Por Ángela Lascano D. / @AngelaILD
El 30 de septiembre de 2023, apenas cinco días después de celebrar la inauguración de una nueva ruta desde Quito hacia Coca (Francisco de Orellana), la aerolínea ecuatoriana Equair anunció su cierre y la suspensión abrupta de sus vuelos. La empresa no había cumplido dos años en operaciones. Según el comunicado oficial, la decisión se tomó por razones relacionadas con la falta de rentabilidad.
En ese momento, cerca de 15 000 pasajeros tuvieron que ser reasignados y 200 trabajadores fueron despedidos. Bajo la figura de la protección al pasajero, Latam Ecuador y Avianca ofrecieron su capacidad operativa para llevar a los pasajeros varados a sus destinos, sin costos adicionales. Para el 16 de octubre, Equair aseguró que había resuelto solucionar los casos de más de 10 mil de sus clientes. Muchos de los pasajeros se mostraron satisfechos con la reparación. Sin embargo, la situación con los trabajadores de la empresa fue distinta.
El sábado 30 de septiembre, a las 2:41 de la madrugada, los empleados de Equair recibieron un correo electrónico a través del cual se les convocó a una reunión de actualización que tendría lugar a las 10:00 de la mañana.
Federico Pérez, director ejecutivo de la compañía durante los tres últimos meses de su existencia, dirigió esa sesión. En un audio obtenido por uno de los presentes, se escucha a Pérez señalar que la empresa estaba compitiendo en un mercado con costos elevados de combustible y enfrentando una situación social y política inestable, lo que causaba que el negocio se desplome. Por esas razones, explicó, los directivos habían tomado la decisión de suspender operaciones desde ese día. «Todos los impuestos están pagados, todas las tasas están pagadas -añadió-, tengan la seguridad de que cumpliremos hasta el último centavo de nuestras obligaciones”.
La reunión terminó y muchos trabajadores se marcharon con el uniforme de trabajo todavía puesto. No obstante, a pesar de las palabras de Pérez, los procesos de desvinculación empezaron a tornarse irregulares.
La carta entregada a los trabajadores indicaba que la empresa Equinoxair S.A.S (como se encontraba registrada en la Superintendencia de Compañías) había decidido dar por concluida de manera unilateral la relación laboral. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de ejercicio profesional de tripulantes aéreos, la empresa estaba obligada a compensar a los trabajadores con seis meses de remuneración o sueldo mensual como indemnización, salvo en los casos de renuncia o acuerdo voluntario de terminación de la relación laboral.
Equair aceptó el cumplimiento del artículo en el caso de los pilotos, pero no hizo lo mismo con los casos de tripulantes de cabina y mecánicos, a pesar de los precedentes existentes. La Procuraduría General del Estado y la Dirección General de Aviación Civil han respondido a varias consultas especificando que “también se aplica dicha Ley a los auxiliares y azafatas, en razón de que el Art. 69 del Código Aeronáutico determina que la tripulación comprende todo el personal que presta servicios a bordo de la aeronave”.
“Hay precedentes de que esta ley sí ha sido aplicada a tripulantes de cabina, como fue el caso de TAME -explicó uno de los trabajadores, que espera iniciar un proceso legal contra la empresa-, pero los abogados de Equair dijeron que no se nos va a pagar y en las mediaciones, fueron burlones con nosotros”. Las reuniones de mediación se hicieron con el Centro de Mediaciones CIDES,.Intervinieron los empleados de la empresa y los abogados de la firma Robalino, quienes representan legalmente a Equair. En estas reuniones no se contó con la presencia de los directivos de la empresa.
Los empleados de la compañía, exceptuando los pilotos, trabajaban bajo la figura de contrato emergente, creada mediante la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, durante el gobierno de Lenín Moreno, supuestamente para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19. A diferencia del contrato a plazo fijo, el contrato emergente no implica el pago de indemnización por despido intempestivo. “Bajo esta figura, hay personal de la tripulación que han sido liquidados por 150 dólares”, reclamó uno de los trabajadores.
