités pro-mejoras y centros de mujeres.

Mario Galarza, funcionario del área de Gestión del Territorio de  la Administración Zonal Eloy Alfaro, del Municipio de Quito, asegura que el 75% de las predios de Quito se han construido sin presentar planos ni pedir permisos previamente.

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Al consultarle qué pasó con Solanda, él también se remonta a la historia: «El Banco de la Vivienda construyó el Plan Solanda en siete años. Iba ejecutando las obras y cuando las completó, entregó la planificación completa al Municipio de Quito. Mientras la documentación no es entregada, la entidad no tiene competencia para actuar. Fue en ese periodo cuando los habitantes empezaron a establecer exactamente su vivienda, conforme a su necesidad».

Solanda acoge actualmente a 130 000 habitantes, además de una importante población flotante que oscila entre las 35 000 y las 40 000 personas. Es el barrio más densamente poblado del sur de Quito y uno de los más populosos de la ciudad entera. A pesar de que su amplia diversidad dificulta una efectiva organización, su infraestructura lo ha convertido en una microcentralidad y en uno de los lugares más apetecidos para habitar en Quito.

Casi todos los habitantes de esta ciudadela han mejorado sus viviendas mediante préstamos, ahorros o algún negocio. El crecimiento económico ha permitido levantar más departamentos a las viviendas, y algunas hoy alcanzan hasta los 5 o 6 pisos. La vivienda es el patrimonio familiar por excelencia, así que generalmente los nuevos pisos han sido pensados para hijos o parientes. Sin embargo, muchos de los primeros propietarios han decidido cambiarse de casa y vender o arrendar sus espacios.

Uno de los momentos que marcó el crecimiento material de Solanda coincidió con la ola de migración causada por la crisis bancaria de finales de los años 90 y principios del 2000. Al parecer, las divisas enviadas permitieron que la economía de este sector se fortaleciera y se pudiera invertir en la vivienda.

Gladys Navarrete, que vive aproximadamente 28 años en el barrio, cuenta:  “Del cuadro donde yo vivo, es decir, del parque, no solo mi marido se fue. Se fueron don Pablo con la esposa; doña Teresa y el esposo, después los hijos; doña Rosa Solís con los hijos; la hija de Doña Gloria, el vecino carpintero, doña Eva que tenía posibilidades se fue; hasta el Chino Julio se fue, pues. Más claro todo el mundo se fue. Con lo que me mandó mi marido yo solo logré acomodar poco, o sea tengo tres pisos y la terraza pero no está bien distribuido. Con plata, qué no hiciera. A él no le fue tan bien como a otros que se hicieron tremendos caserones. Cuando con mi hija caminamos por el barrio y vemos casotas de cuatro o hasta cinco pisos decimos “a España se han de haber ido”.

El crecimiento de las viviendas ha acogido cientos de nuevos habitantes que de a poco han reconfigurado el paisaje del barrio y sus antiguas formas de relacionarse. Según el estudio de ACNUR Más allá de las fronteras, los barrios preferidos por migrantes para habitar son “el Comité del Pueblo, Solanda, Carcelén, Carapungo o el Centro Histórico”, pues son sectores donde la gente puede fácilmente proveerse de productos alimenticios, médicos y otros, además que permiten el comercio informal, que es la actividad a través de la cual muchos se ganan la vida. Las preferencias de ubicación de las clases populares tienen que ver con las redes familiares y/o de apoyo que se asientan en el sector. 

Testimonios con nombre y apellido

Guillermo Realpe es uno de los personajes más citado por los vecinos y por las autoridades. Desde julio del 2018, cuando el Municipio de Quito firmó el convenio de cooperación con las universidades, este docente e ingeniero civil que dirigió el Laboratorio de Materiales de Construcción de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) es quien ha presentado los avances de los informes técnicos con las partes involucradas.

Para este experto, Solanda está en un estado crítico, pero aclara que están trabajando en una etapa de diagnóstico, en la que se exponen las hipótesis de las causas que están provocando los problemas, mas no los porcentajes de responsabilidad. En una entrevista, que se llevó a cabo en su oficina en la Facultad de Ingeniería de la PUCE, Guillermo Realpe habla de factores técnicos, del tipo de suelo de Solanda, que dice estar conformado de material fluvio-lacustre. “Es decir, no hay evidencia de que haya existido una laguna, pero el arrastre superficial de agua ha formado pequeñas piscinas de estratos orgánicos”. Este tipo de suelo, al que los especialistas denominan acuífero semiconfinado, presenta complicaciones para la construcción. A pesar de esto, puede ser manejado por la ingeniería.

