Por Gabriela Montalvo
“Ya basta con decirnos a nosotros mismos cuáles son nuestros derechos, lo que necesitamos es que los demás entiendan cuáles son nuestros derechos.”
Bernarda Freire. Fundación Equidad.
Si en Ecuador apenas se empieza a hablar del derecho que tienen las personas LGBTI a existir bajo su propia identidad y del derecho que tienen a expresarla en una cédula o estéticamente, ¿será inoportuno hablar de las deplorables condiciones de trabajo, o incluso de supervivencia, de la población trans? Si los ecuatorianos recién empezamos a discutir sobre la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como contraer matrimonio, ¿será descabellado hablar de la constante discriminación laboral para lesbianas y gais, sobre el acoso, maltrato y abuso a los que están sometidos desde el sistema escolar? ¡No! ¡Es urgente!
Una de las limitaciones más grandes para la política pública en este sentido es la falta de datos. En el caso de análisis diferenciados entre hombres y mujeres, esto es mucho más sencillo y ahora, aunque no hace mucho, las estadísticas incluyen esa diferencia como primera variable. Sin embargo, en el caso de la población LGBTI, este levantamiento no es simple, pues también afecta a la intimidad, de manera que no es algo que se resuelva a partir de formularios (como los que intentó llenar el gobierno anterior, en los que se pedía que los proyectos den las cifras de sus beneficiarios según hombres, mujeres o LGBTI… ¡real!).
Contar con información sobre las personas que son parte de lo que llamamos LGBTI pone a prueba todas las construcciones teóricas y metodológicas de nuestro pensamiento occidental binario, que divide en dos a los ámbitos y a las personas, como si todo pudiera ser objeto de un análisis tan simplista y reductor. Porque no es una población de la que se pueda tomar una “muestra” en sentido estadístico, y a partir de ahí inferir el universo.
A pesar de contar con un marco legal nacional e internacional que reconoce y establece el derecho a la educación y al trabajo sin ningún tipo de discriminación, en Ecuador todavía existen obstáculos y limitaciones relativos a la identidad de género y a la orientación sexual y a su manifestación física a través de la vestimenta y otras expresiones, así como a través de la imposibilidad de reflejar el género en el documento de identidad.
La exigibilidad en términos formales y el ejercicio material del derecho humano al trabajo por parte de las personas LGBTI están relacionados con tres factores fundamentales:
En primer lugar, está el modelo predominante de hombre y mujer heterosexual, cuya prevalencia es la raíz de la discriminación, que además se ve acentuada a partir del color de la piel, el lugar de origen, la clase social, el nivel educativo, o la presencia de discapacidad.
El segundo factor se refiere al derecho a la libertad estética, consagrado en la Constitución bajo el Art. 21. Este derecho resulta fundamental para las personas LGBTI, especialmente para las personas transgénero, pues como menciona Claudia Garriga*, activista e investigadora de los Estudios Queer, la apariencia más o menos cercana al modelo predominante de hombre y mujer es un factor decisivo para la inclusión o la exclusión de una persona. La discriminación por la apariencia está tan arraigada en la cultura local, que, según las mismas personas LGBTI, afecta incluso a cualquier individuo cuyos rasgos, gestos, vestimenta, se aparten del esquema tradicional. La artista performer Gledys Macías dice que: “el trabajo aquí en el Ecuador sigue siendo un privilegio, porque las condiciones de la gente que accede al trabajo tienen que sortear un montón de cuestiones que vienen heredadas de una cultura supermachista, supermisógina, superhomofóbica, superclasista, y que está en función de cómo te ve la gente. Entonces, la gente es calificada no en función de sus capacidades, sino en función de cómo se le ve.”
Esto implica un factor de negación relativo o absoluto para las personas LGBTI.
“Si es un hombre gay o una mujer lesbiana que puede camuflarse –continúa Gledys–, pues pasa desapercibido y tiene más acceso, pero, ¿qué pasa con los que no son ‘discretos’ (sic) sino que tenemos, como decimos nosotros, ‘mucha pluma’? Se nos nota… Entonces te das cuenta (de que) esas situaciones las tiene que enfrentar la gente, entonces es un privilegio aquí el trabajo porque si eres el privilegiado de estar con una estética, con una edad, con un nivel educativo, con un sexo (determinados), tienes ese privilegio de acceder, pero como no tengas esa cuestión (una apariencia que delate la identidad), tienes que acomodarte o aceptar lo que la sociedad te deja. En el caso de los compañeros trans, ¿qué les deja la sociedad? El trabajo sexual…”
Esta negación se presenta además en la permanencia de una persona LGBTI en su trabajo, explica Gledys: “No solamente es difícil acceder al trabajo, sino luego también es difícil permanecer en este trabajo porque, claro, consigues el trabajo vestido de chico fingiendo lo que no eres, pero luego en el transcurso de tu vida no vas a poder mantener eso.”
El tercer factor de importancia para el efectivo ejercicio del derecho al trabajo por parte de las personas LGBTI tiene que ver con el VIH/sida, pues aún persiste el estigma sobre este tema, a pesar de estar expresamente prohibido por ley.
Queda clara la casi absoluta imposibilidad de ejercer al mismo tiempo el derecho a ser quien eres y a expresar esta identidad y el derecho a trabajar.
El acoso, maltrato o bullying es un factor determinante para la permanencia de niños, niñas y adolescentes LGBTI en el sistema educativo y ahí empieza su inclusión o exclusión del ámbito laboral. La prevalencia de modelos culturales predominantes de hombre y mujer, la dificultad o incluso imposibilidad de ejercer el derecho a la libertad estética, así como la estigmatización con relación al VIH/sida son elementos que ponen a las personas LGBTI en condiciones de vulnerabilidad frente al campo laboral y de acceso al conocimiento. El hecho de que la permanencia o el ascenso en estos campos dependa muchas veces de la negación de su identidad termina en muchos casos con la deserción y la automarginación.
La inexistencia de datos e información que den cuenta de la participación de personas LGBTI en los ámbitos educativo y laboral impide un análisis profundo y detallado sobre estos temas, pero es evidente que, además del elemental derecho a la vida y a no ser violentadas, es urgente trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas para garantizar los derechos a la educación y al trabajo de las personas LGBTI. El compromiso del Estado se ve en estas acciones, no solo en la proyección de luces de colores.
*Claudia Garriga es activista, académica e investigadora Queer y ha sido parte de equipos de investigación sobre estos temas de la Universidad San Francisco de Quito.
