Por Rommel Aquieta Núñez / @RommelAquieta
Desde la mañana del 21 de julio del 2020, 159 extrabajadores miembros de la Asociación de Jubilados y Veteranos de Holcim iniciaron un plantón indefinido frente al Complejo Judicial Guayaquil Norte, en el sector de la Florida, para exigir el pago de una deuda que la empresa tiene desde hace 20 años con ellos. En rigor, se trata de sus beneficios por jubilación, que provenían de un porcentaje proveniente del precio de venta al público de los sacos de cemento. Los gritos de consignas y el sonido de pitos y vuvuzelas parecen ser, desde aquel día, el único medio que este grupo de adultos mayores tiene para reclamar justicia.
¡Paga, paga, paga… Holcim paga, que los jubilados morimos de hambre!
Pero para Carlos Jarrín, de 66 años, los gritos son algo a lo que ya se ha acostumbrado. Con 28 años de trabajo en esa multinacional cementera, este trabajador recorrió las áreas de diseño, construcción y montaje, y como supervisor mecánico estaba obligado a impartir órdenes a gritos en medio del fuerte ruido de las mezcladoras, los molinos, los hornos y enfriadores. Carlos desarrolló tres pólipos en las cuerdas vocales y tuvo que someterse a una cirugía para curarse.
¡Queremos justicia, queremos justicia, señora jueza!
En baja voz y con tono desgastado, Carlos contó que a veces tenía que hacer doble guardia. La agotadora actividad física junto con la tos y los estornudos crónicos le provocaron también dos hernias inguinales que, tras una primera operación, volvieron a aparecer. “A veces entraba a las siete de la mañana y salía a las doce de la noche, tenía que trabajar también sábado y domingo. Yo nunca puse pretextos, nunca pusimos objeción al horario que nos imponía la empresa. Entonces, no es justo que ahora no nos quiera pagar lo que realmente nos toca recibir”, se quejó, en una entrevista telefónica, mientras las consignas de sus compañeros se escuchaban al fondo.
¡Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo vamos a esperar su veredicto!
La suma adeudada, de acuerdo con cinco peritajes ordenados por jueces de primera instancia, oscila entre los 64 millones de dólares y los 109 millones de dólares.
Debido a ese alto riesgo de enfermedades profesionales al que están expuestos los trabajadores de la industria cementera, en 1989 se expidió la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, para asegurar el financiamiento de pensiones jubilares especiales. Pero, desde el 2000, Holcim no ha entregado ese dinero a sus beneficiarios.
En su artículo 4, la Ley dispuso el incremento de dos centavos de sucre en el precio de cada kilo de cemento -es decir, en el precio que debe pagar el consumidor por cada saco de cemento- con el propósito de financiar con ese dinero esa jubilación especial. Pero con la entrada en vigencia del sistema de dolarización en Ecuador, la conversión monetaria se convirtió en objeto de interpretaciones a conveniencia y la empresa dejó de entregar el dinero que recaudaba como agente de retención al IESS.
La justicia gira en círculos
Albino Guijarro, quien comenzó a trabajar en Holcim cuando tenía 24 años, recuerda la fuerza con la que podía saltar la cuerda en su juventud. “Pero ya no soy un muchacho, necesito ese dinero para curarme de todos los problemas de salud que tengo en la actualidad fruto del trabajo -reclama, con 78 años cumplidos-; la enfermedad no espera mucho, la enfermedad le llega, y si no se cura rápido, ya estuviera en el hueco hace años”. Cuando todo este conflicto empezó, Albino no llegaba aún a los sesenta años y tampoco imaginó que tendría que dedicar dos décadas más de su vida a pelear por el dinero que le corresponde por los 41 años que trabajó para la cementera Holcim.
La justicia ecuatoriana se ha pronunciado en varias ocasiones con respecto a la obligación de Holcim, pero la empresa ha impugnado las sentencias y la solución definitiva luce escurridiza. A lo largo de los últimos diez años, se han dispuesto siete montos distintos para la cancelación del dinero de los jubilados, con cifras que van desde los 64 millones de dólares hasta los 109 millones de dólares. El caso ha vuelto en dos ocasiones a manos de un juez de primera instancia y hasta el momento, se han dispuesto cinco peritajes, dos de ellos se ejecutaron durante el último año y con eso se hace imposible que exista un tercero, pues la Corte Constitucional dispuso en el 2018 el límite de dos pericias para casos como estos. Muchos perjudicados temen que este círculo vicioso no termine nunca.