El tema se centra en las cimentaciones, que son las bases que sirven de sustentación a las edificaciones y están diseñadas según el tipo de suelo y las proyecciones estructurales que se quieran hacer. En Solanda, las viviendas estaban diseñadas para tener dos pisos, pero los propietarios construyeron más de lo permitido.

Aún así, Guillermo Realpe anota esta como una sola variable. El problema también puede tener relación con otros factores, además del número de pisos de las viviendas, entre ellos, la “conectividad entre las casas”. Según él, en este barrio no se puede calcular los efectos del suelo de cada casa porque están pegadas una a otra. «No puedo deslindarme de la de al lado porque está transfiriendo como si fuese una sola loza al suelo. Cada vivienda no está trabajando sola. En todo caso, también habría que pensar qué está pasando con el agua de las casas. En un suelo blando deformable, si pongo tubos de hormigón, es probable que con el cambio de estructura también colapsen las alcantarillas y hay una cantidad de agua que se está depositando en ese suelo blando y no sabemos desde cuándo, a lo mejor eso también esté pasando, es una hipótesis».

La extracción de agua en la salida de emergencia en el sector 4 no está mal para Realpe. De hecho, es algo que se debe hacer. Sin embargo, reconoce que es parte de la ecuación que sí tiene un efecto. Pero pide paciencia a la gente, porque es algo que debe ser demostrado con análisis más profundos.

En el sector 4 de Solanda, los vecinos extrañan el parque por el que tanto tiempo clamaron al Municipio. El espacio recreativo fue reemplazado hace dos años por maquinarias, mallas de alambre y cintas amarillas de PELIGRO. Los vecinos afirman no haber recibido una notificación escrita que les anunciara lo que iba a suceder en este sector.

Carlos Figueroa, quien llegó hace treinta años al barrio, reconoce que el progreso exige sacrificios. Pero dice que deja de importarle si su casa está en riesgo. Como los demás vecinos que se encuentran en los colindantes, afirma no haber recibido una notificación formal, una carta, en la que se les explicara el cronograma de los trabajos o que le advirtiera sobre las molestias que iba a ocasionar esta intervención. El único documento con el que cuentan, por estar en el perímetro cercano a la construcción, es una minuta notariada, que registra como fecha de inspección el 10 de julio de 2017. En este documento constan fotografías y descripciones de las fisuras encontradas en el momento de la visita. El encabezado reza: “Inventario previo a la ejecución de las obras de la Línea 1 del Metro Quito”.

Carlos dice no sentirse respaldado por este documento. Existen registros periodísticos de las campañas de socialización que se hicieron en Solanda que datan del 2015, cuando los promotores visitaban a las familias que se encontraban en un radio de 100 metros de las nuevas estaciones. Pero el inicio de las obras lo recuerdan como algo abrupto: “Llegaron, cerraron el paso, tumbaron árboles que estaban 25 años ahí y empezaron a hacer las excavaciones de seguridad”.

Rosa María Recalde vive en el mismo cuadrante desde hace 35 años y ha sido dirigente barrial. «Con el Metro llegó la desgracia”, dice. Ella cuenta que desde que comenzaron, el ruido fue insoportable: la grúa, los carros pesados, los taladros gigantes. “Hasta ahora estoy enferma de los nervios. Ya es más de un año. Comenzaron a trabajar día y noche. No se podía dormir. A uno de nuestros vecinos se le rompieron todos los vidrios. Hemos hecho reuniones con los señores del Metro. Les hemos pedido que calmen el ruido en las noches. Tanto exigir, decidieron trabajar solo hasta las 23:00. Pero a las seis de la mañana, retoman esos taladros enormes que ensordecen. A mí, que soy de la tercera edad (72 años), me afectó mucho. En la casa, igual, está partida la loza de la planta baja, algunas paredes. Estamos con miedo. En una reunión que tuvimos, nos dijeron que las casas con las lozas cuarteadas ya no valen. Imagínese, ¿cómo pueden decir eso? Que pidamos a Dios que no haya un sismo fuerte porque se vendría todo abajo. No nos dieron ninguna solución”.

