Por Susana Morán / Plan V
Los trabajadores de Furukawa no conocen lo que es dormir en un colchón. Comprarlo implica no comer por 15 días. Ese es un lujo del que deben privarse los jornaleros que habitan en los campamentos de la empresa de origen japonés que se dedica a la exportación de abacá. Tener una cama para pasar las noches en sí mismo es un bien codiciado. Cada vez que un trabajador se mudaba de un campamento, este debía pagar USD 40 por la cama hecha solo con tablas de madera. “No es que la gente llegaba y se instalaba en un campamento y permanecía ahí, sino que se movilizaba entre varias haciendas, varios campamentos según las necesidades que tenía la empresa”.
Esas son afirmaciones de la antropóloga Catalina Campo Imbaquingo, para quien esos detalles develan lo que ha pasado dentro de la poderosa empresa asentada entre las provincias de Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas. Esos elementos constan en el informe de la pericia antropológica que realizó y es considerada una de las principales pruebas en contra de Furukawa que derivó en un fallo histórico. A finales del 2019, 123 personas interpusieron una acción de protección contra la compañía y contra tres ministerios, que solo tuvo resultados un año después.
El pasado 15 de enero del 2021, el juez Constitucional de Santo Domingo, Carlos Vera Cedeño, declaró la existencia de ‘servidumbre de la gleba’, que es una forma contemporánea de esclavitud. Asimismo, determinó la violación a derechos fundamentales como la vida digna, salud, libertad personal, igualdad material y no discriminación. Esta es la primera vez que un juez confirma la existencia de esclavitud moderna en Ecuador.
En los campamentos, no hay servicios básicos ni condiciones sanitarias. Foto: Luis Argüello
Una ‘micro sociedad’ analfabeta
Campo hizo una larga explicación de los resultados de su investigación, que incluyó visitas a los campamentos y más de 40 entrevistas a trabajadores y extrabajadores de la empresa. Dijo que la producción del abacá es un proceso que ha abarcado a familias completas. Desde hombres y mujeres hasta niños, niñas y adolescentes que deben producir por cuotas. “Para que se puedan cumplir las cuotas es importante que todos los que están ahí echen mano a la producción”.
Este tipo de producción, agregó la perita, chocaba con los horarios educativos. Entonces se empezó a desarrollar una ‘micro sociedad’ en los campamentos, según la experta. Esa ‘micro sociedad’ es poco escolarizada y analfabeta funcional donde se debían elegir entre ayudar a la familia o estudiar. Para esta última no había las condiciones.
Este fallo determina la existencia de servidumbre de la gleba sobre 123 demandantes, pero también representa un llamado a que la Fiscalía General del Estado retome los procesos abiertos sobre la violación de los derechos de al menos 1 244 personas, los mismos que llevan 2 años en etapa de investigación.
“No existe en este contexto niños y niñas que asistieran regularmente a las instituciones educativas, no existen jornadas de trabajo establecidas de lunes a viernes sino paquetes por entregar y eso implicaba trabajos de 10 o 12 horas seguidas”, afirmó Campo ante el juez durante las audiencias de la acción de protección. Es decir, los y las abacaleras estaban en producción todo el tiempo, sin vacaciones, horarios laborales y menos beneficios laborales.
De los 123 demandantes, solo ocho son bachilleres. Mientras que 35 son analfabetos. Solo saben escribir su nombre para firmar o utilizan únicamente su huella dactilar. Los restantes apenas llegaron hasta el tercer grado de primaria. Esta situación se vio reflejada también en las condiciones que aceptaron. Furukawa usó contratistas -como una forma de intermediación laboral- que a su vez reunían a un grupo de agricultores para trabajar en las haciendas. Los contratistas, también con escasa educación, debían presentar facturas. “Ellos muchas veces ni se enteraron que tenían procesos tributarios pendientes de pagos, tasas”.
“Era una micro sociedad que vivía y se movilizaba según las necesidades; el objeto central era la producción, no era quien la producía”, sostuvo Campo.