Juan Avilés, de 73 años, trabajó 25 de ellos para Productos Rocafuerte, una planta del Grupo de La Cemento Nacional que fabricaba bloques de hormigón para todo el país. Prácticamente todos los días trabajaba hasta 16 horas, recuerda. “Esta es la situación a la que nos ha llevado la empresa -se lamenta Juan-, y qué más nos queda a nosotros, para ver si esta empresa algo se conduele. Aunque yo sé que ella no se va a condoler, si yo conozco cómo es la política de ella. Sé cuál es su manera de actuar. A ellos no les importa nada, a ellos les importa el yo y punto. Como una vez me dijo un supervisor: la empresa es un monstruo inmenso sin corazón”.
“Cuando la empresa comenzó a agrandarse e hizo el horno en Cerro Blanco -cuenta Albino-, fui allá para ser el supervisor de mantenimiento. Una vez que ya se terminó el proyecto de instalación del nuevo horno, quedé como supervisor del departamento mecánico, puesto en el cual me desenvolví hasta el día en el que me jubilé”.
Con su rostro arrugado y apenas cubierto por una mascarilla, recuerda que nunca tuvo una hora de salida fija mientras fue empleado de Holcim. “Podía yo entrar a las siete de la mañana y salir al siguiente día, y si tenía que salir a las tres o cuatro de la mañana, a las siete ya tenía que estar de vuelta en la empresa”. El ruido excesivo le dejó sordo de su oído derecho.
El 23 de julio pasado, Holcim recibió el respaldo público del Comité Empresarial Ecuatoriano, liderado por Roberto Aspiazu Estrada. En un comunicado firmado por cámaras de comercio, de industrias y de la construcción, los gremios respaldaron a la corporación multinacional bajo el argumento de defender la seguridad jurídica ecuatoriana y el Estado de Derecho, y abogaron por la protección de la empresa privada para la reactivación económica en medio de la crisis sanitaria por la pandemia.
Sin embargo, la defensa de los jubilados sostiene que es eso, precisamente, lo que se pretende violentar: el sistema de justicia ecuatoriano.
Arturo Campodónico, abogado procurador de la Asociación de Jubilados y Veteranos de La Cemento Nacional, insiste en que la empresa Holcim Ecuador S.A. “no tiene que pagar, sino devolver valores que no le pertenecen, porque ellos son un agente de retención”, aclara.
En efecto, el artículo 5 de la Ley de Jubilación de 1989 establece que las empresas cementeras son agentes de retención del valor que financia la jubilación especial de los trabajadores, es decir que ese dinero no pertenece a las arcas de la multinacional, sino que proviene del bolsillo de los consumidores y debía ser trasladado en su totalidad a los trabajadores. La empresa debe encargarse únicamente de la retención tributaria y está obligada a transferir esos recursos de forma inmediata a una cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esto es lo que ha incumplido la empresa desde hace veinte años.
La controversia surgió en el 2000, con la entrada en vigencia del sistema de dolarización. ¿Cómo convertir justamente el valor de dos centavos de sucre que se cobraba en el precio final de cada saco de cemento, usando al dólar como moneda corriente?
Ante este dilema, surgieron dos posturas: la que defiende Holcim, que sugirió transformar los 2 centavos de sucre directamente a su valor en dólares, lo que al cambio de 25 000 sucres/dólar equivaldría a 0,0000008 centavos de dólar; y la de los jubilados, que sugirieron que los 2 centavos de sucre debían transformarse directamente en 2 centavos de dólar.
De ahí en adelante, ninguna de las tres sentencias, ni mucho menos alguno de los cinco peritajes, guardan coincidencia alguna entre sí. Cada perito tiene su propia interpretación de cómo debe hacerse el cálculo y cada sentencia apunta a decisiones que terminan siendo impracticables. No hay jueces en la Corte, ni asambleístas ni peritos que puedan determinar con claridad cuál es el valor en dólares que deben recibir los extrabajadores de Holcim por sus jubilaciones especiales. Las múltiples interpretaciones suponen un galimatías para cualquiera y un callejón sin salida para los perjudicados.