Ángel Benalcázar es propietario de una casa que está algunos metros más alejada. Sin embargo, está más afectada que las que están en los colindantes. Él está seguro de que la edificación estaba en perfectas condiciones antes de que iniciara la construcción de la Salida de Emergencia del Metro en el sector. «Cuando comenzaron la obra, me acerqué a los trabajadores y, de curioso, les pregunté cuánto tiempo se iban a demorar –cuenta–, me dijeron que más o menos dos años. Por esos días, noté que las paredes se partían poquito a poquito y así avanzó hasta que la casa se inclinó, el piso del garaje comenzó a hundirse y las paredes se cuartearon por completo. Por la bendición de Dios estamos viviendo, porque la situación es realmente grave».

Los testimonios evocan el paso de la tuneladora, el traqueteo, las veces que confundieron estos movimientos con temblores, la cantidad de agua que se extrae a diario del suelo y otras molestias. Todo esto lo han documentado en videos caseros y fotografías hechas con sus teléfonos celulares. Pero algo que realmente los tiene asustados son las inclinaciones de las casas, los hundimientos en aceras y en una de las calles más transitadas: la José María Alemán, “la J”.

Mariene Vargas es una de las vecinas que vive cerca de esta calle, llena de comercios. La casa que habita pertenece a su mamá: Raquel Torres Constante, quien adquirió el modelo de vivienda trifamiliar, hace 30 años. La edificación, que les llevó más de 15 años de adecuaciones, “era bien parada, como Raquel”: ni los fuertes temblores que hubo en Pujilí, en el Oriente, en Manabí, lograron provocarle cuarteamientos o destrozos. “Los daños empiezan con El Metro. El levantamiento de las veredas que están alrededor de la cancha, las grietas en las paredes son consecuencia de la construcción de esta obra. Constantemente vemos cómo sacan el agua. No es un agua transparente, es servida, que sale de todo el día y la noche”.

Luis Pilataxi –ingeniero geólogo y técnico– afirma que los hundimientos responden a un fenómeno denominado subsidencia, que se da, incluso, en países como México. Pilataxi, quien estudió en Inglaterra y desde el 2001 ha trabajado como técnico y también se desempeñó como autoridad en la Dirección Nacional de Geología, explica que esto se produce por la extracción de agua del subsuelo. “Si usted tiene un vaso con arena y le agrega agua, va a tener una consistencia. Mientras no le quite el líquido el volumen va a mantenerse constante. Pero si lo extrae va a variar y el peso tendrá otro valor”. Es decir que la consistencia cambia. La arena se compacta. Al extraer agua y no reponerla se provocan asentamientos. La subsidencia –aclara el especialista– no se produce homogéneamente: “Porque los materiales son bastante diferentes. Acá tengo arena de un tamaño, acá de otro tamaño. Y así sucesivamente”.

Los estudios previos a la construcción de la Linea 1 del Metro fueron aprobados por el Municipio de Quito y por los organismos multilaterales que financiaron parte de la obra. Se sabe que se hicieron perforaciones a lo largo del tramo por el que iba a pasar el túnel. Por eso, se afirma que la lógica diría que es imposible que las casas que están más alejadas del sector de intervención presenten más daños que las que están en los colindantes.

Pilataxi tiene una explicación: “Para extraer hidrocarburo de un área enorme, es necesario hacer un hueco chiquito. Hay una influencia. Porque en el momento que hago una perforación, cambian las condiciones de presión y el fluido trata de ir hacia el orificio”. Esto se aplica también para el agua. Por lo tanto, se puede extraer el líquido que está en el subsuelo de áreas extensas. Es lo que sucedería en la subsidencia y por esta razón, la extracción estaría incidiendo en las deformaciones.

Este experto, que también trabajó en el Instituto de Investigación Geológica Minera, piensa que es momento de que cada una de las partes asuma su responsabilidad: «Hoy sabemos, con el informe de diagnóstico que nos ha dado, preliminarmente, la Universidad Católica, que también lo que ocurre en el subsuelo está influyendo en la parte superficial. Entonces, no se puede decir que es un problema privado. El problema es, en general, del Estado. ¿Quién es el dueño del subsuelo? ¿Qué pasa si hay recursos minerales? No se puede decir que el Estado es dueño si solo hay beneficios económicos. Si hay problemas en el subsuelo también tiene que hacerse cargo».

Pese a las intervenciones de los expertos y a las promesas de informes, la única certeza que tienen los vecinos de Solanda es la angustia que provocan las dudas, los desacuerdos y las sospechas. La gente, que apenas empieza a contar esta historia, intenta organizarse para pedir un S.O.S, ante las innegables evidencias del hundimiento.