Muertes maternas y de neonatos
Para la antropóloga, esta producción familiar se realiza en jornadas extenuantes para cumplir con las metas. Por eso, estos trabajadores se quedaban en los campamentos. Pero esa permanencia es sin agua, sin condiciones mínimas de salubridad. En su visita, la perita vio lugares insalubres y con humedad. Con una sola letrina por campamento. El agua que usan es de esteros, que está contaminada. Le contaron que esa agua trae natas, cuando la hierven se separa el agua de la nata. También consumen agua de lluvia.
Varios de sus entrevistados contaron que tenía problemas con sus pulmones por los candiles. La población que habita dentro de Furukawa no tiene luz, entonces usan velas y candiles.
Los abacaleros usan velas y candiles. Estos últimos han afectado sus pulmones. Foto: Edu León
Además, la perita notó el trabajo doméstico de las mujeres. Las esposas de los contratistas, por ejemplo, son las encargadas de preparar la comida para los trabajadores que viven solos en los campamentos.
Hasta cuatro generaciones vivieron en condiciones precarias en Furukawa, sin posibilidad de salir de ese círculo de pobreza y discriminación.
En la audiencia, la perita fue consultada sobre por qué los abacaleros no pueden dejar este modo de vida o escoger otra actividad. “Porque nosotros tenemos un abanico de opciones, ellos tienen solo una hoja, es un sistema en donde su vida no tiene más posibilidades”, respondió. Dijo que estas personas tienen diversas barreras que no les permite desarrollarse libremente. Por ejemplo, es complicado salir de los campamentos porque no hay bus ni recorrido, deben caminar por horas. Además las puertas están con candados y eso impide el ingreso de una ambulancia, en casos de emergencia.
Afirmó que hay una alta tasa de muerte materna, infantil y de neonatos en los campamentos de Furukawa, porque las mujeres tuvieron complicaciones para parir porque no podían entrar camionetas a recogerlas para llevarlas de emergencias.
Los resistentes, los desalojados y los asociados
La experta identificó que hay tres grupos de abacaleros que están en diferentes situaciones. El primero está conformado por quienes están en el campamento que llamó de ‘resistencia’, que viven en estas condiciones y así lo han hecho siempre. En el segundo grupo están quienes recibieron un bono en compensación, pero luego fueron desalojados. Campo contó el siguiente caso: “El señor Petronilo Quintero trabajó 30 años en la empresa desde 1989. Fue maquinero (el que maneja la máquina desfibradora), le pidieron que firme unos papeles, le dieron USD 1.000 del bono y él lo firmó porque no sabe leer, es un analfabeto funcional. Me contó que el señor Chalén [presidente de la empresa] le dijo que luego de firmar le iban a dar una tierra para que haga su casa. No llegó esta casa y los USD 1.000 se acabaron. Él vive en el patio de la casa de una de sus excompañeras de Furukawa, cubierto con planchas de guadua y Eternit, sobre un colchón en bloques y tablas”.
Tras las denuncias periodísticas y los informes de la Defensoría de Pueblo, la empresa empezó a demoler campamentos como los de la imagen. Foto: Edu León
El Gobierno estableció que el 81% de las personas que se encontró en la empresa viven en situación de pobreza y el 17% en extrema pobreza.
El tercer grupo está conformado en una asociación llamada Esperanza de un Nuevo Amanecer, encabezada por Walter Sánchez, quien acompañó los primeros momentos de negociación con Furukawa. La perita narró negociaciones poco claras entre Sánchez y Furukawa. Sánchez le dijo que habían logrado que les entreguen unas tierras en comodato, como una forma de pago de sus indemnizaciones. Le dijo que eran propietarios “temporales” de esas tierras. Aquella contradicción llamó la atención de la perita. “El agente de la asociación asume que la tierra es de ellos temporalmente, figura que no existe. Además, cuando se pregunta cuál es la función de trabajo en esta tierra, se señala que la función es que ellos paguen sus indemnizaciones”. Esto, dijo Campo, no pudo ser explicado. “Hablando con el señor Sánchez pedí que me aclare: si yo trabajo, en lugar de que el empleador me pague lo que me corresponde cuando salgo, ¿me presta una tierra para que yo misma la trabaje y me la gane? Eso es lo que la gente entiende”. Estos trabajadores también deben vender en ‘exclusividad’ su producción a Furukawa. Y cuando han intentado vender a otro comprador, Sánchez dijo a la investigadora que la empresa se entera por medio de la Policía.