Con la disconformidad latente, Equair retuvo las carpetas técnicas de los trabajadores hasta que estos firmaron los finiquitos. Las carpetas técnicas contienen información relevante sobre la formación, certificaciones y experiencia de los pilotos o tripulantes de cabina y son fundamentales para aplicar a futuras oportunidades laborales. No obstante, la empresa solo las liberó una vez que los trabajadores habían firmado los finiquitos, incluso aunque hubiera discrepancias por la indemnización de seis meses.
El caso de los pilotos
Equair contaba con una plantilla de 20 pilotos. Según el artículo 188 del Código del Trabajo, los pilotos con hasta tres años de servicio tienen derecho a recibir como liquidación los tres últimos salarios, además de lo establecido en el artículo 6 de la Ley de ejercicio profesional de tripulantes aéreos. A pesar de la promesa de los directivos de cumplir con todas las obligaciones legales para el 15 de octubre, hasta el 30 de octubre los trabajadores aún no tenían información sobre el estado de sus liquidaciones. Apenas el 1° de noviembre algunos recibieron correos invitándoles a las reuniones de mediación, donde podrían conocer detalles específicos sobre su situación. Hasta la fecha de publicación de esta entrega, no se ha generado información nueva al respecto.
En todo el mundo, para mantener su licencia, los pilotos realizan entrenamientos especiales cada 6 meses y los costos corren por parte de la compañía. En el país, las aerolíneas exigen a los pilotos firmar un contrato, en el cual se estipula la obligación de devengar en tiempo las capacitaciones o, caso contrario, pagar el valor de las mismas, cualquiera sea el motivo de finalización de la relación laboral. Si no quieren perder el trabajo, los pilotos se ven obligados a firmar el contrato. En Equair, según el testimonio de uno de los empleados, los montos que se adjudicaba a los entrenamientos no estaban sujetos a fundamentos legales. “Al inicio, la compañía nos decía que los simuladores, la instrucción y los viáticos de los instructores sumaban 33 mil dólares. Después, el monto subió a 47 mil, y nunca supimos de dónde salía este valor”, señaló uno de los trabajadores de la aerolínea.
Al dar inicio a las mediaciones, se les comunicó a los pilotos que no recibirían la indemnización completa, puesto que se descontaría el costo de las capacitaciones que, obligatoriamente, eran parte de su formación. Según el testimonio de otro de los trabajadores de Equair, si se aplicara el descuento de las capacitaciones, algunos pilotos recibirían apenas 1000 dólares como liquidación. “Tengo compañeros que incluso salen en contra. Y la propuesta en la mediación ha sido ofrecer un plan de pagos para que puedan cubrir la letra”, añadió.
Cuando las mediaciones empezaron, el grupo de pilotos se dividió. En 2022, la aerolínea había contratado en arrendamiento tres aviones: dos Boeing 737-700 y un Boeing 737-7K5. Sin embargo, dado el cierre de la compañía, existía premura en devolver los aviones y la empresa pidió a ciertos pilotos que se encargaran de esta tarea a cambio, por supuesto, de una compensación económica. Las mediaciones empezaron el 10 de noviembre, después de que todos los aviones ya habían sido devueltos y de que se había estipulado el monto de la compensación económica.
Varios trabajadores que habían aceptado esa labor, apremiados por la urgencia económica en la que se veían envueltos, no se animaron a reclamar la indemnización completa. A los demás pilotos, la firma de abogados de Equair les ofreció una compensación equivalente a entre 30 y 40% de la liquidación.
Los sueldos más bajos en el mercado
Equair fue fundada en el 2020 por Gabriela Sommerfeld, exdirectora de AeroGal (ahora parte de Avianca). Actualmente, Sommerfeld es la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador.