Para Campodónico, los representantes de la empresa “utilizaron esos valores durante casi dos décadas y todas las ganancias que hubo de esos dos centavos para su propio peculio, mientras que los trabajadores morían y morían con el transcurso del tiempo”. El jurista asegura que el proceso se ha viciado de acciones improcedentes e inconstitucionales, y que “se aparta de las normas y las reglas jurisprudenciales”.
Para los extrabajadores, una de las razones más fuertes de su frustración es saber que el poderío económico de Holcim es tan grande que fácilmente podrían pagar lo que ellos llaman “deuda histórica”, pero han preferido evitarlo. Los personeros y abogados de Holcim niegan toda responsabilidad mediante comunicados colgados en el sitio web oficial de la empresa, respuestas escuetas a la prensa o a través de terceros.
En el comunicado del 23 de julio, el Comité Empresarial Ecuatoriano abogó por Holcim arguyendo que ya en el 2017 “la empresa canceló más de 3,5 millones de dólares con los cuales debió concluir el proceso”, pero desconoce que de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional del 2018, los peritajes realizados hasta entonces y lo resuelto por la jueza Teresa Quintero, incluida la sentencia que dispuso los pagos, quedó sin efecto. En el documento, el CEE dice que la empresa cementera ha sido víctima de un “linchamiento judicial a cargo de ciertos funcionarios y abogados inescrupulosos en defensa de sus propios intereses”.
A principios de junio del 2020, la Asociación de Jubilados y Veteranos de la Cemento Nacional denunció públicamente que Holcim Ecuador S.A. inició una campaña de difusión de noticias falsas sobre el proceso judicial, todo esto con la intención -según los extrabajadores- de confundir a la opinión pública y obstruir a la justicia.
Quisimos hablar con el representante del Comité Empresarial Ecuatoriano para conocer su opinión al respecto, pero una persona encargada de la comunicación institucional nos dijo que “el ingeniero Roberto Aspiazu prefiere que el tema se maneje directamente con el presidente de Holcim”.
Cuando intentamos hablar con el presidente del directorio de Holcim, Oscar Orrantia, a través de una llamada telefónica, recibimos una evasiva: “Ahí hay un vocero de Holcim, yo no soy el vocero de Holcim”, se excusó Orrantia. Horas después, a través de un mensaje de chat, dijo que había hablado con el Comité Empresarial y que entonces sí serían ellos quienes responderían a nuestras inquietudes.
Luego de varios intentos, Aspiazu nos pidió un tiempo para enterarse del tema. “Ese caso no lo he seguido tanto a pie juntillas (…)”, dijo, mostrándose inseguro. Días más tarde, ya en la entrevista y con actitud vehemente, aseguró que este caso “es la típica sapada criolla, se quiere hacer un recálculo de lo que verdaderamente le correspondía pagar a la empresa para beneficiar a tres o cuatro vivos que quieren medrar de esta situación, sobre todo abogados”. Cuando le consultamos si estaba al tanto de que cerca de la mitad de los jubilados que iniciaron este proceso ya han muerto sin que se les reconozca el dinero de sus jubilaciones, respondió que en nuestra pregunta había “un sesgo moralista (…) esas consideraciones no vienen al caso”.
En esta línea de tiempo puedes seguir el caso paso a paso:
A Juan Avilés, el riesgo de contagiarse con coronavirus no le impide salir de su casa todos los días y juntarse con sus compañeros en el plantón. Durante más de cinco horas diarias, este grupo de adultos mayores levanta pancartas y grita consignas, aunque para muchos de ellos la batalla luce perdida.
¡Paga, paga, paga… Holcim paga!
Otros 156 compañeros de Carlos y de Juan han muerto sin conocer la sentencia final del proceso que iniciaron hace trece años. Los 159 jubilados que aún resisten son un grupo vulnerable en medio de la emergencia sanitaria, no solo por su edad, sino también por las secuelas respiratorias que les dejó su trabajo en la industria cementera.
