La Barra Espaciadora / @EspaciadoraBar
Faltaban tres minutos para las tres de la tarde cuando el temblor sorprendió a todos, sobre todo en el norte de Quito. Claro, nadie pudo imaginar durante esos segundos que ese no sería el único sismo que habría que soportar: alrededor de cien réplicas se registraron durante las siguientes dos semanas, el nerviosismo y hasta la paranoia cundieron. Pero estas sacudidas de la tierra no solo afectaron familias y edificios, también estremecieron las más altas esferas del poder político de la ciudad y del país.
Como se debe hacer en casos de emergencia provocados por fenómenos naturales, minutos después del sismo -y recibidos los primeros reportes- el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, convocó a la primera reunión del Comité de Operaciones de Emergencia. Al edificio del ECU-911 -una estructura diseñada para soportar movimientos de hasta 8 grados en escala Richter- llegaron de uno en uno representantes de la Municipalidad, del Gobierno de la Provincia de Pichincha, de todos los organismos de socorro, técnicos y especialistas. Todos quienes tuvieran que aportar con algo para enfrentar el problema estuvieron presentes. Los primeros minutos fueron de incertidumbre. En la inmensa sala donde se concentran las imágenes de las cámaras de vigilancia de Quito, casi hubo caos: unos gritaban, otros trataban de dar órdenes pero, en emergencia, nadie puede poner en orden tanta información. Apenas había transcurrido una hora del sismo y cerca de un millar de notificaciones de emergencia se habían recibido.
Los integrantes del Comité recién conformado subieron a la sala de crisis del COE Nacional, en el segundo piso: un gran salón con toda la tecnología disponible para que, en caso de una emergencia que afecte a todo el territorio nacional, sea posible centralizar la toma de decisiones y su difusión adonde fuese necesario. Pero la inmensa sala quedó pequeña cuando las puertas se abrieron para que entraran el alcalde, escoltado por el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y por el comandante del Cuerpo de Bomberos, Eber Arroyo. Durante las declaraciones de las autoridades, la multitud estaba agitada y casi no había espacios por donde pudiera transitar el aire. Todo el mundo llevaba su celular en la mano y con frecuencia se lo llevaba a la oreja, marcaba, colgaba, volvía a marcar; todos iban y venían, grabadoras, micrófonos, libretas en mano… Y entre el tumulto, nadie notó que en esa primera aparición pública oficial no hubo delegados del Gobierno central.
Terminada esta rueda de prensa conducida por Rodas, él y los demás miembros del COE cantonal desocuparon la sala de crisis del COE nacional en el segundo piso y subieron al tercero, a la sala de crisis del Comité de Operaciones de Emergencia de Quito. Este espacio no tiene las mismas dimensiones que el del segundo piso pero cuenta con similar tecnología.
Pocos minutos después, en el sitio ya vacío de la segunda planta, entró una nueva comitiva, encabezada, esta vez, por el viceministro del Interior, Javier Córdova, seguido de cuatro de sus asistentes. Uno de ellos llevaba a la mano su computadora portátil. En las pantallas de esa sala que normalmente es usada para atender las crisis nacionales, ya se había iniciado la videonconferencia con el Ministro de Seguridad, Fernando Cordero, quien, a control remoto, asumía desde ese momento el control de la situación. En pocos minutos se integraron varios oficiales de las Fuerzas Armadas, otros de la Policía Nacional, personal de la Vicepresidencia de la República, de la Secretaría Nacional de Riesgos y de otros ministerios del Régimen. Desde entonces, esa sala reunió a los funcionarios del gobierno central, mientras un piso más arriba, se concentraban los funcionarios municipales. Entre los dos grupos: guerra fría.En el tercer piso, el alcalde y el resto de funcionarios municipales ya monitoreaban las acciones dispuestas con casi una hora de anticipación. Separados por un entrepiso, el Gobierno delineaba sus estrategias mientras el Municipio ponía en marcha sus acciones. Al final de la tarde, el presidente Rafael Correa se presentó ante los medios, en su tradicional conversatorio de cada martes, en Guayaquil y decía cosas como: “Lamentablemente sí hay víctimas por este sismo y muy probablemente por minería ilegal”. Y luego: “…los derrumbes que hemos tenido en una vía en Quito es por minería ilegal, canteras ilegales”.
Esta fue la versión que se extendió por redes sociales y se convirtió en la verdad. Pero resulta que alguien -nadie supo quién- había entregado información falsa al mandatario. ¡Ya era muy tarde! Ya lo había dicho nada menos que Rafael Correa, así que la versión fue replicada por entidades estatales como la Secretaría de Riesgos, y la misma Presidencia de la República publicó en su cuenta de Twitter:
Aproximadamente una hora después, al helipuerto del edificio del ECU-911 llegó un helicóptero de la Policía. La compuerta del aparato abofeteó el viento frío del Itchimbía al abrirse y una figura robusta, de baja estatura, asomó. Era el ministro del Interior, José Serrano. Junto a él iba el comandante de la Policía, general Rodrigo Suárez. Ya dentro del edificio, Serrano apuntaló la declaración del presidente y anunció medidas inmediatas “contra la minería del norte de Quito”. Después de hacerlo, junto a otros funcionarios se integró a la reunión. A la del segundo piso. Ahí todo estaba dispuesto y muchos funcionarios ya habían llegado desde otros puntos del país para atender la emergencia. Quienes no estaban, como la secretaria de Riesgos, María del Pilar Cornejo -que hasta cuatro días después del temblor no salió de su cuartel general en Samborondón-, daba disposiciones a través de videoconferencia. Al morir el día, en esa sala solo faltaba ella y el presidente Correa.