Si bien Equair era su nombre comercial, la razón social de la compañía se había registrado el 20 de octubre de 2020 como Equinoxair Airlines (S.A.S). La compañía se creó como una sociedad de acciones simplificadas, un tipo de compañía que se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, mediante un trámite simplificado sin costo y que no amerita un capital mínimo. Las operaciones comerciales de la aerolínea comenzaron el 10 de enero de 2022.
De acuerdo con el testimonio de los trabajadores, desde el inicio, los salarios no fueron competitivos en el mercado laboral. “Nuestros salarios eran entre un 40 y un 50% menos que en las otras aerolíneas -explica uno de ellos-, trabajábamos seis días a la semana con un día libre. Con jefes y mandos medios muy poco profesionales y sin buenos parámetros de trabajo, con la complicidad de la Dirección General de Aviación Civil”.
Los trabajadores sugieren que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) estaba emitiendo certificaciones a petición de los directivos de Equair, a pesar, posiblemente, de que los solicitantes no cumplían completamente con los requisitos necesarios para obtener dichas certificaciones. Actualmente, el director de la DGAC es William Birket, quien también fue vicepresidente nacional de operaciones de AeroGal.
A pesar de que el nuevo gobierno no se ha pronunciado respecto del cierre y los despidos intempestivos en Equair, Niels Olsen, el único ministro del gobierno de Guillermo Lasso que permanece en su cargo durante el mandato de Daniel Noboa, ha anunciado la iniciativa de lanzar una nueva aerolínea en Ecuador para octubre o noviembre de 2024. Olsen explica que esta aerolínea adoptará una estrategia ultra low cost que, según sus declaraciones, ayudaría a la disminución de los precios de los pasajes aéreos nacionales.
Las aerolíneas ultra low cost funcionan bajo un modelo de negocio que elimina los servicios adicionales gratuitos como la aplicación de tarifas por equipaje, la asignación de asientos y cualquier otro servicio que no esté esencialmente vinculado al transporte del pasajero. Esto permite a las aerolíneas operar con márgenes de ganancia mínimos.
Los incumplimientos patronales: una historia común en Ecuador
Las denuncias de incumplimientos laborales no son escasas en Ecuador. Según los datos del Ministerio del Trabajo, hasta noviembre de 2023, se habían atendido 30.239 denuncias laborales en el sector privado.
Uno de los casos más destacados involucra al Grupo El Comercio que, por concepto de liquidaciones para exempleados, acumula una deuda de más de USD 4,8 millones solo entre 2020 y 2022. La empresa debe siete meses de salarios y los correspondientes décimos a los 89 trabajadores que formaban parte de la nómina del medio de comunicación.
Apenas el 14 de diciembre de 2023, y ante la amenaza de los trabajadores de iniciar una huelga e impedir la venta de todos los activos hasta que no se cumpla con sus obligaciones, la empresa se comprometió a realizar pagos parciales de los salarios en los próximos días, complementando la deuda restante a través de un plan de pagos asegurado por un fideicomiso.
El caso de Cervecería Nacional es otro ejemplo de la negligencia e inoperancia del Estado al momento de hacer cumplir los derechos laborales a grandes empresarios. Los extrabajadores de la empresa protestaron desde el 2008 por el pago de utilidades. Finalmente, después de 15 años, el 13 de octubre de 2023, la empresa depositó 49 millones de dólares a los 2608 extrabajadores y a los herederos de los más de 200 fallecidos. No obstante, se trató de una victoria parcial, puesto que el monto real que correspondía a los demandantes es de 155 millones de dólares. Los trabajadores resultaron perjudicados por los impuestos aplicados y la conversión de sucres a dólares que redujo el pago de las utilidades (la demanda de utilidades correspondía al periodo de 1990 a 2005). Pero las instancias estatales eligieron beneficiar al empleador en perjucio de los extrabajadores.
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