Cuando Juan trabajaba como proveedor de material durante el proceso de bombeo de cemento, tenía que hacer cambios en la bomba para llevar directamente desde los molinos el cemento a la planta de bloque. “Uno salía como cuco de ahí, solamente se le veían a uno los ojos -bromea-; una mascarilla no es una protección para esa clase de polvo, porque el polvo finito pasa”. Debido a la inhalación de polvo de cemento, Juan perdió sus amígdalas y además desarrolló un principio de bronquitis crónica.
¡Paga, paga, paga… Holcim paga, que los jubilados morimos de hambre!
“Cuando se dañaba una enfriadora por una grilla o alguna cosa, no podían parar definitivamente para que la enfriadora se enfríe porque eso era demasiado tiempo y ese demasiado tiempo costaba para la empresa demasiado dinero -recuerda Albino-. Entonces, nosotros teníamos que meternos a veces con la candela prácticamente encima a limpiar el área donde estaba el daño y poder reparar, y nosotros prácticamente salíamos medio desmayados por la temperatura que había dentro de donde estábamos trabajando. Nosotros teníamos que tratar de limpiar la enfriadora y por acción de los ventiladores nos caía clínker en todo el cuerpo y eso producía una infección en la piel, como quien dice salíamos más muertos que vivos de ahí”.
¡Queremos justicia, queremos justicia!
El Goliat
Antecedentes de Holcim en América Latina
Este no es el primer caso en el que la multinacional Holcim se ve involucrada con posibles violaciones de derechos laborales. En el documento Holcim en América Latina: estudios de caso (2011), la organización Amigos de la Tierra recoge varios de los conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales que tuvieron lugar en algunos de los países donde la cementera se estableció.
En mayo del 2010, la organización presentó una demanda contra Holcim, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la que se trataron los perjuicios ambientales y sociales cometidos en Colombia, Guatemala y México.
México
En México, se denunció que la actividad industrial y minera de Holcim Apasco afectó la salud de la población de Apasco y Atotonilco de Tula.
“Diversas universidades han demostrado que, en el largo plazo, las acciones con las que Holcim consigue reconocimientos ambientales, son focos de enfermedad y muerte”, reza el documento. Arturo de León, médico y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y responsable de un estudio en los niños afectados por la contaminación elaborado por el Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos (Cedaat) dijo que: “las afecciones en la salud de la población vecina por las cementeras son lamentables y graves, por lo que se deben tomar medidas hacia la regulación de las industrias por todas las instancias de gobierno. Ecoltec ha sido una empresa que repetidamente provoca cuadros de intoxicación aguda en la población y sus demandas están justificadas”.
Colombia
La demanda detalló que en Colombia la compañía tiene parte en una gigantesca mina a cielo abierto en plena zona urbana de Bogotá, el Parque Minero del Tunjuelo. “Durante sesenta años, se ha pasado por encima de las necesidades de la población aledaña y se ha contaminado y destrozado uno de los tres afluentes más importantes del río Bogotá, el Tunjuelo”.
Guatemala
En Guatemala, se cita el caso de los pobladores de San Juan de Sacatepéquez. Según Brigadas Internacionales de Paz Guatemala (PBI), desde el 2006, habitantes del municipio de San Juan Sacatepéquez exigieron el derecho a ser informados y participar en los procesos de toma de decisión relativos a la construcción de una fábrica de cemento y una cantera por parte de la empresa Cempro, en cuyo proyecto Holcim participó con un 20% de inversión. La falta de diálogo entre el gobierno, las comunidades y la empresa provocó tensiones y protestas y un creciente malestar agudizó la violencia en el área. Se registró un total de cuatro muertos y se llegó a decretar el Estado de Prevención en dicho territorio, el cual limitó la celebración de reuniones, el derecho de manifestación pública y el derecho de libre locomoción en vehículos.
Ecuador
Respecto del Ecuador, el documento relata que en el 2006, moradores de algunos barrios de Guayaquil manifestaron su descontento por “la ampliación de la capacidad productiva de la empresa Cerro Blanco, puesto que significaría más contaminación para la zona, en la que existen dos reservas naturales (Manglares del Salado y bosque Cerro Blanco) y afectaciones directas a su salud, consecuencias que ya vienen padeciendo”.