Mientras en el segundo piso se seguía planificando, en la sala del tercer piso se había dispuesto la movilización de todo el aparataje municipal de asistencia. La maquinaria estaba trabajando, las empresas municipales habían movilizado todos sus recursos, se había dispuesto el fondo de emergencias, se registraban 900 viviendas con daños, recursos y personal de 32 entidades de emergencia estaban en las calles. En la noche también hubo disposiciones del Gobierno y la movilización de recursos, pero a esa hora, como si hubiera que competir por un jugoso premio, parecía que el Municipio llevaba la delantera.
Al amanecer del miércoles 13, el vicepresidente, Jorge Glas,entró en la batalla y empezó a encabezar la iniciativa del Gobierno. Su primera acción: compartir un sobrevuelo en helicóptero con Rodas y con el ministro Serrano.
Luego, se ofreció la primera rueda de prensa conjunta, claro, en la sala de crisis nacional. Ahí estaban Rodas, el vicepresidente Glas, el ministro Serrano y una serie de funcionarios gubernamentales.
Nuevamente, pasaron al tercer piso, donde los papeles se intercambiaron. Ahí, Rodas tomó el micrófono para presidir la mesa y el vicepresidente se sentó a su lado, junto a varios ministros.
En esa mesa se tomaron varias decisiones: la declaratoria de emergencia de cinco parroquias, la suspensión de actividades mineras y la evacuación de varios sectores. Se coordinó -aunque tardíamente- el rescate de las víctimas del sismo. Por ahí pasaron la ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola; el ministro Serrano, el viceministro Javier Córdova, la ministra de Salud, Karina Vance, y otros.
Cuando el miércoles estaba por convertirse en jueves, la sala del segundo piso era casi inútil. Aunque algunas reuniones se mantenían y la infraestructura permanecía completamente habilitada, las decisiones se tomaban en la sala del tercer piso, la más pequeña, presidida por el alcalde Rodas.
¿Y al final, las canteras?
Que el presidente haya dicho que las muertes se habían producido en una cantera fue un desacierto, pero lo dijo, no había vuelta atrás. ¿Y, ahora? Había que tomar medidas, cierto, pero la pugna no podía faltar. Cuando el presidente y su gobierno anunciaron que el control de las canteras le correspondía al Municipio de Quito, recuperamos una polémica que no es nada nueva para los quiteños, al menos durante las últimas dos décadas.
Luego de un accidente ocurrido en abril de 2012 en una de las canteras de San Antonio de Pichincha, el Municipio -que por entonces estaba a cargo de Augusto Barrera- y el gobierno de Correatomaron la decisión de clausurar esos negocios. El Cabildo había creado una comisión especial de canteras para lograr el cierre definitivo de alrededor de 42 de ellas que estaban en actividad en el norte de Quito. Pero nunca se logró una acción efectiva. La misma alcaldía de Barrera se quejó de la imposibilidad de llevar adelante un control efectivo en la zona, pues las competencias para eso no le habían sido entregadas. Por eso, su acción se limitó al control sobre el uso del suelo y posibles afectaciones ambientales.
Fue durante la administración de Augusto Barrera que se hicieron las primeras gestiones para el traspaso de competencias. El pedido fue cursado al gobierno central y el 9 de mayo del 2014, hacia el final de la administración de Barrera,se expidió la ordenanza 0557, un extenso documento de 67 páginas en el que el Cabildo quiteño establece todas las condiciones para la explotación de áridos y todo tipo de material pétreo y, por supuesto, el control que ejercerá sobre esa actividad.
El Municipio tiene listo todo el andamiaje legal para ejercer un efectivo control sobre esta actividad en el Distrito, pero aún espera la disposición final del Consejo Nacional de Competencias, que no ha emitido la resolución que apruebe todo el trámite y traslade efectivamente la competencia sobre el sector. Sin esto, el Municipio quiteño no puede controlar la actividad minera.
La minería se hace en condiciones deplorables
Verónica Arias
Secretaria de Ambiente del Municipio de Quito
¿Quién tiene la competencia sobre el control de las minas en Quito?
Este es un problema acumulado de 25 a 30 años y que no se ha solucionado. Las competencias sobre el sector de las minas las tiene el viceministerio de Minas del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, y las ejerce a través de la Arcom. Ellos mismos son también quienes dan las concesiones mineras. Actualmente hay 19 concesiones mineras regularizadas funcionando en varios sectores del norte y que tienen también licencia del Ministerio del Ambiente.
En los últimos años ha proliferado la minería ilegal, ¿hay forma de controlarla?
De las demás (canteras) no se tiene un registro por no estar regularizadas. Es un buen número de minería ilegal que existe y el problema es que no hay un aprovechamiento y una explotación óptima de materiales. Esta actividad ahí se hace en condiciones deplorables y es por eso que también es una actividad de alto riesgo.
¿No ha habido control sobre este tipo de minería?
No hay control, definitivamente. Y evidentemente eso significa que la Arcom debe ejercer un verdadero control sobre la actividad. Mientras tanto. Como Municipio, lo que estamos haciendo -porque no tenemos la competencia- es tramitar las denuncias sobre minería ilegal que nos llegan de los perjudicados y remitirlas a la Fiscalía para que las procese. Estamos a la espera y ojalá se ejecuten los delitos ambientales que se están cometiendo. Este es un delito ambiental penado con penas de prisión de entre cuatro a siete años.
¿Cómo solucionar definitivamente este problema?
Esperamos que todos los actores tomen conciencia de lo que está sucediendo. Sabemos que es necesario un trabajo coordinado con el Municipio, el Ministerio del Ambiente y el de Recursos Naturales no Renovables para hallar una solución definitiva.