Campo agregó que sus entrevistados le contaron episodios de represión y violencia cuando ellos pedían reposición de sus derechos. Entonces eran acusados de ladrones y expulsados como invasores. “Para la gente y en el reporte del señor Sánchez existe una atención exclusiva, un servicio exclusivo privado de la policía para Furukawa. Existe un ambiente de seguridad en donde la gente mira que Furukawa es intocable, esa es la sensación”, afirmó Campo, para quien esto es violencia simbólica. En el contrainterrogatorio, las abogadas de Furukawa le preguntaron cómo le consta esos acuerdos con la Policía. Campo dijo que esta afirmación salió del testimonio de Sánchez.
Además de la empresa, fueron demandados los ministerios de Gobierno, Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud. Según los demandantes, por intermedio de estos ministerios el Estado ecuatoriano ha violado, por omisión, derechos constitucionales y humanos de los accionantes.
Más de 100 abacaleros interpusieron una acción de protección contra la empresa y varios ministerios. Un juez de Santo Domingo les dio la razón. Foto: Cortesía.
En busca de una reparación y acceso a tierras
El Comité de Solidaridad, que está conformado por varias organizaciones de DDHH, se pronunció en rueda de prensa. Asistieron los afectados y expusieron sus testimonios. Ahora esperan que el juez Carlos Vera Cedeño los notifique por escrito con la sentencia y ordene una reparación integral, que incluya el acceso a tierras. Esa fue una sugerencia del Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes, en el 2019, durante su visita a Ecuador.
El juez, al dictar su resolución, mencionó las siguientes medidas de reparación: la obligación de la empresa de indemnizar a los accionantes, pedir disculpas públicas en medios nacionales y locales en cuyo texto deben incluirse los nombres de los 123 trabajadores. Además, los Ministerios de Salud, Trabajo e Inclusión Social deberán publicar en sus respectivas páginas web disculpas públicas.
La abogada de los trabajadores, Alejandra Zambrano, dijo que la sentencia como tal es una medida de reparación. “Esa sentencia permite dejar atrás una sensación de abandono”. Destacó también los testimonios de los abacaleros, pese al miedo y aclaró que este es solo el principio de un proceso que debe abrazar las demandas del resto de víctimas, al menos 1 244 personas -de acuerdo al censo levantado por el MIES en 2019-, que ahn sido afectadas por esta empresa que continúa operando.
Patricia Carrión, abogada de la CEDHU, calificó como histórica esta resolución no solo en Ecuador sino en la región. Mencionó que solo hay una sentencia en Brasil que reconoció la existencia de este tipo de esclavitud. “Marca un referente para los trabajadores que han sido explotados en el agro ecuatoriano, que no han tenido la opción de acudir a la justicia para denunciar estos hechos”. Agregó que este es un caso grave de vulneraciones de DDHH y es importante porque da la posibilidad a los trabajadores del campo como personas sujetas de derechos. “Les da una esperanza de justicia y de cambio de vida para ellos y sus hijos e hijas”.
Zambrano asegura que este es solo el primer paso y deja claro que las medidaS dictadas por el juez Vera son de inmediato cumplimiento, aun cuando está abierta la etapa de apelación. De hecho, el Ministerio de Trabajo, a través de sus representantes legales, se ha acogido a este recurso, pues asegura que ha cumplido con todo lo que la Ley le obliga, desconociendo que fueron sus funcionarios quienes impulsaron un proceso ilegal de pago de dinero a los trabajadores por parte de la empresa, bajo la figura de arbitraje. Además, fue esta cartera de Estado la que propició las negociaciones para que se concretara el comodato otorgado a Walter Sánchez.
*Esta nota fue publicada originalmente en Plan V.
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