En un artículo de El Universo, del 2017, Deborah Chiriboga, ambientalista y habitante de la ciudadela Los Parques, dijo que “mundialmente se vincula a las líneas de producción de cemento con cáncer y patologías respiratorias. La naturaleza de ese tipo de proyectos no es compatible con la vivienda, la salud, educación y áreas de conservación”, en relación con la ampliación de una de las plantas de la empresa.
Los moradores de ciudadelas asentadas en la vía donde la cementera planeó ampliar su planta enviaron una carta al Municipio y al Ministerio del Ambiente solicitando una audiencia y mayor información sobre el proyecto. Pero el entonces alcalde guayaquileño, Jaime Nebot, dijo que “la inversión de Holcim (de unos 200 millones de dólares) es conveniente para la ciudad. La ciudad va para adelante se hace lo que tiene que hacerse porque conviene a los intereses de Guayaquil”.
Holcim en Ecuador
La industria cementera en Ecuador se caracterizó en sus inicios por su alto grado de concentración y este país fue uno de los pioneros de este sector en la región, solo detrás de Cuba y Argentina. Hacia el 2020, el cemento es la principal materia prima para la construcción y Holcim Ecuador S.A. es el principal productor de este material en el país. Holcim reporta un promedio de ingresos anuales de 422’639 819,37 según la Superintendencia de Compañías, y la industria de la construcción le reporta al Estado ecuatoriano un 9 % de su Producto Interno Bruto.
Pero, veamos cómo empezó todo:
En 1921, José Rodríguez Bonín -un adinerado importador guayaquileño- fundó esta empresa en el Puerto con el nombre de Industrias y Construcciones Compañía Anónima, y fue esta la primera industria de cemento de Ecuador.
A comienzos de 1922, con la participación de un grupo de técnicos de la fábrica alemana Krupp, comenzó la construcción de la fábrica de cemento San Eduardo, a 4 kilómetros de Guayaquil, a orillas del Estero Salado. El equipo industrial provino de Alemania, donde la industria del cemento estaba ya ampliamente desarrollada. La primera planta fue construida por Freid A.G. Krupp y las bases para la instalación se iniciaron en mayo de 1922, bajo la dirección de los ingenieros alemanes K. Justus y E. Blumel, luego de que el mismo Rodríguez Bonín concertara contratos con firmas alemanas.
El surgimiento de esta empresa es considerado el mayor esfuerzo privado en la industria ecuatoriana de los años veinte. El costo original del proyecto era de un millón ochocientos cincuenta mil sucres, pero al final, se gastó un millón más.
En sus inicios, la planta se dedicó a la producción de cemento Portland, con una capacidad de producción de entre 60 y 70 toneladas por día. El quintal de cemento tipo Portland costaba 3,50 sucres y la marca usada para su venta fue Cóndor.
En 1923, se inauguró la fábrica. Guayaquil -hasta entonces poblada en su mayoría por viviendas de caña y madera- se revestía de importancia como referente de desarrollo, pues apuntaba a un nuevo tipo de viviendas construidas con cemento.
Para 1934, la compañía se rebautizó como La Cemento Nacional C.A. Cuarenta años después, en 1974, se llamó La Cemento Nacional y obtuvo registro como una compañía de economía mixta, y en el 2004 adoptó el nombre de Holcim Ecuador S.A.
Señas particulares de un gigante
El consumo de cemento en el Ecuador mantuvo ritmos muy sostenidos entre el 2007 y el 2012, cuando el movimiento fue del 7% anual en promedio, y en el 2013, cuando alcanzó el 10%, con 6,6 millones de toneladas anuales.
Según el Banco Central del Ecuador, entre el 2007 y el 2017, el sector de la construcción representó en promedio 8,93% del PIB y registró una tasa de crecimiento promedio de 4,18%.
Al cierre del 2010, Holcim reportó 461 millones de dólares en activos, 136 millones en pasivos, utilidades netas de 104 millones, ventas por 358 millones y 27 millones en impuestos. En ese año, se despacharon 3,3 millones de toneladas de cemento con la operación de dos plantas de cemento, siete de hormigón, siete equipos móviles y tres plantas de agregados. El nivel de control y poder en el mercado nacional (60% en promedio), sumado a los movimientos del sector de la construcción en Ecuador desde el 2000, permitieron la ampliación de su planta de cemento Guayaquil, la más importante del país. La obra implicó una inversión de cerca de 120 millones de dólares y se basó en la instalación de nueva infraestructura que permitiera el incremento de la producción de cemento de 3,5 a 5,4 millones de toneladas al año, en promedio.
En el 2012, comenzó una segunda etapa de expansión. Esta vez, la empresa trabajó en la implementación de la línea de clínker, una de las materias primas básicas para la elaboración del cemento, producto que hasta el 2015 era importado por la compañía.
En abril del 2013, Holcim firmó con el Consejo Sectorial de la Producción, presidido por el también extinto Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (Mcpec) un contrato de inversión por 300 millones de dólares, uno de los más altos de su naturaleza dentro del sector privado industrial.
En el 2014 consiguió su mayor registro (9,83% del PIB), sin embargo en los años siguientes fue reduciendo su participación, llegando en el 2017 a 8,57%.
Hasta el 2015, la comercialización anual de cemento se ubicó entre 5,5 y 6 millones de toneladas, y la industria cementera alcanzó una capacidad de producción de entre 8 y 9 millones de toneladas, según estadísticas del Instituto Ecuatoriano del Cemento y Hormigón (INECYC). En ese año, terminó la segunda fase de modernización de su planta de cemento en Guayaquil. Holcim estimó al cierre de esta fase una inversión de 400 millones de dólares. A partir de marzo de ese año comenzó la producción de 600 000 toneladas métricas anuales de clínker, aproximadamente.
Desde el 2015, la empresa pertenece al Grupo Lafarge-Holcim -producto de la fusión entre Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza)-, los dos colosos más grandes de la industria cementera mundial. En ese año, Ecuador ocupó el tercer lugar en mayor consumo de cemento per cápita en la región, sólo por detrás de Panamá y Trinidad y Tobago.
En abril del 2017, el Ministerio de Ambiente, en los últimos días del gobierno de Rafael Correa Delgado, otorgó a la empresa 13 reconocimientos ambientales Punto Verde, por la implementación de proyectos de producción más limpia.
En el 2018, Holcim recibió un total de 25 galardones Punto Verde por parte del mismo Ministerio, ya con el gobierno de Lenín Moreno, para el 70% de sus plantas. Holcim se convirtió en la empresa del sector manufacturero de Guayaquil con más activos, con 604 millones de dólares, según las cifras de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cortadas al 2018, y en la segunda por utilidad del ejercicio y por ingresos, solo después de Cervecería Nacional.
En el 2018 la industria de la construcción presentó un crecimiento de 0,6%. Para el 2019, se presentó un decrecimiento de 5,2%. Sin embargo, de acuerdo con su informe anual integrado del 2019, el Grupo Lafarge-Holcim cuenta con 72 452 empleados alrededor del mundo, y opera en más de 70 países. Es la mayor compañía de materiales de construcción en el mundo y sus ventas netas fueron de 26 722 millones de francos suizos (aproximadamente 29 mil millones de dólares, unas 326 veces el monto promedio que debe pagar a los jubilados ex trabajadores en Ecuador).
Según el ranking empresarial de empresas sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del 2019, Holcim Ecuador S.A., se situó en el puesto número 11, con un ingreso total de 387’164 957,97.
En Guayaquil, Holcim ha participado en obras como el malecón Simón Bolívar, el puente de la Unidad Nacional o los túneles del cerro Santa Ana y El Carmen. Hacia el primer semestre del 2020, la firma es dueña de una planta de cemento en Guayaquil, una planta de molienda de cemento en Latacunga, nueve plantas de concreto (tres en Guayaquil, dos en Quito, una en Cuenca, una en Manta, una en Machala y una en Ambato), siete plantas de concreto móviles y una planta de agregados en Pifo. Adicionalmente, cuenta con 600 franquicias Disensa a escala nacional.
